La Audiencia de Huelva absuelve a Juan José Cortés de un delito de homicidio en grado de tentativa

La Audiencia de Huelva absuelve a Juan José Cortés de un delito de homicidio en grado de tentativa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto a Juan José Cortés de los delitos de homicidio en grado de tentativa, de tenencia ilícita de armas y de amenazas de los que estaba acusado por su presunta participación en un tiroteo en septiembre de 2011 en la barriada de El Torrejón, en Huelva. La sentencia absuelve también a su padre y a sus dos hermanos, juzgados por los mismos hechos.

El único condenado, a siete meses de prisión y una multa de 150 euros, ha sido un cuñado de Cortés, quien en el juicio se confesó autor y responsable del tiroteo.

El tribunal considera que no ha quedado probado que los miembros de la familia Cortes participaran en el tiroteo que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón. Por el contrario, considera que el cuñado de la familia si participó en dichos hechos, por lo que se le condena a siete meses de prisión por un delito de amenazas, tenencia ilícita de armas y una falta lesiones.

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El TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de las tasas planteada por un juzgado de Cantabria

El TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de las tasas planteada por un juzgado de Cantabria
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de 1ª instancia e instrucción número 1 de Torrelavega (Cantabria) en relación a las tasas judiciales, por posible vulneración del artículo 24.1 de … [+]
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Gaona Abogados crea la primera asociación de afectados por el céntimo sanitario

Gaona Abogados crea la primera asociación de afectados por el céntimo sanitario
Málaga, 7 de marzo de 2014. Gaona Abogados, el despacho multidisciplinar que ya mantiene oficinas abiertas en Madrid, Málaga, Londres, Lima y Taipéi, ha creado la primera asociación española de afectados por el céntimo sanitario, tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de declarar ilegal este impuesto. El despacho defenderá los intereses de profesionales del transporte y de otros consumidores de carburantes, administraciones, puertos, comunidades de propietarios, etc. Como novedad, defenderán también a particulares que aporten facturas, sea cual sea su importe.
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El TS condena a una tasadora por sobrevalorar unos inmuebles en la constitución de hipotecas

El TS condena a una tasadora por sobrevalorar unos inmuebles en la constitución de hipotecas
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto un litigio en el que se ventilaba la responsabilidad de una sociedad de tasación, frente a una entidad financiera, por los perjuicios derivados de una sobretasación de varios inmuebles sobre los que se constituyeron hipotecas en garantía de sendos préstamos, resultando que el valor asignado en su momento a cada uno de los inmuebles en los trámites previos a la concesión de los préstamos fue muy superior al valor de mercado de los mismos inmuebles en aquella época.
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Una juez argentina pide la extradición de cuatro exaltos funcionarios policiales por torturas en el franquismo

Una juez argentina pide la extradición de cuatro exaltos funcionarios policiales por torturas en el franquismo

19 de septiembre de 2013

Bandera Argentina

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – Una magistrada argentina ha solicitado, a través de Interpol, la extradición de exaltos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo en el marco de la causa que se sigue en Argentina contra los crímenes cometidos durante la dictadura española.

La resolución dictada por la juez María Servini de Cubría recoge la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

La resolución, que ha sido comunicada a las asociaciones que interpusieron la querella en Buenos Aires en 2010 tras el cierre de la causa en la Audiencia Nacional, supone “un primer paso que agrieta la impunidad del franquismo”, según ha comentado a Europa Press Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

“QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA COLABORE”

Según Silva, la “imputación” de los cuatro antiguos funcionarios policiales, “que utilizaron la Dirección General de Seguridad como centro de detención ilegal y tortura”, abre un proceso “que no sabemos a dónde llegará” pero que considera “un avance” por “calificar criminalmente estos hechos”.

“Es triste que sea la Justicia argentina, aquí ha sido imposible que esto ocurra”, ha lamentado Silva, a pesar de celebrar la noticia, y ha reclamado al Gobierno de España “que responda y colabore” a los requerimientos del tribunal argentino.

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Marc Jaeger, reelegido presidente del Tribunal General de la Unión Europea

Marc Jaeger, reelegido presidente del Tribunal General de la Unión Europea
Tras la audiencia solemne celebrada con motivo de la renovación parcial de los Miembros del Tribunal General celebrada el 16 de septiembre, se procedió a la elección del presidente de este órgano jurisdiccional. Marc Jaeger, presidente del Tribunal General desde … [+]
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Ha fallecido Eduardo García de Enterría

Ha fallecido Eduardo García de Enterría
Eduardo García de Enterría Martínez-Carande, cántabro de Ramales de la Victoria, Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 1984 falleció ayer por la noche en Madrid a los 90 años de edad. A lo largo de su carrera profesional, que comenzó con la oposición a letrado del Consejo de Estado ganada “a desgana”, ya que querría haber sido ingeniero, García de Enterría acumuló la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid con los consiguientes manuales por los que le conoce toda la comunidad jurídica española, el nombramiento de juez del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa y de asesor de los sucesivos gobiernos que se han formado en nuestro país; y una amplia actividad de abogado. Será enterrado en Potes en las próximas horas.
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Fallece el jurista Eduardo García de Enterría

Fallece el jurista Eduardo García de Enterría

In memoriam

17 de septiembre de 2013

Fundó la editorial Civitas, un importante sello editorial, que reunió a relevantes juristas españoles. En 2001 Civitas se incorporó a la entonces Thomson Aranzadi y García de Enterría fue el presidente de su consejo editorial hasta su fallecimiento.

