El cómputo del plazo para la presentación de propuestas de convenio

El cómputo del plazo para la presentación de propuestas de convenio
La Ley Concursal, establece en su artículo 113.2 un plazo de cuarenta días antes de la Junta de acreedores, cuyo cómputo como plazo procesal puede minorar hasta límites de inexistencia práctica- las posibilidades para la presentación de propuestas de convenio que el propio artículo recoge.
Noticia original

El TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de las tasas planteada por un juzgado de Cantabria

El TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de las tasas planteada por un juzgado de Cantabria

18 de marzo de 2014

Tribunal Constitucional

(TC).- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de 1ª instancia e instrucción número 1 de Torrelavega (Cantabria) en relación a las tasas judiciales, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española, tal como se publica en el BOE del sábado 15 de marzo.

El juzgado número 1 de Torrelavega promovió en enero la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales por considerar que no está en consonancia con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La resolución del juez cántabro se produjo a petición del abogado Manuel Ruiz de Villa, que tenía que pagar una tasa “desproporcionada” para poder plantear un recurso de apelación relativo a una reclamación de 464.710,52 euros.

En su auto, el magistrado de Torrelavega, tras repasar las distintas cantidades que deben pagarse en los diferentes tipos de recursos, concluía que el derecho a la tutela judicial efectiva “del artículo 24.1 de la CE puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la Jurisdicción o, en todo caso. En los recursos, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas de tal forma que cuestionen la razonabilidad o proporcionalidad de los fines que persigue el legislador.

Además de la cuestión planteada por el magistrado de Torrelavega, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias, la Diputación General de Aragón, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista. También hay que añadir las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.

Noticia original

La Junta de Andalucía pide una fianza civil de 8,5 millones para un hijo de Ruiz-Mateos, que niega conocer a Lanzas

La Junta de Andalucía pide una fianza civil de 8,5 millones para un hijo de Ruiz-Mateos, que niega conocer a Lanzas

6 de marzo de 2014

Junta de Andalucía

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) – La acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros para Zoilo Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medida cautelar alguna para el imputado.

Abogados personados en el procedimiento han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Zoilo Ruiz-Mateos dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Durante su declaración, el imputado ha asegurado que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, pues “todo lo llevaba” su padre y él, como abogado, se dedicaba a coordinar los departamentos jurídicos de las empresas por los litigios contra el Estado por la expropiación de la antigua Rumasa.

Zoilo Ruiz-Mateos, al igual que ya hicieron en su día sus hermanos Javier y Pablo, ha asegurado no conocer al ‘conseguidor’ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas así como que se realizaran pagos en metálico o en dinero ‘B’ al mismo, mientras que también ha negado conocer la inclusión de ‘intrusos’.

José María Ruiz Mateos también estaba citado este miércoles para declarar como imputado, pero finalmente no ha comparecido ante la juez Alaya, quien sí ha tomado declaración a José Antonio Cuevas, uno de los dos ‘intrusos’ en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), a quien Alaya ha imputado delitos de malversación, tráfico de influencias y obtención ilegal de subvenciones, según el texto de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La magistrada considera que Cuevas, que trabajó en Viajes Marbesol y Autos Marbesol, fue contratado para el Hotel Cervantes “con el único fin de ser introducido en el ERE relativo a la misma aproximadamente cinco meses antes” de que, por parte del hotel, se presentara la correspondiente solicitud para el ERE –el 29 de marzo de 2006–, “y con el único e ilícito fin de ser introducido en el mismo y acogerse al plan social de prejubilaciones de sus trabajadores, para lo cual incluso se falsearían por la empresas sus datos laborales”.

Finalmente, comenzó a percibir las rentas derivadas de la póliza suscrita en septiembre de 2006, a razón de 1.400 euros mensuales hasta percibir 84.252,47 euros.

UN ‘INTRUSO’ “NO SABÍA MUY BIEN QUÉ ERA UN ERE”

El imputado, que ha aseverado que “no sabía muy bien qué era un ERE”, ha señalado en su declaración que el gerente de Autos Marbesol le ofreció ser contratado para el Hotel Cervantes y ser introducido en el ERE, explicándole que debía estar contratado en este hotel durante seis meses “para que fuera legal y poder acogerse” al expediente.

