Responsabilidad de administradores. Acción individual (art. 241 LSC) e insolvencia de la sociedad.

Rafael Ansón Peironcely

La sentencia 150/2017 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (2 de marzo de 2017, ponente SARAZÁ JIMENA) vuelve a resolver un caso de ejercicio de la acción individual de responsabilidad (art. 241 LSC) contra el administrador de una sociedad (SRL) que no pudo hacer frente a la deuda con la demandante, por acabar dicha sociedad en concurso de acreedores.

Esta sentencia resuelve los recursos interpuestos frente a la sentencia 99/2014 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (26 de marzo de 2014, ponente GARRIDO ESPA), a la que nos referiremos brevemente al final de este comentario.

Los antecedentes de hecho se pueden sintetizar de la siguiente manera. La sociedad concursada era arrendataria de unas naves industriales. La sociedad propietaria – arrendadora interpuso acción individual de responsabilidad frente un miembro del consejo de administración de la arrendataria por impago de las rentas, abandono de residuos, daños producidos en las instalaciones y, por último, por las rentas correspondientes al periodo que restaba de vigencia del contrato de arrendamiento. La demanda se dirigió simultáneamente  contra el miembro del Consejo de administración, que era una persona jurídica y su representante persona física.

Los hechos en los  que la demandante basaba sus pretensiones eran los siguientes: (i) confusión de actividad, negocios y patrimonio entre la sociedad deudora y una filial que acabó en disolución – liquidación; (ii) ocultación y falsedad de información de la filial, imputable a la deudora, controlada por la persona física demandada; (iii) información falseada en la filial a la que, presuntamente, se desviaron fondos o activos de la deudora; (iv) generación y abandono de residuos sin acometer su tratamiento; y, finalmente, (v) el Ministerio Fiscal interesó la calificación como culpable del concurso de la deudora, si bien, finalmente, se archivó la sección de calificación. La cantidad reclamada era 3.066.728,60.-€.

A) Sentencia 150/2017 Sala 1ª del Tribunal Supremo

El TS, en línea con anteriores pronunciamientos (el texto de la sentencia hace referencia expresa a la STS 417/2016, de 28 de abril), reitera

que el impago de las deudas sociales no puede equivaler necesariamente a un daño directamente causado a los acreedores sociales por los administradores de la sociedad deudora (…). Este Tribunal exige al demandante, además de la prueba del daño, tanto la prueba de la conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenado empresario, como la del nexo causal entre conducta y daño, sin que el incumplimiento de una obligación social sea demostrativo por sí mismo de la culpa del administrador ni determinante sin más de su responsabilidad.

En este sentido, podemos destacar los siguientes párrafos del Fundamento de Derecho Tercero:

El argumento que sustenta la pretensión de la demandante, que si los administradores hubieran dado las instrucciones adecuadas tales daños no se habrían producido, es inconsistente puesto que haría en todo caso responsable a los administradores sociales del pago de las deudas que resultaren impagadas por la sociedad.

La actuación antijurídica, por negligente o contraria a la diligencia exigible, de los administradores no puede consistir en el propio comportamiento, contractual o extracontractual, de la sociedad que ha generado un derecho de crédito a favor del demandante.

Incluso en el caso de que los administradores sociales no hubieran sido diligentes en la gestión social y hubieran llevado a la sociedad a la insolvencia (por ejemplo, con los préstamos concedidos a la filial), el daño directo se habría causado a la sociedad administrada por ellos, que habrá incurrido en pérdidas, no a los acreedores sociales, que solo habrían sufrido el daño de modo indirecto, al no poder cobrar sus créditos de la sociedad.

 La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el acreedor y declara no haber lugar a la acción individual frente al consejero.

B) Sentencia 99/2014 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona

Nos parece interesante añadir una cita de la resolución que motiva el pronunciamiento del Tribunal Supremo, comentado en el apartado anterior.

