Gallardón defiende una sala civil en la Audiencia Nacional y que los mercantiles abran en agosto

Gallardón defiende una sala civil en la Audiencia Nacional y que los mercantiles abran en agosto

13 de marzo de 2014

Alberto Ruiz-Gallardón

(EP).- El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha defendido la creación de una sala civil en la Audiencia Nacional y también que los juzgados mercantiles funcionen “los doce meses del año”, incluyendo agosto.

En una conferencia ofrecida este miércoles por la tarde en Barcelona, el ministro ha considerado que “la Audiencia Nacional puede estar compuesta por cuatro Salas Superiores”, con lo que la civil se uniría a la penal, contencioso-administrativo y social, que ya existen.

El ministro ha apostado también por que las tres primeras, además, tengan salas de instancia, “equiparándose al resto de órganos judiciales y permitiendo conocer asuntos de excesiva complejidad o volumen” que puedan bloquear en funcionamiento de los tribunales de instancia.

Otra de las novedades que ha mencionado, y que ya recoge el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Poder Judicial, es que los tribunales mercantiles abran “los doce meses del año”, para un mejor funcionamiento.

El ministro se ha referido también a las tasas judiciales, y ha sostenido que la justicia deben sufragarla “especialmente los litigadores que plantean recursos con mala fe o sin fundamento alguno” con la intención de bloquear los procesos.

“La justicia puede ser gratis, pero nunca es gratuita”, ha sentenciado Gallardón, que explicado que en España el 90% del coste lo sostienen los ciudadanos y únicamente un 10% los que litigan, al contrario de lo que dice que ocurre en Europa donde estos sufragan el 28″.

 Fomentar el arbitraje

Gallardón también ha apostado por tratar de reducir el número de procesos judiciales apostando por vías alternativas no penales como el arbitraje y la mediación, para tratar de paliar uno de los vicios estructurales del sistema español ya que el proceso penal debe ser “el último recurso”.

En este sentido, ha dicho que en España se tramitan unos 9 millones de asuntos al año en los tribunales mientras que en Francia la cifra es de 6,5 millones, pese a contar con 20 millones más de ciudadanos, lo que Gallardón achaca precisamente al poco uso de los mecanismos alternativos a los tribunales.

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Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos “olvidados” por el PSOE

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Gallardón defiende las tasas judiciales porque han "extendido la justicia gratuita a colectivos"

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Cree que la Justicia “puede ser gratuita, pero no gratis”, y el PSOE le acusa de volver a un sistema franquista y le insta a derogarlas.
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Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

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25 de septiembre de 2013

Alberto Ruiz Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este martes las tasas judiciales porque gracias a ellas “hoy son muchos más los ciudadanos” que disfrutan de Justicia Gratuita al haberse extendido sus beneficiarios a colectivos que habían sido “olvidados” por el Gobierno socialista.

Cree que la Justicia “puede ser gratuita, pero no gratis”, y el PSOE le acusa de volver a un sistema franquista y le insta a derogarlas

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Así se ha pronunciado Gallardón durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al socialista Antonio Rodríguez, que ha querido saber si el Gobierno sigue pensando que las nuevas tasas judiciales no dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El ministro ha contestado que el Ejecutivo sigue pensando que la reforma de las tasas “garantiza” el sistema y la sostenibilidad de la Justicia gratuita donde se ha aumentado el número de beneficiarios. “Como consecuencia de las tasas, hoy son muchos más los ciudadanos que disfrutan del sistema de justicia gratuita”, ha zanjado.

El socialista ha rechazado que el “tasazo” beneficie a la clase media cuando las reclamaciones a la Administración, las multas o los divorcios sin acuerdo conllevan cuantías de entre 250 y 1.200 euros. Ha puesto como ejemplo el caso de una menor con deformaciones de nacimiento y una minusvalía del 85 por ciento, cuyos padres “llevan gastados 65.000 euros en costas y si quieren ir a apelación tienen que abonar otros 7.000″.

“Es volver al sistema franquista de 1959, que tuvo que derogar el Gobierno de Felipe González”, ha expuesto Rodríguez, para preguntar si el ministro sigue pensando que no suponen una “barrera” tras las dudas sobre su constitucionalidad suscitadas en la Audiencia Nacional o la Abogacía. “Derogue la ley y escuche a todos los colectivos”, ha conminado.

“NO HABLA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES”

En su turno de réplica, Gallardón ha insistido en que gracias a la ley de tasas, “hoy en España pueden litigar” sin pagar ningún coste aquellos que “olvidaron mientras gobernaban”, en referencia a víctimas del terrorismo, la violencia doméstica, la trata de seres humanos o de accidentes con secuelas permanentes. “Todos ellos están exentos”, ha remachado.

Tras acusar al socialista de defender a la Abogacía y a “una empresa privada” como es Dvuelta –cuyo recurso estimó la Audiencia Nacional, que ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional–, el ministro ha asegurado que las tasas afectan a “poco más” del 20 por ciento de los asuntos de los tribunales, puesto que el resto pertenecen al orden penal exento de estos gravámenes.

“El Tribunal Constitucional decretó en 2002 que la Justicia puede ser gratuita, pero no gratis”, ha destacado, para cuestionar si este servicio debe ser financiado por el contribuyente o el litigante en la parte proporcional a un 10 por ciento.

“Sabe que la tasa supone un diez por ciento del coste, me habla de colectivos con dificultades para acceder a la Justicia pero no me habla del 90 por ciento de esas dificultades”, ha continuado Gallardón.

Así, ha recalcado que el grueso del coste del procedimiento se debe a otros cargos como los honorarios de abogados y procuradores, mientras que la tasa supone el 10 por ciento. Ha concluido que la recaudación obtenida en España en virtud de este gravamen está “20 puntos por debajo” que la medida de países europeos.

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