Casi medio millón de preferentistas reclaman a las nacionalizadas 6.757 millones a través del arbitraje

Casi medio millón de preferentistas reclaman a las nacionalizadas 6.757 millones a través del arbitraje

30 de septiembre de 2013

Fachada del edificio de la sede Bankia

Casi medio millón de titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada de las entidades bancarias nacionalizadas –Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa– han reclamado 6.757 millones de euros a través del arbitraje, y más de 60.000 de ellos ya han recuperado 530 millones de inversión.

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Así consta en el primer informe trimestral remitido al Congreso por la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, creada por el Gobierno en el decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión, que fue aprobado el pasado mes de marzo y que, entre otras medidas, autorizaba el arbitraje para ciertos casos.

Al inicio del proceso, las tres entidades que han sido objeto de un rescate total sumaban 9.772 millones de euros en emisiones de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada cuyos tenedores tienen derecho a solicitar el sometimiento a un arbitraje. En concreto, Bankia tenía 6.231 millones emitidos entre 294.905 personas, NCG tenía 1.832 millones entre 116.660 ciudadanos y Catalunya Caixa contaba con 1.709 millones entre 122.858 tenedores.

PRIMERO EN GALICIA

Para muchos de estos clientes se abrió la puerta a acogerse al arbitraje, renunciando en este caso a recurrir a la vía judicial posteriormente. El primer procedimiento se abrió en NCG en julio del año pasado, y a él se remitieron 106.840 titulares (80% del total) por 1.450 millones de euros.

Hasta el 19 de julio pasado, cuando está fechado el informe, el experto independiente había analizado ya todas las solicitudes y había admitido 62.503, de las cuales 43.990 ya han recibido un laudo positivo por valor de 367 millones de euros.

En Catalunya Caixa las solicitudes de arbitraje comenzaron a registrarse el 11 de octubre de 2012 y sumaron un total de 118.131 por un importe de 1.399 millones de euros. Hasta julio, el experto había admitido ya 20.276 reclamaciones, de las cuales 12.055 ya cuentan con laudo positivo por un valor de 145 millones de euros.

Bankia fue la última entidad en poner en marcha este proceso, el pasado 18 de abril, lo que junto con el mayor volumen de afectados hace que el procedimiento vaya algo más retrasado y se vaya a concluir más tarde.

En concreto, 247.795 titulares minoristas o no profesionales de preferentes han reclamado extrajudicialmente por un importe de 3.908 millones de euros, y 78.114 de las solicitudes ya han sido admitidas. De ellas, se habían resuelto a 19 de julio un total de 4.268 casos de forma favorable al cliente por un importe de 18 millones de euros, si bien la Comisión de Seguimiento recuerda que “un porcentaje muy elevado de las solicitudes se encuentran todavía en fase de estudio”.

VÍA JUDICIAL

Sin embargo, otros 6.487 afectados por la mala comercialización de estos productos financieros han recurrido a la vía judicial para intentar recuperar su dinero, reclamando la devolución de más de 435 millones de euros. Hasta julio, 491 demandantes ya habían tenido una sentencia favorable en sus reclamaciones por valor de 22,75 millones de euros.

En concreto, los titulares de estos productos de Bankia habían presentado 3.441 demandas judiciales por un importe de 269,73 millones de euros. De ellas, sólo 196 habían sido ya resueltas en ese momento, doce de ellas por desestimiento del demandante (919.821 euros). Mientras, 21 de las sentencias han sido favorables a la entidad por 1,75 millones de euros, mientras que las restantes 163 fueron favorables a los clientes, por valor de 10,51 millones de euros.

Por su parte, en el periodo recogido en el informe se habían presentado 2.229 demandas por parte de preferentistas de NCG por un importe total de 130 millones de euros. De ellas, 244 ya habían sido resueltas, 78 de ellas por desestimiento del cliente, por un valor de 2,64 millones de euros. Las sentencias favorables a la entidad fueron dos, por 196.000 euros, mientras que los clientes ganaron 164 de las reclamaciones, por 7,06 millones de euros.

En cuanto a Catalunya Caixa, se han recibido 817 reclamaciones judiciales por un importe de 36 millones de euros. De ellas, 185 ya han concluido su tramitación, quince por desestimiento de los clientes. La entidad ha conseguido fallos favorables en seis casos, por 69.573 euros, mientras que las restantes 164 fueron a favor del cliente, por 5,17 millones de euros.