Ha asegurado que “no se lo creía, es decir, le sorprendió que pudiera ser posible, que pudiera ser contratado para poderse acoger a un ERE”, si bien “estaba más preocupado por la situación de Autos Marbesol, ya que o se vendía o cerraba en diciembre de ese mismo año”, tras lo que “tardó un mes hasta que fue contratado” en el hotel, donde desempeñó sus servicios en el parking chequeando la salida y entrada de los coches.

Asimismo, ha desvelado que, en la actualidad, “sigue cobrando y que nunca ha dejado de cobrar”, de manera que “tan solo cuando surgió el escándalo hubo unos meses en que se retrasaron y fueron a exigirle a Vitalia que les pagara, quien les dijo que ya habían adelantado dinero y que la Junta no les pagaba a ellos”.

La Fiscalía ha pedido para el ‘intruso’ una fianza civil de 84.252,47 euros, más el tercio legal, mientras que la Junta ha interesado una fianza civil de 221.572,76 euros, también más el tercio legal, ya que dicha cifra “se corresponde con el coste de la póliza y por tanto con el perjuicio sufrido por la Junta”.

LA IMPUTACIÓN DE LOS RUIZ-MATEOS

La juez imputó tanto a José María Ruiz-Mateos como a su hijo Zoilo la consecución de los ERE del Hotel Cervantes y de empresas del grupo como Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, lo que fue posible “a través del tráfico de influencias ejercido” por ambos y por Juan Lanzas, “a quien se le pagaría como ‘conseguidor’ ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE”.

La juez argumentó que José María Ruiz-Mateos “ostentaría la dirección” del grupo Nueva Rumasa “apoyado” por su hijo Zoilo, siendo ambos “quienes en última instancia tomaban las decisiones participando junto con otros miembros de la familia en la inclusión de los ‘intrusos’” en los ERE del Hotel Cervantes, Dhul o Complejo Bodeguero Bellavista, entre otros.

Hay que recordar que, en el caso de Javier y Pablo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó fianzas de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros en relación al ERE del Hotel Cervantes, donde fueron incluidos como ‘intrusos’ Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cuevas.

Noticia original

La FEMP inicia con el PP su ronda de contactos con los grupos para defender sus enmiendas a la reforma local

La FEMP inicia con el PP su ronda de contactos con los grupos para defender sus enmiendas a la reforma local

26 de septiembre de 2013

Fachada del Congreso de los Diputados

Una delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encabezada por su presidente, Iñigo de la Serna, mantendrá este jueves en el Congreso una reunión con el Grupo Popular, iniciando así su ronda de contactos con los grupos parlamentarios para defender sus propuestas de enmienda a la reforma local.

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según explica la Federación en un comunicado, su intención es exponer a los diputados en profundidad y con más detalles las 19 propuestas de enmiendas que el pasado 19 de septiembre les fueron remitidas tras ser aprobadas por la Junta de Gobierno de la FEMP.

Tal y como recuerda la FEMP, un primer bloque va encaminado a seguir defendiendo que las Entidades Locales Menores deben seguir existiendo mientras presenten cuentas “dada la importante función que desarrollan”.

En otra de las propuestas los ayuntamientos defienden que siga siendo competencia municipal el fomento de la participación ciudadana y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Por otra parte, la FEMP va a proponer que, “para evitar confusiones”, se suprima del proyecto toda mención a las competencias de las Entidades Locales concernientes a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos, dado que el texto reconoce como competencias autonómicas las referidas a sanidad, servicios sociales y también educación.

Asimismo, la Federación solicitará enmendar el Proyecto de Ley para que los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, así como las Mancomunidades y Consorcios puedan contar en sus plantillas con un puesto de trabajo correspondiente a personal eventual.

También pedirán que se modifiquen en el texto el supuesto que  deja en manos del interventor la elaboración de informes de eficiencia para la gestión de los servicios públicos.

Finalmente, la FEMP también va a plantear una enmienda relativa a la institucionalización de la Federación para así reforzar el nivel de representación y defensa de las Entidades Locales por esta vía y evitar que estén en situación de inferioridad con otras Administraciones.

“AVANCE SIGINIFICATIVO”

No obstante, al margen de las enmiendas, la FEMP considera que el Proyecto de Ley que ya está siendo tramitado contiene “muchas” de las alegaciones que en su día formularon la Federación al Anteproyecto, suponiendo, según la Federación “un avance significativo respecto de la situación de la que se partió en julio de 2012, cuando se conoció el primer borrador de Anteproyecto”.

