Ayer entró en vigor el Convenio sobre Trabajo Marítimo, aprobado en 2006

Ayer entró en vigor el Convenio sobre Trabajo Marítimo, aprobado en 2006
Ayer día 20 de agosto entró en vigor el Convenio sobre Trabajo Marítimo aprobado en 2006, también conocido como CTM o MLC por sus siglas en inglés. El Convenio ha sido ratificado hasta la fecha por más de 45 países de la OIT, entre ellos España. El texto contempla exhaustivamente los derechos y el sistema de protección en el lugar de trabajo de más de 1,5 millones de marinos en el mundo, de los cuales más de 13.000 en España.
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Desde la entrada en vigor de la reforma laboral ha habido 2.322 “descuelgues” de convenios

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral ha habido 2.322 “descuelgues” de convenios
En el mes de julio se registraron 182 inaplicaciones de convenios colectivos que afectaron a 21.530 trabajadores, por lo que desde la reforma laboral ya se contabilizan 2.322 inaplicaciones que han afectado a casi 140.000 trabajadores (139.710). La mayor parte de las inaplicaciones (1.574) y de trabajadores afectados (110.358) se han registrado en 2013. Los datos de julio muestran un menor número de inaplicaciones que en los últimos meses, aunque el número de trabajadores afectados es más relevante.
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La economía española creará empleo a partir de menores tasas de crecimiento del PIB

La economía española creará empleo a partir de menores tasas de crecimiento del PIB
Datos analizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Competitividad concluyen que con los resultados que ha dado la reforma laboral (Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) desde su entrada en vigor, la economía española será capaz de generar empleo a partir de una tasa de crecimiento de entre 1% y 1,2%, un nivel significativamente más reducido que antes de la reforma, por encima del 2%.
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Nuevas medidas anticrisis ya en vigor afectan a Seguridad Social, ERE, presupuesto transporte y viviendas del “banco malo”

Nuevas medidas anticrisis ya en vigor afectan a Seguridad Social, ERE, presupuesto transporte y viviendas del “banco malo”

6 de agosto de 2013

Muñecos subidos en una fecha verde

El Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, aprobado el 2 de agosto, publicado el 3 y en vigor desde el 4 contiene dos grupos de medidas bien distintos: unas laborales y de Seguridad Social y otras de estructura económica del estado. Respecto a las primeras, establece el nuevo acceso a la jubilación de los empleados por horas, y amplía las regulación de los procesos de ERE. Respecto a las segundas, el RD cambia la consideración de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) como entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de los planes de vivienda estatales, para que los préstamos convenidos con dicha entidad puedan mantener las ayudas estatales vinculadas, modifica el cálculo de las cantidades que debe recibir AENA de las compañías aéreas (modifica el art. 92 c) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea) y los artículos 21, letra l), 73, apartados 1, 5 y 6, 77 y 81.1, letra j) la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario para establecer el procedimiento para la modificación y actualización de las cuantías de los cánones ferroviarios, atribuyendo a los administradores de infraestructuras ferroviarias la competencia para proponer las mismas.

Asimismo, se habilita al Ministerio de Fomento para desarrollar y actualizar los principios básicos de aplicación de los sistemas de bonificación e incentivos establecidos en la propia Ley del Sector Ferroviario.

Con esta modificación se busca adecuar los preceptos citados a la normativa comunitaria en la materia y dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de febrero de 2013, sobre aplicación en España de la Directiva 2001/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2001 relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad.

Seguridad Social, desempleo y medidas colectivas

El Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en materia de protección social del trabajo a tiempo parcial) que se concretan en un conjunto de reglas específicas relativas a la acción protectora de la Seguridad Social aplicables a los trabajadores a tiempo parcial adecuándose así a las STC 61/2013, 71/2013, 72/2013, 116/2013 y 117/2013. La nueva normativa permite el acceso a la pensión con menos requisitos de cotización: 15 años en alta, con independencia del porcentaje de jornada que se tenga. Los trabajadores a tiempo parcial y fijos-discontinuos tendrán garantizado el acceso a los complementos a mínimos en sus pensiones en los mismos términos que el resto de los trabajadores a tiempo completo.

