Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

25 de septiembre de 2013

Alberto Ruiz Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este martes las tasas judiciales porque gracias a ellas “hoy son muchos más los ciudadanos” que disfrutan de Justicia Gratuita al haberse extendido sus beneficiarios a colectivos que habían sido “olvidados” por el Gobierno socialista.

Cree que la Justicia “puede ser gratuita, pero no gratis”, y el PSOE le acusa de volver a un sistema franquista y le insta a derogarlas

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Así se ha pronunciado Gallardón durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al socialista Antonio Rodríguez, que ha querido saber si el Gobierno sigue pensando que las nuevas tasas judiciales no dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El ministro ha contestado que el Ejecutivo sigue pensando que la reforma de las tasas “garantiza” el sistema y la sostenibilidad de la Justicia gratuita donde se ha aumentado el número de beneficiarios. “Como consecuencia de las tasas, hoy son muchos más los ciudadanos que disfrutan del sistema de justicia gratuita”, ha zanjado.

El socialista ha rechazado que el “tasazo” beneficie a la clase media cuando las reclamaciones a la Administración, las multas o los divorcios sin acuerdo conllevan cuantías de entre 250 y 1.200 euros. Ha puesto como ejemplo el caso de una menor con deformaciones de nacimiento y una minusvalía del 85 por ciento, cuyos padres “llevan gastados 65.000 euros en costas y si quieren ir a apelación tienen que abonar otros 7.000″.

“Es volver al sistema franquista de 1959, que tuvo que derogar el Gobierno de Felipe González”, ha expuesto Rodríguez, para preguntar si el ministro sigue pensando que no suponen una “barrera” tras las dudas sobre su constitucionalidad suscitadas en la Audiencia Nacional o la Abogacía. “Derogue la ley y escuche a todos los colectivos”, ha conminado.

“NO HABLA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES”

En su turno de réplica, Gallardón ha insistido en que gracias a la ley de tasas, “hoy en España pueden litigar” sin pagar ningún coste aquellos que “olvidaron mientras gobernaban”, en referencia a víctimas del terrorismo, la violencia doméstica, la trata de seres humanos o de accidentes con secuelas permanentes. “Todos ellos están exentos”, ha remachado.

Tras acusar al socialista de defender a la Abogacía y a “una empresa privada” como es Dvuelta –cuyo recurso estimó la Audiencia Nacional, que ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional–, el ministro ha asegurado que las tasas afectan a “poco más” del 20 por ciento de los asuntos de los tribunales, puesto que el resto pertenecen al orden penal exento de estos gravámenes.

“El Tribunal Constitucional decretó en 2002 que la Justicia puede ser gratuita, pero no gratis”, ha destacado, para cuestionar si este servicio debe ser financiado por el contribuyente o el litigante en la parte proporcional a un 10 por ciento.

“Sabe que la tasa supone un diez por ciento del coste, me habla de colectivos con dificultades para acceder a la Justicia pero no me habla del 90 por ciento de esas dificultades”, ha continuado Gallardón.

Así, ha recalcado que el grueso del coste del procedimiento se debe a otros cargos como los honorarios de abogados y procuradores, mientras que la tasa supone el 10 por ciento. Ha concluido que la recaudación obtenida en España en virtud de este gravamen está “20 puntos por debajo” que la medida de países europeos.

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El TC retoma la discusión del texto que previsiblemente rechazará la recusación de su presidente

El TC retoma la discusión del texto que previsiblemente rechazará la recusación de su presidente

17 de septiembre de 2013

Tribunal Constitucional

Generalitat y Parlamento de Cataluya piden que se le aparte de un total de 26 recursos abiertos entre Cataluña y el Gobierno

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Constitucional reanudará este martes el Pleno en el que, previsiblemente, se rechazarán las recusaciones a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por haber militado en el Partido Popular, que fueron planteadas por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en relación con un total de 26 recursos que enfrentan en este órgano a Cataluña y al Gobierno.

Según informaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal, lo previsible es que durante esta semana, probablemente mañana, se consensúe el texto por el que una amplia mayoría de magistrados, formada tanto por conservadores como por progresistas, se opondrán a aceptar los argumentos del Gobierno Catalán.

