El juez Santiago Pedraz se niega a archivar la causa sobre la muerte de Couso

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El juez de la Audiencia Nacional se ha negado a archivar la causa en la que se investiga la muerte del cámara de Telecino José Couso durante la guerra de Irak, al considerar que la limitación de la Justicia universal … [+]
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La Junta de Andalucía pide una fianza civil de 8,5 millones para un hijo de Ruiz-Mateos, que niega conocer a Lanzas

La Junta de Andalucía pide una fianza civil de 8,5 millones para un hijo de Ruiz-Mateos, que niega conocer a Lanzas

6 de marzo de 2014

Junta de Andalucía

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) – La acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros para Zoilo Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medida cautelar alguna para el imputado.

Abogados personados en el procedimiento han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Zoilo Ruiz-Mateos dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Durante su declaración, el imputado ha asegurado que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, pues “todo lo llevaba” su padre y él, como abogado, se dedicaba a coordinar los departamentos jurídicos de las empresas por los litigios contra el Estado por la expropiación de la antigua Rumasa.

Zoilo Ruiz-Mateos, al igual que ya hicieron en su día sus hermanos Javier y Pablo, ha asegurado no conocer al ‘conseguidor’ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas así como que se realizaran pagos en metálico o en dinero ‘B’ al mismo, mientras que también ha negado conocer la inclusión de ‘intrusos’.

José María Ruiz Mateos también estaba citado este miércoles para declarar como imputado, pero finalmente no ha comparecido ante la juez Alaya, quien sí ha tomado declaración a José Antonio Cuevas, uno de los dos ‘intrusos’ en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), a quien Alaya ha imputado delitos de malversación, tráfico de influencias y obtención ilegal de subvenciones, según el texto de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La magistrada considera que Cuevas, que trabajó en Viajes Marbesol y Autos Marbesol, fue contratado para el Hotel Cervantes “con el único fin de ser introducido en el ERE relativo a la misma aproximadamente cinco meses antes” de que, por parte del hotel, se presentara la correspondiente solicitud para el ERE –el 29 de marzo de 2006–, “y con el único e ilícito fin de ser introducido en el mismo y acogerse al plan social de prejubilaciones de sus trabajadores, para lo cual incluso se falsearían por la empresas sus datos laborales”.

Finalmente, comenzó a percibir las rentas derivadas de la póliza suscrita en septiembre de 2006, a razón de 1.400 euros mensuales hasta percibir 84.252,47 euros.

UN ‘INTRUSO’ “NO SABÍA MUY BIEN QUÉ ERA UN ERE”

El imputado, que ha aseverado que “no sabía muy bien qué era un ERE”, ha señalado en su declaración que el gerente de Autos Marbesol le ofreció ser contratado para el Hotel Cervantes y ser introducido en el ERE, explicándole que debía estar contratado en este hotel durante seis meses “para que fuera legal y poder acogerse” al expediente.

Ha asegurado que “no se lo creía, es decir, le sorprendió que pudiera ser posible, que pudiera ser contratado para poderse acoger a un ERE”, si bien “estaba más preocupado por la situación de Autos Marbesol, ya que o se vendía o cerraba en diciembre de ese mismo año”, tras lo que “tardó un mes hasta que fue contratado” en el hotel, donde desempeñó sus servicios en el parking chequeando la salida y entrada de los coches.

Asimismo, ha desvelado que, en la actualidad, “sigue cobrando y que nunca ha dejado de cobrar”, de manera que “tan solo cuando surgió el escándalo hubo unos meses en que se retrasaron y fueron a exigirle a Vitalia que les pagara, quien les dijo que ya habían adelantado dinero y que la Junta no les pagaba a ellos”.

La Fiscalía ha pedido para el ‘intruso’ una fianza civil de 84.252,47 euros, más el tercio legal, mientras que la Junta ha interesado una fianza civil de 221.572,76 euros, también más el tercio legal, ya que dicha cifra “se corresponde con el coste de la póliza y por tanto con el perjuicio sufrido por la Junta”.

LA IMPUTACIÓN DE LOS RUIZ-MATEOS

La juez imputó tanto a José María Ruiz-Mateos como a su hijo Zoilo la consecución de los ERE del Hotel Cervantes y de empresas del grupo como Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, lo que fue posible “a través del tráfico de influencias ejercido” por ambos y por Juan Lanzas, “a quien se le pagaría como ‘conseguidor’ ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE”.

La juez argumentó que José María Ruiz-Mateos “ostentaría la dirección” del grupo Nueva Rumasa “apoyado” por su hijo Zoilo, siendo ambos “quienes en última instancia tomaban las decisiones participando junto con otros miembros de la familia en la inclusión de los ‘intrusos’” en los ERE del Hotel Cervantes, Dhul o Complejo Bodeguero Bellavista, entre otros.

