Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

30 de septiembre de 2013

 Baltasar Garzón

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón espera desde hace un año una respuesta a la petición de indulto que presentó en su nombre la asociación de juristas europeos Medel, solicitando la remisión total de la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ y sus abogados.

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes del Tribunal Supremo y la Fiscalía para decidir si le indulta

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes pertinentes del Alto Tribunal y de la Fiscalía sobre la conveniencia o no de conceder el indulto a Garzón, que, en todo caso, no son vinculantes.

Según informaron a Europa Press fuentes de Justicia, el Ministerio inició la tramitación del proceso el 29 de junio de 2012 cuando remitió un oficio al tribunal sentenciador, una vez que Garzón confirmó que la solicitud de la medida de gracia contaba con su consentimiento.

Justicia recibió unos días antes la misiva del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expresando que, aunque la petición era “libre y soberana”, contaba con su aval y agradecía a la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) su iniciativa acompañada de “argumentos dignos de ser valorados”.

PLAZO DE UN AÑO

Como norma general, los procedimientos a los que da lugar el ejercicio del derecho de gracia son resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en ese plazo, según informa la página web de Justicia.

Sin embargo, en este caso, no se trata de que haya desestimado la petición, sino que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no ha recibido aún los informes pertinentes para poder tomar una decisión.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el 18 de mayo del pasado año ante el Ministerio de Justicia esta petición sobre la base de que la sentencia condenatoria había sido “manifiestamente desproporcionada”.

“La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma, es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción”, detallaba el escrito de 16 páginas dirigido a Gallardón.

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El Consejo de Ministros prevé aprobar la reforma de pensiones para su remisión a las Cortes

El Consejo de Ministros prevé aprobar la reforma de pensiones para su remisión a las Cortes

27 de septiembre de 2013

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el proyecto de ley que regula el nuevo modelo de revalorización anual de las pensiones, desvinculado del IPC, y el factor de sostenibilidad para su posterior remisión a las Cortes, donde será debatido y sometido al habitual trámite de enmiendas.

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Apenas unas horas antes de su aprobación, el Gobierno tendrá en sus manos el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) analizando el anteproyecto que les fue remitido hace diez días y que, según fuentes consultadas por Europa Press, es crítico con la idea de que esta reforma pueda hacer perder poder adquisitivo a los pensionistas.

En cualquier caso, los dictámenes que emite el CES son preceptivos, pero no vinculantes para el Gobierno.

El nuevo índice de revalorización de las pensiones, que empezará a aplicarse en 2014, tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medias de once ejercicios.

Además, tendrá un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

2014: ¿MÁS DE UN 0,25%?

El Gobierno aún no ha desvelado si incrementará las pensiones un 0,25% el próximo año, el mínimo que contempla la reforma de las pensiones para años de especial dificultad, o si la revalorización será superior.

Y es que, según explican fuentes del Ministerio de Empleo, con este nuevo modelo los gobiernos no necesariamente tendrán que subir las pensiones de acuerdo con ese mínimo del 0,25% cuando el sistema esté en déficit, puesto que en la fórmula del índice de revalorización se incluye una variable relacionada con el ritmo al que se decida reducir estos desequilibrios y que hará que el ajuste sea más o menos brusco.

Además, cabe la posibilidad de que, respetando la revalorización que resulte de la aplicación del nuevo índice, las pensiones mínimas se incrementen más y se compensen con una menor revalorización del resto, posibilidad ésta que lógicamente no será posible si el porcentaje resultante es el mínimo.

El Gobierno estima que la aprobación en sus actuales términos de la reforma de las pensiones permitirá a la Seguridad Social ahorrar 810 millones de euros ya en 2014 con la aplicación del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones.

Desde 2015 estos cambios permitirían aumentar el ahorro de forma progresiva hasta alcanzar alrededor de 5.000 millones de euros anuales a partir de 2019, cuando también entre en vigor el factor de sostenibilidad (FS), hasta 2022. En total, 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años.