La pasada semana se puso de manifiesto este apoyo al presidente, ya que todos los magistrados se habrían posicionado en favor de su presidente con excepción de Luis Ortega, perteneciente al ala más progresista del órgano. Sin embargo, no llegó a alcanzarse un texto consensuado sobre los términos exactos de la resolución, cuya ponencia ha correspondido a la vicepresidenta Adela Asúa.

Al igual que ocurrió la semana pasada, Pérez de los Cobos abandonará la sesión cuando sus compañeros inicien el debate sobre su recusación.

Entre los litigios referidos a Cataluña que el Constitucional tiene encima de la mesa se encuentra la impugnación del Ejecutivo central a la declaración soberanista aprobada en enero por el Parlamento catalán, además de los recursos interpuestos por los parlamentarios ‘populares’ contra la ley catalana de educación, la norma por la que se prohibieron los toros o la ley del cine catalán.

La militancia política de Pérez de los Cobos ha servido de base para que el Parlamento y el Gobierno catalán sospechen de su imparcialidad a la hora de intervenir en reclamaciones planteadas por el PP.

RECUSACIONES PENDIENTES

Aunque no es la única recusación pendiente por analizar contra Pérez de los Cobos. El exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el ex secretario general del LAB, Rafael Díez, también consideran que su afiliación en la formación conservadora puede contaminar la sentencia que dicte el TC sobre el ‘caso Bateragune’, según confirmaron a Europa Press fuentes de su defensa.

Ambos presentaron un recurso de amparo contra la resolución del Tribunal Supremo que les condenaba a seis años y medio de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista cometido al intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto denominado ‘Bateragune’.

El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también pidió la nulidad de la resolución en la que el Constitucional inadmitió su recurso de amparo presentado contra la sentencia que le inhabilitó por las escuchas de la trama Gürtel, aunque tanto este como la petición de los condenados por Bateragune se dirimirán en otra sesión.

Otras instituciones como el Gobierno andaluz o el Principado de Asturias, en manos de los socialistas, también anunciaron su intención de recusar a Pérez de los Cobos, aunque todavía no han llegado al órgano judicial. El PSOE ha cuestionado además que haya asesorado al PP en varias legislaturas y haya sido coautor de propuestas incluidas después en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central.

Pérez de los Cobos aseguró hace unos días que no tiene “duda” de que seguirá en el cargo y añadió que la institución que él dirige resolverá los recursos presentados contra la reforma laboral basándose en criterios “estrictamente jurídico-constitucionales”, desde “la premisa” de que la Constitución Española es “es un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas de muy diverso signo” y desde “el imperativo categórico” de “respecto esencial” al contenido de los derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional ha dejado de tener mayoría progresista por primera vez en una década desde que fue renovado el pasado junio. Los conservadores son siete frente a cinco, una proporción que hasta ahora era en sentido contrario.

Tras los últimos nombramientos a cuenta del CGPJ y el Gobierno, el Tribunal Constitucional que tiene sobre la mesa muchas de las últimas reformas del Ejecutivo cuenta con un sólido bloque de ‘tendencia conservadora’, integrado por Santiago Martínez-Vares, Enrique López, Pedro González Trevijano y los ya magistrados Francisco Pérez de los Cobos, Francisco Hernando, Juan José González Rivas y Andrés Ollero.

Frente a estos siete se sitúa un ala de tendencia más progresista encabezada por los actuales magistrados Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Fernando Valdés, la designada con el apoyo de CiU Encarnación Roca y Juan Antonio Xiol.

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La colonia recuerda que su oferta de cambiar la ley para que pescadores puedan faenar no es una novedad

La colonia recuerda que su oferta de cambiar la ley para que pescadores puedan faenar no es una novedad

5 de septiembre de 2013

Frontera de Gibraltar

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Gibraltar ha recordado este miércoles al Ejecutivo español que su oferta para modificar su ley con el objetivo de que los pescadores españoles puedan volver a faenar donde solían hacerlo no es una novedad sino que es una medida contemplada en las negociaciones llevadas a cabo en el último año.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, saludó este martes durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el “gesto de buena voluntad” de la administración gibraltareña sobre la posible modificación de la ley gibraltareña de protección de la naturaleza, especialmente si va a redundar “en beneficio de los pescadores”.

