Gallardón defiende una sala civil en la Audiencia Nacional y que los mercantiles abran en agosto

Gallardón defiende una sala civil en la Audiencia Nacional y que los mercantiles abran en agosto

13 de marzo de 2014

Alberto Ruiz-Gallardón

(EP).- El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha defendido la creación de una sala civil en la Audiencia Nacional y también que los juzgados mercantiles funcionen “los doce meses del año”, incluyendo agosto.

En una conferencia ofrecida este miércoles por la tarde en Barcelona, el ministro ha considerado que “la Audiencia Nacional puede estar compuesta por cuatro Salas Superiores”, con lo que la civil se uniría a la penal, contencioso-administrativo y social, que ya existen.

El ministro ha apostado también por que las tres primeras, además, tengan salas de instancia, “equiparándose al resto de órganos judiciales y permitiendo conocer asuntos de excesiva complejidad o volumen” que puedan bloquear en funcionamiento de los tribunales de instancia.

Otra de las novedades que ha mencionado, y que ya recoge el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Poder Judicial, es que los tribunales mercantiles abran “los doce meses del año”, para un mejor funcionamiento.

El ministro se ha referido también a las tasas judiciales, y ha sostenido que la justicia deben sufragarla “especialmente los litigadores que plantean recursos con mala fe o sin fundamento alguno” con la intención de bloquear los procesos.

“La justicia puede ser gratis, pero nunca es gratuita”, ha sentenciado Gallardón, que explicado que en España el 90% del coste lo sostienen los ciudadanos y únicamente un 10% los que litigan, al contrario de lo que dice que ocurre en Europa donde estos sufragan el 28″.

 Fomentar el arbitraje

Gallardón también ha apostado por tratar de reducir el número de procesos judiciales apostando por vías alternativas no penales como el arbitraje y la mediación, para tratar de paliar uno de los vicios estructurales del sistema español ya que el proceso penal debe ser “el último recurso”.

En este sentido, ha dicho que en España se tramitan unos 9 millones de asuntos al año en los tribunales mientras que en Francia la cifra es de 6,5 millones, pese a contar con 20 millones más de ciudadanos, lo que Gallardón achaca precisamente al poco uso de los mecanismos alternativos a los tribunales.

Noticia original

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos “olvidados” por el PSOE

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos “olvidados” por el PSOE
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el martes 24 de septiembre las tasas judiciales porque gracias a ellas “hoy son muchos más los ciudadanos” que disfrutan de Justicia Gratuita al haberse extendido sus beneficiarios a colectivos que habían … [+]
Noticia original

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

25 de septiembre de 2013

Alberto Ruiz Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este martes las tasas judiciales porque gracias a ellas “hoy son muchos más los ciudadanos” que disfrutan de Justicia Gratuita al haberse extendido sus beneficiarios a colectivos que habían sido “olvidados” por el Gobierno socialista.

Cree que la Justicia “puede ser gratuita, pero no gratis”, y el PSOE le acusa de volver a un sistema franquista y le insta a derogarlas

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Así se ha pronunciado Gallardón durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al socialista Antonio Rodríguez, que ha querido saber si el Gobierno sigue pensando que las nuevas tasas judiciales no dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El ministro ha contestado que el Ejecutivo sigue pensando que la reforma de las tasas “garantiza” el sistema y la sostenibilidad de la Justicia gratuita donde se ha aumentado el número de beneficiarios. “Como consecuencia de las tasas, hoy son muchos más los ciudadanos que disfrutan del sistema de justicia gratuita”, ha zanjado.

El socialista ha rechazado que el “tasazo” beneficie a la clase media cuando las reclamaciones a la Administración, las multas o los divorcios sin acuerdo conllevan cuantías de entre 250 y 1.200 euros. Ha puesto como ejemplo el caso de una menor con deformaciones de nacimiento y una minusvalía del 85 por ciento, cuyos padres “llevan gastados 65.000 euros en costas y si quieren ir a apelación tienen que abonar otros 7.000″.

