El Supremo anula un indulto parcial por delito de tráfico porque el tribunal que informó no era el competente

El Supremo anula un indulto parcial por delito de tráfico porque el tribunal que informó no era el competente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el indulto parcial que el Gobierno concedió el 21 de diciembre de 2012 a un conductor condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por delito contra la seguridad del tráfico en concurso con tres delitos de homicidio imprudente.

En su sentencia, el alto tribunal motiva su decisión en que el informe preceptivo para la concesión de la medida de gracia fue emitido por un tribunal equivocado, ya que correspondía hacerlo a la Audiencia Provincial de Granada, y no a la jueza de lo Penal número 2 de esa misma provincia, que había dictado la sentencia inicial del caso.

El Supremo revoca el indulto y ordena a la Audiencia que emita el correspondiente informe, antes de que el Gobierno vuelva a examinar el caso. El resto de dictámenes del expediente de indulto no son anulados.

El joven que había sido indultado fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada a 2 años y medio de cárcel, en relación al accidente de tráfico que tuvo lugar en Huétor Santillán (Granada) en el verano de 2008, en el que murieron tres jóvenes que ocupaban un coche conducido por él al chocar el turismo contra un vehículo de recogida de basuras. Tras ser apelada esa sentencia, la Audiencia de Granada elevó la pena a 3 años y

3 meses de cárcel

El condenado pidió el indulto. El Ministerio de Justicia remitió el expediente al presidente de la Audiencia de Granada, pero desde esa instancia judicial, a quien correspondía emitir el informe preceptivo por haberse convertido en tribunal sentenciador –ya que había elevado la pena inicialmente impuesta-, se reclamó el dictamen al Juzgado de lo Penal número 2. La sentencia señala que esa irregularidad “no es imputable” al Ministerio, puesto que se dirigió a la Audiencia Provincial, que fue la que posteriormente la envió al Juzgado de lo Penal.

La titular de ese Juzgado emitió informe favorable al indulto parcial, de modo que se redujera la pena a 2 años de cárcel para que el joven pudiera eludir el ingreso en prisión. El Gobierno concedió el indulto parcial en las condiciones que había pedido dicha jueza.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba, el tribunal argumenta su decisión de anular el indulto y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la emisión del informe del tribunal sentenciador, a que dicho dictamen no lo dictó el tribunal adecuado. En ese sentido, recuerda la doctrina de la Sala Segunda del Supremo que establece que el tribunal superior que modifica la sentencia inicial de una causa se convierte en tribunal sentenciador a los efectos de competencia sobre el informe de indulto.

De este modo, estima parcialmente el recurso planteado por familiares de las personas que fallecieron en el accidente de tráfico.

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Captar imágenes de la vida privada para aportarlas como prueba en un juicio no vulnera el derecho a la propia imagen, según el TS

Captar imágenes de la vida privada para aportarlas como prueba en un juicio no vulnera el derecho a la propia imagen, según el TS

La Sala Primera del TS ha dictaminado que captar fotografías de una persona sin su consentimiento en lugares públicos y en momentos de su vida diaria, para aportarlas como prueba documental en un juicio de faltas con el fin de acreditar que no se encontraba impedida para comparecer en el juicio, no supone una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen

Así lo señala en una sentencia de la que es ponente el presidente de dicha Sala, Francisco Marín Castán, que comienza reiterando la doctrina sobre los criterios de ponderación judicial en caso de conflicto entre derechos fundamentales, en particular, cuando uno de los derechos afectados es el derecho a la propia imagen.

Este derecho – dice literalmente la sentencia- “garantiza un ámbito privativo de la propia personalidad ajeno a injerencias externas, impidiendo la obtención, reproducción o publicación por un tercero de una imagen que contenga los rasgos físicos que permita reconocer su identidad”.

Como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto, sino que se encuentra sujeto a las limitaciones derivadas de los demás derechos fundamentales -en relación con un juicio de proporcionalidad-, de las leyes -artículos 2.1 y 8 (cuyos supuestos tienen carácter enumerativo) de la LO 1/82-, de los usos sociales -artículo 2.1 LO 1/82-, o de la concurrencia de singulares circunstancias, diversas y casuísticas, de variada índole subjetiva u objetiva, que, en un juicio de ponderación y proporcionalidad, excluyen la apreciación de la ilicitud o ilegitimidad de la intromisión”.

