Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos “olvidados” por el PSOE

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos “olvidados” por el PSOE
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el martes 24 de septiembre las tasas judiciales porque gracias a ellas “hoy son muchos más los ciudadanos” que disfrutan de Justicia Gratuita al haberse extendido sus beneficiarios a colectivos que habían … [+]
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Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

25 de septiembre de 2013

Alberto Ruiz Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este martes las tasas judiciales porque gracias a ellas “hoy son muchos más los ciudadanos” que disfrutan de Justicia Gratuita al haberse extendido sus beneficiarios a colectivos que habían sido “olvidados” por el Gobierno socialista.

Cree que la Justicia “puede ser gratuita, pero no gratis”, y el PSOE le acusa de volver a un sistema franquista y le insta a derogarlas

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Así se ha pronunciado Gallardón durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al socialista Antonio Rodríguez, que ha querido saber si el Gobierno sigue pensando que las nuevas tasas judiciales no dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El ministro ha contestado que el Ejecutivo sigue pensando que la reforma de las tasas “garantiza” el sistema y la sostenibilidad de la Justicia gratuita donde se ha aumentado el número de beneficiarios. “Como consecuencia de las tasas, hoy son muchos más los ciudadanos que disfrutan del sistema de justicia gratuita”, ha zanjado.

El socialista ha rechazado que el “tasazo” beneficie a la clase media cuando las reclamaciones a la Administración, las multas o los divorcios sin acuerdo conllevan cuantías de entre 250 y 1.200 euros. Ha puesto como ejemplo el caso de una menor con deformaciones de nacimiento y una minusvalía del 85 por ciento, cuyos padres “llevan gastados 65.000 euros en costas y si quieren ir a apelación tienen que abonar otros 7.000″.

“Es volver al sistema franquista de 1959, que tuvo que derogar el Gobierno de Felipe González”, ha expuesto Rodríguez, para preguntar si el ministro sigue pensando que no suponen una “barrera” tras las dudas sobre su constitucionalidad suscitadas en la Audiencia Nacional o la Abogacía. “Derogue la ley y escuche a todos los colectivos”, ha conminado.

“NO HABLA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES”

En su turno de réplica, Gallardón ha insistido en que gracias a la ley de tasas, “hoy en España pueden litigar” sin pagar ningún coste aquellos que “olvidaron mientras gobernaban”, en referencia a víctimas del terrorismo, la violencia doméstica, la trata de seres humanos o de accidentes con secuelas permanentes. “Todos ellos están exentos”, ha remachado.

Tras acusar al socialista de defender a la Abogacía y a “una empresa privada” como es Dvuelta –cuyo recurso estimó la Audiencia Nacional, que ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional–, el ministro ha asegurado que las tasas afectan a “poco más” del 20 por ciento de los asuntos de los tribunales, puesto que el resto pertenecen al orden penal exento de estos gravámenes.

“El Tribunal Constitucional decretó en 2002 que la Justicia puede ser gratuita, pero no gratis”, ha destacado, para cuestionar si este servicio debe ser financiado por el contribuyente o el litigante en la parte proporcional a un 10 por ciento.

“Sabe que la tasa supone un diez por ciento del coste, me habla de colectivos con dificultades para acceder a la Justicia pero no me habla del 90 por ciento de esas dificultades”, ha continuado Gallardón.

Así, ha recalcado que el grueso del coste del procedimiento se debe a otros cargos como los honorarios de abogados y procuradores, mientras que la tasa supone el 10 por ciento. Ha concluido que la recaudación obtenida en España en virtud de este gravamen está “20 puntos por debajo” que la medida de países europeos.