“Es volver al sistema franquista de 1959, que tuvo que derogar el Gobierno de Felipe González”, ha expuesto Rodríguez, para preguntar si el ministro sigue pensando que no suponen una “barrera” tras las dudas sobre su constitucionalidad suscitadas en la Audiencia Nacional o la Abogacía. “Derogue la ley y escuche a todos los colectivos”, ha conminado.

“NO HABLA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES”

En su turno de réplica, Gallardón ha insistido en que gracias a la ley de tasas, “hoy en España pueden litigar” sin pagar ningún coste aquellos que “olvidaron mientras gobernaban”, en referencia a víctimas del terrorismo, la violencia doméstica, la trata de seres humanos o de accidentes con secuelas permanentes. “Todos ellos están exentos”, ha remachado.

Tras acusar al socialista de defender a la Abogacía y a “una empresa privada” como es Dvuelta –cuyo recurso estimó la Audiencia Nacional, que ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional–, el ministro ha asegurado que las tasas afectan a “poco más” del 20 por ciento de los asuntos de los tribunales, puesto que el resto pertenecen al orden penal exento de estos gravámenes.

“El Tribunal Constitucional decretó en 2002 que la Justicia puede ser gratuita, pero no gratis”, ha destacado, para cuestionar si este servicio debe ser financiado por el contribuyente o el litigante en la parte proporcional a un 10 por ciento.

“Sabe que la tasa supone un diez por ciento del coste, me habla de colectivos con dificultades para acceder a la Justicia pero no me habla del 90 por ciento de esas dificultades”, ha continuado Gallardón.

Así, ha recalcado que el grueso del coste del procedimiento se debe a otros cargos como los honorarios de abogados y procuradores, mientras que la tasa supone el 10 por ciento. Ha concluido que la recaudación obtenida en España en virtud de este gravamen está “20 puntos por debajo” que la medida de países europeos.

Noticia original

Gallardón anuncia en el Congreso cambios normativos para la persecución de los corruptos

Gallardón anuncia en el Congreso cambios normativos para la persecución de los corruptos
El ministro de Justicia ha explicado en el Congreso de los Diputados algunos de los cambios que incluirá el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal en materia de lucha contra la corrupción, que será remitido en próximas fechas … [+]
Noticia original

Las reformas en la Justicia y los congresos de la Abogacía marcan la agenda tras las vacaciones

Las reformas en la Justicia y los congresos de la Abogacía marcan la agenda tras las vacaciones
Las agendas jurídicas vienen cargadas este otoño de citas relacionadas con la reforma de la Justicia y con congresos y jornadas de la Abogacía que tendrán lugar de aquí a final de año El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha … [+]
Noticia original

La reforma de la Ley del Aborto previsiblemente volverá a los tres supuestos

La reforma de la Ley del Aborto previsiblemente volverá a los tres supuestos
El anuncio ayer del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que en el mes de octubre se abordará la reforma de la Ley del aborto (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) refuerza la idea de que se volverán a los tres supuestos para poder abortar frente a los plazos -violación denunciada, graves taras físicas o psíquicas del feto (previo dictamen de dos especialistas) o grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre (con el informe de un médico). Sigue pendiente el recurso de inconstitucionalidad contra la “Ley Aido” que presentó el Partido Popular.
Noticia original

Gallardón reinicia el curso político ultimando un nuevo Código Penal más eficaz contra la corrupción

Gallardón reinicia el curso político ultimando un nuevo Código Penal más eficaz contra la corrupción

2 de septiembre de 2013

Alberto Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, arranca el curso político ultimando la ley que reforma un Código Penal que pone el acento en la lucha contra la corrupción y que presentará en las “próximas semanas” ante el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Justicia estudia ahora las modificaciones planteadas desde el Consejo de Estado antes de llevar el texto “definitivo” al Consejo de Ministros, el cual ya tuvo oportunidad de analizar un primer anteproyecto el pasado mes de octubre.

Este será uno de los primeros articulados que presente Gallardón en la vuelta de las vacaciones después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy diera prioridad a la reforma del Código Penal frente a la anunciada revisión de la Ley del Aborto, que, en todo caso, se aprobará antes de que finalice el año.

Según fuentes del departamento, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.