El RD introduce modificaciones que dan más seguridad jurídica a los perceptores de las prestaciones de desempleo estableciendo que, para percibirlas y conservarlas deben estar inscritos y mantener dicha inscripción a través de la renovación de la demanda de empleo.

Por lo que respecta a los  procedimientos de adopción de medidas colectivas se establece que la consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora.  También se modifica algún aspecto del régimen procesal del despido colectivo para otorgar un mayor espacio a la demanda colectiva presentada por los representantes de los trabajadores.

La impugnación colectiva de los representantes de los trabajadores asume un espacio mucho mayor, quedando el procedimiento individual relegado a los supuestos excepcionales no resueltos en el proceso colectivo: se reconoce expresamente a la sentencia firme o al acuerdo de conciliación judicial del proceso colectivo la  eficacia de ‘cosa juzgada’ sobre los procesos individuales. Se permite que las sentencias de despido colectivo declaradas nulas sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.

Por otro lado, se tipifica como infracción grave el incumplimiento por parte del empresario de la obligación de comunicar a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las medidas de despido colectivo y de suspensión de contratos o de reducción de jornada adoptadas conforme al artículo 51 y 47 del Estatuto de los Trabajadores.

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La Ley de Servicios Profesionales crea la diferencia entre “abogado” y “asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral”

La Ley de Servicios Profesionales crea la diferencia entre “abogado” y “asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral”
La división en dos clases de profesional (abogado y “asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral”) y la eliminación de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura (representación ante los Tribunales), así como la desaparición de los aranceles de los procuradores, de forma que a partir de la entrada en vigor de esta Ley sus honorarios serán fijados libremente con los clientes es la huella que deja el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales en la abogacía.
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El anteproyecto de la LSP elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura

El anteproyecto de la LSP elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura
El anteproyecto de Ley de servicios Profesionales, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura (representación ante los Tribunales). Esta medida será de aplicación inmediata, sólo condicionada al despliegue del sistema de notificación electrónica del Ministerio de Justicia y a que los Colegios de Abogados establezcan su presencia en los salones de notificación de los tribunales, lo que implica un periodo transitorio. Se eliminan los aranceles de los procuradores, de forma que a partir de la entrada en vigor de esta Ley sus honorarios serán fijados libremente con los clientes.
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El anteproyecto de la LSP elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura

El anteproyecto de la LSP elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura

2 de agosto

Consejo de Ministros

El anteproyecto de Ley de servicios Profesionales, aprobado hoy por el Consejo de Ministros,  elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura (representación ante los Tribunales). Esta medida será de aplicación inmediata, sólo condicionada al despliegue del sistema de notificación electrónica del Ministerio de Justicia y a que los Colegios de Abogados establezcan su presencia en los salones de notificación de los tribunales, lo que implica un periodo transitorio. Se eliminan los aranceles de los procuradores, de forma que a partir de la entrada en vigor de esta Ley sus honorarios serán fijados libremente con los clientes.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales que elevará en 7.000 millones el crecimiento de la economía a medio y largo plazo –entre 0,5 y 1 puntos porcentuales del PIB– y que pretende modernizar un sector “relevante, importante y dinamizador de la economía”.

“Damos un paso fundamental en la modernización y liberalización de un sector muy competitivo”, ha señalado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha recordado que los servicios profesionales representan el 9% del PIB, el 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario.

El ministro ha asegurado que la nueva ley forma parte de las recomendaciones de liberalización realizadas por la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE. “Es una cuestión recomendada”, ha dicho Guindos, tras asegurar que parte de la regulación proviene incluso del siglo XIX.

El anteproyecto limita la colegiación obligatoria a profesiones sanitarias, jurídicas y a las técnicas que exijan visado, al tiempo que desarrolla principios de transparencia y buen gobierno en dichos colegios.

