Un total de seis candidatos optan a la presidencia de la Audiencia Nacional, tres de ellos magistrados de este órgano

Un total de seis candidatos optan a la presidencia de la Audiencia Nacional, tres de ellos magistrados de este órgano

14 de marzo de 2014

Audiencia Nacional

(EP).- Un total de seis magistrados optan a presidir la Audiencia Nacional en sustitución de Ángel Juanes, que fue nombrado vicepresidente del Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. De ellos, tres son actualmente magistrados de este órgano.

Estos tres magistrados son los jueces centrales de instrucción Fernando Andreu e Ismael Moreno y el integrante de la Sección Primera de la Sala de lo Penal Javier Martínez Lázaro.

Los tres otros aspirantes, son el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias José Ramón Navarro, el juez de enlace de España en Francia Juan Pablo González y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Ignacio Espinosa, quien fue candidato por el PP para formar parte del Tribunal Constitucional.

Pleno de abril

Al tratarse de una plaza de carácter gubernativo, todos los candidatos deberán ser entrevistados en las próximas semanas por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tras analizar sus candidaturas propondrá una terna de nombres de los que saldrá el del nuevo presidente de la Audiencia Nacional.

Fuentes del Consejo han señalado a Europa Press que, a falta de sustanciar todos estos trámites, es probable que el asunto no se lleve al Pleno del órgano de gobierno de los jueces hasta su sesión del mes de abril. El elegido ocupará la plaza que actualmente ocupa en funciones el presidente de lo Social de la Audiencia Nacional Ricardo Bodas.

Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, es el magistrado encargado del caso Bankia, en el que investiga, por un lado, a la excúpula de la entidad con Rodrigo Rato a la cabeza por la salida a Bolsa del banco, y por otra la comercialización de las preferentes por parte de las cajas que la integraron.

Su Juzgado se encarga también de la operación Emperador en la que se desarticuló la red dedicada al blanqueo de capitales encabezada por el ciudadano chino Gao Ping.

Por su parte el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ordenó a instancias de la Sala de lo Penal la detención del expresidente de China Jian Zeming en el marco de una investigación sobre la comisión de delitos de genocidio contra la población del Tibet.

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El TSJA declara "ajustado a derecho" el ERE de Mercasevilla de 2013

El TSJA declara "ajustado a derecho" el ERE de Mercasevilla de 2013

14 de marzo de 2014

TSJ Andalucía

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) – La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), finalmente, ha desestimado la demanda colectiva promovida contra el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado en agosto de 2013 por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, declarando “ajustada a derecho la decisión extintiva” acordada por esta empresa mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa.

Este ERE supuso el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que estipula la legislación laboral.

A través de una sentencia emitida el 6 de marzo y recogida por Europa Press, la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz resuelve la demanda colectiva contra estos despidos que comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto de 2013, la jornada en la que, precisamente, entraba en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado del mercado central, extremo que implicaba el pago de una tasa por parte de los empresarios mayoristas de pescado.

La liberalización de los servicios de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye el eje del conflicto. El Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las exigencias y dictámenes de las instituciones y normativas europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido nunca ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este aspecto.

LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS

Fuere como fuere, en 2013 el Consistorio hispalense promovió y aprobó definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla liberalizando los servicios que los trabajadores de la empresa prestaban en la lonja de pescado, extremo que entró en vigor el pasado 12 de agosto de 2013. Los mayoristas de pescado, así obtenían libertad para contratar de cualquier manera las labores de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas. En paralelo, y dada la incidencia de este aspecto sobre su plantilla, Mercasevilla impulsó y consumó un expediente de regulación de empleo saldado con 129 despidos con indemnizaciones de 20 días por año de trabajo, siendo la mayoría de los afectados trabajadores ligados a la lonja de pescado.

La sentencia del TSJA, de cualquier modo, explica que los empresarios mayoristas de pescado se oponían “al menos desde 1987″ a la “obligatoriedad” de que fuese la plantilla de Mercasevilla la encargada de realizar estos servicios, toda vez que este extremo implicaba para el colectivo de empresarios una tasa correspondiente al 3,6 por ciento de sus ventas. En ese sentido, y en cuanto a la demanda colectiva promovida por los trabajadores despedidos contra Mercasevilla, el Ayuntamiento, la asociación de mayoristas de pescado, los propios mayoristas y las empresas ‘Grudescase S.C.A.’ y ‘Gesico Sistemas S.L.’, la sentencia zanja que todos ellos, a excepción de la propia Mercasevilla, “carecen de vinculación con los demandantes” y, por tanto, no tiene “interés” que figuren en el pleito.

