Asociaciones de jueces critican al presidente del CGPJ por "menospreciar e insultar" a la carrera judicial

Asociaciones de jueces critican al presidente del CGPJ por "menospreciar e insultar" a la carrera judicial

La Francisco de Vitoria pide su dimisión al entender que concibe al juez “como un burro de carga”

18 de marzo de 2014

Consejo General del Poder Judicial

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) – Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia han criticado este lunes al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por unas recientes declaraciones de éste en las que, según ellos, “menosprecia e insulta” a la carrera judicial.

En sendos comunicados, estas asociaciones de jueces censuran unas declaraciones de Lesmes en ‘El Mundo’ en las que sostiene que el CGPJ se crea para dos funciones que no pueden estar en manos del Gobierno, en referencia al nombramiento de cargos judiciales y, dice, “el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria”.

Es esto último lo que ha rebelado a las asociaciones de jueces, llegando la Francisco de Vitoria ha pedir su renuncia al cargo. La asociación ha pedido que “se retracte públicamente de sus torpes y denigrantes manifestaciones, y pida disculpas, también públicamente, a la carrera judicial a la que ha menospreciado e insultado”.

“Entendemos –continúa la Francisco de Vitoria– que el señor Lesmes carece de toda aptitud y actitud para seguir ostentado el cargo de presidente del CGPJ, por lo que le invitamos a que presente formalmente su renuncia”. Además, reclaman al pleno del Consejo a que se pronuncien y reparen el “grave desprestigio” causado a jueces y magistrados.

Jueces para la Democracia recuerda que Lesmes ocupó “cargos políticos de confianza” para gobiernos del PP y pone en entredicho su actuación al frente del Tribunal Supremo y el CGPJ por “reprochar a integrantes de la judicatura que expresen sus opiniones o suscriban manifiestos” cuando “él se prodiga en expresar las suyas sobre los mismos asuntos”.

Al recurrir a la metáfora del palo y la zanahoria, sostiene Jueces para la Democracia, Lesmes ha dado muestras de su “mentalidad autoritaria desde la que no duda en hostigar las opiniones ajenas”. “A quienes comulgan con sus puntos de vista se les ofrece la zanahoria, en forma de premios y nombramientos; a quienes tienen legítimamente otra forma de pensar se les persigue con el palo”, aseguran.

Ambas asociaciones ven en estas últimas declaraciones de Lesmes una “grosería inaceptable” y una “concepción clientelar del poder” y, en el caso de la Francisco de Vitoria, lo relacionan con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y su pretendido “afán partidista de control del CGPJ, del que dependen la promoción profesional y el castigo disciplinario de los jueces, como mecanismo para el control de los mismos”.

Noticia original

Un total de seis candidatos optan a la presidencia de la Audiencia Nacional, tres de ellos magistrados de este órgano

Un total de seis candidatos optan a la presidencia de la Audiencia Nacional, tres de ellos magistrados de este órgano

14 de marzo de 2014

Audiencia Nacional

(EP).- Un total de seis magistrados optan a presidir la Audiencia Nacional en sustitución de Ángel Juanes, que fue nombrado vicepresidente del Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre. De ellos, tres son actualmente magistrados de este órgano.

Estos tres magistrados son los jueces centrales de instrucción Fernando Andreu e Ismael Moreno y el integrante de la Sección Primera de la Sala de lo Penal Javier Martínez Lázaro.

Los tres otros aspirantes, son el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias José Ramón Navarro, el juez de enlace de España en Francia Juan Pablo González y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Ignacio Espinosa, quien fue candidato por el PP para formar parte del Tribunal Constitucional.

Pleno de abril

Al tratarse de una plaza de carácter gubernativo, todos los candidatos deberán ser entrevistados en las próximas semanas por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tras analizar sus candidaturas propondrá una terna de nombres de los que saldrá el del nuevo presidente de la Audiencia Nacional.

Fuentes del Consejo han señalado a Europa Press que, a falta de sustanciar todos estos trámites, es probable que el asunto no se lleve al Pleno del órgano de gobierno de los jueces hasta su sesión del mes de abril. El elegido ocupará la plaza que actualmente ocupa en funciones el presidente de lo Social de la Audiencia Nacional Ricardo Bodas.

Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, es el magistrado encargado del caso Bankia, en el que investiga, por un lado, a la excúpula de la entidad con Rodrigo Rato a la cabeza por la salida a Bolsa del banco, y por otra la comercialización de las preferentes por parte de las cajas que la integraron.

