Becerril recurre al TC la norma que permite a los alcaldes atribuirse competencias económicas del Pleno

Becerril recurre al TC la norma que permite a los alcaldes atribuirse competencias económicas del Pleno
Soledad Becerril ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad contra dos apartados de la disposición adicional tercera del real decreto ley 14/2013, de 29 de noviembre de 2013, sobre las atribuciones de los plenos municipales.
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La Ley General de Telecomunicaciones ha entrado en agenda parlamentaria para ser aprobada antes de que termine el año

La Ley General de Telecomunicaciones ha entrado en agenda parlamentaria para ser aprobada antes de que termine el año
La nueva norma que regulará las telecomunicaciones en España apuesta por un marco regulatorio estable que elimine las barreras burocráticas, por recuperar la Unidad de Mercado, por la simplificación de las cargas fiscales para las empresas y por la eliminación o revisión de determinadas licencias sustituyéndolas por declaraciones de responsabilidad.
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El Parlamento andaluz aprueba mañana una Ley antidesahucios que protege a avalistas y autónomos

El Parlamento andaluz aprueba mañana una Ley antidesahucios que protege a avalistas y autónomos
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado que la inminente aprobación de la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda “devolverá a las familias una herramienta fundamental para defender su derecho a un techo bajo el que vivir dignamente”. “La norma que en abril aprobó el Gobierno andaluz ahora la va a refrendar, ampliada y reforzada con las aportaciones de los grupos y de la sociedad civil, el Parlamento autonómico, sede de la soberanía andaluza”, ha señalado Cortés, que ha añadido que “el Gobierno andaluz va a redoblar su lucha contra los desahucios y en defensa de que el inmenso stock de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias salga en alquiler asequible”.
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Hoy pasa su último trámite parlamentario la Ley de Emprendedores tras lo que se publicará en el BOE para su entrada en vigor

Hoy pasa su último trámite parlamentario la Ley de Emprendedores tras lo que se publicará en el BOE para su entrada en vigor
Hoy el Congreso de los Diputados tiene en agenda, de nuevo, la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, que es en realidad un desarrollo de un Decreto Ley que se aprobó en el mes de febrero. El Congreso deberá aprobar las modificaciones que la norma ha sufrido tras su paso por el Senado, seis, de un total de más de 400 enmiendas parciales y varios vetos. Lo sustancial de los cambios es el nuevo criterio de caja establecido para el IVA para 2014 se aplica también en el marco del régimen económico fiscal de las islas Canarias y en el Impuesto General Indirecto Canario.
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El TC admite a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad sobre la supresión de la extra de los funcionarios

El TC admite a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad sobre la supresión de la extra de los funcionarios
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite tres nuevas cuestiones de inconstitucionalidad formuladas por sendos órganos judiciales (Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y un Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Tarragona) contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Con la aprobación de esta norma, el Gobierno suprimió la paga extra de Navidad a los empleados públicos. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo.
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El TC retoma la discusión del texto que previsiblemente rechazará la recusación de su presidente

El TC retoma la discusión del texto que previsiblemente rechazará la recusación de su presidente

17 de septiembre de 2013

Tribunal Constitucional

Generalitat y Parlamento de Cataluya piden que se le aparte de un total de 26 recursos abiertos entre Cataluña y el Gobierno

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Constitucional reanudará este martes el Pleno en el que, previsiblemente, se rechazarán las recusaciones a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por haber militado en el Partido Popular, que fueron planteadas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en relación con un total de 26 recursos que enfrentan en este órgano a Cataluña y al Gobierno.

Según informaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal, lo previsible es que durante esta semana, probablemente mañana, se consensúe el texto por el que una amplia mayoría de magistrados, formada tanto por conservadores como por progresistas, se opondrán a aceptar los argumentos del Gobierno Catalán.

La pasada semana se puso de manifiesto este apoyo al presidente, ya que todos los magistrados se habrían posicionado en favor de su presidente con excepción de Luis Ortega, perteneciente al ala más progresista del órgano. Sin embargo, no llegó a alcanzarse un texto consensuado sobre los términos exactos de la resolución, cuya ponencia ha correspondido a la vicepresidenta Adela Asúa.

Al igual que ocurrió la semana pasada, Pérez de los Cobos abandonará la sesión cuando sus compañeros inicien el debate sobre su recusación.