Eduardo García de Enterría

El jurista cántabro Eduardo García de Enterría, fundador de la Revista Española de Derecho Administrativo y estrecho colaborador de Thomson Reuters Aranzadi, ha fallecido este lunes en Madrid. Sus restos mortales serán enterrados en Potes (Cantabria) en las próximas horas.

Premio Príncipe de Asturias en el año 1984, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, García de Enterría fue nombrado juez del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa en 1978. Actuó como asesor de distintos gobiernos democráticos españoles en materia constitucional y autonómica. Fue nombrado Académico de Número de la Real Academia Española (1994), doctor honoris causa por las universidades de Cantabria (1995), Externado de Colombia (1995), de Oviedo y de Santiago de Compostela (1996).

En su medio siglo de trayectoria profesional, García de Enterría, juez del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, recibió innumerables condecoraciones como abogado y jurista.

Fundó la editorial Civitas, un importante sello editorial, que reunió a relevantes juristas españoles. En 2001 Civitas se incorporó a la entonces Thomson Aranzadi y García de Enterría fue el presidente de su consejo editorial hasta su fallecimiento.

De familia de notarios y jueces, fundó la Revista Española de Derecho Administrativo, la publicación española más citada por otras publicaciones jurídicas. Juristas consagrados como él realizan, a través de distintos artículos, un avanzado y minucioso análisis de todas aquellas materias tradicionales o nuevas que abarca el Derecho Público español. Su contenido es amplio y variado: desde el Derecho Administrativo sancionador, hasta la evolución normativa en el desarrollo de las telecomunicaciones.

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El Tribunal de Luxemburgo fija el cálculo de la deducción del IVA en empresas con sede en varios estados miembros

El Tribunal de Luxemburgo fija el cálculo de la deducción del IVA en empresas con sede en varios estados miembros
A raíz de una verificación de su contabilidad, el banco Le Crédit Lyonnais cuyo domicilio social está ubicado en Francia y que posee sucursales en el extranjero, fue objeto de dos notificaciones de liquidaciones complementarias. La Administración tributaria francesa le requirió el pago de cuotas, en particular, del IVA por el período comprendido entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1989, imputándole haber tomado en consideración el importe de los intereses de préstamos concedidos a sus sucursales establecidas fuera del territorio francés para calcular la prorrata de deducción del IVA aplicable al banco.
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La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

Por condicionar el acceso a la Justicia

6 de septiembre de 2013

Mazo con billetes

(EP).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la nueva ley de tasas judiciales al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un “impedimento innecesario” e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva.

Los magistrados preguntan al Alto Tribunal si la norma conculca cuatro artículos de la Carta Magna. En concreto, el precepto que garantiza la tutela judicial efectiva en el artículo 24.1, la igualdad de los españoles amparada en el 14, la promoción de las condiciones de igualdad contemplada en el 9.2 y el artículo 31.1 referido al sostenimiento de los gastos públicos.

En un auto, hecho público este viernes, la Sección Séptima eleva esta cuestión ante el recurso presentado por la mercantil Préstamos y Javaloyes S.L.U. y una vez que ha sido oído la recurrente, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

La resolución judicial admite que la exigencia de una tasa, dentro de “ciertos límites y procedimientos y circunstancias”, es “perfectamente” constitucional, pero advierte de que no puede serlo el hecho de que el gravamen condicione la posibilidad de acceder a los tribunales.

Trabas innecesarias y excesivas

En este contexto, expone que las consecuencias de la falta de pago pueden constituir trabas “innecesarias, excesivas” y carentes de “razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador”.

De este modo, explica que la finalidad de “subvenir” el coste que supone la Administración de Justicia es “lícita”, pero que los efectos de incumplir el pago del gravamen pueden “obstaculizar” el acceso a la Justicia.

La Sala entiende que la ley no tiene en cuenta la proporcionalidad que debe regir entre el fin perseguido, como es la financiación de la Administración de Justicia y los principios de capacidad económica, igualdad, equidad y justicia que debe presidir todo sistema tributario, tal y como señala el artículo 31 de la Constitución.

En este punto, la Sala recuerda que la asistencia jurídica gratuita no alcanza a la mayoría de la población, que “no hallándose comprendida en algunas en alguna de las situaciones legales para obtenerla, sin embargo tenga unos ingresos que superen los mínimos legales, pero con unos gastos corrientes que absorban sus ingresos, y que deberá hacer un desembolso personal para el pago previo de las tasas, no deducible en otros impuestos específicos, como sucede en las personas jurídicas”.

En materia de recursos, avisa de que la cuantía resulta en algunos casos “desproporcionada” y pone de relieve la reducción de asuntos que ya se está produciendo en el orden de lo Contencioso.

El auto, contra el que no cabe recurso, recuerda que en algunos casos las tasas por sí solas pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo “un impedimento innecesario y no justificado para poder acceder a obtener la tutela judicial efectiva”.

Las nuevas tasas judiciales, que entraron en vigor el pasado diciembre, han sido rechazadas por gran parte del sector jurídico, así como por sindicatos, asociaciones de consumidores y partidos de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista, la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona ya han preguntado al TC si los nuevos gravámenes se ajustan a los límites de la Ley Fundamental.

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