EN BUSCA DEL MAYOR CONSENSO

El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la evolución demográfica.

Tras la aprobación del proyecto, el Gobierno abrirá ahora un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos para poder incorporar al texto propuestas que lo enriquezcan. El Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.

Al respecto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, subrayó hace unos días que la voluntad del Gobierno es la de buscar el mayor consenso sobre un tema “capital” como el sistema de pensiones, que es el “corazón” del Estado del Bienestar.

En este sentido, Báñez hizo un llamamiento a la “responsabilidad” de los agentes sociales y políticos porque ha llegado el momento del “diálogo hasta el final”.

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Messi y su padre declaran este viernes como imputados por presunto fraude fiscal

Messi y su padre declaran este viernes como imputados por presunto fraude fiscal

27 de septiembre de 2013

Leo Messi

El futbolista del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Messi, declararán este viernes 27 de septiembre ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gavà (Barcelona) como imputados por un presunto delito de fraude fiscal de más de cuatro millones de euros en la gestión de sus derechos de imagen.

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la juez ha citado al padre del jugador a las 10.00 horas y a Leo Messi a las 11.00, tras suspender la fecha de la declaración prevista para el 17 del mismo mes, a petición del abogado de ambos, Cristóbal Martell.

Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, Martell pidió a la juez que instruye la causa posponer el interrogatorio que estaba previsto para el 17 de septiembre alegando problemas de agenda, ya que en la misma fecha tiene señalado otro juicio oral y la Ley da preferencia al señalamiento anterior que pesa sobre el letrado.

La juez los imputó después de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, que describe que la estrategia de Messi consistía en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales –Belice y Uruguay– y, paralelamente, formalizar contratos de licencia, agencia o prestación de servicio con otras ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, como Reino Unido y Suiza.

Los dos imputados ya consignaron el 14 de agosto en el juzgado de 5,01 millones de euros como “pago reparatorio” por el fraude de más de 4 millones, aunque este pago no les exime de dar explicaciones ante el juez por el presunto delito.

Poco después de sus imputaciones, el futbolista y su padre, Jorge Messi, se apresuraron a pagar a la Agencia Tributaria 10 millones de euros en declaraciones complementarias del IRPF por sus derechos de imagen correspondientes a 2010 y 2011.

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Las diez claves de la Ley de Emprendedores

Las diez claves de la Ley de Emprendedores
Aprobada por el Congreso de los Diputados, la nueva Ley de Emprendedores y su internacionalización pretende potenciar la actividad emprendedora como “motor de crecimiento y base del empleo”, según fuentes del Ministerio de Empleo. Una norma muy esperada que afectará directamente a los más de tres millones de autónomos que existen en nuestro país.
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El TC retoma la discusión del texto que previsiblemente rechazará la recusación de su presidente

El TC retoma la discusión del texto que previsiblemente rechazará la recusación de su presidente

17 de septiembre de 2013

Tribunal Constitucional

Generalitat y Parlamento de Cataluya piden que se le aparte de un total de 26 recursos abiertos entre Cataluña y el Gobierno

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Constitucional reanudará este martes el Pleno en el que, previsiblemente, se rechazarán las recusaciones a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por haber militado en el Partido Popular, que fueron planteadas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en relación con un total de 26 recursos que enfrentan en este órgano a Cataluña y al Gobierno.

Según informaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal, lo previsible es que durante esta semana, probablemente mañana, se consensúe el texto por el que una amplia mayoría de magistrados, formada tanto por conservadores como por progresistas, se opondrán a aceptar los argumentos del Gobierno Catalán.

La pasada semana se puso de manifiesto este apoyo al presidente, ya que todos los magistrados se habrían posicionado en favor de su presidente con excepción de Luis Ortega, perteneciente al ala más progresista del órgano. Sin embargo, no llegó a alcanzarse un texto consensuado sobre los términos exactos de la resolución, cuya ponencia ha correspondido a la vicepresidenta Adela Asúa.