“La obligatoriedad de los ayuntamientos de prestar el servicio en los mercados se limita a controlar la salubridad e higiene de los productos y fomentar la competencia entre los empresarios (…), pero no alcanza a que se imponga la utilización obligatoria de determinado personal por parte de los empresarios mayoristas”, explica la sentencia sobre el rol del Ayuntamiento, toda vez que Mercasevilla “no está integrada en la estructura orgánica y funcional” del Ayuntamiento pese a que el mismo es su socio mayoritario.

CAUSAS “NOTORIAS”

Sobre las causas de los despidos, la sentencia considera que “son de todo punto notorias” dada “la precaria situación económica de la empresa”, con rentabilidades de un 147 por ciento en negativo en 2012 y de un 345 por ciento en negativo en 2010, por ejemplo. “Es una rentabilidad empresarial a todas luces insostenible, siendo una situación que no se puede perpetuar por el hecho de que no está peor que otros años”, expone el TSJA considerando “acreditada la situación económica negativa” esgrimida para los despidos y que constituye “motivo suficiente” para justificar los mismos.

En cuanto al periodo de consultas del expediente de regulación de empleo, la sentencia expone que los representantes de los trabajadores “sólo ofertaron una reducción de jornada a 30 horas semanales con reducción salarial sin efectos posteriores y extinciones a 45 días por año de servicio, como si de despidos improcedentes se tratase”. “Es evidente que esta propuesta no se puede asumir por una empresa deficitaria que va a ir a peor al desaparecer la obligatoriedad de que los mayoristas abonen las tasas, lo que supone la pérdida de un ingreso fijo fundamental”, avisa el fallo. “La voluntad negociadora de los representantes de los trabajadores era más bien nula o poco escasa”, critica además la sentencia.

Sobre el quid del asunto, la liberalización de los servicios de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas, la sentencia descarta “fraude o abuso de derecho”, pues se trata de una operación promovida por el Ayuntamiento dentro de sus propias “competencias”. Así, el TSJA, a través de esta sentencia susceptible de recurso de casación, desestima la demanda colectiva y declara “ajustada a derecho la decisión extintiva”.

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ICABaleares y otras tres instituciones trabajarán para mitigar el impacto de los desahucios

ICABaleares y otras tres instituciones trabajarán para mitigar el impacto de los desahucios
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Terrasa, el alcalde de Palma, Mateo Isern, y los decanos del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) y del Ilustre Colegio de Procuradores de Baleares, Martín Aleñar y Frederic … [+]
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La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la medida cautelar solicitada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y ha suspendido la Resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado “Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Isabel, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sudeste y del Tajo”

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la medida cautelar solicitada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y ha suspendido la Resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado “Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Isabel, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sudeste y del Tajo”

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El TC admite a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad sobre la supresión de la extra de los funcionarios

El TC admite a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad sobre la supresión de la extra de los funcionarios
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por sendos órganos judiciales (Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y un Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Tarragona) contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Con la aprobación de esta norma, el Gobierno suprimió la paga extra de Navidad a los empleados públicos. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo.
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La defensa de Bretón advierte de "irregularidades" en "muchos testigos"

La defensa de Bretón advierte de "irregularidades" en "muchos testigos"

6 de septiembre de 2013

José Bretón

La defensa de José Bretón, condenado a 40 años de prisión por supuestamente asesinar a sus hijos, Ruth y José, en octubre de 2011 en Córdoba, advierte en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que pide que se celebre un juicio nuevo con tribunal profesional, que “las declaraciones de muchos testigos estuvieron prefabricadas” al seguir el juicio por televisión, de modo que, a su juicio, hay “una serie de irregularidades jurídicas”, al tiempo que cree que “bastantes de los puntos de debate” del veredicto del jurado “no están lo suficientemente probados”.

Así lo ha manifestado a los periodistas el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, tras visitar este jueves a su cliente en el Centro Penitenciario de Alcolea, en el que se encuentra interno desde el 21 de octubre de 2011 tras el supuesto asesinato de sus hijos el día 8 del mismo mes. Según ha comentado el letrado, el recurso de 37 folios que ya ha entregado en la Audiencia Provincial para dar traslado al TSJA, “sigue la línea de los puntos de defensa que se efectuaron en el juicio, y ampliando y analizando las declaraciones que se hicieron apoyado por la jurisprudencia que el Tribunal Supremo en estos casos efectúa”.

