El Supremo anula un indulto parcial por delito de tráfico porque el tribunal que informó no era el competente

El Supremo anula un indulto parcial por delito de tráfico porque el tribunal que informó no era el competente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el indulto parcial que el Gobierno concedió el 21 de diciembre de 2012 a un conductor condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por delito contra la seguridad del tráfico en concurso con tres delitos de homicidio imprudente.

En su sentencia, el alto tribunal motiva su decisión en que el informe preceptivo para la concesión de la medida de gracia fue emitido por un tribunal equivocado, ya que correspondía hacerlo a la Audiencia Provincial de Granada, y no a la jueza de lo Penal número 2 de esa misma provincia, que había dictado la sentencia inicial del caso.

El Supremo revoca el indulto y ordena a la Audiencia que emita el correspondiente informe, antes de que el Gobierno vuelva a examinar el caso. El resto de dictámenes del expediente de indulto no son anulados.

El joven que había sido indultado fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada a 2 años y medio de cárcel, en relación al accidente de tráfico que tuvo lugar en Huétor Santillán (Granada) en el verano de 2008, en el que murieron tres jóvenes que ocupaban un coche conducido por él al chocar el turismo contra un vehículo de recogida de basuras. Tras ser apelada esa sentencia, la Audiencia de Granada elevó la pena a 3 años y

3 meses de cárcel

El condenado pidió el indulto. El Ministerio de Justicia remitió el expediente al presidente de la Audiencia de Granada, pero desde esa instancia judicial, a quien correspondía emitir el informe preceptivo por haberse convertido en tribunal sentenciador –ya que había elevado la pena inicialmente impuesta-, se reclamó el dictamen al Juzgado de lo Penal número 2. La sentencia señala que esa irregularidad “no es imputable” al Ministerio, puesto que se dirigió a la Audiencia Provincial, que fue la que posteriormente la envió al Juzgado de lo Penal.

La titular de ese Juzgado emitió informe favorable al indulto parcial, de modo que se redujera la pena a 2 años de cárcel para que el joven pudiera eludir el ingreso en prisión. El Gobierno concedió el indulto parcial en las condiciones que había pedido dicha jueza.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba, el tribunal argumenta su decisión de anular el indulto y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la emisión del informe del tribunal sentenciador, a que dicho dictamen no lo dictó el tribunal adecuado. En ese sentido, recuerda la doctrina de la Sala Segunda del Supremo que establece que el tribunal superior que modifica la sentencia inicial de una causa se convierte en tribunal sentenciador a los efectos de competencia sobre el informe de indulto.

De este modo, estima parcialmente el recurso planteado por familiares de las personas que fallecieron en el accidente de tráfico.

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El Supremo admite que se aporten fotos a un proceso penal si son en la vía pública y no desmerecen al fotografiado

El Supremo admite que se aporten fotos a un proceso penal si son en la vía pública y no desmerecen al fotografiado
El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del Derecho a la propia imagen sin que se trate ni de una revista o programa de televisión ni de un famoso, sino de una vecina denunciada en un juicio de faltas al que no se presentó teóricamente por estar gravemente enferma en la cama a causa de las tensiones vecinales que fue vista, sin embargo, paseando y jugando a la petanca, y consecuentemente fotografiada por sus vecinos denunciantes. La aportación de dichas fotos al proceso penal es lícita, tal y como acaba de sentenciar el Supremo en casación.
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Asociaciones de jueces critican al presidente del CGPJ por "menospreciar e insultar" a la carrera judicial

Asociaciones de jueces critican al presidente del CGPJ por "menospreciar e insultar" a la carrera judicial

La Francisco de Vitoria pide su dimisión al entender que concibe al juez “como un burro de carga”

18 de marzo de 2014

Consejo General del Poder Judicial

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) – Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia han criticado este lunes al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por unas recientes declaraciones de éste en las que, según ellos, “menosprecia e insulta” a la carrera judicial.

En sendos comunicados, estas asociaciones de jueces censuran unas declaraciones de Lesmes en ‘El Mundo’ en las que sostiene que el CGPJ se crea para dos funciones que no pueden estar en manos del Gobierno, en referencia al nombramiento de cargos judiciales y, dice, “el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria”.

Es esto último lo que ha rebelado a las asociaciones de jueces, llegando la Francisco de Vitoria ha pedir su renuncia al cargo. La asociación ha pedido que “se retracte públicamente de sus torpes y denigrantes manifestaciones, y pida disculpas, también públicamente, a la carrera judicial a la que ha menospreciado e insultado”.

“Entendemos –continúa la Francisco de Vitoria– que el señor Lesmes carece de toda aptitud y actitud para seguir ostentado el cargo de presidente del CGPJ, por lo que le invitamos a que presente formalmente su renuncia”. Además, reclaman al pleno del Consejo a que se pronuncien y reparen el “grave desprestigio” causado a jueces y magistrados.