 

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Carmen Prieto Gangoso, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y natural de un pueblo de Zamora, ha sido la última ganadora de la V Edición del Concurso de Microrrelatos de Abogados, correspondiente a agosto. Su relato, cuyo título en … [+]
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Esta semana se cierra el acuerdo entre PP y PSOE para elegir el primer pleno del CGPJ desde su reforma

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Partido Popular y Partido Socialista se han dado hasta el jueves de esta semana para cerrar el acuerdo político que posibilitará la renovación del Pleno del Consejo General del Poder Judicial conforme a las previsiones de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la LO 4/2013, de 28 de junio. En el mes de febrero el Gobierno suspendió la vigencia de dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el proceso de renovación se llevase a cabo con las nuevas reglas, que son tildadas desde varios colectivos como excesivamente politizadas.
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Hoy pasa su último trámite parlamentario la Ley de Emprendedores tras lo que se publicará en el BOE para su entrada en vigor

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Hoy el Congreso de los Diputados tiene en agenda, de nuevo, la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, que es en realidad un desarrollo de un Decreto Ley que se aprobó en el mes de febrero. El Congreso deberá aprobar las modificaciones que la norma ha sufrido tras su paso por el Senado, seis, de un total de más de 400 enmiendas parciales y varios vetos. Lo sustancial de los cambios es el nuevo criterio de caja establecido para el IVA para 2014 se aplica también en el marco del régimen económico fiscal de las islas Canarias y en el Impuesto General Indirecto Canario.
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Mes del Mercado Único: compartir ideas en línea para cambiar Europa

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19/09/2013 00:00:00

El 23 de septiembre empieza un mes de debates en línea sobre el empleo, los bancos, los derechos sociales y el comercio electrónico. Particulares, organizaciones y responsables políticos intercambiarán ideas que podrían cambiar Europa.



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Una juez no asociada de Madrid, la aspirante al CGPJ con más avales, por encima de presidentes de TSJ y miembros del TS

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16 de septiembre de 2013

Consejo General del Poder Judicial

En el listado figuran, entre otros, Grande Marlaska, las esposas de Conde Pumpido y José Antonio Alonso, y la juez María Tardón

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) – La magistrada Rocío Pérez Puig González, con 24 años de ejercicio y actualmente en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, encabeza, por número de avales, la lista definitiva de 54 jueces y magistrados que aspiran al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya está en manos de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para proceder este mes a la renovación de la institución.

Las Cortes Generales deben elegir 20 vocales, la mitad en el Congreso y la otra mitad en el Congreso. Se trata de doce jueces y magistrados propuestos por asociaciones y compañeros de profesión, y ocho juristas (catedráticos o profesionales del Derecho) promovidos por los grupos parlamentarios. El presidente de la institución y del Supremo, puesto que ocupa Gonzalo Moliner, se elige después y no pasa por las Cámaras.

Las Mesas del Congreso y del Senado han distribuido a los grupos un listado definitivo con 54 jueces y magistrados candidatos a convertirse en vocales del CGPJ –había 55 pero uno ha renunciado– un a vez que han pasado el filtro de la Junta Electoral, que debía comprobar los requisitos formales de presentación como encontrarse en activo, estar avalados por una asociación judicial o por más de 25 jueces en activo y que los avalistas no hayan respaldado a más de 12 candidatos cada uno.

Además, las Cámaras han abierto un plazo de 15 días hasta el 24 de septiembre, que es cuando expira el mandato del actual Consejo, para que los partidos propongan nombres para el cupo de juristas de reconocido prestigio.

Los juristas que optan a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han logrado un total de 2.925 avales para presentar su candidatura a pesar del boicot promovido por las asociaciones de jueces y magistrados, salvo la mayoritaria, que eran contrarias al nuevo modelo de órgano de gobierno de los jueces.

Según los datos obtenidos por Europa Press, una docena ha sido avalado por la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador y mayoritaria en la Carrera Judicial, cerca de una veintena no están asociados y otros tantos han presentado avales independientes aunque estén afiliados a las organizaciones que se autoexcluyeron del proceso. La asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente llamaron a no participar en las elecciones.

Algunos de los candidatos afiliados a alguna de estas tres organizaciones han logrado avales individuales hasta doblar y triplicar los 25 mínimos exigidos con la nueva ley.