En concreto, los pilares básicos de argumento son “la violación de derechos fundamentales, la ruptura de la cadena de custodia y la violación del derecho de defensa”, precisando en relación a los testigos que “el mismo rechazo jurídico tiene que tener las personas que se encuentran en sala”, de hecho el presidente del Tribunal del Jurado, Pedro Vela, anuló un testimonio, “que la que lo ve en pantalla” y posteriormente ha declarado en la sala, según argumenta la defensa siendo “una de las razones” por la que solicita la nulidad del procedimiento.

Al respecto, se muestra “convencido de que tiene base jurídica que puede permitir la nulidad del juicio”, dado que “hay un conflicto de leyes y siempre debe prevalecer la ley de rango superior” en este caso la Constitución Española (CE), de que “toda persona tiene derecho a un juicio justo”. Así, en su opinión, el jurado ha estado “contaminado”, pues, “es difícil encontrar once personas que no estén mediatizadas”, al tiempo que mantiene que “no fue imparcial” y cree que “bastantes de los puntos de debate no están lo suficientemente probados”, algo que trata en el recurso ante el TSJA.

En este sentido, defiende que pruebas falsas no cree que se hayan usado en el juicio, pero “sí han existido pruebas que no se han tratado con el verdadero rigor jurídico que se requiere en un asunto de esta envergadura”, según Sánchez de Puerta, quien recuerda que “siempre” ha dicho que los restos óseos que la perito policial Josefina Lamas recogió “no son los que los peritos analizaron”, y se cuestiona “qué casualidad que ninguno de los restos era humano y todos de animales” y el profesor Francisco Etxeberría “los identifica por fotografía y dice que todos son humanos. No me ha olido bien eso y no me sigue oliendo”, ha sentenciado.

Asimismo, comenta que la prueba de las cámaras de la Ciudad de los Niños con el paso del vehículo de Bretón estaba “sin fundamento y con lagunas científicas espantosamente grandes”, si bien lamenta que el juez instructor, José Luis Rodríguez Lainz, “creyó la prueba y fue el motivo fundamental por el que Bretón estuvo los diez primeros meses en prisión, pero el valor jurídico y probatorio es totalmente nulo”.

LA IMPUGNACIÓN

Por otra parte, el abogado del condenado ha informado de que impugnará el recurso que presenta la acusación, ejercida por la madre de los niños, Ruth Ortiz, en el que pide la entrega de los restos óseos del caso, y es que, repite el letrado, “como se ha hecho en varias ocasiones apoyado incluso por la Fiscalía, es una prueba de cargo y convicción y por imperativo legal hasta que no haya sentencia firme y definitiva no van a poder salir”.

Al hilo de ello, dice que le parece “demasiado rocambolesco” que los restos salgan custodiado de la sede judicial para celebrar una misa en Huelva. No obstante, asegura que comprende “el dolor de la madre y en sus circunstancias, si por desgracia tuviera que haber pasado ese trance tan duro, estaría en las mismas condiciones, pero tenemos una ley que cumplir y por imperativo legal no se pueden entregar hasta una sentencia firme”, apostilla.

Entretanto, la defensa confía en el TSJA, aunque entiende que es “un trámite en el camino” tras el anterior recurso “bastante duro, en el que conseguimos muy poco”, y se imagina que “seguirán con la misma idea de que no existió ruptura de la cadena de custodia”, aunque él sigue “manteniendo que sí”. En cualquier caso, recuerda que si no le dan la razón en este caso concreto, que pide “la absolución y por existir ruptura que se anulen determinados momentos, vuelvan los autos a instrucción y se celebre nuevo juicio”, recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo (TS).

LAS TESIS DE BRETÓN

Mientras, José Bretón sigue en la prisión “con el protocolo antisuicidios”, que, en palabras de su abogado, lo considera “una tontería”, dado que, según Sánchez de Puerta, “ni está ni ha estado nunca en su mente quitarse la vida”, al tiempo que “él sigue en el convencimiento de que sus hijos están perdidos y niega totalmente que los haya asesinado e incinerado en la hoguera”, según recoge la sentencia que le condena a 40 años de prisión.

Además, el abogado advierte de que Bretón “estuvo condenado por la opinión pública desde el primer momento”, un punto que también trata en el recurso; señala que hasta ahora “no hay razón alguna” para un traslado de prisión “hasta que no resuelva el Supremo, que podría pasar a un penal de seguridad” por la pena a la que se enfrente, y considera que es “una auténtica tontería” que piense en conceder entrevistas para ganar dinero cuando tiene que “pagar indemnizaciones muy elevadas” y el dinero que reciba de televisión “será confiscado” por la justicia para dichos pagos, ha subrayado el letrado.