Jueces para la Democracia recuerda que Lesmes ocupó “cargos políticos de confianza” para gobiernos del PP y pone en entredicho su actuación al frente del Tribunal Supremo y el CGPJ por “reprochar a integrantes de la judicatura que expresen sus opiniones o suscriban manifiestos” cuando “él se prodiga en expresar las suyas sobre los mismos asuntos”.

Al recurrir a la metáfora del palo y la zanahoria, sostiene Jueces para la Democracia, Lesmes ha dado muestras de su “mentalidad autoritaria desde la que no duda en hostigar las opiniones ajenas”. “A quienes comulgan con sus puntos de vista se les ofrece la zanahoria, en forma de premios y nombramientos; a quienes tienen legítimamente otra forma de pensar se les persigue con el palo”, aseguran.

Ambas asociaciones ven en estas últimas declaraciones de Lesmes una “grosería inaceptable” y una “concepción clientelar del poder” y, en el caso de la Francisco de Vitoria, lo relacionan con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y su pretendido “afán partidista de control del CGPJ, del que dependen la promoción profesional y el castigo disciplinario de los jueces, como mecanismo para el control de los mismos”.

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El Supremo estima el recurso de una mujer homosexual que reclama la filiación de un niño concebido por su pareja con reproducción asistida

El Supremo estima el recurso de una mujer homosexual que reclama la filiación de un niño concebido por su pareja con reproducción asistida

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de una mujer homosexual que reclamaba la filiación de un niño que había sido concebido por su pareja a través de técnicas de reproducción asistida. Previamente, esta misma Sala otorgó en el año 2011 a esta mujer el derecho de visitas sobre el niño en su condición legal, en aquel momento, de “allegada”.

La demanda posterior planteada por esta mujer contra la que fuera su pareja durante más de diez años, que ha dado lugar al recurso de casación ahora estimado, fue estimada en primera instancia atendiendo a que el niño había sido concebido en un proyecto común de la pareja, habiendo actuado en su entorno ambas como madres.

La Audiencia Provincial de Toledo revocó esta sentencia al considerar que no podía aplicarse retroactivamente la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que permite la filiación a favor de dos mujeres casadas, por razones temporales y porque la pareja no estaba casada, y porque consideraba no acreditada la existencia de una posesión del estado de madre de la demandante al haber actuado como tal durante un periodo corto de la vida del menor (3 años).

La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado Orduña Moreno, ha estimado el recurso de casación expresando la decisión mayoritaria de la Sala, que ha contado con el voto particular de tres magistrados.

La sentencia estima la acción entablada en aplicación del artículo 131 del Código Civil, que permite a “cualquier persona con interés legítimo que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de estado” y considera que la posesión de estado es un presupuesto legitimador de la acción, además de un medio de prueba de la filiación.

La sentencia tiene en cuenta la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que permite a la mujer casada ser madre del hijo de su pareja mujer manifestando su consentimiento. También parte de los principios constitucionales de no discriminación de los niños por razón de nacimiento y protección de la familia y de la remisión de esta Ley especial antes mencionada a las leyes civiles para considerar que existe una compatibilidad entre la acción del artículo 131 del Código Civil y de los principios inspiradores de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida.

Este precepto permite determinar la filiación no matrimonial por posesión de estado a una mujer homosexual no casada cuando esta posesión de estado resulta acreditada de los hechos, cumpliéndose así el interés legítimo exigido por la ley para reclamar la filiación, cuyo éxito vendrá determinado por la ponderación del interés superior del menor, requisitos ambos que entiende concurren en el caso planteado.

El voto particular, de los magistrados Marín Castán, Salas Carceller y Sancho Gargallo, declara que el asunto debió desestimarse por falta de respeto al hecho probado de la inexistencia del consentimiento de la recurrente al uso de las técnicas de reproducción asistida de su pareja, circunstancia que se considera relevante para la diferenciación de otros casos resueltos por la Sala.

Discrepa de la remisión al Código Civil realizada por la sentencia, al considerar de aplicación al caso la legislación especial en materia de técnicas de reproducción asistida, bajo la cual la recurrente no podría haber obtenido la filiación por no estar casada con la madre biológica y por la falta de acreditación del consentimiento conjunto de las partes, que la sentencia considera en este tipo de casos título de determinación de la filiación.

El voto particular descarta la aplicación al caso del principio del interés del menor, al considerar que la atribución de la filiación puede crear una situación potencialmente conflictiva que en nada beneficia al menor, al que considera se le había dado respuesta correcta a través de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2011 otorgando visitas en concepto de “allegada” a la recurrente, ahora, con esta decisión, madre de menor.

