Medidas cautelares y juicio de probabilidad en los créditos contingentes litigiosos (art. 87.4 de la Ley Concursal)

Medidas cautelares y juicio de probabilidad en los créditos contingentes litigiosos (art. 87.4 de la Ley Concursal)
Como es sabido, la realización de las operaciones de reconocimiento de los créditos puestos de manifiesto en un concurso de acreedores, corresponde a la administración concursal como ente competente en exclusiva. El reconocimiento de los créditos es una parte fundamental del procedimiento concursal, por cuanto con ello se determinará la masa pasiva del concurso de acreedores.
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Aprobada la reforma de la Ley de Tráfico, que obliga el casco para bicicletas e incorpora la prueba de drogas

Aprobada la reforma de la Ley de Tráfico, que obliga el casco para bicicletas e incorpora la prueba de drogas
Ayer el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. El texto incorpora al ordenamiento modificaciones que no se centran tanto en el conductor, sino en otros aspectos que en los últimos años no han sido tan prioritarios pero que engloban a la seguridad vial. Se mejora la redacción del precepto sobre velocidad y se remite al Reglamento General de Circulación la concreción de los límites máximos y mínimos, pero no se recoge ningún cambio sobre velocidad.
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El cómputo del plazo para la presentación de propuestas de convenio

El cómputo del plazo para la presentación de propuestas de convenio
La Ley Concursal, establece en su artículo 113.2 un plazo de cuarenta días antes de la Junta de acreedores, cuyo cómputo como plazo procesal puede minorar hasta límites de inexistencia práctica- las posibilidades para la presentación de propuestas de convenio que el propio artículo recoge.
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Los cambios en la Ley Concursal crearán empleo, según el ministro de Economía

Los cambios en la Ley Concursal crearán empleo, según el ministro de Economía
Luis de Guindos ha asegurado que los cambios en la Ley Concursal que se incluyen en el decreto ley de Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial permitirán incrementar el PIB. El texto se tramitará como proyecto de ley para incorporar mejoras.
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La Fiscalía quiere que los bancos comuniquen en tiempo real cada apertura de cuenta al Fichero de Titularidades Financieras, al que podrán pedir acceso las fuerzas y cuerpos de seguridad

La Fiscalía quiere que los bancos comuniquen en tiempo real cada apertura de cuenta al Fichero de Titularidades Financieras, al que podrán pedir acceso las fuerzas y cuerpos de seguridad
El informe del Consejo Fiscal al Proyecto de Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo propone, entre otros aspectos, hacer más completo, con actualización en tiempo real y con completa identificación de la autoridad judicial que permita el acceso al mismo del Fichero de Titularidades Financieras, un archivo que reunirá los datos de la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo.
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El TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de las tasas planteada por un juzgado de Cantabria

El TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de las tasas planteada por un juzgado de Cantabria

18 de marzo de 2014

Tribunal Constitucional

(TC).- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de 1ª instancia e instrucción número 1 de Torrelavega (Cantabria) en relación a las tasas judiciales, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española, tal como se publica en el BOE del sábado 15 de marzo.

El juzgado número 1 de Torrelavega promovió en enero la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales por considerar que no está en consonancia con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La resolución del juez cántabro se produjo a petición del abogado Manuel Ruiz de Villa, que tenía que pagar una tasa “desproporcionada” para poder plantear un recurso de apelación relativo a una reclamación de 464.710,52 euros.

En su auto, el magistrado de Torrelavega, tras repasar las distintas cantidades que deben pagarse en los diferentes tipos de recursos, concluía que el derecho a la tutela judicial efectiva “del artículo 24.1 de la CE puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la Jurisdicción o, en todo caso. En los recursos, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas de tal forma que cuestionen la razonabilidad o proporcionalidad de los fines que persigue el legislador.

Además de la cuestión planteada por el magistrado de Torrelavega, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias, la Diputación General de Aragón, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista. También hay que añadir las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.

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Debe comenzar en la Audiencia Nacional el sobreseimiento automático de las causas internacionales que no entran en la nueva Ley de Justicia Universal

Debe comenzar en la Audiencia Nacional el sobreseimiento automático de las causas internacionales que no entran en la nueva Ley de Justicia Universal
Con la entrada en vigor el pasado sábado día 15 de marzo de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, comienza el sobreseimiento hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma de las causas que se estaban tramitando en la Audiencia Nacional.
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