El Rey preside el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo

El Rey preside el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo

16 de septiembre de 2013

Rey Juan Carlos

La ceremonia coincide con las protestas de los funcionarios de Justicia ante la sede del Alto Tribunal

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) – El Rey don Juan Carlos preside este lunes el solemne acto de Apertura del Año Judicial en el que intervendrán, con sendos discursos, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El máximo responsable del Ministerio Público aprovechará para dar a conocer la Memoria de este órgano correspondiente a 2012, que resume las intervenciones de las diferentes fiscalías a lo largo del último año. Torres-Dulce ya entregó el primer ejemplar de esta Memoria al jefe del Estado el pasado miércoles en el Palacio de La Zarzuela.

Al acto asistirá el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que estará acompañado por el secretario de Estado, Fernando Román, junto a magistrados del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales, representantes de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de justicia, así como ex presidentes del Tribunal Constitucional. Francisco Hernando y Pascual Sala ya ha confirmado su presencia, mientras que no se espera la asistencia de Carlos Dívar.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, también han confirmado su presencia. Además, han sido invitados los presidentes del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y la defensora del Pueblo.

La ceremonia coincidirá con las protestas convocadas por los sindicatos de Justicia en la Plaza de la Villa de París contra las reformas de Gallardón, el encarecimiento de la Justicia y los “salvajes” recortes que están sufriendo los funcionarios, “especialmente duros” en la Administración de Justicia.

CSIF, CCOO, STAJ y UGT han llamado a los funcionarios a concentrarse, entre las 11.30 y las 12.30 horas, para denunciar el proceso de “privatización”, iniciado en algunos casos por la “presión de lobbys profesionales muy bien situados en el Ministerio” y exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo de todo el personal, sus retribuciones y la apertura de una “negociación real, con voz y voto” en las reformas de esta Administración.

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La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios

La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios

16 de abril de 2013

Una protesta contra los desahucios

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios

16 de abril de 2013

Una protesta contra los desahucios

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios

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16 de abril de 2013

Una protesta contra los desahucios

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios

La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios

16 de abril de 2013

Una protesta contra los desahucios

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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