El CGPJ saca a concurso 64 plazas para magistrados, entre ellas la del juez de Santiago encargado del ‘caso Alvia’

El CGPJ saca a concurso 64 plazas para magistrados, entre ellas la del juez de Santiago encargado del ‘caso Alvia’

19 de marzo

juez maza

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes un nuevo concurso de traslado entre los miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado que afecta a 64 plazas, entre ellas la del juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que instruye el caso por el accidente del Alvia en el que murieron 79 personas.

   En un comunicado, el Consejo General del Poder Judicial ha señalado que de las 64 plazas, 44 corresponden a vacantes resultantes de la convocatoria del anterior concurso, que se resolvió el pasado 25 de febrero, mientras que las otras 20 son por nombramientos, fallecimientos, jubilaciones o excedencias voluntarias.

   Entre las plazas afectadas figura la correspondiente al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, que lleva la instrucción del accidente de tren registrado en Angrois el pasado 24 de julio.

   Su titular, el magistrado Luis Aláez, obtuvo la plaza de titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago en el anterior concurso, aunque seguirá al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega hasta que el nuevo titular tome posesión de su cargo.

RESTO DE PLAZAS

   En cuanto al resto de plazas, Cataluña es la Comunidad Autónoma donde más plazas se han anunciado, con un total de 20, seguida por Andalucía con nueve, Canarias y Galicia con cinco en cada una y Madrid y el País Vasco con cuatro en cada una.

   Además, en Castilla y León se han anunciado tres plazas; en Asturias, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha dos; y en Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra una.

   La última plaza corresponde a la Audiencia Nacional, donde se ha anunciado el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10.

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Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

30 de septiembre de 2013

 Baltasar Garzón

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón espera desde hace un año una respuesta a la petición de indulto que presentó en su nombre la asociación de juristas europeos Medel, solicitando la remisión total de la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ y sus abogados.

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes del Tribunal Supremo y la Fiscalía para decidir si le indulta

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes pertinentes del Alto Tribunal y de la Fiscalía sobre la conveniencia o no de conceder el indulto a Garzón, que, en todo caso, no son vinculantes.

Según informaron a Europa Press fuentes de Justicia, el Ministerio inició la tramitación del proceso el 29 de junio de 2012 cuando remitió un oficio al tribunal sentenciador, una vez que Garzón confirmó que la solicitud de la medida de gracia contaba con su consentimiento.

Justicia recibió unos días antes la misiva del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expresando que, aunque la petición era “libre y soberana”, contaba con su aval y agradecía a la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) su iniciativa acompañada de “argumentos dignos de ser valorados”.

PLAZO DE UN AÑO

Como norma general, los procedimientos a los que da lugar el ejercicio del derecho de gracia son resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en ese plazo, según informa la página web de Justicia.

Sin embargo, en este caso, no se trata de que haya desestimado la petición, sino que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no ha recibido aún los informes pertinentes para poder tomar una decisión.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el 18 de mayo del pasado año ante el Ministerio de Justicia esta petición sobre la base de que la sentencia condenatoria había sido “manifiestamente desproporcionada”.

“La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma, es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción”, detallaba el escrito de 16 páginas dirigido a Gallardón.

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Magdalena Álvarez pide a la Audiencia anular el auto de imputación pues los delitos habrían "prescrito"

Magdalena Álvarez pide a la Audiencia anular el auto de imputación pues los delitos habrían "prescrito"

12 de septiembre de 2013

Magdalena Álvarez

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) – La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de imputación dictado por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares al entender que los presuntos delitos que se le atribuyen, como son los de prevaricación administrativa y malversación, habrían “prescrito”, motivo que junto a otros que alega le lleva a pedir la nulidad de la resolución judicial dictada por Mercedes Alaya.

En el recurso, adelantado por la cadena Ser y consultado por Europa Press, el abogado de Álvarez, Horacio Oliva, solicita por tanto la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa respecto a su representada “por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados”, pidiendo de manera subsidiaria que se revoque dicha resolución judicial “por falta de motivación” y que se devuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que “se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo”.

El letrado alega en el recurso que, en el auto por el que Alaya imputó tanto a Magdalena Álvarez como a otros 19 altos o exaltos cargos de la Junta, la juez ha “vulnerado” el derecho a la tutela judicial efectiva “por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación”, pues la decisión de imputar a todas estas personas no va acompañada de “la exigible argumentación fáctica y jurídica que permita conocer los términos en que tal imputación se sostiene”.