Su Juzgado se encarga también de la operación Emperador en la que se desarticuló la red dedicada al blanqueo de capitales encabezada por el ciudadano chino Gao Ping.

Por su parte el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ordenó a instancias de la Sala de lo Penal la detención del expresidente de China Jian Zeming en el marco de una investigación sobre la comisión de delitos de genocidio contra la población del Tibet.

Noticia original

El TSJA declara "ajustado a derecho" el ERE de Mercasevilla de 2013

El TSJA declara "ajustado a derecho" el ERE de Mercasevilla de 2013

14 de marzo de 2014

TSJ Andalucía

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) – La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), finalmente, ha desestimado la demanda colectiva promovida contra el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado en agosto de 2013 por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, declarando “ajustada a derecho la decisión extintiva” acordada por esta empresa mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa.

Este ERE supuso el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que estipula la legislación laboral.

A través de una sentencia emitida el 6 de marzo y recogida por Europa Press, la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz resuelve la demanda colectiva contra estos despidos que comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto de 2013, la jornada en la que, precisamente, entraba en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado del mercado central, extremo que implicaba el pago de una tasa por parte de los empresarios mayoristas de pescado.

La liberalización de los servicios de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye el eje del conflicto. El Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las exigencias y dictámenes de las instituciones y normativas europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido nunca ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este aspecto.

LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS

Fuere como fuere, en 2013 el Consistorio hispalense promovió y aprobó definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla liberalizando los servicios que los trabajadores de la empresa prestaban en la lonja de pescado, extremo que entró en vigor el pasado 12 de agosto de 2013. Los mayoristas de pescado, así obtenían libertad para contratar de cualquier manera las labores de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas. En paralelo, y dada la incidencia de este aspecto sobre su plantilla, Mercasevilla impulsó y consumó un expediente de regulación de empleo saldado con 129 despidos con indemnizaciones de 20 días por año de trabajo, siendo la mayoría de los afectados trabajadores ligados a la lonja de pescado.

La sentencia del TSJA, de cualquier modo, explica que los empresarios mayoristas de pescado se oponían “al menos desde 1987″ a la “obligatoriedad” de que fuese la plantilla de Mercasevilla la encargada de realizar estos servicios, toda vez que este extremo implicaba para el colectivo de empresarios una tasa correspondiente al 3,6 por ciento de sus ventas. En ese sentido, y en cuanto a la demanda colectiva promovida por los trabajadores despedidos contra Mercasevilla, el Ayuntamiento, la asociación de mayoristas de pescado, los propios mayoristas y las empresas ‘Grudescase S.C.A.’ y ‘Gesico Sistemas S.L.’, la sentencia zanja que todos ellos, a excepción de la propia Mercasevilla, “carecen de vinculación con los demandantes” y, por tanto, no tiene “interés” que figuren en el pleito.

“La obligatoriedad de los ayuntamientos de prestar el servicio en los mercados se limita a controlar la salubridad e higiene de los productos y fomentar la competencia entre los empresarios (…), pero no alcanza a que se imponga la utilización obligatoria de determinado personal por parte de los empresarios mayoristas”, explica la sentencia sobre el rol del Ayuntamiento, toda vez que Mercasevilla “no está integrada en la estructura orgánica y funcional” del Ayuntamiento pese a que el mismo es su socio mayoritario.

CAUSAS “NOTORIAS”

Sobre las causas de los despidos, la sentencia considera que “son de todo punto notorias” dada “la precaria situación económica de la empresa”, con rentabilidades de un 147 por ciento en negativo en 2012 y de un 345 por ciento en negativo en 2010, por ejemplo. “Es una rentabilidad empresarial a todas luces insostenible, siendo una situación que no se puede perpetuar por el hecho de que no está peor que otros años”, expone el TSJA considerando “acreditada la situación económica negativa” esgrimida para los despidos y que constituye “motivo suficiente” para justificar los mismos.

En cuanto al periodo de consultas del expediente de regulación de empleo, la sentencia expone que los representantes de los trabajadores “sólo ofertaron una reducción de jornada a 30 horas semanales con reducción salarial sin efectos posteriores y extinciones a 45 días por año de servicio, como si de despidos improcedentes se tratase”. “Es evidente que esta propuesta no se puede asumir por una empresa deficitaria que va a ir a peor al desaparecer la obligatoriedad de que los mayoristas abonen las tasas, lo que supone la pérdida de un ingreso fijo fundamental”, avisa el fallo. “La voluntad negociadora de los representantes de los trabajadores era más bien nula o poco escasa”, critica además la sentencia.