Al igual que ocurrió la semana pasada, Pérez de los Cobos abandonará la sesión cuando sus compañeros inicien el debate sobre su recusación.

Entre los litigios referidos a Cataluña que el Constitucional tiene encima de la mesa se encuentra la impugnación del Ejecutivo central a la declaración soberanista aprobada en enero por el Parlamento catalán, además de los recursos interpuestos por los parlamentarios ‘populares’ contra la ley catalana de educación, la norma por la que se prohibieron los toros o la ley del cine catalán.

La militancia política de Pérez de los Cobos ha servido de base para que el Parlamento y el Gobierno catalán sospechen de su imparcialidad a la hora de intervenir en reclamaciones planteadas por el PP.

RECUSACIONES PENDIENTES

Aunque no es la única recusación pendiente por analizar contra Pérez de los Cobos. El exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el ex secretario general del LAB, Rafael Díez, también consideran que su afiliación en la formación conservadora puede contaminar la sentencia que dicte el TC sobre el ‘caso Bateragune’, según confirmaron a Europa Press fuentes de su defensa.

Ambos presentaron un recurso de amparo contra la resolución del Tribunal Supremo que les condenaba a seis años y medio de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista cometido al intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto denominado ‘Bateragune’.

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también pidió la nulidad de la resolución en la que el Constitucional inadmitió su recurso de amparo presentado contra la sentencia que le inhabilitó por las escuchas de la trama Gürtel, aunque tanto este como la petición de los condenados por Bateragune se dirimirán en otra sesión.

Otras instituciones como el Gobierno andaluz o el Principado de Asturias, en manos de los socialistas, también anunciaron su intención de recusar a Pérez de los Cobos, aunque todavía no han llegado al órgano judicial. El PSOE ha cuestionado además que haya asesorado al PP en varias legislaturas y haya sido coautor de propuestas incluidas después en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central.

Pérez de los Cobos aseguró hace unos días que no tiene “duda” de que seguirá en el cargo y añadió que la institución que él dirige resolverá los recursos presentados contra la reforma laboral basándose en criterios “estrictamente jurídico-constitucionales”, desde “la premisa” de que la Constitución Española es “es un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas de muy diverso signo” y desde “el imperativo categórico” de “respecto esencial” al contenido de los derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional ha dejado de tener mayoría progresista por primera vez en una década desde que fue renovado el pasado junio. Los conservadores son siete frente a cinco, una proporción que hasta ahora era en sentido contrario.

Tras los últimos nombramientos a cuenta del CGPJ y el Gobierno, el Tribunal Constitucional que tiene sobre la mesa muchas de las últimas reformas del Ejecutivo cuenta con un sólido bloque de ‘tendencia conservadora’, integrado por Santiago Martínez-Vares, Enrique López, Pedro González Trevijano y los ya magistrados Francisco Pérez de los Cobos, Francisco Hernando, Juan José González Rivas y Andrés Ollero.

Frente a estos siete se sitúa un ala de tendencia más progresista encabezada por los actuales magistrados Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Fernando Valdés, la designada con el apoyo de CiU Encarnación Roca y Juan Antonio Xiol.

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Justicia cierra la reforma del Código Penal, que podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros

Justicia cierra la reforma del Código Penal, que podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros
El Ministerio de Justicia ha cerrado la redacción del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, que podría llevar este mismo viernes al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
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Blesa pide que la Audiencia Nacional no asuma la investigación que abrió el juez Silva

Blesa pide que la Audiencia Nacional no asuma la investigación que abrió el juez Silva

6 de septiembre de 2013

Miguel Blesa

El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa se ha opuesto a que la Audiencia Nacional asuma la causa que abrió el juzgado de Madrid del que era titular Elpidio José Silva, a día de hoy suspendido de sus funciones por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La defensa ha presentado un escrito ante el juez Fernando Andreu en el que rechaza la admisión de la petición efectuada el pasado mes de julio por Unión Progreso y Democracia (UPyD), que reclamaba que se hiciera a cargo de la investigación por la compra del City National Bank y el crédito de 26,6 millones de euros concedido a quien fuera jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán.