Hay que recordar que, en el caso de Javier y Pablo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó fianzas de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros en relación al ERE del Hotel Cervantes, donde fueron incluidos como ‘intrusos’ Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cuevas.

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Messi y su padre declaran este viernes como imputados por presunto fraude fiscal

Messi y su padre declaran este viernes como imputados por presunto fraude fiscal

27 de septiembre de 2013

Leo Messi

El futbolista del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Messi, declararán este viernes 27 de septiembre ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gavà (Barcelona) como imputados por un presunto delito de fraude fiscal de más de cuatro millones de euros en la gestión de sus derechos de imagen.

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la juez ha citado al padre del jugador a las 10.00 horas y a Leo Messi a las 11.00, tras suspender la fecha de la declaración prevista para el 17 del mismo mes, a petición del abogado de ambos, Cristóbal Martell.

Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, Martell pidió a la juez que instruye la causa posponer el interrogatorio que estaba previsto para el 17 de septiembre alegando problemas de agenda, ya que en la misma fecha tiene señalado otro juicio oral y la Ley da preferencia al señalamiento anterior que pesa sobre el letrado.

La juez los imputó después de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, que describe que la estrategia de Messi consistía en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales –Belice y Uruguay– y, paralelamente, formalizar contratos de licencia, agencia o prestación de servicio con otras ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, como Reino Unido y Suiza.

Los dos imputados ya consignaron el 14 de agosto en el juzgado de 5,01 millones de euros como “pago reparatorio” por el fraude de más de 4 millones, aunque este pago no les exime de dar explicaciones ante el juez por el presunto delito.

Poco después de sus imputaciones, el futbolista y su padre, Jorge Messi, se apresuraron a pagar a la Agencia Tributaria 10 millones de euros en declaraciones complementarias del IRPF por sus derechos de imagen correspondientes a 2010 y 2011.

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El juez Ruz pide investigar la destrucción de los discos duros de Bárcenas

El juez Ruz pide investigar la destrucción de los discos duros de Bárcenas
MADRID (Reuters) – El magistrado Pablo Ruz, que investiga la presunta contabilidad irregular en el Partido Popular, ha pedido a un juzgado que investigue la destrucción y modificación de los discos duros de dos ordenadores de Luis Bárcenas, el antiguo tesorero de la formación en el poder, por si fuera constitutivo de delito.
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Una juez argentina pide la extradición de cuatro exaltos funcionarios policiales por torturas en el franquismo

Una juez argentina pide la extradición de cuatro exaltos funcionarios policiales por torturas en el franquismo

19 de septiembre de 2013

Bandera Argentina

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – Una magistrada argentina ha solicitado, a través de Interpol, la extradición de exaltos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo en el marco de la causa que se sigue en Argentina contra los crímenes cometidos durante la dictadura española.

La resolución dictada por la juez María Servini de Cubría recoge la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

La resolución, que ha sido comunicada a las asociaciones que interpusieron la querella en Buenos Aires en 2010 tras el cierre de la causa en la Audiencia Nacional, supone “un primer paso que agrieta la impunidad del franquismo”, según ha comentado a Europa Press Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

“QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA COLABORE”

Según Silva, la “imputación” de los cuatro antiguos funcionarios policiales, “que utilizaron la Dirección General de Seguridad como centro de detención ilegal y tortura”, abre un proceso “que no sabemos a dónde llegará” pero que considera “un avance” por “calificar criminalmente estos hechos”.

“Es triste que sea la Justicia argentina, aquí ha sido imposible que esto ocurra”, ha lamentado Silva, a pesar de celebrar la noticia, y ha reclamado al Gobierno de España “que responda y colabore” a los requerimientos del tribunal argentino.

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Una juez no asociada de Madrid, la aspirante al CGPJ con más avales, por encima de presidentes de TSJ y miembros del TS

Una juez no asociada de Madrid, la aspirante al CGPJ con más avales, por encima de presidentes de TSJ y miembros del TS

16 de septiembre de 2013

Consejo General del Poder Judicial

En el listado figuran, entre otros, Grande Marlaska, las esposas de Conde Pumpido y José Antonio Alonso, y la juez María Tardón

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) – La magistrada Rocío Pérez Puig González, con 24 años de ejercicio y actualmente en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, encabeza, por número de avales, la lista definitiva de 54 jueces y magistrados que aspiran al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya está en manos de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para proceder este mes a la renovación de la institución.