En este sentido, el Presidente de la FEMP cree que la futura norma va a dar respuesta a reivindicaciones municipales que vienen demandándose desde el principio de la democracia, como por ejemplo, el tener que atender obligaciones que no son de su competencia.

Asimismo, considera que Proyecto de Ley garantizará que, cuando las CCAA deleguen en los Consistorios la prestación de servicios, éstos lo harán contando con el 100% de la financiación, por un período de tiempo no inferior a cinco años y teniendo al Estado como garantía financiera en caso de incumplimiento.

El alcalde de Santander destaca, además, que el proceso de diálogo mantenido con el Gobierno ha permitido, por ejemplo, que para que las Diputaciones Provinciales puedan coordinar la gestión de determinados servicios municipales, sea siempre porque el Ayuntamiento así lo ha querido, es decir, que siempre ocurrirá de conformidad con el municipio interesado en recibir esta ayuda.

Noticia original

El Parlamento andaluz aprueba mañana una Ley antidesahucios que protege a avalistas y autónomos

El Parlamento andaluz aprueba mañana una Ley antidesahucios que protege a avalistas y autónomos
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado que la inminente aprobación de la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda “devolverá a las familias una herramienta fundamental para defender su derecho a un techo bajo el que vivir dignamente”. “La norma que en abril aprobó el Gobierno andaluz ahora la va a refrendar, ampliada y reforzada con las aportaciones de los grupos y de la sociedad civil, el Parlamento autonómico, sede de la soberanía andaluza”, ha señalado Cortés, que ha añadido que “el Gobierno andaluz va a redoblar su lucha contra los desahucios y en defensa de que el inmenso stock de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias salga en alquiler asequible”.
Noticia original

Una juez no asociada de Madrid, la aspirante al CGPJ con más avales, por encima de presidentes de TSJ y miembros del TS

Una juez no asociada de Madrid, la aspirante al CGPJ con más avales, por encima de presidentes de TSJ y miembros del TS

16 de septiembre de 2013

Consejo General del Poder Judicial

En el listado figuran, entre otros, Grande Marlaska, las esposas de Conde Pumpido y José Antonio Alonso, y la juez María Tardón

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) – La magistrada Rocío Pérez Puig González, con 24 años de ejercicio y actualmente en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, encabeza, por número de avales, la lista definitiva de 54 jueces y magistrados que aspiran al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya está en manos de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para proceder este mes a la renovación de la institución.

Las Cortes Generales deben elegir 20 vocales, la mitad en el Congreso y la otra mitad en el Congreso. Se trata de doce jueces y magistrados propuestos por asociaciones y compañeros de profesión, y ocho juristas (catedráticos o profesionales del Derecho) promovidos por los grupos parlamentarios. El presidente de la institución y del Supremo, puesto que ocupa Gonzalo Moliner, se elige después y no pasa por las Cámaras.

Las Mesas del Congreso y del Senado han distribuido a los grupos un listado definitivo con 54 jueces y magistrados candidatos a convertirse en vocales del CGPJ –había 55 pero uno ha renunciado– un a vez que han pasado el filtro de la Junta Electoral, que debía comprobar los requisitos formales de presentación como encontrarse en activo, estar avalados por una asociación judicial o por más de 25 jueces en activo y que los avalistas no hayan respaldado a más de 12 candidatos cada uno.

Además, las Cámaras han abierto un plazo de 15 días hasta el 24 de septiembre, que es cuando expira el mandato del actual Consejo, para que los partidos propongan nombres para el cupo de juristas de reconocido prestigio.

Los juristas que optan a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han logrado un total de 2.925 avales para presentar su candidatura a pesar del boicot promovido por las asociaciones de jueces y magistrados, salvo la mayoritaria, que eran contrarias al nuevo modelo de órgano de gobierno de los jueces.

Según los datos obtenidos por Europa Press, una docena ha sido avalado por la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador y mayoritaria en la Carrera Judicial, cerca de una veintena no están asociados y otros tantos han presentado avales independientes aunque estén afiliados a las organizaciones que se autoexcluyeron del proceso. La asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente llamaron a no participar en las elecciones.

Algunos de los candidatos afiliados a alguna de estas tres organizaciones han logrado avales individuales hasta doblar y triplicar los 25 mínimos exigidos con la nueva ley.