Por ejemplo, el texto propuesto simplifica el delito de cohecho para “incrementar su eficacia como instrumento de lucha contra la corrupción”. Así, se sanciona la aceptación, recepción o solicitud de la dádiva o el soborno sin vincularlo al acto que realiza después el funcionario. Hasta ahora, se debía acreditar la conexión entre el soborno y la actuación del empleado público.

PERJUICIO PARA LOS ACREEDORES

Un nuevo capítulo, denominado ‘Frustración de la ejecución’, castigará con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien oculte bienes durante un procedimiento judicial, disponga de su patrimonio o contraiga obligaciones con el fin de dificultar o impedir el embargo o las medidas cautelares adoptadas por el juez, eludiendo así el pago de la responsabilidad civil derivada del delito imputado.

En este sentido, se impone cárcel o multa a quien presente una relación de bienes o de patrimonio “incompleta o mendaz” para evitar satisfacer a sus acreedores, según contempla el anteproyecto enviado al Consejo de Estado recogido por Europa Press.

Otras figuras también sancionan la falta de diligencia en las gestiones realizadas en un contexto de crisis económica poniendo en peligro los intereses de los acreedores y asumiendo un “riesgo no permitido”.

Recae así una pena de uno a cuatro años de cárcel para el deudor que, en situación de insolvencia “actual o inminente”, impida conocer al acreedor su verdadera situación económica o haga mermar indebidamente el patrimonio, que es garantía del cumplimiento de las obligaciones.

Entre otros actos, se castiga la asunción de deudas o la transferencia de dinero que no guarde proporción con la situación patrimonial del deudor ni con sus ingresos, y que “carezca de justificación económica o empresarial”. La doble contabilidad, la alteración de los libros contables o la formulación de cuentas que impida conocer la situación real del deudor también tiene su respuesta penal.

La reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos que cause un perjuicio para el patrimonio público. Además castiga como administración desleal a quien “quebrante su deber de lealtad” como administrador o abusa de sus funciones realizando actuaciones para las que no había sido autorizado.

Finalmente, se amplía el comiso para extenderlo a los bienes de terceras personas a las que hayan podido ser transferidos los bienes y regulando el comiso sin sentencia de condena en los casos donde no sea posible el enjuiciamiento del acusado durante un período de tiempo “muy prolongado” –normalmente porque ha huido– y existe un peligro evidente de que puedan prescribir los hechos de los que esos bienes o efectos proceden.

Noticia original

El pedófilo Daniel Galván será puesto a disposición del juez de guardia de la Audiencia Nacional

El pedófilo Daniel Galván será puesto a disposición del juez de guardia de la Audiencia Nacional

6 de agosto de 2013

Audiencia Nacional

   El pederasta Daniel Galván Viña, arrestado este martes en Murcia  en virtud de una orden internacional de detención tras ser revocado el indulto que le concedió el rey de Marruecos, Mohamed VI, será puesto hoy a disposición del juez de guardia de la Audiencia Nacional, que esta semana es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, han informado fuentes jurídicas.

La detención se ha producido después de que el monarca marroquí revocara este domingo el indulto que le había concedido la semana pasada, junto a otros 47 presos españoles. Galván estaba fue condenado a 30 años de prisión por abusar de 11 menores de edad.

Por otra parte, dos altos funcionarios marroquíes viajarán mañana martes a Madrid donde serán recibidos por el director general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, Ángel LLorente, con quien mantendrán un encuentro para tratar de coordinar una respuesta conjunta al conflicto generado por el indulto y posterior excarcelación de Galván Viña.

Fuentes de Justicia han señalado a Europa Press que el encuentro es consecuencia de la comunicación telefónica que han mantenido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y su homólogo alauí, Mustafá Ramid. Ambos se han comprometido a mantener una “colaboración absoluta” entre ambos gobiernos para alcanzar una solución satisfactoria sobre este asunto.

El monarca alauí retiró la medida de gracia al preso después de las protestas en las calles de varias ciudades de Marruecos, convocadas una vez se supo que Galván Viña estaba entre la lista de los liberados recientemente por Mohamed VI.