El banquero remarca que la Audiencia Provincial de Madrid anuló este caso y añade que no tiene ningún punto de conexión con la investigación abierta en su contra en la Audiencia Nacional sobre el diseño y la comercialización de participaciones preferentes.

Recuerda que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya rechazó acumular la querella presentada contra Blesa y Díaz Ferrán por Manos Limpias a la causa principal en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

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Gallardón reinicia el curso político ultimando un nuevo Código Penal más eficaz contra la corrupción

Gallardón reinicia el curso político ultimando un nuevo Código Penal más eficaz contra la corrupción

2 de septiembre de 2013

Alberto Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, arranca el curso político ultimando la ley que reforma un Código Penal que pone el acento en la lucha contra la corrupción y que presentará en las “próximas semanas” ante el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Justicia estudia ahora las modificaciones planteadas desde el Consejo de Estado antes de llevar el texto “definitivo” al Consejo de Ministros, el cual ya tuvo oportunidad de analizar un primer anteproyecto el pasado mes de octubre.

Este será uno de los primeros articulados que presente Gallardón en la vuelta de las vacaciones después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy diera prioridad a la reforma del Código Penal frente a la anunciada revisión de la Ley del Aborto, que, en todo caso, se aprobará antes de que finalice el año.

Según fuentes del departamento, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.

Por ejemplo, el texto propuesto simplifica el delito de cohecho para “incrementar su eficacia como instrumento de lucha contra la corrupción”. Así, se sanciona la aceptación, recepción o solicitud de la dádiva o el soborno sin vincularlo al acto que realiza después el funcionario. Hasta ahora, se debía acreditar la conexión entre el soborno y la actuación del empleado público.

PERJUICIO PARA LOS ACREEDORES

Un nuevo capítulo, denominado ‘Frustración de la ejecución’, castigará con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien oculte bienes durante un procedimiento judicial, disponga de su patrimonio o contraiga obligaciones con el fin de dificultar o impedir el embargo o las medidas cautelares adoptadas por el juez, eludiendo así el pago de la responsabilidad civil derivada del delito imputado.

En este sentido, se impone cárcel o multa a quien presente una relación de bienes o de patrimonio “incompleta o mendaz” para evitar satisfacer a sus acreedores, según contempla el anteproyecto enviado al Consejo de Estado recogido por Europa Press.

Otras figuras también sancionan la falta de diligencia en las gestiones realizadas en un contexto de crisis económica poniendo en peligro los intereses de los acreedores y asumiendo un “riesgo no permitido”.

Recae así una pena de uno a cuatro años de cárcel para el deudor que, en situación de insolvencia “actual o inminente”, impida conocer al acreedor su verdadera situación económica o haga mermar indebidamente el patrimonio, que es garantía del cumplimiento de las obligaciones.

Entre otros actos, se castiga la asunción de deudas o la transferencia de dinero que no guarde proporción con la situación patrimonial del deudor ni con sus ingresos, y que “carezca de justificación económica o empresarial”. La doble contabilidad, la alteración de los libros contables o la formulación de cuentas que impida conocer la situación real del deudor también tiene su respuesta penal.

La reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos que cause un perjuicio para el patrimonio público. Además castiga como administración desleal a quien “quebrante su deber de lealtad” como administrador o abusa de sus funciones realizando actuaciones para las que no había sido autorizado.

Finalmente, se amplía el comiso para extenderlo a los bienes de terceras personas a las que hayan podido ser transferidos los bienes y regulando el comiso sin sentencia de condena en los casos donde no sea posible el enjuiciamiento del acusado durante un período de tiempo “muy prolongado” –normalmente porque ha huido– y existe un peligro evidente de que puedan prescribir los hechos de los que esos bienes o efectos proceden.