En concreto, por la vía de la responsabilidad civil, el magistrado Pedro Vela condena a Bretón Gómez a que indemnice a su mujer, Ruth Ortiz Ramos en 500.000 euros; al Ministerio del Interior del Gobierno de España en 137.335,65 euros y al Ayuntamiento de Córdoba en 22.567 euros.

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El TSJC reconoce el derecho a la paga extra de los trabajadores de las universidades públicas catalanas

El TSJC reconoce el derecho a la paga extra de los trabajadores de las universidades públicas catalanas

8 de agosto de 2013

TSJC

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido el derecho a recibir la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 del personal de administración y servicios (PAS) de las universidades públicas catalanas.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJC estima parcialmente el conflicto colectivo interpuesto por UGT y CC.OO. de Catalunya contra las siete universidades públicas catalanas en referencia al recorte de la paga extra de la Navidad de 2012, y condena a los centros al pago “íntegro”.

De este modo, las universidades deberán abonar la parte proporcional de la paga extra de Navidad al personal PAS, aunque la sentencia no contempla el pago también al personal docente e investigador (PDI), ha informado CC.OO. de Catalunya en un comunicado.

El Govern adoptó “medidas excepcionales” de reducción del gasto de personal en 2012, que en las universidades públicas se concretaron con una rebaja de sueldo del 5%, que se efectuó a través de la paga extra, una medida que se sumó a otro recorte impulsado por el Estado.

Ahora el TSJC insta a los centros a abonar la parte proporcional meritada a 15 de julio de 2012, por lo que acepta parcialmente la petición de los sindicatos, que reclamaban la totalidad.

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El maquinista atendía una llamada de alguien de Renfe sobre el fin del trayecto cuando descarriló

El maquinista atendía una llamada de alguien de Renfe sobre el fin del trayecto cuando descarriló

31 de julio de 2013

La velocidad del convoy se redujo de 192 a 153 kilómetros por hora al activarse un freno segundos antes del accidente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) – El maquinista Francisco José G.A. había cogido una llamada en su teléfono profesional y estaba recibiendo instrucciones por parte de personal de Renfe, sobre el camino que tenía que seguir para la entrada del convoy en Ferrol, cuando se produjo el descarrilamiento en la curva de A Grandeira, a unos cuatro kilómetros de la parada estipulada en la estación ferroviaria de Santiago de Compostela.

Del audio almacenado en las cajas negras se deduce, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), que el maquinista estaba hablando por teléfono en el momento del accidente con personal de Renfe, alguien que “parece ser un controlador”, aunque por el momento no ha quedado aclarado si se trataba de una llamada desde la central de control o de un compañero desde dentro del propio tren.

Al respecto, fuentes de la investigación, han indicado a Europa Press, que la Policía intenta esclarecer de dónde partió esa llamada que podría haber sido el origen del “despiste” que Francisco José G.A. alegó en su declaración del domingo ante el juez. Así, estas fuentes han señalado que se intenta determinar, tanto a través de las pruebas registradas en las cajas negras como de testigos, si la llamada pudo proceder de personal de control que viajaba en el tren siniestrado.

Minutos antes de la salida de vía en el lugar de Angrois, el conductor del convoy había recibido una llamada en su teléfono profesional para indicarle el camino que tenía que seguir para la entrada en Ferrol, donde el Alvia procedente de Orense tenía el final del trayecto.

Según las primeras conclusiones de la comisión judicial que este martes ha podido escuchar el audio almacenado en las cajas negras, del contenido de la conversación y por el ruido de fondo, parece que el maquinista consulta entonces un plano o algún documento similar en papel, según ha explicado el TSJG.

El maquinista Javier I.A., que había conducido el tren entre Medina del Campo (Valladolid) y Orense, al cual releva Francisco José G.A., declaró ante la Policía que los conductores tienen prohibido usar ningún dispositivo que pueda provocarles distracción y que sólo pueden usar el teléfono corporativo si la ocasión lo requiere y sólo por motivos de servicio, informaron a Europa Press en fuentes cercanas a la investigación. Javier I.A. cedió el mando del convoy en Orense, pero prosiguió el viaje en el tren porque se iba para su casa, ubicada en Betanzos (La Coruña).

VELOCIDAD

Según las primeras informaciones provisionales que se extraen del análisis de los últimos kilómetros recorridos por el tren antes de la salida de vía, el Alvia circulaba en los kilómetros previos al descarrilamiento a 192 kilómetros por hora, pero segundos antes del accidente, fue activado un freno.

Así, se estima que en el momento de la salida de vía, el tren circulaba a 153 kilómetros por hora, según los análisis de los últimos kilómetros recorridos por el tren que sufrió el accidente en Santiago de Compostela, en el que fallecieron 79 personas.