En aplicación de dicha jurisprudencia, entiende la Sala que las circunstancias que rodearon la captación y utilización de la imagen de la recurrente determinan que en este caso no pueda considerarse vulnerado su derecho a la propia imagen, siendo razones que conducen a dicha conclusión, en síntesis, el contexto en que se hicieron las fotos (pues, aun sin su consentimiento, se captaron a la luz del día en lugares públicos y en momentos normales de la vida cotidiana); su destino (solo se utilizaron como prueba documental en un juicio de faltas para desmentir al marido de la recurrente, que había manifestado que su mujer estaba gravemente enferma y no podía salir de casa por culpa de las molestias originadas por los vecinos cuando las fotos revelan que eso no era cierto y que salía de casa a hacer la compra y al parque, para jugar a la petanca) y la ausencia de fines lucrativos.

Todo ello justificaba la divulgación de las fotos, tanto en el marco del derecho de defensa de los demandados en aquel juicio de faltas como desde la perspectiva del interés público del Estado en evitar la obstrucción al ejercicio de la potestad jurisdiccional.

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El Supremo estima el recurso de una mujer homosexual que reclama la filiación de un niño concebido por su pareja con reproducción asistida

El Supremo estima el recurso de una mujer homosexual que reclama la filiación de un niño concebido por su pareja con reproducción asistida

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de una mujer homosexual que reclamaba la filiación de un niño que había sido concebido por su pareja a través de técnicas de reproducción asistida. Previamente, esta misma Sala otorgó en el año 2011 a esta mujer el derecho de visitas sobre el niño en su condición legal, en aquel momento, de “allegada”.

La demanda posterior planteada por esta mujer contra la que fuera su pareja durante más de diez años, que ha dado lugar al recurso de casación ahora estimado, fue estimada en primera instancia atendiendo a que el niño había sido concebido en un proyecto común de la pareja, habiendo actuado en su entorno ambas como madres.

La Audiencia Provincial de Toledo revocó esta sentencia al considerar que no podía aplicarse retroactivamente la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que permite la filiación a favor de dos mujeres casadas, por razones temporales y porque la pareja no estaba casada, y porque consideraba no acreditada la existencia de una posesión del estado de madre de la demandante al haber actuado como tal durante un periodo corto de la vida del menor (3 años).

La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado Orduña Moreno, ha estimado el recurso de casación expresando la decisión mayoritaria de la Sala, que ha contado con el voto particular de tres magistrados.

La sentencia estima la acción entablada en aplicación del artículo 131 del Código Civil, que permite a “cualquier persona con interés legítimo que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de estado” y considera que la posesión de estado es un presupuesto legitimador de la acción, además de un medio de prueba de la filiación.

La sentencia tiene en cuenta la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que permite a la mujer casada ser madre del hijo de su pareja mujer manifestando su consentimiento. También parte de los principios constitucionales de no discriminación de los niños por razón de nacimiento y protección de la familia y de la remisión de esta Ley especial antes mencionada a las leyes civiles para considerar que existe una compatibilidad entre la acción del artículo 131 del Código Civil y de los principios inspiradores de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida.

Este precepto permite determinar la filiación no matrimonial por posesión de estado a una mujer homosexual no casada cuando esta posesión de estado resulta acreditada de los hechos, cumpliéndose así el interés legítimo exigido por la ley para reclamar la filiación, cuyo éxito vendrá determinado por la ponderación del interés superior del menor, requisitos ambos que entiende concurren en el caso planteado.

El voto particular, de los magistrados Marín Castán, Salas Carceller y Sancho Gargallo, declara que el asunto debió desestimarse por falta de respeto al hecho probado de la inexistencia del consentimiento de la recurrente al uso de las técnicas de reproducción asistida de su pareja, circunstancia que se considera relevante para la diferenciación de otros casos resueltos por la Sala.

Discrepa de la remisión al Código Civil realizada por la sentencia, al considerar de aplicación al caso la legislación especial en materia de técnicas de reproducción asistida, bajo la cual la recurrente no podría haber obtenido la filiación por no estar casada con la madre biológica y por la falta de acreditación del consentimiento conjunto de las partes, que la sentencia considera en este tipo de casos título de determinación de la filiación.

