El Supremo anula un indulto parcial por delito de tráfico porque el tribunal que informó no era el competente

El Supremo anula un indulto parcial por delito de tráfico porque el tribunal que informó no era el competente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el indulto parcial que el Gobierno concedió el 21 de diciembre de 2012 a un conductor condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por delito contra la seguridad del tráfico en concurso con tres delitos de homicidio imprudente.

En su sentencia, el alto tribunal motiva su decisión en que el informe preceptivo para la concesión de la medida de gracia fue emitido por un tribunal equivocado, ya que correspondía hacerlo a la Audiencia Provincial de Granada, y no a la jueza de lo Penal número 2 de esa misma provincia, que había dictado la sentencia inicial del caso.

El Supremo revoca el indulto y ordena a la Audiencia que emita el correspondiente informe, antes de que el Gobierno vuelva a examinar el caso. El resto de dictámenes del expediente de indulto no son anulados.

El joven que había sido indultado fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada a 2 años y medio de cárcel, en relación al accidente de tráfico que tuvo lugar en Huétor Santillán (Granada) en el verano de 2008, en el que murieron tres jóvenes que ocupaban un coche conducido por él al chocar el turismo contra un vehículo de recogida de basuras. Tras ser apelada esa sentencia, la Audiencia de Granada elevó la pena a 3 años y

3 meses de cárcel

El condenado pidió el indulto. El Ministerio de Justicia remitió el expediente al presidente de la Audiencia de Granada, pero desde esa instancia judicial, a quien correspondía emitir el informe preceptivo por haberse convertido en tribunal sentenciador –ya que había elevado la pena inicialmente impuesta-, se reclamó el dictamen al Juzgado de lo Penal número 2. La sentencia señala que esa irregularidad “no es imputable” al Ministerio, puesto que se dirigió a la Audiencia Provincial, que fue la que posteriormente la envió al Juzgado de lo Penal.

La titular de ese Juzgado emitió informe favorable al indulto parcial, de modo que se redujera la pena a 2 años de cárcel para que el joven pudiera eludir el ingreso en prisión. El Gobierno concedió el indulto parcial en las condiciones que había pedido dicha jueza.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba, el tribunal argumenta su decisión de anular el indulto y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la emisión del informe del tribunal sentenciador, a que dicho dictamen no lo dictó el tribunal adecuado. En ese sentido, recuerda la doctrina de la Sala Segunda del Supremo que establece que el tribunal superior que modifica la sentencia inicial de una causa se convierte en tribunal sentenciador a los efectos de competencia sobre el informe de indulto.

De este modo, estima parcialmente el recurso planteado por familiares de las personas que fallecieron en el accidente de tráfico.

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Justicia propone subir la productividad a los secretarios judiciales que cobren más tasas

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El Ministerio de Justicia ha elaborado un borrador de la Resolución de Productividad de los secretarios judiciales en el que premiará a quienes más tasas judiciales gestionen aumentando este complemento salarial. La tramitación de las tasas se incluye como un … [+]
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El Servicio de información de posibles casos de bebés robados registra 476 expedientes en su primer año

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La base de perfiles genéticos centralizada en el Instituto Nacional de Toxicología ha recibido 213 informes aportados por los afectados, según el Ministerio de Justicia.
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Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

30 de septiembre de 2013

 Baltasar Garzón

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón espera desde hace un año una respuesta a la petición de indulto que presentó en su nombre la asociación de juristas europeos Medel, solicitando la remisión total de la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ y sus abogados.

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes del Tribunal Supremo y la Fiscalía para decidir si le indulta

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes pertinentes del Alto Tribunal y de la Fiscalía sobre la conveniencia o no de conceder el indulto a Garzón, que, en todo caso, no son vinculantes.

Según informaron a Europa Press fuentes de Justicia, el Ministerio inició la tramitación del proceso el 29 de junio de 2012 cuando remitió un oficio al tribunal sentenciador, una vez que Garzón confirmó que la solicitud de la medida de gracia contaba con su consentimiento.

Justicia recibió unos días antes la misiva del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expresando que, aunque la petición era “libre y soberana”, contaba con su aval y agradecía a la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) su iniciativa acompañada de “argumentos dignos de ser valorados”.

PLAZO DE UN AÑO

Como norma general, los procedimientos a los que da lugar el ejercicio del derecho de gracia son resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en ese plazo, según informa la página web de Justicia.

Sin embargo, en este caso, no se trata de que haya desestimado la petición, sino que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no ha recibido aún los informes pertinentes para poder tomar una decisión.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el 18 de mayo del pasado año ante el Ministerio de Justicia esta petición sobre la base de que la sentencia condenatoria había sido “manifiestamente desproporcionada”.

“La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma, es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción”, detallaba el escrito de 16 páginas dirigido a Gallardón.

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El Congreso insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de traductores e intérpretes judiciales

El Congreso insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de traductores e intérpretes judiciales

26 de septiembre de 2013

Una fila de sillas naranjas y sobre ellas unos auriculares

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con la abstención de CiU, una proposición no de ley planteada por el PP en la que se insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados, así como a crear el correspondiente Registro, en colaboración con las comunidades autónomas.

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha destacado que los traductores son “pieza clave” para los extranjeros inmersos en procesos judiciales en territorio español y que la actuación de estos operadores es “imprescindible para cumplir con su derecho a la tutela judicial efectiva”.

Éstos son los dos reclamos que los ‘populares’ han incluido en su iniciativa, con la que buscan que se tomen medidas para “asegurar” la profesionalidad de estas personas, que son “una pieza clave” en los procesos judiciales cuando las partes que acuden a él no hablan el castellano o las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas.