“Este objetivo se ha explicado directamente a los pescadores españoles en las reuniones celebradas en la sede del Gobierno de Gibraltar”, recuerdan las autoridades gibraltareñas en un comunicado, en el que además señalan que desde poco después de su llegada al poder en diciembre de 2011 ya se abordó la necesidad de regularizar los métodos de pesca que se utilizaban en las aguas en disputa.

Asimismo, Gibraltar recuerda que durante un periodo de catorce meses se han celebrado reuniones con expertos marítimos internacionales, incluidos españoles, y con los pescadores de La Línea y Algeciras.

Asimismo, el Ejecutivo de Fabian Picardo recuerda el Memorando de Entendimiento anunciado el 5 de julio del pasado año y el informe titulado ‘La gestión de los recursos vivos marinos en las aguas alrededor de Gibraltar’, que se hizo público el 4 de junio de 2013. En ellos, el Peñón reflejó su compromiso para adoptar los cambios normativos necesarios para permitir la pesca sostenible en la zona.

“También se llegó a decir que los detalles de cada acción específica y la legislación revisada durante el proceso se completaría en otoño”, añaden las autoridades gibraltareñas, que inciden además en que en ese informe se recoge la recomendación de crear un arrecife artificial para mejorar las poblaciones de peces más sobreexplotadas similar a los bloques de cemento lanzados al agua que han originado la última disputa.

Finalmente, las autoridades del Peñón han insistido en que se está ultimando el proyecto de ley necesario para realizar cambios en la ley de protección de la naturaleza para permitir una “pesca sostenible” en las aguas en disputa en un mercado regulado y que respete el principio fundamental de la conservación del medio ambiente marino y la reposición de los recursos pesqueros y anticipan que previsiblemte llegará al Parlamento el próximo mes de octubre.

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Ecologistas esperan que la imputación del exalcalde de Carboneras (Almería) depure responsabilidades en Algarrobico

Ecologistas esperan que la imputación del exalcalde de Carboneras (Almería) depure responsabilidades en Algarrobico

El socialista Cristóbal Fernández declara este martes por presunta prevaricación

12 de agosto de 2013

El Algarrobico

Los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y Greenpeace ha señalado que esperan que la declaración en sede judicial como imputados de los integrantes del anterior equipo de gobierno de Carboneras (Almería) impulse la depuración de “responsabilidades políticas” en torno al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.

Asimismo, han destacado que se trata de la primera vez que tendrá que “dar explicaciones” ante un juez “el padre de la criatura”, en alusión al exalcalde, el socialista Cristóbal Fernández.

La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha recordado que su organización “ha intentado” en al menos “dos ocasiones” que Fernández comparezca ante la Justicia para “dar la cara por saltarse” la normativa ambiental y la Ley de Costas, y hacer “caso omiso” de las resoluciones judiciales que obligaban al Ayuntamiento a declarar suelo no urbanizable el sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel y ha celebrado que en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Vera se haya avanzado “más y tirado del hilo”.

“Esperamos que prospere la imputación ya que lo ideal, y lo que deseamos es que, no solo se derribe el hotel, sino que también, ojalá, paguen los culpables de su construcción”, ha asegurado Marcos, quien ha considerado que lo que más se ajustaría a derecho sería que los que fueron los promotores del inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones “hagan frente con su patrimonio del coste de la demolición y la regeneración de la zona”.

Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera (Almería) ha llamado a declarar al exregidor Cristóbal Fernández así como a los miembros que conformaron su equipo de gobierno (PSOE) en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si incurren en presuntos delitos de prevaricación administrativa al declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se sitúa el polémico hotel de Azata del Sol.

Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar) por presunta desobediencia y prevaricación, en el transcurso de un pleno en 2009 y en el gobierno apoyaron una proposición para declarar urbanizable el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata, una parcela que desde entonces aparece como urbanizable en la normativa municipal.