Entre los litigios referidos a Cataluña que el Constitucional tiene encima de la mesa se encuentra la impugnación del Ejecutivo central a la declaración soberanista aprobada en enero por el Parlamento catalán, además de los recursos interpuestos por los parlamentarios ‘populares’ contra la ley catalana de educación, la norma por la que se prohibieron los toros o la ley del cine catalán.

La militancia política de Pérez de los Cobos ha servido de base para que el Parlamento y el Gobierno catalán sospechen de su imparcialidad a la hora de intervenir en reclamaciones planteadas por el PP.

RECUSACIONES PENDIENTES

Aunque no es la única recusación pendiente por analizar contra Pérez de los Cobos. El exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el ex secretario general del LAB, Rafael Díez, también consideran que su afiliación en la formación conservadora puede contaminar la sentencia que dicte el TC sobre el ‘caso Bateragune’, según confirmaron a Europa Press fuentes de su defensa.

Ambos presentaron un recurso de amparo contra la resolución del Tribunal Supremo que les condenaba a seis años y medio de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista cometido al intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto denominado ‘Bateragune’.

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también pidió la nulidad de la resolución en la que el Constitucional inadmitió su recurso de amparo presentado contra la sentencia que le inhabilitó por las escuchas de la trama Gürtel, aunque tanto este como la petición de los condenados por Bateragune se dirimirán en otra sesión.

Otras instituciones como el Gobierno andaluz o el Principado de Asturias, en manos de los socialistas, también anunciaron su intención de recusar a Pérez de los Cobos, aunque todavía no han llegado al órgano judicial. El PSOE ha cuestionado además que haya asesorado al PP en varias legislaturas y haya sido coautor de propuestas incluidas después en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central.

Pérez de los Cobos aseguró hace unos días que no tiene “duda” de que seguirá en el cargo y añadió que la institución que él dirige resolverá los recursos presentados contra la reforma laboral basándose en criterios “estrictamente jurídico-constitucionales”, desde “la premisa” de que la Constitución Española es “es un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas de muy diverso signo” y desde “el imperativo categórico” de “respecto esencial” al contenido de los derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional ha dejado de tener mayoría progresista por primera vez en una década desde que fue renovado el pasado junio. Los conservadores son siete frente a cinco, una proporción que hasta ahora era en sentido contrario.

Tras los últimos nombramientos a cuenta del CGPJ y el Gobierno, el Tribunal Constitucional que tiene sobre la mesa muchas de las últimas reformas del Ejecutivo cuenta con un sólido bloque de ‘tendencia conservadora’, integrado por Santiago Martínez-Vares, Enrique López, Pedro González Trevijano y los ya magistrados Francisco Pérez de los Cobos, Francisco Hernando, Juan José González Rivas y Andrés Ollero.

Frente a estos siete se sitúa un ala de tendencia más progresista encabezada por los actuales magistrados Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Fernando Valdés, la designada con el apoyo de CiU Encarnación Roca y Juan Antonio Xiol.

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Hacienda pagó la semana pasada 1.142 millones a Comunidades Autónomas y Entidades Locales correspondientes al Plan de Pago a Proveedores

Hacienda pagó la semana pasada 1.142 millones a Comunidades Autónomas y Entidades Locales correspondientes al Plan de Pago a Proveedores
En los primeros días de septiembre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha procedido al abono de las facturas pendientes de los proveedores de Comunidades Autónomas y Entidades Locales por un importe de 1.142 millones de euros a través de la extensión del plan de pago a proveedores que se aprobó este año para deudas anteriores a 2012. Antes del 31 de diciembre se aprobará en el Parlamento de la norma que aborda el control de la deuda comercial y del periodo medio de pago a proveedores, penalizando el incumplimiento del plazo legal de pago de las Administraciones Públicas en 30 días.
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La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

Por condicionar el acceso a la Justicia

6 de septiembre de 2013

Mazo con billetes

(EP).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la nueva ley de tasas judiciales al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un “impedimento innecesario” e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva.

Los magistrados preguntan al Alto Tribunal si la norma conculca cuatro artículos de la Carta Magna. En concreto, el precepto que garantiza la tutela judicial efectiva en el artículo 24.1, la igualdad de los españoles amparada en el 14, la promoción de las condiciones de igualdad contemplada en el 9.2 y el artículo 31.1 referido al sostenimiento de los gastos públicos.

En un auto, hecho público este viernes, la Sección Séptima eleva esta cuestión ante el recurso presentado por la mercantil Préstamos y Javaloyes S.L.U. y una vez que ha sido oído la recurrente, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

La resolución judicial admite que la exigencia de una tasa, dentro de “ciertos límites y procedimientos y circunstancias”, es “perfectamente” constitucional, pero advierte de que no puede serlo el hecho de que el gravamen condicione la posibilidad de acceder a los tribunales.

