Segunda Sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. STS (Sala 2ª) nº 221/2016, de 16 de marzo

Rafael Ansón Peironcely

Recientemente ha sido publicada la segunda Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2ª) nº 221/2016, de 16 de marzo (ponente Marchena Gómez), sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, en aplicación del art. 31 bis CP. Es de gran interés para el asesoramiento societario -que no puede limitarse al ámbito mercantil- conocer el contenido de dicha resolución.

Podemos destacar, en primer lugar, el énfasis sobre que la presunción de inocencia es igual para la persona física y jurídica. No se pueden diluir las garantías de este principio constitucional en el caso de las sociedades o corporaciones. Recogemos algunas de las menciones a esta cuestión (del FJ 5.B):

La Sala no puede identificarse -insistimos, con independencia del criterio que en el plano dogmático se suscriba respecto del carácter vicarial o de responsabilidad por el hecho propio de la persona jurídica- con la tesis de que, una vez acreditado el hecho de conexión, esto es, el particular delito cometido por la persona física, existiría una presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo. (…) Sería contrario a nuestra concepción sobre ese principio estructural del proceso penal [presunción de inocencia] admitir la existencia de dos categorías de sujetos de la imputación. Una referida a las personas físicas, en la que el reto probatorio del Fiscal alcanzaría la máxima exigencia, y otra ligada a las personas colectivas, cuya singular naturaleza actuaría como excusa para rebajar el estándar constitucional que protege a toda persona, física o jurídica, frente a la que se hace valer el ius puniendi del Estado(…)

La persona jurídica no es responsable penalmente de todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto por las personas físicas a que se refiere el art. 31 bis 1 b). Sólo responde cuando se hayan “… incumplido gravemente de los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las circunstancias del caso”. (…)

En definitiva, en la medida en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia impone que el Fiscal no se considere exento de la necesidad de acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Sin perjuicio de que la persona jurídica que esté siendo investigada se valga de los medios probatorios que estime oportunos -pericial, documental, testifical- para demostrar su correcto funcionamiento desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad.

Otra cuestión relevante, en línea con la primera Sentencia sobre responsabilidad penal de personas jurídicas (STS (Sala 2ª), núm. 154/2016, de 29 de febrero pasado), es que aunque la persona física haya cometido un delito, será necesario probar el hecho delictivo propio de la persona jurídica, el delito corporativo. Escogemos varios párrafos de la sentencia (FJ 5.D):

El hecho sobre el que ha de hacerse descansar la imputación no podrá prescindir, claro es, del delito de referencia atribuido a la persona física. Pero habrá de centrarse en su averiguación desde una perspectiva estructural. Se tratará, por tanto, de una indagación sobre aquellos elementos organizativo-estructurales que han posibilitado un déficit de los mecanismos de control y gestión, con influencia decisiva en la relajación de los sistemas preventivos llamados a evitar la criminalidad en la empresa.

La responsabilidad de la persona jurídica ha de hacerse descansar en un delito corporativo construido a partir de la comisión de un previo delito por la persona física, pero que exige algo más, la proclamación de un hecho propio con arreglo a criterios de imputación diferenciados y adaptados a la especificidad de la persona colectiva.

La sentencia trata también otros temas relevantes para la futura interpretación de esta novedosa materia, por lo que recomendamos la lectura íntegra del texto.

 

Primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

Recogemos en las secciones de Derecho Mercantil y Derecho Penal de nuestro Blog la reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se trata de una resolución de máxima importancia para la práctica del Derecho societario, tanto desde la perspectiva del Derecho Penal Económico como del Derecho Mercantil.