APOYOS

Por número de apoyos, la lista de jueces y magistrados candidatos está encabezada por Rocío Pérez-Puig, de la Audiencia de Madrid, que con sus 210 avales supera al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, con 155 firmas y miembro de la APM; al presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel María Estrella Ruiz, que ha logrado 128 apoyos pese a no estar afiliado; y al presidente del Tribunal Superior de Navarra, Juan Manuel Fernández Martínez, miembro de la APM con 115 avales.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la única que ha participado en este proceso pues el resto ha renunciado a presentar propuestas, ha promovido una docena de candidatos, que no han tenido la necesidad de aportar avales.

Entre ellos un magistrado del Tribunal Supremo –José Manuel López García de la Serrana, que presidió la APM en una etapa anterior–, dos presidentes de Audiencia Provincial –Fernando Lacaba, de Girona, y Carmen Llompart, de Valencia–, y un presidente de sala de Tribunales Superiores –José Antonio Ballestero, del TSJ de Galicia–.

Otros magistrados del Supremo que aspiran a entrar en el CGPJ son Pilar Teso, Rafael Fernández Valverde, Joaquín Hueling, Wenceslao Olea y Clara Martínez de Careaga –esposa del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y miembro de Jueces para la Democracia–.

En la relación de aspirantes figuran también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa; la magistrada de lo social de Madrid Celima Gallego, esposa del exministro socialista José Antonio Alonso; el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que vuelve a competir; la juez de violencia de género de Madrid María Tardón, y los presidentes de las Audiencias Provinciales de Castellón y Pamplona, Carlos Domínguez y Esther Erice.

Y junto a ellos se encuentran el expresidente del TSJ del País Vasco Fernando Ruíz Piñeiro y la ex presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa y ex viceconsejera de Justicia vasca, María Victoria Cinto Lapuente; el exdecano de Palma, Pedro Barceló; el magistrado de la Audiencia de Huelva José Manuel Balerdi.

Además de seleccionar doce nombres de ese listado de jueces, los partidos deben proponer a ocho vocales de entre juristas de reconocido prestigio, para lo cual han de presentar candidatos y suplentes.

La reforma de la ley del CGPJ impulsada por el Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón introdujo este año un cambio en el sistema y es que el Consejo se puede dar por renovado y constituirse si al menos una de las dos Cámaras logra elegir sus diez vocales con como mínimo tres quintas partes de los votos; esto es algo que el PP puede hacer unilateralmente en el Senado, donde cuenta con una amplísima mayoría, aunque no en el Congreso.

Ese cambio ha sido muy criticado por el PSOE, que ya ha advertido al PP de que este punto de partida hace “muy difícil” la negociación para sumar los votos necesarios en el Congreso, tres quintas partes del Pleno. “Para que haya una negociación tiene que haber una mínima situación de igualdad entre las partes que se sientan a negociar”, y no la amenaza de que, si no hay acuerdo, se eligen los vocales en el Senado, aseguró recientemente a Europa Press Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso.

Noticia original

Magdalena Álvarez pide a la Audiencia anular el auto de imputación pues los delitos habrían "prescrito"

Magdalena Álvarez pide a la Audiencia anular el auto de imputación pues los delitos habrían "prescrito"

12 de septiembre de 2013

Magdalena Álvarez

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) – La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de imputación dictado por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares al entender que los presuntos delitos que se le atribuyen, como son los de prevaricación administrativa y malversación, habrían “prescrito”, motivo que junto a otros que alega le lleva a pedir la nulidad de la resolución judicial dictada por Mercedes Alaya.

En el recurso, adelantado por la cadena Ser y consultado por Europa Press, el abogado de Álvarez, Horacio Oliva, solicita por tanto la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa respecto a su representada “por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados”, pidiendo de manera subsidiaria que se revoque dicha resolución judicial “por falta de motivación” y que se devuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que “se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo”.

El letrado alega en el recurso que, en el auto por el que Alaya imputó tanto a Magdalena Álvarez como a otros 19 altos o exaltos cargos de la Junta, la juez ha “vulnerado” el derecho a la tutela judicial efectiva “por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación”, pues la decisión de imputar a todas estas personas no va acompañada de “la exigible argumentación fáctica y jurídica que permita conocer los términos en que tal imputación se sostiene”.

