El Rey preside el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo

El Rey preside el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo

16 de septiembre de 2013

Rey Juan Carlos

La ceremonia coincide con las protestas de los funcionarios de Justicia ante la sede del Alto Tribunal

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) – El Rey don Juan Carlos preside este lunes el solemne acto de Apertura del Año Judicial en el que intervendrán, con sendos discursos, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El máximo responsable del Ministerio Público aprovechará para dar a conocer la Memoria de este órgano correspondiente a 2012, que resume las intervenciones de las diferentes fiscalías a lo largo del último año. Torres-Dulce ya entregó el primer ejemplar de esta Memoria al jefe del Estado el pasado miércoles en el Palacio de La Zarzuela.

Al acto asistirá el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que estará acompañado por el secretario de Estado, Fernando Román, junto a magistrados del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales, representantes de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de justicia, así como ex presidentes del Tribunal Constitucional. Francisco Hernando y Pascual Sala ya ha confirmado su presencia, mientras que no se espera la asistencia de Carlos Dívar.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, también han confirmado su presencia. Además, han sido invitados los presidentes del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y la defensora del Pueblo.

La ceremonia coincidirá con las protestas convocadas por los sindicatos de Justicia en la Plaza de la Villa de París contra las reformas de Gallardón, el encarecimiento de la Justicia y los “salvajes” recortes que están sufriendo los funcionarios, “especialmente duros” en la Administración de Justicia.

CSIF, CCOO, STAJ y UGT han llamado a los funcionarios a concentrarse, entre las 11.30 y las 12.30 horas, para denunciar el proceso de “privatización”, iniciado en algunos casos por la “presión de lobbys profesionales muy bien situados en el Ministerio” y exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo de todo el personal, sus retribuciones y la apertura de una “negociación real, con voz y voto” en las reformas de esta Administración.

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La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

Por condicionar el acceso a la Justicia

6 de septiembre de 2013

Mazo con billetes

(EP).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la nueva ley de tasas judiciales al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un “impedimento innecesario” e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva.

Los magistrados preguntan al Alto Tribunal si la norma conculca cuatro artículos de la Carta Magna. En concreto, el precepto que garantiza la tutela judicial efectiva en el artículo 24.1, la igualdad de los españoles amparada en el 14, la promoción de las condiciones de igualdad contemplada en el 9.2 y el artículo 31.1 referido al sostenimiento de los gastos públicos.

En un auto, hecho público este viernes, la Sección Séptima eleva esta cuestión ante el recurso presentado por la mercantil Préstamos y Javaloyes S.L.U. y una vez que ha sido oído la recurrente, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

La resolución judicial admite que la exigencia de una tasa, dentro de “ciertos límites y procedimientos y circunstancias”, es “perfectamente” constitucional, pero advierte de que no puede serlo el hecho de que el gravamen condicione la posibilidad de acceder a los tribunales.

Trabas innecesarias y excesivas

En este contexto, expone que las consecuencias de la falta de pago pueden constituir trabas “innecesarias, excesivas” y carentes de “razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador”.

De este modo, explica que la finalidad de “subvenir” el coste que supone la Administración de Justicia es “lícita”, pero que los efectos de incumplir el pago del gravamen pueden “obstaculizar” el acceso a la Justicia.

La Sala entiende que la ley no tiene en cuenta la proporcionalidad que debe regir entre el fin perseguido, como es la financiación de la Administración de Justicia y los principios de capacidad económica, igualdad, equidad y justicia que debe presidir todo sistema tributario, tal y como señala el artículo 31 de la Constitución.

En este punto, la Sala recuerda que la asistencia jurídica gratuita no alcanza a la mayoría de la población, que “no hallándose comprendida en algunas en alguna de las situaciones legales para obtenerla, sin embargo tenga unos ingresos que superen los mínimos legales, pero con unos gastos corrientes que absorban sus ingresos, y que deberá hacer un desembolso personal para el pago previo de las tasas, no deducible en otros impuestos específicos, como sucede en las personas jurídicas”.

En materia de recursos, avisa de que la cuantía resulta en algunos casos “desproporcionada” y pone de relieve la reducción de asuntos que ya se está produciendo en el orden de lo Contencioso.