Las Cortes Generales deben elegir 20 vocales, la mitad en el Congreso y la otra mitad en el Congreso. Se trata de doce jueces y magistrados propuestos por asociaciones y compañeros de profesión, y ocho juristas (catedráticos o profesionales del Derecho) promovidos por los grupos parlamentarios. El presidente de la institución y del Supremo, puesto que ocupa Gonzalo Moliner, se elige después y no pasa por las Cámaras.

Las Mesas del Congreso y del Senado han distribuido a los grupos un listado definitivo con 54 jueces y magistrados candidatos a convertirse en vocales del CGPJ –había 55 pero uno ha renunciado– un a vez que han pasado el filtro de la Junta Electoral, que debía comprobar los requisitos formales de presentación como encontrarse en activo, estar avalados por una asociación judicial o por más de 25 jueces en activo y que los avalistas no hayan respaldado a más de 12 candidatos cada uno.

Además, las Cámaras han abierto un plazo de 15 días hasta el 24 de septiembre, que es cuando expira el mandato del actual Consejo, para que los partidos propongan nombres para el cupo de juristas de reconocido prestigio.

Los juristas que optan a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han logrado un total de 2.925 avales para presentar su candidatura a pesar del boicot promovido por las asociaciones de jueces y magistrados, salvo la mayoritaria, que eran contrarias al nuevo modelo de órgano de gobierno de los jueces.

Según los datos obtenidos por Europa Press, una docena ha sido avalado por la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador y mayoritaria en la Carrera Judicial, cerca de una veintena no están asociados y otros tantos han presentado avales independientes aunque estén afiliados a las organizaciones que se autoexcluyeron del proceso. La asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente llamaron a no participar en las elecciones.

Algunos de los candidatos afiliados a alguna de estas tres organizaciones han logrado avales individuales hasta doblar y triplicar los 25 mínimos exigidos con la nueva ley.

APOYOS

Por número de apoyos, la lista de jueces y magistrados candidatos está encabezada por Rocío Pérez-Puig, de la Audiencia de Madrid, que con sus 210 avales supera al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, con 155 firmas y miembro de la APM; al presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel María Estrella Ruiz, que ha logrado 128 apoyos pese a no estar afiliado; y al presidente del Tribunal Superior de Navarra, Juan Manuel Fernández Martínez, miembro de la APM con 115 avales.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la única que ha participado en este proceso pues el resto ha renunciado a presentar propuestas, ha promovido una docena de candidatos, que no han tenido la necesidad de aportar avales.

Entre ellos un magistrado del Tribunal Supremo –José Manuel López García de la Serrana, que presidió la APM en una etapa anterior–, dos presidentes de Audiencia Provincial –Fernando Lacaba, de Girona, y Carmen Llompart, de Valencia–, y un presidente de sala de Tribunales Superiores –José Antonio Ballestero, del TSJ de Galicia–.

Otros magistrados del Supremo que aspiran a entrar en el CGPJ son Pilar Teso, Rafael Fernández Valverde, Joaquín Hueling, Wenceslao Olea y Clara Martínez de Careaga –esposa del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y miembro de Jueces para la Democracia–.

En la relación de aspirantes figuran también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa; la magistrada de lo social de Madrid Celima Gallego, esposa del exministro socialista José Antonio Alonso; el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que vuelve a competir; la juez de violencia de género de Madrid María Tardón, y los presidentes de las Audiencias Provinciales de Castellón y Pamplona, Carlos Domínguez y Esther Erice.

Y junto a ellos se encuentran el expresidente del TSJ del País Vasco Fernando Ruíz Piñeiro y la ex presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa y ex viceconsejera de Justicia vasca, María Victoria Cinto Lapuente; el exdecano de Palma, Pedro Barceló; el magistrado de la Audiencia de Huelva José Manuel Balerdi.

Además de seleccionar doce nombres de ese listado de jueces, los partidos deben proponer a ocho vocales de entre juristas de reconocido prestigio, para lo cual han de presentar candidatos y suplentes.

La reforma de la ley del CGPJ impulsada por el Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón introdujo este año un cambio en el sistema y es que el Consejo se puede dar por renovado y constituirse si al menos una de las dos Cámaras logra elegir sus diez vocales con como mínimo tres quintas partes de los votos; esto es algo que el PP puede hacer unilateralmente en el Senado, donde cuenta con una amplísima mayoría, aunque no en el Congreso.

Ese cambio ha sido muy criticado por el PSOE, que ya ha advertido al PP de que este punto de partida hace “muy difícil” la negociación para sumar los votos necesarios en el Congreso, tres quintas partes del Pleno. “Para que haya una negociación tiene que haber una mínima situación de igualdad entre las partes que se sientan a negociar”, y no la amenaza de que, si no hay acuerdo, se eligen los vocales en el Senado, aseguró recientemente a Europa Press Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso.

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