De este modo, dice que “el global encausamiento de 20 personas se sostiene sobre una genérica referencia a que, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido un uso indebido de las transferencias de financiación, dando lugar con ello a un déficit de control en el pago de las ayudas sociolaborales por parte del IFA/IDEA y la Consejería de Empleo; añadiéndose, respecto de mi representada, que su intervención se habría producido con la redacción” de la orden de 4 de junio de 2003 “donde se recoge el concepto presupuestario de la transferencia de financiación”.

“INDEFENSIÓN”

En este sentido, el abogado asevera que “si tan magro compendio de hecho apenas permite adivinar las razones que sustentan la imputación penal –no sólo por su escueta y genérica descripción sino también por su manifiesta carencia de todo viso delictivo–, tal pretensión deviene imposible ante la ausencia de toda mención a los concretos tipos delictivos que, pretendidamente, otorgan relevancia penal a tales hechos”, añadiendo que “brilla por su ausencia un mínimo juicio indiciario” que “permita al menos afirmar una cierta apariencia delictiva y justificar, con ello, la resolución que ahora combatimos”.

“El expuesto déficit de concreción fáctica y jurídica genera indefensión en mi representada, al desconocer los presupuestos en virtud de los que el Juzgado ha decidido dirigir el procedimiento penal contra ella”, dice el abogado de la exconsejera, quien abunda, respecto a este punto del recurso, en que la juez ha generado “indefensión” a su patrocinada “al desconocer frente a qué debe defenderse”.

Asimismo, el letrado rechaza “la existencia de todo indicio delictivo que permita vincular” la actuación de Magdalena Álvarez al frente de la Consejería de Hacienda con el objeto de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 6, pues “ninguna conclusión de esa índole cabe extraer ni del contenido del auto combatido ni de los informes institucionales a que el instructor parece remitirse”.

IMPUTACIÓN “INFUNDADA”

“Pese al margen de incertidumbre en que necesariamente hemos de movernos”, prosigue el letrado, “importa destacar que los hechos que parecen imputarse” a la exconsejera de la Junta se concretan en la aprobación de la orden de 4 de junio de 2003, “por la que, pretendidamente, se introducen las transferencias de financiación de las ayudas sociolaborales”. “Siendo ello así, y teniendo en cuenta la fecha del auto que ahora se recurre, tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación estarían prescritos”, argumenta.

Tras ello, el letrado asevera que la imputación de su cliente “resulta manifiestamente infundada” y se basa en “un endeble acervo jurídico”, punto en el que señala que “una imputación carente del mínimo soporte indiciario debe considerarse, por arbitraria, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva” recogido en el artículo 24.1 de la Constitución española.

El abogado pone manifiesto que, “de la exigua” enunciación fáctica plasmada en el auto “parece inferirse que la imputación dirigida contra Magdalena Álvarez se concretaría en que la finalidad que guió la inclusión de las transferencias de financiación en la orden de 4 de junio de la Consejería de Hacienda fue la de reducir los controles que debía efectuar la Intervención General de la Junta para así favorecer los pagos indebidos de ayudas sociolaborales efectuadas por el IFA/IDEA y la Consejería de Empleo”.

TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

En esta línea, dice que “no puede asignarse carácter delictivo a la utilización ‘per se’ de dicha figura presupuestaria como vehículo de financiación de un programa de ayudas sociolaborales”, ya que “por más que pueda resultar controvertida la naturaleza o finalidad de las transferencias de financiación, constituiría un error categorial derivar tal ausencia de clarificación conceptual una ilicitud jurídico-penal, convirtiendo lo que no es sino una discusión de índole técnico-presupuestaria en materia penal, y declarar como ‘ilegal’ lo que, todo lo más, pudiera calificarse de uso ‘inadecuado’ del instrumento presupuestario elegido por parte de la Consejería competente para ejecutar los créditos”.

A juicio del abogado, “no puede tildarse de ilegal una opción de financiación presupuestaria que ha sido plasmada, bajo la partida presupuestaria 31.L, en las sucesivas leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz desde el año 2002″, agregando que “por tautológico que suene, es la Ley la que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiación, por lo que resultaría lógicamente incongruente calificar como ‘ilegal’ lo que la Ley avala”. “Y si no hay ilegalidad alguna, desaparece ‘a limine’ todo viso de ilicitud penal, salvo que quisiera imputarse por prevaricación al Parlamento andaluz en su conjunto”.