En este sentido, un portavoz de Ecologistas en Acción, cuya demanda dio lugar a que la Fiscalía de Medio Ambiente formulase denuncia y judicializase el caso, ha indicado que, del procedimiento, debe salir “por fin” la clasificación de no urbanizable para el paraje, “que ya le ha otorgado incluso la Junta de Andalucía en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

“Resulta increíble que, a estas alturas y con infinidad de resoluciones judiciales en esa línea, el Ayuntamiento siga sin adaptar su normativa urbanística”, ha señalado para, a continuación, remarcar que, en la causa en fase ahora de instrucción, debe dirimirse una doble responsabilidad que pasa, por un lado, “porque el actual equipo de gobierno no adapta sus normas subsidiarias” y, por otro, “por el hecho de la Junta no le ha obligado a hacerlo”.

“Esperamos que la actual corporación modifique la actual calificación de suelo urbanizable para El Algarrobico y esperamos también que dejen de hacer política, arrastrando a otros ayuntamientos a defender el hotel pese a que la única salida es su demolición”, ha remarcado.

El auto judicial cita a declarar a las 9,30 horas del martes en calidad de imputados a seis miembros de la anterior corporación y al exalcalde. Entre estos se encuentra también la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los ediles socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.

Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también para que comparezcan en calidad de testigos a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.

En el marco de esta diligencias previas también permanece imputado el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), quien ya prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que se le imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.

RESTABLECER EL PARAJE

La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer edil no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.

Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.

El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

LA DENUNCIA

El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor “hace caso omiso” de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.

La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se “negaba” a “adaptar” el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros “como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012″ y que el regidor “también desobedecía” el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo “una triquiñuela para poder construir el hotel”.

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La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos y a otras 21 personas en la causa de los ERE

La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos y a otras 21 personas en la causa de los ERE

6 de agosto de 2013

Mercedes Alaya

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto de fecha 31 de julio en el que imputa a otras 23 personas en las diligencias correspondientes a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, según ha avanzado este martes el rotativo ‘Diario de Sevilla’.

Esta nueva tanda de imputaciones incluiría a dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos, una familia cuya supuesta relación con la trama había sido ya señalada en el auto de ingreso en prisión del exsindicalista jiennense Juan Lanzas, una figura clave en los hechos investigados.

La juez Mercedes Alaya investiga como es sabido la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos.

Las ayudas de este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.

PREJUBILACIONES ILEGALES

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en decenas de expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo.

Para la juez, “la clave” del aprovechamiento ilícito “son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente”. Las sobrecomisiones, según la juez, constituían “el verdadero alimento de esta trama corrupta” y del que “se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables”.

DECENAS DE IMPUTADOS

En la causa figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; e incluso el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez. Y es que se cuentan por decenas los imputados en esta investigación.

Pues bien, según ha avanzado este martes el mencionado diario sevillano, la juez Mercedes Alaya ha emitido un último auto de fecha de 31 de julio en el que decreta la imputación de otras 23 personas, lo que elevaría a 116 el número total de imputados. Entre los nuevos imputados en la investigación figurarían Javier y Pablo Ruiz-Mateos, hijos del conocido empresario jerezano.

LANZAS Y LOS RUIZ MATEOS

Cabe recordar al respecto que ya en el auto emitido el pasado 22 de marzo para ordenar el ingreso en prisión de Juan Lanzas, una figura clave en la trama a cuenta de su presunto papel como mediador en la preparación de los expedientes de regulación de empleo, algunos de los cuales ni siquiera habían sido ideados por las propias empresas, la juez Alaya desgrana el papel de Juan Lanzas en la negociación y promoción de expedientes de regulación de empleo como los consumados en las empresas Matadero de Fuenteobejuna o Surcolor, el primero de ellos con sobrecomisiones de hasta el 29 por ciento.

Pero analiza especialmente el ERE acordado en Comercial Alimentaria ‘Dhul’, en el que Lanzas había amarrado, según la juez, la financiación autonómica de la reestructuración laboral. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una “comisión del 19 por ciento” y la inclusión en este ERE de tres ‘intrusos’; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos “cuñados” del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las “relaciones” entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos”, porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un “conseguidor de financiación pública y negocios de interés”.