De este modo, dice que “el global encausamiento de 20 personas se sostiene sobre una genérica referencia a que, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido un uso indebido de las transferencias de financiación, dando lugar con ello a un déficit de control en el pago de las ayudas sociolaborales por parte del IFA/IDEA y la Consejería de Empleo; añadiéndose, respecto de mi representada, que su intervención se habría producido con la redacción” de la orden de 4 de junio de 2003 “donde se recoge el concepto presupuestario de la transferencia de financiación”.

“INDEFENSIÓN”

En este sentido, el abogado asevera que “si tan magro compendio de hecho apenas permite adivinar las razones que sustentan la imputación penal –no sólo por su escueta y genérica descripción sino también por su manifiesta carencia de todo viso delictivo–, tal pretensión deviene imposible ante la ausencia de toda mención a los concretos tipos delictivos que, pretendidamente, otorgan relevancia penal a tales hechos”, añadiendo que “brilla por su ausencia un mínimo juicio indiciario” que “permita al menos afirmar una cierta apariencia delictiva y justificar, con ello, la resolución que ahora combatimos”.

“El expuesto déficit de concreción fáctica y jurídica genera indefensión en mi representada, al desconocer los presupuestos en virtud de los que el Juzgado ha decidido dirigir el procedimiento penal contra ella”, dice el abogado de la exconsejera, quien abunda, respecto a este punto del recurso, en que la juez ha generado “indefensión” a su patrocinada “al desconocer frente a qué debe defenderse”.

Asimismo, el letrado rechaza “la existencia de todo indicio delictivo que permita vincular” la actuación de Magdalena Álvarez al frente de la Consejería de Hacienda con el objeto de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 6, pues “ninguna conclusión de esa índole cabe extraer ni del contenido del auto combatido ni de los informes institucionales a que el instructor parece remitirse”.

IMPUTACIÓN “INFUNDADA”

“Pese al margen de incertidumbre en que necesariamente hemos de movernos”, prosigue el letrado, “importa destacar que los hechos que parecen imputarse” a la exconsejera de la Junta se concretan en la aprobación de la orden de 4 de junio de 2003, “por la que, pretendidamente, se introducen las transferencias de financiación de las ayudas sociolaborales”. “Siendo ello así, y teniendo en cuenta la fecha del auto que ahora se recurre, tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación estarían prescritos”, argumenta.

Tras ello, el letrado asevera que la imputación de su cliente “resulta manifiestamente infundada” y se basa en “un endeble acervo jurídico”, punto en el que señala que “una imputación carente del mínimo soporte indiciario debe considerarse, por arbitraria, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva” recogido en el artículo 24.1 de la Constitución española.

El abogado pone manifiesto que, “de la exigua” enunciación fáctica plasmada en el auto “parece inferirse que la imputación dirigida contra Magdalena Álvarez se concretaría en que la finalidad que guió la inclusión de las transferencias de financiación en la orden de 4 de junio de la Consejería de Hacienda fue la de reducir los controles que debía efectuar la Intervención General de la Junta para así favorecer los pagos indebidos de ayudas sociolaborales efectuadas por el IFA/IDEA y la Consejería de Empleo”.

TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

En esta línea, dice que “no puede asignarse carácter delictivo a la utilización ‘per se’ de dicha figura presupuestaria como vehículo de financiación de un programa de ayudas sociolaborales”, ya que “por más que pueda resultar controvertida la naturaleza o finalidad de las transferencias de financiación, constituiría un error categorial derivar tal ausencia de clarificación conceptual una ilicitud jurídico-penal, convirtiendo lo que no es sino una discusión de índole técnico-presupuestaria en materia penal, y declarar como ‘ilegal’ lo que, todo lo más, pudiera calificarse de uso ‘inadecuado’ del instrumento presupuestario elegido por parte de la Consejería competente para ejecutar los créditos”.

A juicio del abogado, “no puede tildarse de ilegal una opción de financiación presupuestaria que ha sido plasmada, bajo la partida presupuestaria 31.L, en las sucesivas leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz desde el año 2002″, agregando que “por tautológico que suene, es la Ley la que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiación, por lo que resultaría lógicamente incongruente calificar como ‘ilegal’ lo que la Ley avala”. “Y si no hay ilegalidad alguna, desaparece ‘a limine’ todo viso de ilicitud penal, salvo que quisiera imputarse por prevaricación al Parlamento andaluz en su conjunto”.

En otro punto del recurso, el abogado de la exconsejera asevera que “la concreción de los conceptos asignados a las partidas presupuestarias, y con ello la forma de financiación del IFA/IDEA, no era competencia de la Consejería de Hacienda, sino de la de Empleo, que era la que proponía el sistema de financiación al IFA/IDEA y, con ello, la elección de la transferencia de financiación como vehículo para el pago de las ayudas sociolaborales”, a lo que se suma que, como consejera, su cliente “no tenía competencias para controlar o supervisar la gestión interna del gasto efectuado por cada Consejería ni debía conocer el procedimiento ni la aplicación y destino de las dotaciones económicas presupuestadas”.