APOYOS

Por número de apoyos, la lista de jueces y magistrados candidatos está encabezada por Rocío Pérez-Puig, de la Audiencia de Madrid, que con sus 210 avales supera al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, con 155 firmas y miembro de la APM; al presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel María Estrella Ruiz, que ha logrado 128 apoyos pese a no estar afiliado; y al presidente del Tribunal Superior de Navarra, Juan Manuel Fernández Martínez, miembro de la APM con 115 avales.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la única que ha participado en este proceso pues el resto ha renunciado a presentar propuestas, ha promovido una docena de candidatos, que no han tenido la necesidad de aportar avales.

Entre ellos un magistrado del Tribunal Supremo –José Manuel López García de la Serrana, que presidió la APM en una etapa anterior–, dos presidentes de Audiencia Provincial –Fernando Lacaba, de Girona, y Carmen Llompart, de Valencia–, y un presidente de sala de Tribunales Superiores –José Antonio Ballestero, del TSJ de Galicia–.

Otros magistrados del Supremo que aspiran a entrar en el CGPJ son Pilar Teso, Rafael Fernández Valverde, Joaquín Hueling, Wenceslao Olea y Clara Martínez de Careaga –esposa del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y miembro de Jueces para la Democracia–.

En la relación de aspirantes figuran también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa; la magistrada de lo social de Madrid Celima Gallego, esposa del exministro socialista José Antonio Alonso; el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que vuelve a competir; la juez de violencia de género de Madrid María Tardón, y los presidentes de las Audiencias Provinciales de Castellón y Pamplona, Carlos Domínguez y Esther Erice.

Y junto a ellos se encuentran el expresidente del TSJ del País Vasco Fernando Ruíz Piñeiro y la ex presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa y ex viceconsejera de Justicia vasca, María Victoria Cinto Lapuente; el exdecano de Palma, Pedro Barceló; el magistrado de la Audiencia de Huelva José Manuel Balerdi.

Además de seleccionar doce nombres de ese listado de jueces, los partidos deben proponer a ocho vocales de entre juristas de reconocido prestigio, para lo cual han de presentar candidatos y suplentes.

La reforma de la ley del CGPJ impulsada por el Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón introdujo este año un cambio en el sistema y es que el Consejo se puede dar por renovado y constituirse si al menos una de las dos Cámaras logra elegir sus diez vocales con como mínimo tres quintas partes de los votos; esto es algo que el PP puede hacer unilateralmente en el Senado, donde cuenta con una amplísima mayoría, aunque no en el Congreso.

Ese cambio ha sido muy criticado por el PSOE, que ya ha advertido al PP de que este punto de partida hace “muy difícil” la negociación para sumar los votos necesarios en el Congreso, tres quintas partes del Pleno. “Para que haya una negociación tiene que haber una mínima situación de igualdad entre las partes que se sientan a negociar”, y no la amenaza de que, si no hay acuerdo, se eligen los vocales en el Senado, aseguró recientemente a Europa Press Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso.

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Los Colegios cargan de alegaciones el período de consultas ampliado de la Ley de Servicios Profesionales

Los Colegios cargan de alegaciones el período de consultas ampliado de la Ley de Servicios Profesionales
El Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, redactado por el Ministerio de Economía y aprobado en Consejo de Ministros el 2 de agosto prepara su tránsito al Consejo de Estado cargado de las alegaciones que los colegios profesionales y asociaciones profesionales de toda España están haciendo, con un plazo ampliado la semana pasada hasta el día 23 de este mes. El punto más conflictivo del texto es el establecimiento de la voluntariedad de la colegiación para las profesiones que no afectan a la sanidad pública y a la seguridad, lo que instala en la indefinición a varias profesiones. En la Abogacía, la Ley siembra la semilla de la cizaña por la división entre “abogado” y “asesor jurídico sujeto a vínculo de naturaleza laboral” y la eliminación de la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura así como la desaparición de los aranceles de los procuradores.
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57 organismos de la Administración estatal se suprimirán o fusionarán

57 organismos de la Administración estatal se suprimirán o fusionarán
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió ayer la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que el pasado mes de junio presentó un amplio informe con más de doscientas medidas de racionalización de las administraciones. “Más de la mitad de las medidas previstas, en concreto 129 medidas del plan, ya están bien finalizadas o en fase de ejecución, todas dentro del marco del calendario previsto” en palabras de Sáenz de Santamaría. En este mes 57 organismos de la Administración estatal se suprimirán o fusionarán con el asesoramiento de la OCDE como organismo externo.
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