El voto particular descarta la aplicación al caso del principio del interés del menor, al considerar que la atribución de la filiación puede crear una situación potencialmente conflictiva que en nada beneficia al menor, al que considera se le había dado respuesta correcta a través de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2011 otorgando visitas en concepto de “allegada” a la recurrente, ahora, con esta decisión, madre de menor.

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El Congreso insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de traductores e intérpretes judiciales

El Congreso insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de traductores e intérpretes judiciales

26 de septiembre de 2013

Una fila de sillas naranjas y sobre ellas unos auriculares

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con la abstención de CiU, una proposición no de ley planteada por el PP en la que se insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados, así como a crear el correspondiente Registro, en colaboración con las comunidades autónomas.

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha destacado que los traductores son “pieza clave” para los extranjeros inmersos en procesos judiciales en territorio español y que la actuación de estos operadores es “imprescindible para cumplir con su derecho a la tutela judicial efectiva”.

Éstos son los dos reclamos que los ‘populares’ han incluido en su iniciativa, con la que buscan que se tomen medidas para “asegurar” la profesionalidad de estas personas, que son “una pieza clave” en los procesos judiciales cuando las partes que acuden a él no hablan el castellano o las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas.

UNA SOLUCIÓN PARA ESTE ‘VACÍO LEGAL’

Según expone el PP en el texto, la actuación de estos profesionales es “imprescindible” para cumplir con la tutela judicial efectiva que contempla la Constitución, si bien actualmente la legislación, y singularmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hace referencia a la manera en la que han de desarrollar su actuación o a los requisitos que han de cumplir.

En este sentido, el partido del Gobierno destaca que las propias asociaciones de traductores e intérpretes judiciales y jurados vienen pidiendo una solución para este ‘vacío legal’ y, de hecho, considera “oportuno” que el Ministerio de Justicia, en colaboración con ellas, exija una formación “adecuada y uniforme” a todos los traductores judiciales, fijándose a la vez una formación continuada en la material para mantener los niveles de profesionalidad.

Y para garantizar los requisitos de formación y profesionalidad que marque el Gobierno se cumplan –al igual que se ha previsto en la Ley de Mediación–, el PP cree que sería “conveniente”, además, crear un Registro de traductores e intérpretes jurados, dependiente del Ministerio de Justicia que, a su vez, está coordinador con las administraciones autonómicas.

SE TRABAJA YA EN LA REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL

El PP plantea esta proposición consciente de lo “preocupado” que está el Gobierno por la profesionalidad y mejora del servicio de la Administración de Justicia, como lo demuestra el hecho de que se esté trabajando en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Precisamente, recuerda, que el pasado 7 de mayo el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, acudió al Congreso para dar cuenta del trabajo de la comisión de expertos para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la citada norma.

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El CGPJ concluye hoy su mandato sin que haya noticias del relevo, que se espera para principios de noviembre

El CGPJ concluye hoy su mandato sin que haya noticias del relevo, que se espera para principios de noviembre
El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye este martes su actual mandato, que es de cinco años, sin que por el momento se tengan noticias de su relevo, que debe ser realizado por el Parlamento.
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Báñez asegura que el sistema de pensiones seguirá siendo "público, equitativo y de reparto"

Báñez asegura que el sistema de pensiones seguirá siendo "público, equitativo y de reparto"

24 de septiembre de 2013

Fátima Báñez

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes que el sistema de pensiones “seguirá siendo público, equitativo y de reparto”.

Durante su intervención en el acto de clausura del Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación organizado por la escuela de negocios Deusto Business School, Báñez ha defendido así la reforma del sistema de pensiones que ha presentado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y ha señalado que en los próximos años en España habrá entre nueve y quince millones de pensionistas, con un 25% menos de ciudadanos en edad de trabajar.

Por otro lado, la ministra ha asegurado que desde la puesta en marcha de la reforma laboral, en España hay 14.000 parados menos y ha señalado que el despido es el último recurso de las empresas.

“Este dato nos anima a seguir trabajando, estamos caminando en la buena dirección”, ha afirmado Báñez en un acto en el que la escuela de negocios Deusto Business School ha presentado un programa en el que formará a responsables de las administraciones públicas para apoyar a los emprendedores.