Sobre el quid del asunto, la liberalización de los servicios de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas, la sentencia descarta “fraude o abuso de derecho”, pues se trata de una operación promovida por el Ayuntamiento dentro de sus propias “competencias”. Así, el TSJA, a través de esta sentencia susceptible de recurso de casación, desestima la demanda colectiva y declara “ajustada a derecho la decisión extintiva”.

Noticia original

Ruiz-Mateos asegura que, de nuevo, no comparecerá ante la juez Alaya porque "no cree" en la Justicia

Ruiz-Mateos asegura que, de nuevo, no comparecerá ante la juez Alaya porque "no cree" en la Justicia

12 de marzo de 2014

José María Ruiz-Mateos

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, a quien la juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha citado a declarar como imputado este miércoles bajo la advertencia de que, en caso de que nuevamente no comparezca, “la orden de citación podrá convertirse en orden de detención”, ha hecho público un comunicado en el que asegura que “no irá a Sevilla a declarar” porque “no cree en la Justicia, y si la hubiera, ni en su honorabilidad”.

En una nota remitida a los medios de comunicación, Ruiz-Mateos dice que “31 años es tiempo de sobra para que cualquier juez decente hubiese investigado el robo de un patrimonio que me pertenece y con unas migas de mi trabajo empresarial y financiero ya estarían resueltos los problemas actuales y satisfechos los pagos a inversores”. “No hay denominación para tanta injusticia constante”, asevera.

“No creo en la Justicia ni en la honorabilidad de los jueces”, por lo que “reitero que no iré a Sevilla a declarar, así me ajusticien en plaza pública o me lleven a la picota del descrédito y la trampa permanente”. “Haga lo que haga, me quedo en esta casa que no es mía esperando que me detengan, lo único que puedo aguardar en este maravilloso país tomado por sinvergüenzas de la política, la banca y la judicatura”, dice.

“Que no me esperen en Sevilla que llevo soportando yo 31 años con la esperanza de un resquicio de mínima honradez que no hubo nunca”, concluye el comunicado.

Noticia original

La Junta de Andalucía pide una fianza civil de 8,5 millones para un hijo de Ruiz-Mateos, que niega conocer a Lanzas

La Junta de Andalucía pide una fianza civil de 8,5 millones para un hijo de Ruiz-Mateos, que niega conocer a Lanzas

6 de marzo de 2014

Junta de Andalucía

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) – La acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros para Zoilo Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medida cautelar alguna para el imputado.

Abogados personados en el procedimiento han informado a los periodistas de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Zoilo Ruiz-Mateos dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Durante su declaración, el imputado ha asegurado que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, pues “todo lo llevaba” su padre y él, como abogado, se dedicaba a coordinar los departamentos jurídicos de las empresas por los litigios contra el Estado por la expropiación de la antigua Rumasa.

Zoilo Ruiz-Mateos, al igual que ya hicieron en su día sus hermanos Javier y Pablo, ha asegurado no conocer al ‘conseguidor’ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas así como que se realizaran pagos en metálico o en dinero ‘B’ al mismo, mientras que también ha negado conocer la inclusión de ‘intrusos’.

José María Ruiz Mateos también estaba citado este miércoles para declarar como imputado, pero finalmente no ha comparecido ante la juez Alaya, quien sí ha tomado declaración a José Antonio Cuevas, uno de los dos ‘intrusos’ en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), a quien Alaya ha imputado delitos de malversación, tráfico de influencias y obtención ilegal de subvenciones, según el texto de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La magistrada considera que Cuevas, que trabajó en Viajes Marbesol y Autos Marbesol, fue contratado para el Hotel Cervantes “con el único fin de ser introducido en el ERE relativo a la misma aproximadamente cinco meses antes” de que, por parte del hotel, se presentara la correspondiente solicitud para el ERE –el 29 de marzo de 2006–, “y con el único e ilícito fin de ser introducido en el mismo y acogerse al plan social de prejubilaciones de sus trabajadores, para lo cual incluso se falsearían por la empresas sus datos laborales”.

Finalmente, comenzó a percibir las rentas derivadas de la póliza suscrita en septiembre de 2006, a razón de 1.400 euros mensuales hasta percibir 84.252,47 euros.