Concretamente, puede ser ilustrativa la consideración sobre la información falseada en la filial de la deudora concursada, que permitió un “vaciamiento patrimonial” injustificado al desviar fondos con ánimo defraudatorio. Según la demandante, esta conducta generó la imposibilidad del cobro de su crédito. Establece la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que el daño por el “vaciamiento patrimonial”

habría sido causado directamente a la sociedad, en la medida en que su patrimonio quedara disminuido por haber prestado esas sumas con conocimiento de que no podrían ser restituidas (lo que, por lo demás, no ha quedado acreditado, ni el ánimo defraudatorio). Estas disposiciones, en la medida en que mermarán sin justificación el patrimonio de la deudora, serían tributarias de la acción social de responsabilidad (art. 134 TRLSA), que no se ejercita en la demanda, ni podía ejercitarse, porque una vez declarado el concurso para el ejercicio de esa acción tan sólo está legitimada la administración concursal (art. 48 quáter LC). Así mismo, si estas disposiciones han generado o agravado la insolvencia de la deudora es cuestión que debe o debería enjuiciarse en el seno del concurso, concretamente en la sección de calificación (arts. 172.2.3º y 172 bis LC), pero la sección 6ª ha sido archivada por el juzgado tras el informe de la administración concursal que calificaba el concurso como fortuito; o bien mediante las acciones de reintegración (art. 71 LC), que no han sido ejercitadas por la parte legitimada.

Responsabilidad de administradores. Acción de responsabilidad por deudas (art. 367 LSC) y acción individual de responsabilidad (art. 241 LSC).

Rafael Ansón Peironcely

La sentencia 27/2017 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (18 de enero de 2017, ponente SANCHO GARGALLO) resuelve un interesante caso de responsabilidad de administradores en el que una sociedad acreedora ejerce simultáneamente la acción ex. art. 367 LSC y la acción individual de responsabilidad frente a todos los miembros del consejo de administración de la deudora.

La sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona (25 de junio de 2012) desestimó la petición de la acreedora y absolvió a los consejeros demandados.

La sentencia 126/2014 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (4 de abril de 2014, ponente Forgas Folch) estimó el recurso de apelación de la acreedora al entender que concurrían los requisitos de la acción de responsabilidad ex. art. 367 LSC. Resultan de gran interés los razonamientos de la sentencia de la Audiencia según los cuales había quedado acreditada la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas que dejaban reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social, dado que no se conocía el momento exacto en el que se produjo el desequilibrio patrimonial (los detalles se encuentran en el Fundamento Jurídico Tercero).

En  referencia a la carga de la prueba, dice la Audiencia:

ninguno de los administradores demandados aportó a las actuaciones documentación contable de clase alguna correspondiente al ejercicio social de 2009, documentos como pudieran ser los diversos balances trimestrales.

Lo cual debe relacionarse con el art. 367.2º LSC, que establece la presunción iuris tantum de que las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

Respecto a la acción individual, se desestima según el razonamiento de la sentencia de primera instancia porque

la prueba practicada no permite concluir que ninguna de las acciones llevadas a cabo por el órgano de administración redundara, a la postre, en el incumplimiento de la obligación del pago debido, toda vez que ni la falta de llevanza en forma de la contabilidad es causa eficiente del impago de la deuda, ni la pretendida imposibilidad de alcanzar el fin social (…) constituye el motivo por el que no se pagó la deuda, máxime cuando está acreditado que los administradores agotaron la diligencia debida adoptando medidas de diversa índole para evitar la incursión en causa de disolución.

La sentencia del TS desestima el recurso de casación de los consejeros recurrentes y confirma la sentencia de la Audiencia.

Por otro lado, se plantea la posibilidad de amortiguar el rigor de la responsabilidad ex. art. 367 LSC cuando conste que, aunque los administradores no promovieron la disolución sí realizaron actuaciones tendentes a paliar la mala situación de la sociedad. El Alto Tribunal resuelve esta cuestión de la siguiente manera:

En realidad, y máxime con la regulación actual del art. 367 LSC, que reduce la responsabilidad respecto de las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución, son muy excepcionales las causas que pudieran justificar el incumplimiento del deber legal de promover la disolución. Debe ser algo que ponga en evidencia que, en esas condiciones, a los administradores dejaba de serles exigible el deber de instar la disolución.