Báñez también ha destacado los esfuerzos del Gobierno para reducir la burocracia y los procedimientos con el objetivo de modernizar la administración pública y favorecer el crecimiento. “En el ultimo año hemos puesto en marcha una comisión para la renovación de las administraciones publicas y hemos presentado 217 medidas que reducirán burocracia y simplificarán procedimientos”, ha señalado la ministra.

90.000 JÓVENES HAN ENCONTRADO EMPLEO

“El 2013 es el año clave, el año de las reformas”, ha insistido Báñez, entre las que ha destacado la puesta en orden de las cuentas publicas, la reforma del sistema financiero y la búsqueda de competitividad de la economía española.

Asimismo, ha resaltado la importancia de las medidas que persiguen fomentar el emprendimiento, como la Ley de Emprendimiento o la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

En este sentido, Báñez ha asegurado que 90.000 jóvenes han encontrado empleo por cuenta propia o ajena y que 60.000 han iniciado un negocio beneficiándose de la tarifa plana, que ha sido extendida a los mayores de 30 años.

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Carnicer destaca que la colegiación obligatoria es fundamental para el ejercicio de la Abogacía

Carnicer destaca que la colegiación obligatoria es fundamental para el ejercicio de la Abogacía
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha destacado en el número de septiembre de la revista Mutualidad de la Abogacía la necesidad de la colegiación como “fundamental para el ejercicio de la Abogacía”. Durante la … [+]
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Hoy pasa su último trámite parlamentario la Ley de Emprendedores tras lo que se publicará en el BOE para su entrada en vigor

Hoy pasa su último trámite parlamentario la Ley de Emprendedores tras lo que se publicará en el BOE para su entrada en vigor
Hoy el Congreso de los Diputados tiene en agenda, de nuevo, la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, que es en realidad un desarrollo de un Decreto Ley que se aprobó en el mes de febrero. El Congreso deberá aprobar las modificaciones que la norma ha sufrido tras su paso por el Senado, seis, de un total de más de 400 enmiendas parciales y varios vetos. Lo sustancial de los cambios es el nuevo criterio de caja establecido para el IVA para 2014 se aplica también en el marco del régimen económico fiscal de las islas Canarias y en el Impuesto General Indirecto Canario.
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Más de 40 juristas del mundo académico catalán se unen para defender que el ‘derecho a decidir’ cabe en la Constitución

Más de 40 juristas del mundo académico catalán se unen para defender que el ‘derecho a decidir’ cabe en la Constitución

19 de septiembre de 2013

Abogado con manos en la espalda

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – El Colectivo Praga, un grupo de más de 40 juristas del mundo académico catalán, se ha presentado este jueves con el objetivo de contribuir con argumentos jurídicos al debate del ‘derecho a decidir’, convencidos de que se puede ejercer y que cabe en la Constitución.

“Creemos que hay buenos argumentos para considerar que, además de legítimo, es amparable dentro de la Constitución”, ha destacado el decano de la facultad de derecho de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Josep Maria Vilajosana, en declaraciones a Europa Press.

Según el colectivo, el debate sobre el ‘derecho a decidir’ está dominado, en su dimensión jurídica y constitucional, por el desequilibrio a favor de puntos de vista inmovilistas que responden a una visión centralista, mayoritaria en las élites jurídicas del Estado y también presente en ciertos estamentos en Cataluña”.

Sin embargo, Vilajosana ha reivindicado que el debate jurídico “no está cerrado” alrededor de este ejercicio, y que desde el colectivo intentarán contraponer y combatir estas posiciones.

Entre los integrantes del Colectivo Praga se encuentran la decana de las Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Esther Zapater, y el de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Alfonso González, entre otros catedráticos y profesores universitarios del ramo.

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Rusia: El G20 dirá que la economía mejora, pero la crisis no está superada

Rusia: El G20 dirá que la economía mejora, pero la crisis no está superada
SAN PETERSBURGO, Rusia (Reuters) – El Grupo de los 20 va a decir en el comunicado de su cumbre que la economía mundial está mejorando, pero que es demasiado pronto para decir si ha superado una crisis, dijo el viernes a Reuters un responsable ruso que participa en su elaboración.
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