De los primeros análisis de dos cajas negras, instaladas en las dos cabezas motrices del tren, se extrae que ha quedado reflejada una frenada, pero ahora un informe policial deberá ratificar con mayor exactitud si el freno fue activado por el propio Francisco José G.A. y si empleó el dispositivo de mano o de pie, según han precisado a Europa Press fuentes judiciales.

PROCEDIMIENTO

El magistrado del Juzgado de Instrucción número tres de Santiago, Luis Aláez, se reunió este martes sobre las 10.00 horas con personal de la Policía Científica para definir los pasos a seguir para el volcado de la información de las cajas negras, dos dispositivos que en realidad son de color naranja.

A continuación, en la biblioteca de los juzgados, el juez, la secretaria y el fiscal se reunieron con Policía Científica y la Judicial, técnicos de Renfe, Adif y técnicos de la Comisión de Investigación del Ministerio de Fomento para analizar la forma en que se iba a acceder a la información y comprobar que todas las partes estaban de acuerdo.

Tras recibir las especificaciones técnicas de las cajas negras y realizar una prueba con otra, se procedió al volcado de información de los dos dispositivos del tren siniestrado, de manera que quedase “totalmente garantizada la integridad y fiabilidad del contenido”, según ha resaltado el TSJG.

Los datos se extrajeron en un lápiz de memoria aportada por el juzgado y posteriormente se hicieron copias autentificadas con firma digital. Como la información que se obtiene de las cajas está encriptada, se pasa por un programa informático para proceder a su desencriptación.

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El CGPJ propone suspender cuatro meses y siete días al juez del ‘caso Blesa’

El CGPJ propone suspender cuatro meses y siete días al juez del ‘caso Blesa’

Por faltas no relacionadas con la investigación

16 de julio de 2013

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propondrá al Pleno de esta institución sancionar con cuatro meses y siete días de suspensión y multa de 600 euros al juez de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva Pacheco, “instructor del ‘caso Blesa’ por dos faltas muy graves y una grave de retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y de consideración a sus funcionarios.

La sanción es menos dura que la propuesta por el instructor de expediente disciplinario, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (TSJM) Álvaro Domínguez, quien había interesado 21 meses de suspensión y una multa de 2.000 euros.

Precisamente el pasado 4 de julio el Tribunal Supremo rechazó admitir a trámite una denuncia por prevaricación que e instructor del ‘caso Blesa’ había presentado contra el instructor Domínguez y la fiscal encargados de su expediente disciplinario.

La sanción que aún debe estudiar el Pleno del Consejo responde a la comisión por el juez Silva de dos faltas de carácter muy grave (una suspensión por 4 meses y otra por 7 días) y una grave, que conlleva multa.

Las primeras lo son por “absoluta y manifiesta falta de motivación” de sus resoluciones -prevista en el artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)- y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado -artículo 417.9 de la misma Ley- mientras que la grave corresponde al artículo 418.5, que sanciona la falta de desconsideración al Ministerio Fiscal.

Silva Pacheco acumula un nutrido historial disciplinario desde 1994, cuando fue suspendido tres meses de sus funciones por retrasos en su juzgado de entonces, el número 1 de Instrucción de San Roque, en Cádiz.

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El Supremo rechaza el recurso de Amorós contra la sentencia que ratificó la procedencia de su despido de la CAM

El Supremo rechaza el recurso de Amorós contra la sentencia que ratificó la procedencia de su despido de la CAM

4 de junio de 2013

Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por la exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ratificó la decisión de un juzgado de lo social de Alicante de declarar su despido como procente.

Con ello, la exresponsable de la caja se queda sin los 10 millones de euros que reclamaba en concepto de lucro cesante y sin la doble indemnización por el despido acordado por los administradores del FROB, según ha informado en un comunicado el despacho de abogados Broseta. Con esta decisión, Amorós tampoco recibirá una pensión que se fijó de casi 370.000 euros anuales.

El juzgado de lo social 4 de Alicante desestimó en marzo de 2012 la demanda presentada por Amorós, y decretó que su salida de la entidad había sido procedente, al entender que las conductas imputadas en la carta de despido sí habían quedado acreditadas.

Amorós recurrió esta resolución ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que en septiembre de 2012 desestimó también el recurso interpuesto y confirmó la sentencia.

Tras esto, María Dolores Amorós interpuso ante el TS un recurso de casación para unificación de doctrina contra esta última sentencia. Ahora, en un auto contra el que no cabe recurso, el Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión del recurso interpuesto por María Dolores Amorós.

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