El auto, contra el que no cabe recurso, recuerda que en algunos casos las tasas por sí solas pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo “un impedimento innecesario y no justificado para poder acceder a obtener la tutela judicial efectiva”.

Las nuevas tasas judiciales, que entraron en vigor el pasado diciembre, han sido rechazadas por gran parte del sector jurídico, así como por sindicatos, asociaciones de consumidores y partidos de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista, la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona ya han preguntado al TC si los nuevos gravámenes se ajustan a los límites de la Ley Fundamental.

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Los magistrados a presidir la Sala 1ª del TS tienen 20 días para presentar su candidatura

Los magistrados a presidir la Sala 1ª del TS tienen 20 días para presentar su candidatura
Los magistrados del Tribunal Supremo que deseen ocupar la presidencia de la Sala Primera tendrán, desde este martes, 20 días para presentar su candidatura. El puesto quedó vacante por la renuncia del progresista Juan Antonio Xiol Ríos al formar parte … [+]
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Delito de lesiones. Vulneración del derecho a un juez imparcial. El estatuto del órgano jurisdiccional no queda preservado cuando los magistrados integrantes del Tribunal intervienen de forma activa, formulando durante más 20 minutos preguntas a uno de los peritos, y sin que ninguna de ellas persiguiera aclarar aspectos de la prueba pericial

Delito de lesiones. Vulneración del derecho a un juez imparcial. El estatuto del órgano jurisdiccional no queda preservado cuando los magistrados integrantes del Tribunal intervienen de forma activa, formulando durante más 20 minutos preguntas a uno de los peritos, y sin que ninguna de ellas persiguiera aclarar aspectos de la prueba pericial

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El Gobierno catalán y el CGPJ acuerdan que 60 jueces puedan formarse en derecho civil catalán

El Gobierno catalán y el CGPJ acuerdan que 60 jueces puedan formarse en derecho civil catalán
El Gobierno catalán ha acordado firmar un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia para promover un programa formativo de derecho civil catalán, del que se podrán beneficiar un total de 60 jueces y magistrados.
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El Gobierno catalán y el CGPJ acuerdan que 60 jueces puedan formarse en derecho civil catalán

El Gobierno catalán y el CGPJ acuerdan que 60 jueces puedan formarse en derecho civil catalán

28 de agosto de 2013

Juez con un mazo

El Gobierno catalán ha acordado este martes firmar un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Consejería de Justicia para promover un programa formativo de derecho civil catalán, del que se podrán beneficiar un total de 60 jueces y magistrados.

El curso, de unas 120 horas lectivas, se realizará con la colaboración del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, y la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que otorgará un certificado oficial a los participantes.

El Gobierno catalán colabora desde 1992 con el CGPJ en materia de formación continuada de jueces y magistrados destinados a los órganos judiciales de Cataluña.

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La Fiscalía se querella contra el juez del "caso Blesa"

La Fiscalía se querella contra el juez del "caso Blesa"

19 de julio de 2013

José Elpidio Silva

 

(EP).-   La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, José Elpidio Silva, por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la propiedad individual en relación con sus actuaciones en el denominado “caso Blesa” contra el expresidente de Caja de Madrid.

La querella se presenta al encontrar la Fiscalía presuntamente irregulares varias de las decisiones adoptadas por el juez Silva en el marco de la investigación a Miguel Blesa por la presunta concesión irregular de un crédito a Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida,  entre ellas la de enviarle a prisión incondicional el pasado 5 de junio.

La propia  Audiencia de Madrid anuló el pasado 19 de junio la instrucción realizada por el juez Silva por el tema del crédito al considerar que el magistrado había  convertido indebidamente el proceso contra Miguel Blesa en una “causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo”. Dejó abierta sin embargo la puerta a que se sigan investigando los hechos relacionados con el City National.

En concreto, la Audiencia Provincial de Madrid acusó al juez Elpidio José Silva de interferir de forma “indiscriminada” en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y del ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán al solicitar sus correos electrónicos y el contenido de los emails que hubieran recibido o remitido.

