El Colegio de Abogados Penal Internacional critica las restricciones a la Justicia Universal

El Colegio de Abogados Penal Internacional critica las restricciones a la Justicia Universal
El Presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI), Luis del Castillo, ha manifestado la oposición del organismo que preside a las restricciones a la Justicia Universal aprobadas por el Gobierno español, en una carta remitida al ministro de Justicia, … [+]
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Liberadas en Somalia dos cooperantes españolas secuestradas en 2011

Liberadas en Somalia dos cooperantes españolas secuestradas en 2011
NAIROBI/MADRID (Reuters) – Dos cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras que fueron secuestradas en Kenia en octubre de 2011 cuando trabajaban en el campo de refugiados de Dadaab han sido liberadas en Somalia, informó la ONG y el Gobierno español.
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El Constitucional suspende la declaración soberanista catalana

El Constitucional suspende la declaración soberanista catalana
MADRID (Reuters) – El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso presentado por el Gobierno español contra la declaración soberanista del Parlamento catalán, lo que conlleva su suspensión, de acuerdo con una decisión conocida el miércoles.
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El Gobierno rechaza nuevas subidas de impuestos

El Gobierno rechaza nuevas subidas de impuestos
MADRID (Reuters) – El Gobierno español rechazó el viernes endurecer el IVA y el IRPF para corregir los desequilibrios de la economía, encabezados por el elevado déficit público, pero anunció ajustes en impuestos especiales y otros de menor repercusión pública.
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El TJUE avala que España exija a un banco establecido en Gibraltar datos para combatir el blanqueo

El TJUE avala que España exija a un banco establecido en Gibraltar datos para combatir el blanqueo

25 de abril de 2013

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves que España exija a un banco establecido en Gibraltar, Jyske, que operaba en España, información para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

La sentencia considera que la normativa española es “una medida proporcionada” porque todavía no existe un mecanismo eficaz que garantice una cooperación plena y competa entre los Estados miembros que permita luchar de modo eficaz contra estos delitos.

El caso se remonta a 2007, cuando las autoridades españolas solicitaron información a Jyske porque sospechaban que la entidad estaba siendo utilizada para operaciones de blanqueo de capitales en el marco de sus actividades desarrolladas en España.

El mecanismo empleado con este fin era la creación en Gibraltar de estructuras societarias por las que se pretendía evitar que se pudiera conocer la identidad del propietario real de inmuebles adquiridos en España, esencialmente en la Costa del Sol, así como el origen de los fondos utilizados.

En junio de 2007, Jyske transmitió una parte de la información solicitada, pero se negó a comunicar los datos relativos a la identidad de sus clientes y las copias de las operaciones sospechosas realizadas en España invocando la normativa sobre el secreto bancario aplicable en Gibraltar. Por ello, el Gobierno español le impuso dos amonestaciones públicas y dos sanciones económicas por un importe total de 1,7 millones de euros.

La entidad recurrió ante la justicia española alegando que, de acuerdo con las normas de la UE, sólo tenía obligación de informar a las autoridades de Gibraltar y no a las autoridades españolas. El caso está en el Tribunal Supremo, que ha dirigido una cuestión prejudicial a la justicia europea.

En su dictamen de este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE señala que la normativa europea “no prohíbe expresamente” que las entidades de crédito que ejercen actividades en España comuniquen directamente a las autoridades españolas la información requerida a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

“Por tanto, la directiva no se opone, en principio, a la normativa española”, dice el TJUE. A juicio del Tribunal, la restricción a la libre prestación de servicios que supone esta legislación “puede estar justificada por una razón imperiosa de interés general como la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Además, es proporcionada dado que no existe una “cooperación plena y completa” entre las autoridades nacionales que permita luchar con eficacia contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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