UN ‘INTRUSO’ “NO SABÍA MUY BIEN QUÉ ERA UN ERE”

El imputado, que ha aseverado que “no sabía muy bien qué era un ERE”, ha señalado en su declaración que el gerente de Autos Marbesol le ofreció ser contratado para el Hotel Cervantes y ser introducido en el ERE, explicándole que debía estar contratado en este hotel durante seis meses “para que fuera legal y poder acogerse” al expediente.

Ha asegurado que “no se lo creía, es decir, le sorprendió que pudiera ser posible, que pudiera ser contratado para poderse acoger a un ERE”, si bien “estaba más preocupado por la situación de Autos Marbesol, ya que o se vendía o cerraba en diciembre de ese mismo año”, tras lo que “tardó un mes hasta que fue contratado” en el hotel, donde desempeñó sus servicios en el parking chequeando la salida y entrada de los coches.

Asimismo, ha desvelado que, en la actualidad, “sigue cobrando y que nunca ha dejado de cobrar”, de manera que “tan solo cuando surgió el escándalo hubo unos meses en que se retrasaron y fueron a exigirle a Vitalia que les pagara, quien les dijo que ya habían adelantado dinero y que la Junta no les pagaba a ellos”.

La Fiscalía ha pedido para el ‘intruso’ una fianza civil de 84.252,47 euros, más el tercio legal, mientras que la Junta ha interesado una fianza civil de 221.572,76 euros, también más el tercio legal, ya que dicha cifra “se corresponde con el coste de la póliza y por tanto con el perjuicio sufrido por la Junta”.

LA IMPUTACIÓN DE LOS RUIZ-MATEOS

La juez imputó tanto a José María Ruiz-Mateos como a su hijo Zoilo la consecución de los ERE del Hotel Cervantes y de empresas del grupo como Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, lo que fue posible “a través del tráfico de influencias ejercido” por ambos y por Juan Lanzas, “a quien se le pagaría como ‘conseguidor’ ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE”.

La juez argumentó que José María Ruiz-Mateos “ostentaría la dirección” del grupo Nueva Rumasa “apoyado” por su hijo Zoilo, siendo ambos “quienes en última instancia tomaban las decisiones participando junto con otros miembros de la familia en la inclusión de los ‘intrusos’” en los ERE del Hotel Cervantes, Dhul o Complejo Bodeguero Bellavista, entre otros.

Hay que recordar que, en el caso de Javier y Pablo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó fianzas de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros en relación al ERE del Hotel Cervantes, donde fueron incluidos como ‘intrusos’ Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cuevas.

Noticia original

Casi medio millón de preferentistas reclaman a las nacionalizadas 6.757 millones a través del arbitraje

Casi medio millón de preferentistas reclaman a las nacionalizadas 6.757 millones a través del arbitraje

30 de septiembre de 2013

Fachada del edificio de la sede Bankia

Casi medio millón de titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada de las entidades bancarias nacionalizadas –Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa– han reclamado 6.757 millones de euros a través del arbitraje, y más de 60.000 de ellos ya han recuperado 530 millones de inversión.

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Así consta en el primer informe trimestral remitido al Congreso por la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, creada por el Gobierno en el decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión, que fue aprobado el pasado mes de marzo y que, entre otras medidas, autorizaba el arbitraje para ciertos casos.

Al inicio del proceso, las tres entidades que han sido objeto de un rescate total sumaban 9.772 millones de euros en emisiones de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada cuyos tenedores tienen derecho a solicitar el sometimiento a un arbitraje. En concreto, Bankia tenía 6.231 millones emitidos entre 294.905 personas, NCG tenía 1.832 millones entre 116.660 ciudadanos y Catalunya Caixa contaba con 1.709 millones entre 122.858 tenedores.

PRIMERO EN GALICIA

Para muchos de estos clientes se abrió la puerta a acogerse al arbitraje, renunciando en este caso a recurrir a la vía judicial posteriormente. El primer procedimiento se abrió en NCG en julio del año pasado, y a él se remitieron 106.840 titulares (80% del total) por 1.450 millones de euros.

Hasta el 19 de julio pasado, cuando está fechado el informe, el experto independiente había analizado ya todas las solicitudes y había admitido 62.503, de las cuales 43.990 ya han recibido un laudo positivo por valor de 367 millones de euros.