En otro punto del recurso, el abogado de la exconsejera asevera que “la concreción de los conceptos asignados a las partidas presupuestarias, y con ello la forma de financiación del IFA/IDEA, no era competencia de la Consejería de Hacienda, sino de la de Empleo, que era la que proponía el sistema de financiación al IFA/IDEA y, con ello, la elección de la transferencia de financiación como vehículo para el pago de las ayudas sociolaborales”, a lo que se suma que, como consejera, su cliente “no tenía competencias para controlar o supervisar la gestión interna del gasto efectuado por cada Consejería ni debía conocer el procedimiento ni la aplicación y destino de las dotaciones económicas presupuestadas”.

“Es a los responsables del IFA/IDEA y de la Consejería de Empleo a quienes correspondía la gestión de los pagos de las ayudas sociolaborales”, subraya, resumiendo que “la única conclusión acorde a las leyes de la lógica y la experiencia” es que Magdalena Álvarez, “dado el ámbito objetivo de sus competencias, ni conoció ni pudo conocer que los pagos efectuados por la Consejería de Empleo a través del IFA/IDEA estuvieran siendo indebidamente ejecutados, ni que ello derivara en una presunta malversación del dinero público”, por lo que, “en consecuencia, no es dable atribuir a Álvarez responsabilidad alguna por los hechos que han dado lugar al procedimiento, debiendo por tanto anularse el auto en lo relativo a la imputación de mi representada”.

Noticia original

Manos Limpias expresa su "absoluta repulsa" ante palabras de miembros del PSOE y la Junta por último auto de Alaya

Manos Limpias expresa su "absoluta repulsa" ante palabras de miembros del PSOE y la Junta por último auto de Alaya

11 de septiembre de 2013

José Antonio Griñán

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) – La Coordinación General en Andalucía del Sindicato de Colectivos de Funcionarios Públicos Manos Limpias manifiesta su “total y absoluta repulsa” a las manifestaciones realizadas por los miembros de distintos representantes del PSOE y del equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía después de conocerse este martes el último auto de la juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, en el que se comunica a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves el inicio de diligencias para su imputación, así como también a los exconsejeros de Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el diputado en el Congreso por Sevilla y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera; el exconsejero de Empleo, Manuel Recio; y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo.

En un comunicado remitido por el coordinador general de Manos Limpias en Andalucía, Arnaldo Fernández Calderón, recuerda que “estamos hablando del mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país y precisamente en desprecio total y absoluto a los parados andaluces en particular y de los ciudadanos de nuestra región y de España en general”. “No acertamos a comprender como, en vez de dar una explicación en su defensa, siguen utilizando el ‘y tú más’ y descalificando de forma torticera la actuación, hasta ahora impecable y valiente, de una juez que, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, esta cumpliendo escrupulosamente con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha subrayado.

De otro lado, recuerda a los miembros del PSOE y de la Junta que, “afortunadamente estamos en un Estado de Derecho y no de desecho como algunos pretenden convertirlo” y que por tanto, a su juicio, los tiempos judiciales “son los que son y a los que tienen que acoplarse todas las demás actuaciones incluyendo, faltaría más, los tiempos políticos que por otra parte no son más que tácticas dilatorias, partidistas e interesadas además de prácticas evasivas y de raquítica defensa ante lo incuestionable”.

Por todo ello, afirma que “nos congratulamos de que finalmente, y más pronto que tarde, la juez Alaya, a tenor de los hechos objetivos investigados y contrastados, haya decidido dar judicialmente este paso que desde un principio Manos Limpias le he venido insistentemente solicitando”.

De otro lado, recuerda que Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso de los ERE, ha venido solicitando reiteradamente la imputación de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y precisa que, “finalmente, Alaya acepta las peticiones de Manos Limpias e inicia el camino para que tanto que Griñán y Chaves puedan ser imputados en su condición de aforados”.

Noticia original

Alaya imputa a Griñán y Chaves por el fraude de los ERE

Alaya imputa a Griñán y Chaves por el fraude de los ERE

10 de septiembre de 2013

Juez Alaya

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que comunica a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves que se les abre procedimiento en la causa en calidad de imputados.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya también comunica la misma situación a los exconsejeros de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el diputado en el Congreso por Sevilla y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera; el exconsejero de Empleo, Manuel Recio; y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo.

Noticia original