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Esta semana se cierra el acuerdo entre PP y PSOE para elegir el primer pleno del CGPJ desde su reforma

Esta semana se cierra el acuerdo entre PP y PSOE para elegir el primer pleno del CGPJ desde su reforma
Partido Popular y Partido Socialista se han dado hasta el jueves de esta semana para cerrar el acuerdo político que posibilitará la renovación del Pleno del Consejo General del Poder Judicial conforme a las previsiones de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la LO 4/2013, de 28 de junio. En el mes de febrero el Gobierno suspendió la vigencia de dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el proceso de renovación se llevase a cabo con las nuevas reglas, que son tildadas desde varios colectivos como excesivamente politizadas.
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El PSOE recurrirá la Ley de Costas en el Tribunal Constitucional esta semana

El PSOE recurrirá la Ley de Costas en el Tribunal Constitucional esta semana
Dos semanas después de que el partido socialista haya llevado al Tribunal Constitucional la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social volverán a la misma sede para plantear otro recurso a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; basándose en el artículo 132 de la Constitución, que considera bienes de dominio público estatal “los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.
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Cudillero (Asturias) elige este viernes a su quinto alcalde en dos años, tras dos sentencias del Constitucional

Cudillero (Asturias) elige este viernes a su quinto alcalde en dos años, tras dos sentencias del Constitucional

23 de agosto de 2013

Vista panorámica de Cudillero

El Ayuntamiento de Cudillero celebra este viernes el pleno municipal para elegir a un nuevo alcalde del concejo, el quinto en lo que va de legislatura, desde las elecciones de 2011.

A esta situación se ha llegado bien por renuncias personales o bien por fallos judiciales que han declarado ilegal el nombramiento del primer edil, en una corporación en la que el PSOE tiene ocho de trece concejales.

El primer alcalde que tuvo el concejo, Francisco González, que es el actual secretario general de la Agrupación Socialista de Cudillero, dejó el cargo en 2012 para ir como diputado a la Junta General del Principado de Asturias. Le sustituyó Gabriel López, quien dimitió al poco tiempo por motivos personales.

Fue entonces cuando, tras la renuncia de varios concejales a serlo, en el PSOE designaron candidato a Ignacio Fernández, un socialista que no había ido en la lista electoral. Por este motivo, Foro recurrió a los tribunales y el Tribunal Constitucional finalmente le dio la razón, anulando el nombramiento.

Ante esa circunstancia, el PSOE decidió nombrar a uno de sus concejales, Luis Fernández Garay, de los que en su día había expresado su renuncia expresa a ser alcalde. Foro volvió a llevar el asunto al Tribunal Constitucional y este volvió a  anular el nombramiento, entendiendo que ya había renunciado.

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Javier Fernández, dijo en sus últimas declaraciones públicas sobre este tema que su partido estaba buscando la mejor fórmula para garantizar la gobernabilidad en el municipio costero.

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La PAH acusa al PSOE de seguir su "interés partidista" por "miserias electorales"

La PAH acusa al PSOE de seguir su "interés partidista" por "miserias electorales"

16 de agosto de 2013

PSOE

La decisión del PSOE de recurrir al Constitucional en solitario y con su propio escrito la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios –la llamada Ley Antidesahucios– ha provocado las críticas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que había preparado un recurso y que contaba con el aval de 24 diputados de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai.

La Ley Antidesahucios, aprobada el pasado mes de abril con el voto en solitario del PP, surge de la fusión de la propuesta del Gobierno con la iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó a la Cámara Baja acompañada de un millón y medio de firmas, impulsada por la PAH y otras entidades sociales y en la que se reclamaba la dación en pago universal y retroactiva, entre otras medidas.

Este viernes es el último día de plazo para recurrirla y el PSOE ya ha anunciado que se personará ante el Tribunal Constitucional (TC) con su propio escrito, que comparte argumentos con la propuesta de la PAH, y con las firmas de sus propios diputados.

La Plataforma que encabeza Ada Colau había pedido firmas para poder registrar su propio recurso, pues acudir al TC requiere contar con al menos 50 diputados, pero los socialistas no se han sumado y han respaldado el suyo, lo que ha desatado las críticas de la PAH.

“Lamentamos que el PSOE no haya tenido la capacidad política de permitir que la sociedad civil lleve a cabo la acción procesal –protesta en un comunicado recogido por Europa Press–. Con esta forma de actuar, el PSOE demuestra que no entiende las formas éticas y honestas de estar en política, y refuerza más el distanciamiento de los ciudadanos con algunos partidos políticos”.

A su juicio, la “actitud lamentable” del PSOE responde a un “interés partidistas” propio de las “viejas instituciones y sus miserias electorales”.

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