La Sección 30, integrada por los magistrados María del Pilar Oliván, Rosa María Quintana e Ignacio José Fernández, resolvió seis recursos presentados por la defensa de Blesa, Díaz Ferrán y la Fiscalía contra las actuaciones llevadas a cabo por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 en la causa del crédito de 26,6 millones de euros concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán cuando era consejero.

Entre ellos, estima el recurso planteado por el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, contra la providencia en la que el juez ordenaba a los inspectores del Banco de España, al Servicio Ejecutivo de Infracciones Monetarias (Sepblac), a la Agencia Tributaria, a Bankia o a Caja Madrid que le remitieran informes sobre las operaciones de crédito otorgadas a ambos acusados, a sus hijos, esposas, socios o empresas.

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Los pilotos recurrirán la sentencia de la AN, que avala los 3.141 despidos en Iberia

Los pilotos recurrirán la sentencia de la AN, que avala los 3.141 despidos en Iberia

5 de julio de 2013

Aviones de Iberia

Los pilotos de Iberia recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que avala el ERE en la compañía, que afecta a 3.141 trabajadores, y que fue suscrito por el 81,8% de los representantes de los trabajadores, entre los que no se encuentra el Sepla, según avanzaron fuentes del sindicato de pilotos a Europa Press.

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fallo de la Sala de lo Social de la AN, emitido este jueves, desestima la demanda presentada por el Sepla –a la que se adhirieron CGT y el sindicato Stavla de tripulantes de cabina (TCP)–, sindicato que impugnó el ERE y demandó a la compañía aérea por aplicar al colectivo las medidas contempladas en un acuerdo que no suscribió.

Ante esta sentencia cabe recurso ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (TS), que podrá presentarse en el plazo de cinco días desde su notificación.

En su demanda, el Sepla alegó que al iniciarse el procedimiento se encontraba vigente el ERE 72/2001, aprobado en diciembre de 2001, y prorrogado sucesivamente por los respectivos convenios hasta diciembre de este año, y que existe un laudo arbitral en vigor, que derogó el VII Convenio de pilotos, salvo el anexo X, y acusó a la aerolínea de incumplir dicho anexo.

El anexo X ‘blinda’ la mayor parte de la producción de Iberia en Madrid-Barajas de forma que sean pilotos de la compañía los que operen dichos vuelos.

Según este anexo, los vuelos de largo radio (más de seis horas de tiempo de vuelo) incluidos en vuelos de código compartido entre Iberia y BA desde Barajas serán realizados por pilotos de Iberia y los vuelos de la ruta Madrid-Londres serán realizados en al menos un 50% por pilotos de la aerolínea española.

En su sentencia, los magistrados señalan que el laudo arbitral tiene la misma eficacia que el convenio colectivo derogado, y que no hay razón alguna que impida su inaplicación, cuando se decida durante el periodo de consultas lo que sucedió.

Así, apuntan que el laudo arbitral derogó el VII Convenio Colectivo, salvo aquellos preceptos que se mantengan expresamente, entre los que no se encuentra dicho anexo. Por ello, y por cuanto el laudo sustituyó al convenio tiene la misma eficacia que el propio convenio y regirá en las relaciones laborales entre Iberia y sus pilotos.

Hay que recordar, no obstante, que las dos sentencias dictadas por la Sala de lo Social de la AN sobre el laudo arbitral están recurridas, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo (TS).

De los 3.141 empleados afectados por el ERE, 2.256 corresponden a trabajadores de tierra, 258 a pilotos y 627 a tripulantes de cabina (TCP) por la vía preferente de prejubilaciones. También incluye un ajuste salarial del 14% para pilotos y TCP y del 7% para tierra, al que se suma otro 4% adicional enmarcado en la mejora de productividad.

Los jueces comparten que la pérdida de 3.141 empleos es “una tragedia nacional”, pero entienden que está fuera de toda duda la “situación calamitosa” de Iberia, que ha obligado a la compañía para sobrevivir a realizar “una reestructuración a la baja, con la finalidad de hacerla sostenible y reforzar su competitividad en el cada vez más complejo mercado del transporte aéreo”, por lo que estiman “justificados” los despidos contemplados en el acuerdo.

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