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El Consejo de Ministros aprobará hoy el reglamento de la CNMC, el nuevo superregulador

El Consejo de Ministros aprobará hoy el reglamento de la CNMC, el nuevo superregulador

30 de agosto de 2013

El Consejo de Ministros aprobará este viernes, previsiblemente, el reglamento que determinará las funciones y regulará el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el nuevo superregulador, cuyo ámbito de actuación se extenderá a varios sectores de actividad, informaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

Consejo de Ministros

La CNMV, cuya regulación fue aprobada por las Cortes el pasado mes de mayo y que el Gobierno se comprometió a poner en marcha el 5 de octubre, unifica a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).

Para su funcionamiento se nombrará a los diez consejeros del Pleno por mandatos improrrogables de seis años, y su renovación se producirá parcialmente. El nombramiento se hará a propuesta del Ministerio de Economía aunque la Comisión de Economía del Congreso tendrá potestad para vetarlos.

Fuentes parlamentarias indicaron a Europa Press que CiU y el PNV estarán representados en el organismo por el exalcalde de L’Escala Josep María Guinart y por la exvicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia.

Asimismo, han confirmado que el Gobierno propondrá para su nombramiento a dos vocales próximos al PSOE, de perfil técnico y no político, y que actualmente estarían desempeñando labores en la Comisión Europea.

Por su parte, fuentes socialistas explicaron a Europa Press que la falta de acuerdo con el Gobierno para elegir a los consejeros de la nueva CNMC se debe a que no ofrecía una “proporcionalidad suficiente”, ya que sólo se cedía al partido mayoritario de la oposición la elección de dos de los diez consejeros.

En cualquier caso, el PSOE recuerda que desde el primer momento mostraron su desacuerdo con el modelo de comisión planteado por el Ejecutivo, porque “no es bueno concentrar en un mismo órgano la tarea regulatoria de los mercados con la tarea de vigilancia de la competencia global”, e insiste en que habría sido mejor un modelo ’1+3′ manteniendo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y aglutinando el resto de organismos en tres comisiones.

El Pleno del organismo se encargará de formular las cuentas y aprobar el reglamento interno, presentar los planes de actuación y las memorias, hacer nombramientos y dirimir los casos en los que haya divergencia de criterios. Asimismo, adoptará las funciones que, por su especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados, recabe para sí por mayoría de seis votos a propuesta del presidente o de tres consejeros.

DOS SALAS DE CINCO MIEMBROS

Para su funcionamiento diario, la CNMC trabajará con dos salas, cada una con cinco miembros nombrados por el Pleno y que deberán ir rotando según la periodicidad que se determine. La Sala de la Competencia estará presidida por el presidente, mientras que la Sala de Regulación Sectorial la dirigirá el vicepresidente. Ambas conocerán todos los asuntos y, reglamentariamente, se determinará las materias sobre las que, correspondiendo a una, se debe mantener informada también a la otra.

Además habrá cuatro directores de instrucción nombrados por el Pleno y no por el Gobierno, que asegura que todos los miembros de la CNMC serán “profesionales de reconocido prestigio”.

Aunque la sede principal de la Comisión estará en Madrid, se mantendrá en Barcelona la Dirección Estratégica de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales, y se deja abierta la posibilidad de establecer más subsedes en otras ciudades. Según el Gobierno, con la puesta en marcha de este nuevo organismo se ahorrarán 28 millones de euros anuales.

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Occidente podría atacar Siria en días, según dicen enviados a los rebeldes

Occidente podría atacar Siria en días, según dicen enviados a los rebeldes
AMAN/BEIRUT (Reuters) – Las potencias occidentales podrían atacar Siria en los próximos días, dijeron enviados de Estados Unidos y sus aliados a los rebeldes que luchan contra el presidente Bashar el Asad, según información entregada el martes a Reuters de fuentes que asistieron a una reunión entre las partes.
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