En Catalunya Caixa las solicitudes de arbitraje comenzaron a registrarse el 11 de octubre de 2012 y sumaron un total de 118.131 por un importe de 1.399 millones de euros. Hasta julio, el experto había admitido ya 20.276 reclamaciones, de las cuales 12.055 ya cuentan con laudo positivo por un valor de 145 millones de euros.

Bankia fue la última entidad en poner en marcha este proceso, el pasado 18 de abril, lo que junto con el mayor volumen de afectados hace que el procedimiento vaya algo más retrasado y se vaya a concluir más tarde.

En concreto, 247.795 titulares minoristas o no profesionales de preferentes han reclamado extrajudicialmente por un importe de 3.908 millones de euros, y 78.114 de las solicitudes ya han sido admitidas. De ellas, se habían resuelto a 19 de julio un total de 4.268 casos de forma favorable al cliente por un importe de 18 millones de euros, si bien la Comisión de Seguimiento recuerda que “un porcentaje muy elevado de las solicitudes se encuentran todavía en fase de estudio”.

VÍA JUDICIAL

Sin embargo, otros 6.487 afectados por la mala comercialización de estos productos financieros han recurrido a la vía judicial para intentar recuperar su dinero, reclamando la devolución de más de 435 millones de euros. Hasta julio, 491 demandantes ya habían tenido una sentencia favorable en sus reclamaciones por valor de 22,75 millones de euros.

En concreto, los titulares de estos productos de Bankia habían presentado 3.441 demandas judiciales por un importe de 269,73 millones de euros. De ellas, sólo 196 habían sido ya resueltas en ese momento, doce de ellas por desestimiento del demandante (919.821 euros). Mientras, 21 de las sentencias han sido favorables a la entidad por 1,75 millones de euros, mientras que las restantes 163 fueron favorables a los clientes, por valor de 10,51 millones de euros.

Por su parte, en el periodo recogido en el informe se habían presentado 2.229 demandas por parte de preferentistas de NCG por un importe total de 130 millones de euros. De ellas, 244 ya habían sido resueltas, 78 de ellas por desestimiento del cliente, por un valor de 2,64 millones de euros. Las sentencias favorables a la entidad fueron dos, por 196.000 euros, mientras que los clientes ganaron 164 de las reclamaciones, por 7,06 millones de euros.

En cuanto a Catalunya Caixa, se han recibido 817 reclamaciones judiciales por un importe de 36 millones de euros. De ellas, 185 ya han concluido su tramitación, quince por desestimiento de los clientes. La entidad ha conseguido fallos favorables en seis casos, por 69.573 euros, mientras que las restantes 164 fueron a favor del cliente, por 5,17 millones de euros.

 

Noticia original

Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

30 de septiembre de 2013

 Baltasar Garzón

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón espera desde hace un año una respuesta a la petición de indulto que presentó en su nombre la asociación de juristas europeos Medel, solicitando la remisión total de la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ y sus abogados.

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes del Tribunal Supremo y la Fiscalía para decidir si le indulta

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes pertinentes del Alto Tribunal y de la Fiscalía sobre la conveniencia o no de conceder el indulto a Garzón, que, en todo caso, no son vinculantes.

Según informaron a Europa Press fuentes de Justicia, el Ministerio inició la tramitación del proceso el 29 de junio de 2012 cuando remitió un oficio al tribunal sentenciador, una vez que Garzón confirmó que la solicitud de la medida de gracia contaba con su consentimiento.

Justicia recibió unos días antes la misiva del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expresando que, aunque la petición era “libre y soberana”, contaba con su aval y agradecía a la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) su iniciativa acompañada de “argumentos dignos de ser valorados”.

PLAZO DE UN AÑO

Como norma general, los procedimientos a los que da lugar el ejercicio del derecho de gracia son resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en ese plazo, según informa la página web de Justicia.

Sin embargo, en este caso, no se trata de que haya desestimado la petición, sino que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no ha recibido aún los informes pertinentes para poder tomar una decisión.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el 18 de mayo del pasado año ante el Ministerio de Justicia esta petición sobre la base de que la sentencia condenatoria había sido “manifiestamente desproporcionada”.

“La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma, es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción”, detallaba el escrito de 16 páginas dirigido a Gallardón.

Noticia original

El Consejo de Ministros prevé aprobar la reforma de pensiones para su remisión a las Cortes

El Consejo de Ministros prevé aprobar la reforma de pensiones para su remisión a las Cortes

27 de septiembre de 2013

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el proyecto de ley que regula el nuevo modelo de revalorización anual de las pensiones, desvinculado del IPC, y el factor de sostenibilidad para su posterior remisión a las Cortes, donde será debatido y sometido al habitual trámite de enmiendas.