Trabas innecesarias y excesivas

En este contexto, expone que las consecuencias de la falta de pago pueden constituir trabas “innecesarias, excesivas” y carentes de “razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador”.

De este modo, explica que la finalidad de “subvenir” el coste que supone la Administración de Justicia es “lícita”, pero que los efectos de incumplir el pago del gravamen pueden “obstaculizar” el acceso a la Justicia.

La Sala entiende que la ley no tiene en cuenta la proporcionalidad que debe regir entre el fin perseguido, como es la financiación de la Administración de Justicia y los principios de capacidad económica, igualdad, equidad y justicia que debe presidir todo sistema tributario, tal y como señala el artículo 31 de la Constitución.

En este punto, la Sala recuerda que la asistencia jurídica gratuita no alcanza a la mayoría de la población, que “no hallándose comprendida en algunas en alguna de las situaciones legales para obtenerla, sin embargo tenga unos ingresos que superen los mínimos legales, pero con unos gastos corrientes que absorban sus ingresos, y que deberá hacer un desembolso personal para el pago previo de las tasas, no deducible en otros impuestos específicos, como sucede en las personas jurídicas”.

En materia de recursos, avisa de que la cuantía resulta en algunos casos “desproporcionada” y pone de relieve la reducción de asuntos que ya se está produciendo en el orden de lo Contencioso.

El auto, contra el que no cabe recurso, recuerda que en algunos casos las tasas por sí solas pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo “un impedimento innecesario y no justificado para poder acceder a obtener la tutela judicial efectiva”.

Las nuevas tasas judiciales, que entraron en vigor el pasado diciembre, han sido rechazadas por gran parte del sector jurídico, así como por sindicatos, asociaciones de consumidores y partidos de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista, la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona ya han preguntado al TC si los nuevos gravámenes se ajustan a los límites de la Ley Fundamental.

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Los procuradores alertan que la futura Ley de Servicios Profesionales puede causar un "daño irremediable" a la Justicia

Los procuradores alertan que la futura Ley de Servicios Profesionales puede causar un "daño irremediable" a la Justicia

5 de septiembre de 2013

Consejo General de Procuradores de España

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) – El Consejo General de los Procuradores de España (CGPE) ha alertado de que el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales promovido por el Ministerio de Economía puede causar un “daño importante, si no irremediable”, para los usuarios de la Justicia. Por ello, ha urgido al Gobierno a abrir un diálogo con los sectores afectados para evitar “situaciones conflictivas”.

Los procuradores han advertido en un comunicado de que la futura norma empeorará “considerablemente” el funcionamiento de la Administración de Justicia “retrocediendo hasta situaciones de hace más de 30 años”. Para el presidente del CGPE, Juan Carlos Estévez, el anteproyecto se atiene “únicamente” a criterios económicos que no valorado los “verdaderos” problemas de los profesionales y del sector.

“El CGPE entiende, igualmente, que las supuestas exigencias demandadas por la Unión Europea para la promulgación de este texto, no han sido ni justificadas, ni debatidas por el Ministerio de Economía con los profesionales del sector en ningún momento, a pesar las reiteradas demandas para ello y dada la complejidad e impacto social del anteproyecto”, ha señalado.

Los procuradores han destacado los “continuos” esfuerzos del Ministerio de Justicia por intentar aclarar esta situación y han hecho un llamamiento al Ejecutivo para que comience “de verdad” un diálogo con todos los colectivos afectados que permita evitar situaciones conflictivas de futuro.

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La nueva Ley General de Telecomunicaciones prevalecerá sobre las regulaciones locales

La nueva Ley General de Telecomunicaciones prevalecerá sobre las regulaciones locales
El Ministro de Industria ha adelantado durante una intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo algunas de las líneas maestras de la futura Ley General de Telecomunicaciones, a la que acaba de dar su aval el Consejo de Estado, que se aprobaría previsiblemente en Consejo de Ministros el 13 de septiembre. En concreto, ha destacado que la nueva norma apuesta por un “marco regulatorio estable que elimine las barreras burocráticas”, por recuperar la Unidad de Mercado, por la simplificación de las cargas fiscales para las empresas y por la eliminación o revisión de determinadas licencias sustituyéndolas por declaraciones de responsabilidad.
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