En un comunicado, explicó la revocación del indulto, una medida “de carácter excepcional”, por “los fallos que han marcado el procedimiento, la gravedad de los crímenes cometidos y el respeto a los derechos de las víctimas”. Además, anunció una investigación para depurar responsabilidades que ya se ha saldado con la destitución del director de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción marroquí.

Galván Viña era uno de los 47 presos que Mohamed VI indultó el pasado 30 de julio, aniversario de su llegada al trono, como muestra de amistad con el Rey Juan Carlos, tras la visita que había tenido lugar días antes.

ESPAÑA PIDIÓ SU TRASLADO, MARRUECOS LO INDULTÓ

Según informaron a Europa Presss fuentes conocedoras del proceso, la Embajada de España en Marruecos facilitó a las autoridades marroquíes una lista en la que solicitaba el indulto para 18 presos españoles y se pedía que otros 30 fueron trasladados a España para cumplir su condena en este país. Galván Viña se encontraba en el segundo grupo.

Sin embargo, las autoridades marroquíes decidieron otorgar el indulto a todos los presos españoles, entre ellos el pederasta cuya puesta en libertad provocó protestas en varias ciudades marroquíes.

Fuentes de la Casa Real aseguraron que Don Juan Carlos no presentó ninguna lista de presos para los que pidiera el indulto. En su reunión con el Rey marroquí, se interesó por la situación de los presos españoles en Marruecos, como le habían pedido algunas asociaciones.

El único preso al que mencionó en concreto fue el camionero español Antonio García Vidriel, por el que intercedió ante el presidente del Gobierno marroquí, Abdelilah Benkiran, durante una reunión. Antes de regresar a España, Benkiran le explicó en el aeropuerto que la situación de este preso se solucionaría.

La gestión del Rey sirvió para que se aceleraran los trámites de su traslado a España, un proceso que el Ministerio de Justicia había iniciado en abril. Sin embargo, García Vidriel no se vio beneficiado por la medida de gracia concedida poco después por el Rey Mohamed VI a otros 48 presos.

Noticia original

Gallardón apoya la propuesta de la Comisión Europea de crear una Fiscalía comunitaria

Gallardón apoya la propuesta de la Comisión Europea de crear una Fiscalía comunitaria
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado a través de una carta dirigida a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, su apoyo a la propuesta legislativa de crear una Fiscalía Europea, adoptada el … [+]
Noticia original

La Audiencia Nacional plantea una "posible inconstitucionalidad" de la Ley de Tasas a un recurso interpuesto por Dvuelta

La Audiencia Nacional plantea una "posible inconstitucionalidad" de la Ley de Tasas a un recurso interpuesto por Dvuelta

La entidad pide su “inmediata supresión”

1 de agosto de 2013

(EP).-   La Audiencia Nacional (AN) ha planteado en un Auto de 30 de julio una “posible inconstitucionalidad” en algunos de los artículos de la Ley de Tasas a un recurso interpuesto por ‘Prestamo y Javaloyes’, sociedad que explota la marca dedicada a la defensa de los conductores ‘Dvuelta’.

Asimismo, el Auto da un plazo de diez días para que puedan alegar ante el Tribunal Constitucional “sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos vigentes, 7.1, 7.2 y 8.2 de la Ley 10/2012, así como el artículo Primero apartados 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto-Ley 3/2013″.

De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN señala en los Fundamentos de Derecho que la Ley de Tasas podría conculcar el derecho fundamental a la igualdad, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y el principio de capacidad económica en la configuración de un sistema tributario justo.

A juicio de ‘Dvuelta’ y del letrado que ha redactado la demanda, Miguel Javaloyes, el Auto de la Audiencia Nacional “deja en evidencia al Gobierno y a la Defensora del Pueblo” –que decidió no recurrir la Ley al TC–, ya que, “según razona los supuestos del pago de las tasas son claramente insuficientes desde el punto de vista constitucional”.

Por ello, ‘Dvuelta’ reclama al Gobierno la inmediata supresión de la tasa judicial elaborada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ya que considera que la misma “atenta contra pilares básicos del sistema democrático y constitucional, dañando irreparablemente valores jurídicos que garantizan la convivencia y la igualdad”.

Noticia original