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Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

30 de septiembre de 2013

 Baltasar Garzón

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón espera desde hace un año una respuesta a la petición de indulto que presentó en su nombre la asociación de juristas europeos Medel, solicitando la remisión total de la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ y sus abogados.

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes del Tribunal Supremo y la Fiscalía para decidir si le indulta

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes pertinentes del Alto Tribunal y de la Fiscalía sobre la conveniencia o no de conceder el indulto a Garzón, que, en todo caso, no son vinculantes.

Según informaron a Europa Press fuentes de Justicia, el Ministerio inició la tramitación del proceso el 29 de junio de 2012 cuando remitió un oficio al tribunal sentenciador, una vez que Garzón confirmó que la solicitud de la medida de gracia contaba con su consentimiento.

Justicia recibió unos días antes la misiva del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expresando que, aunque la petición era “libre y soberana”, contaba con su aval y agradecía a la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) su iniciativa acompañada de “argumentos dignos de ser valorados”.

PLAZO DE UN AÑO

Como norma general, los procedimientos a los que da lugar el ejercicio del derecho de gracia son resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en ese plazo, según informa la página web de Justicia.

Sin embargo, en este caso, no se trata de que haya desestimado la petición, sino que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no ha recibido aún los informes pertinentes para poder tomar una decisión.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el 18 de mayo del pasado año ante el Ministerio de Justicia esta petición sobre la base de que la sentencia condenatoria había sido “manifiestamente desproporcionada”.

“La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma, es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción”, detallaba el escrito de 16 páginas dirigido a Gallardón.

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El Supremo obliga a una aseguradora a devolver el dinero aportado por los cooperativistas a una promoción inmobiliaria frustrada aunque la póliza lo excluía

El Supremo obliga a una aseguradora a devolver el dinero aportado por los cooperativistas a una promoción inmobiliaria frustrada aunque la póliza lo excluía
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno, ha estimado los recursos por infracción procesal y de casación interpuestos por los socios de la Cooperativa “Jardines de Valdebebas”. Estos cooperativistas iniciaron un procedimiento en reclamación de las cantidades entregadas a cuenta de una promoción de viviendas, ante la inviabilidad de la promoción y la insolvencia de la cooperativa. La demanda fue dirigida contra la aseguradora Asefa con la que la cooperativa había contratado un seguro de caución en beneficio de los cooperativistas. La aseguradora se opuso a la demanda alegando que la póliza de seguro de caución no garantizaba el buen fin de la promoción, sino que lo que garantizaba era que las cantidades ingresadas en las cuentas especiales no se dedicaran a fines ajenos a la cooperativa.
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El Constitucional le cierra la puerta otra vez a Garzón, quien trata de anular la sentencia que le condena por prevaricación

El Constitucional le cierra la puerta otra vez a Garzón, quien trata de anular la sentencia que le condena por prevaricación
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano, y por unanimidad, el incidente de nulidad de actuaciones presentado por Baltasar Garzón el pasado 22 de julio. El recurrente solicitó la anulación de la providencia con la que, el 29 de octubre de 2012, la Sección Cuarta inadmitió su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de prevaricación. En su escrito, alegaba que la intervención del actual presidente del Tribunal Constitucional en aquella decisión vulneró, en su vertiente de derecho a un juez imparcial, su derecho a un proceso con todas las garantías. Por esa razón, solicitaba al TC que examinara de nuevo su recurso sin la participación del Presidente.
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El Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Civil Javier Orduña responde sus consultas sobre el control de transparencia y las cláusulas suelo el 30 de septiembre

El Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Civil Javier Orduña responde sus consultas sobre el control de transparencia y las cláusulas suelo el 30 de septiembre

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Torres-Dulce rechaza que se le dé la instrucción del proceso al Fiscal y en la misma fase se le ponga a merced del Tribunal de Garantías y las partes personadas

Torres-Dulce rechaza que se le dé la instrucción del proceso al Fiscal y en la misma fase se le ponga a merced del Tribunal de Garantías y las partes personadas
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, opinó ayer públicamente en el solemne acto de apertura del año judicial celebrado en el Tribunal Supremo acerca del borrador del Código Procesal Penal difundido por el Ministerio de Justicia a principios de este año pidiendo “una somera reflexión” sobre una inconsecuencia que, por otro lado, es el punto fuerte sobre el que gira la reforma del Proceso Penal: la figura del fiscal instructor. Para Torres-Dulce, si buena noticia para la Administración de Justicia es esta novedad, negativa es el escenario en el que se le hace trabajar; bajo el control del Juez de Garantías.
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Moliner pide a los políticos el “máximo consenso” para organizar la Justicia, incluido el CGPJ

Moliner pide a los políticos el “máximo consenso” para organizar la Justicia, incluido el CGPJ
El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha pedido este lunes el “máximo consenso” entre las fuerzas políticas a la hora de diseñar y organizar la Administración de Justicia porque se … [+]
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