“Es a los responsables del IFA/IDEA y de la Consejería de Empleo a quienes correspondía la gestión de los pagos de las ayudas sociolaborales”, subraya, resumiendo que “la única conclusión acorde a las leyes de la lógica y la experiencia” es que Magdalena Álvarez, “dado el ámbito objetivo de sus competencias, ni conoció ni pudo conocer que los pagos efectuados por la Consejería de Empleo a través del IFA/IDEA estuvieran siendo indebidamente ejecutados, ni que ello derivara en una presunta malversación del dinero público”, por lo que, “en consecuencia, no es dable atribuir a Álvarez responsabilidad alguna por los hechos que han dado lugar al procedimiento, debiendo por tanto anularse el auto en lo relativo a la imputación de mi representada”.

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Tasas: no íbamos tan desencaminados cuando la Audiencia Nacional las cuestiona

Tasas: no íbamos tan desencaminados cuando la Audiencia Nacional las cuestiona
La Audiencia Nacional, como se esperaba, ha presentado cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas porque entiende que puede condicionar el acceso a la tutela judicial. El auto de los magistrados de la Sala Séptima, de lo Contencioso Administrativo, … [+]
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La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

Por condicionar el acceso a la Justicia

6 de septiembre de 2013

Mazo con billetes

(EP).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la nueva ley de tasas judiciales al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un “impedimento innecesario” e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva.

Los magistrados preguntan al Alto Tribunal si la norma conculca cuatro artículos de la Carta Magna. En concreto, el precepto que garantiza la tutela judicial efectiva en el artículo 24.1, la igualdad de los españoles amparada en el 14, la promoción de las condiciones de igualdad contemplada en el 9.2 y el artículo 31.1 referido al sostenimiento de los gastos públicos.

En un auto, hecho público este viernes, la Sección Séptima eleva esta cuestión ante el recurso presentado por la mercantil Préstamos y Javaloyes S.L.U. y una vez que ha sido oído la recurrente, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

La resolución judicial admite que la exigencia de una tasa, dentro de “ciertos límites y procedimientos y circunstancias”, es “perfectamente” constitucional, pero advierte de que no puede serlo el hecho de que el gravamen condicione la posibilidad de acceder a los tribunales.

Trabas innecesarias y excesivas

En este contexto, expone que las consecuencias de la falta de pago pueden constituir trabas “innecesarias, excesivas” y carentes de “razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador”.

De este modo, explica que la finalidad de “subvenir” el coste que supone la Administración de Justicia es “lícita”, pero que los efectos de incumplir el pago del gravamen pueden “obstaculizar” el acceso a la Justicia.

La Sala entiende que la ley no tiene en cuenta la proporcionalidad que debe regir entre el fin perseguido, como es la financiación de la Administración de Justicia y los principios de capacidad económica, igualdad, equidad y justicia que debe presidir todo sistema tributario, tal y como señala el artículo 31 de la Constitución.

En este punto, la Sala recuerda que la asistencia jurídica gratuita no alcanza a la mayoría de la población, que “no hallándose comprendida en algunas en alguna de las situaciones legales para obtenerla, sin embargo tenga unos ingresos que superen los mínimos legales, pero con unos gastos corrientes que absorban sus ingresos, y que deberá hacer un desembolso personal para el pago previo de las tasas, no deducible en otros impuestos específicos, como sucede en las personas jurídicas”.

En materia de recursos, avisa de que la cuantía resulta en algunos casos “desproporcionada” y pone de relieve la reducción de asuntos que ya se está produciendo en el orden de lo Contencioso.

El auto, contra el que no cabe recurso, recuerda que en algunos casos las tasas por sí solas pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo “un impedimento innecesario y no justificado para poder acceder a obtener la tutela judicial efectiva”.

Las nuevas tasas judiciales, que entraron en vigor el pasado diciembre, han sido rechazadas por gran parte del sector jurídico, así como por sindicatos, asociaciones de consumidores y partidos de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista, la Generalitat de Cataluña, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona ya han preguntado al TC si los nuevos gravámenes se ajustan a los límites de la Ley Fundamental.

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La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales
(EP).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la nueva ley de tasas judiciales al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un "impedimento innecesario" e injustificado para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva.
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La Audiencia Nacional plantea cuestión de inconstitucionalidad por la Ley de Tasas Judiciales

La Audiencia Nacional plantea cuestión de inconstitucionalidad por la Ley de Tasas Judiciales
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse … [+]
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