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Apenas unas horas antes de su aprobación, el Gobierno tendrá en sus manos el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) analizando el anteproyecto que les fue remitido hace diez días y que, según fuentes consultadas por Europa Press, es crítico con la idea de que esta reforma pueda hacer perder poder adquisitivo a los pensionistas.

En cualquier caso, los dictámenes que emite el CES son preceptivos, pero no vinculantes para el Gobierno.

El nuevo índice de revalorización de las pensiones, que empezará a aplicarse en 2014, tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medias de once ejercicios.

Además, tendrá un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

2014: ¿MÁS DE UN 0,25%?

El Gobierno aún no ha desvelado si incrementará las pensiones un 0,25% el próximo año, el mínimo que contempla la reforma de las pensiones para años de especial dificultad, o si la revalorización será superior.

Y es que, según explican fuentes del Ministerio de Empleo, con este nuevo modelo los gobiernos no necesariamente tendrán que subir las pensiones de acuerdo con ese mínimo del 0,25% cuando el sistema esté en déficit, puesto que en la fórmula del índice de revalorización se incluye una variable relacionada con el ritmo al que se decida reducir estos desequilibrios y que hará que el ajuste sea más o menos brusco.

Además, cabe la posibilidad de que, respetando la revalorización que resulte de la aplicación del nuevo índice, las pensiones mínimas se incrementen más y se compensen con una menor revalorización del resto, posibilidad ésta que lógicamente no será posible si el porcentaje resultante es el mínimo.

El Gobierno estima que la aprobación en sus actuales términos de la reforma de las pensiones permitirá a la Seguridad Social ahorrar 810 millones de euros ya en 2014 con la aplicación del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones.

Desde 2015 estos cambios permitirían aumentar el ahorro de forma progresiva hasta alcanzar alrededor de 5.000 millones de euros anuales a partir de 2019, cuando también entre en vigor el factor de sostenibilidad (FS), hasta 2022. En total, 33.000 millones de euros menos a pagar en el capítulo de pensiones en los próximos nueve años.

EN BUSCA DEL MAYOR CONSENSO

El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la evolución demográfica.

Tras la aprobación del proyecto, el Gobierno abrirá ahora un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos para poder incorporar al texto propuestas que lo enriquezcan. El Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.

Al respecto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, subrayó hace unos días que la voluntad del Gobierno es la de buscar el mayor consenso sobre un tema “capital” como el sistema de pensiones, que es el “corazón” del Estado del Bienestar.

En este sentido, Báñez hizo un llamamiento a la “responsabilidad” de los agentes sociales y políticos porque ha llegado el momento del “diálogo hasta el final”.

Noticia original

Messi y su padre declaran este viernes como imputados por presunto fraude fiscal

Messi y su padre declaran este viernes como imputados por presunto fraude fiscal

27 de septiembre de 2013

Leo Messi

El futbolista del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Messi, declararán este viernes 27 de septiembre ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gavà (Barcelona) como imputados por un presunto delito de fraude fiscal de más de cuatro millones de euros en la gestión de sus derechos de imagen.

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la juez ha citado al padre del jugador a las 10.00 horas y a Leo Messi a las 11.00, tras suspender la fecha de la declaración prevista para el 17 del mismo mes, a petición del abogado de ambos, Cristóbal Martell.

Según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, Martell pidió a la juez que instruye la causa posponer el interrogatorio que estaba previsto para el 17 de septiembre alegando problemas de agenda, ya que en la misma fecha tiene señalado otro juicio oral y la Ley da preferencia al señalamiento anterior que pesa sobre el letrado.

La juez los imputó después de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, que describe que la estrategia de Messi consistía en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales –Belice y Uruguay– y, paralelamente, formalizar contratos de licencia, agencia o prestación de servicio con otras ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, como Reino Unido y Suiza.

Los dos imputados ya consignaron el 14 de agosto en el juzgado de 5,01 millones de euros como “pago reparatorio” por el fraude de más de 4 millones, aunque este pago no les exime de dar explicaciones ante el juez por el presunto delito.

Poco después de sus imputaciones, el futbolista y su padre, Jorge Messi, se apresuraron a pagar a la Agencia Tributaria 10 millones de euros en declaraciones complementarias del IRPF por sus derechos de imagen correspondientes a 2010 y 2011.

Noticia original