Además, establece el libre acceso y ejercicio de los servicios profesionales, ya que las restricciones de acceso sólo podrán ser exigidas por ley.

De esta forma, coexistirán colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria, si bien sólo los primeros habilitarán para el ejercicio de una profesión o de ciertas actividades profesionales.

Los colegios profesionales sólo podrán crearse mediante ley, a petición de los profesionales titulados y mediante el acompañamiento de una memoria justificativa, en la que se explique las razones que impiden su integración en uno ya existente y el número de profesionales en ejercicio.

INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA.

Por otro lado, el anteproyecto de Ley refuerza la independencia colegial mediante la incompatibilidad de ostentar el cargo de presidente, decano, miembro de la junta de gobierno, o directivo con ser cargo político electo en cualquiera de las administraciones o titular de un órgano directivo en cualquier administración pública.

Tampoco podrán compatibilizarse estos cargos en los colegios con otros puestos directivos en partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales o en entidades de seguro o mutualidades de previsión social. Además, los familiares directos de los cargos directivos de una corporación colegial no podrán ser contratados laboral o mercantilmente por la misma.

Se refuerza también la transparencia mediante la presentación y publicidad de cuentas de los colegios. Además, como garantía de un mayor control contable, se recoge la obligatoriedad de auditoría para los colegios de pertenencia obligatoria.

Lo mismo ocurre con el funcionamiento democrático de los Consejos Generales, al establecer que en la participación de los colegios en la elección de sus órganos directivos se tendrá en cuenta el número de colegiados de cada uno de ellos.

Otra de las novedades es que estos colegios profesionales obligatorios se convertirán en entidades de certificación de profesionales acreditadas por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para garantizar su independencia.

RÉGIMEN ECONÓMICO.

Por otro lado, la norma clarifica el régimen económico de los colegios, así como la cuota colegial, estableciendo una separación entre los servicios obligatorios y los voluntarios. Los primeros deberán ofertar un régimen de cuotas obligatorias bonificado para los profesionales en desempleo.

Asimismo, se establece que, con carácter general, los directivos de los colegios obligatorios no tendrán derecho a remuneración, salvo que ejerzan el cargo de dedicación en exclusiva. Esta remuneración deberá figurar en los presupuestos.

SERVICIOS PROFESIONALES.

En el capítulo de los servicios profesionales, se establecen las condiciones comunes que regirán en el acceso o ejercicio de las distintas profesiones, bajo el principio general del libre acceso y ejercicio.

Las restricciones de acceso a una actividad basadas en una cualificación profesional sólo podrán exigirse por ley –estatal o autonómica– siempre que sea necesario por motivos de interés general, proporcionado y no discriminatorio.

El anteproyecto de Ley propone crear una Comisión de Reforma de las Profesiones que analizará los requisitos de acceso y el ejercicio profesional y, en su caso, hará las propuestas de modificación que considere y para ello podrá consultar al sector de que se trate. También podrá realizar de oficio una evaluación de las restricciones de acceso y de ejercicio existentes a la entrada en vigor de esta ley.

La Comisión estará coordinada por el Ministerio de Economía y de ella formará parte el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional

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El Ministerio de Trabajo recuerda a los agentes sociales su responsabilidad de desbloquear la negociación colectiva para que haya nuevos convenios

El Ministerio de Trabajo recuerda a los agentes sociales su responsabilidad de desbloquear la negociación colectiva para que haya nuevos convenios
Los convenios denunciados antes de la entrada en vigor de la reforma laboral (Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado labora) cuyos procesos negociadores permanezcan bloqueados por no haberse llegado a un acuerdo o no haber sometido sus discrepancias a arbitraje ya no rigen en virtud de la Disposición adicional novena de la Ley, que establece que “en el plazo de un año los convenios colectivos en vigor deberán adaptar su sistema de clasificación profesional al nuevo marco jurídico previsto en el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por esta Ley”. Sindicatos y patronal no han hecho grandes avances desde el acuerdo firmado el 24 de mayo, y la Ministra les ha recordado que es responsabilidad de los agentes sociales desbloquear la situación.
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