UNA SOLUCIÓN PARA ESTE ‘VACÍO LEGAL’

Según expone el PP en el texto, la actuación de estos profesionales es “imprescindible” para cumplir con la tutela judicial efectiva que contempla la Constitución, si bien actualmente la legislación, y singularmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hace referencia a la manera en la que han de desarrollar su actuación o a los requisitos que han de cumplir.

En este sentido, el partido del Gobierno destaca que las propias asociaciones de traductores e intérpretes judiciales y jurados vienen pidiendo una solución para este ‘vacío legal’ y, de hecho, considera “oportuno” que el Ministerio de Justicia, en colaboración con ellas, exija una formación “adecuada y uniforme” a todos los traductores judiciales, fijándose a la vez una formación continuada en la material para mantener los niveles de profesionalidad.

Y para garantizar los requisitos de formación y profesionalidad que marque el Gobierno se cumplan –al igual que se ha previsto en la Ley de Mediación–, el PP cree que sería “conveniente”, además, crear un Registro de traductores e intérpretes jurados, dependiente del Ministerio de Justicia que, a su vez, está coordinador con las administraciones autonómicas.

SE TRABAJA YA EN LA REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL

El PP plantea esta proposición consciente de lo “preocupado” que está el Gobierno por la profesionalidad y mejora del servicio de la Administración de Justicia, como lo demuestra el hecho de que se esté trabajando en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Precisamente, recuerda, que el pasado 7 de mayo el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, acudió al Congreso para dar cuenta del trabajo de la comisión de expertos para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la citada norma.

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La Fundación Abogacía Española apoya a Paraguay para agilizar los servicios de acceso a la justicia

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La Fundación Abogacía Española y Justice Coopération Internationale, como parte de su actividad en el Programa EUROsociAL, han asesorado a diferentes instancias judiciales paraguayas para mejorar la atención a las personas privadas de libertad. El Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) … [+]
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La nueva Ley de Demarcación y planta “provincializará” la Justicia

La nueva Ley de Demarcación y planta “provincializará” la Justicia
Otra de las reformas en las que se está trabajando en el Ministerio de Justicia -ya ha entrado en la rueda parlamentaria el Código Penal, y dentro de poco le tocará el turno a la Ley Procesal Penal- es la de la Ley de Demarcación y Planta. Fundamentalmente se trasforma el primer escalón del sistema jurisdiccional superando el partido judicial estanco como base del modelo y creando órganos colegiales desde la primera instancia. En definitiva se trata de estructurar los tradicionales juzgados en Tribunales, con los jueces que se estime necesario, bajo la coordinación de un Presidente, que en este nuevo diseño adquiere una importancia capital, y la asistencia a todos ellos de una Oficina Judicial que es en este contexto en donde alcanza todo su sentido.
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Los jueces rechazan por unanimidad en su informe la imposición de la custodia compartida en las nulidades, separaciones y divorcios

Los jueces rechazan por unanimidad en su informe la imposición de la custodia compartida en las nulidades, separaciones y divorcios
El informe al Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación y divorcio aprobado por unanimidad en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial afirma que reforma propuesta por el Ministerio de Justicia puede originar situaciones problemáticas y difícilmente puede revertir en interés de los hijos ni servir para que los padres desempeñen de mejor manera las funciones inherentes a la guarda y custodia.
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Justicia cierra la reforma del Código Penal, que podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros

Justicia cierra la reforma del Código Penal, que podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros
El Ministerio de Justicia ha cerrado la redacción del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, que podría llevar este mismo viernes al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
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Justicia cierra la reforma del Código Penal, que podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros

Justicia cierra la reforma del Código Penal, que podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros

12 de septiembre de 2013

Ministerio de Justicia

EUROPA PRESS.- El Ministerio de Justicia ha cerrado la redacción del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, que podría llevar este mismo viernes al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Entre las principales novedades del texto figura la inclusión de la prisión permanente revisable, que se aplicará a terroristas y a casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima. También se recoge un endurecimiento de los tipos penales para delitos relacionados con la corrupción.

El texto de la reforma del Código Penal, que empezó su andadura hace precisamente un año con la presentación de un primer informe por parte del ministro Alberto Ruiz Gallardón, se ha analizado este miércoles en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, trámite previo a su aprobación en Consejo de Ministros.

Así, las fuentes consultadas aseguran que, en principio, el Gobierno tiene intención de llevar esta semana la reforma penal al Consejo de Ministros, si bien no descartan que a última hora decida posponerse a la próxima en función de “criterios de oportunidad política” o del elevado volumen de iniciativas de carácter económico que estén sobre la mesa este viernes.

CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La prisión permanente revisable se incluirá por primera vez en el Código Penal y se aplicará a terroristas y a casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima. Este verano el Consejo de Estado ha emitido un informe avalando la constitucionalidad de esta medida.

Además, el nuevo Código Penal pondrá el acento en la lucha contra la corrupción. Según fuentes de Justicia, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.

El proyecto eleva la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años para adecuarse a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia y las recomendaciones de la ONU. España tenía una edad “muy inferior” a la del resto de países europeos, donde ronda los 15 o 16 años, y una de las edades “más bajas del mundo”.

El Ministerio de Justicia rectificó su propuesta inicial al retirar del texto la figura denominada custodia de seguridad, que podría alargarse hasta un máximo de diez años cuando el condenado hubiera cumplido la pena de prisión y un tribunal valorase que seguía siendo peligroso.

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