Así, explicaba la juez en este auto que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, “cobrando supuestamente” tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero “en la casa de los señores Ruiz Mateos”.

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La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos y a otras 21 personas en la causa de los ERE

La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos y a otras 21 personas en la causa de los ERE
SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto de fecha 31 de julio en el que imputa a otras 23 personas en las diligencias correspondientes a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, según ha avanzado este martes el rotativo ‘Diario de Sevilla’.
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Movimientos en el CGPJ para evitar que Ruz permanezca en la Audiencia Nacional después de septiembre

Movimientos en el CGPJ para evitar que Ruz permanezca en la Audiencia Nacional después de septiembre

17 de julio de 2013

Pablo Ruz

(EP).- Varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están  maniobrando para evitar que salga adelante la petición realizada ayer por la Audiencia Nacional para que el instructor del “caso Gürtel”, Pablo Ruz, sea el refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 5 a partir del próximo septiembre, cuando tras la renovación de este órgano ocupe su plaza el actual vocal de este órgano Miguel Carmona, que obtuvo la plaza en mayo 2012.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado a Europa Press que la medida ha despertado la oposición de algunos vocales  desde que se supo ayer que la Audiencia Nacional respaldaba a Ruz para asumir directamente este puesto de apoyo, lo que garantizaría su permanencia en este órgano en los próximos meses.

El asunto iba a ser tratado mañana en la Comisión Permanente del CGPJ, si bien es probable que la discusión se aplace para más adelante. Se contaba con una propuesta del vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, como responsable del plan de Modernización, para aprobar la designación de Ruz con la prevención de que su labor de apoyo sea supervisada de forma periódica por los Servicios de Inspección de este órgano.

Para unos, detrás de este enfrentamiento está el interés de algunos en torpedear la permanencia en la Audiencia del juez que investiga el “caso Gürtel” y la pieza de los denominados “Papeles de Bárcenas”; para otros, se trata de no precipitar las cosas o cometer una ilegalidad en la designación que en el futuro pueda poner en peligro estas causas y otras que se tramitan en el mismo juzgado.

El titular también lo cuestiona

El propio titular de la plaza, el vocal Miguel Carmona, ha remitido un mail este martes a todos sus compañeros cuestionando la urgencia de la medida y pidiendo que el asunto no sea abordado hasta que se produzca la próxima renovación del CGPJ, él deje de ser vocal y tome posesión de su plaza en la Audiencia Nacional. Cuestiona también que la Audiencia proponga designar directamente a Ruz sin sacar la plaza a concurso.

En informe, Carmona reconoce que dada la entidad de las causas que se tramitan actualmente en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el refuerzo sería necesario, aunque no está de acuerdo con que la designación de Ruz se apruebe “con una urgencia extraordinaria, en dos días”, cuando previsiblemente la renovación del órgano de gobierno de los jueces no se produzca hasta mediados de octubre “como muy pronto”.

Con “pies de plomo” por Gürtel

“Andemos con pies de plomo para evitar dar munición gratuita a grandes bufetes de abogados ávidos de encontrar resquicios de nulidad en los que basar sus defensas”, señala Carmona en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

El vocal señala que la designación de un juez de apoyo para su juzgado precisaría de “publicidad, selección y orden de preferencia ante una posible pluralidad de peticionarios”, y a su juicio la propuesta de De Rosa “no cumple estos requisitos”.

Cuestiona también con que se pretenda que Ruz pueda continuar con las causas ya abiertas y su papel quede limitado a otras causas que entren en el juzgado después de su incorporación, por considerarlo “radicalmente contrario a lo que previene la ley respecto de los jueces de apoyo.

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El CGPJ premia al Instituto de Medicina Legal de Galicia y a la Conselería de Xustiza, entre otros

El CGPJ premia al Instituto de Medicina Legal de Galicia y a la Conselería de Xustiza, entre otros

17 de julio de 2013

Placa del Consejo General del Poder Judicial

 

(TRA).-   El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado uno de los premios ‘Calidad de la Justicia 2013′, en su modalidad de justicia “más transparente, al Instituto de Medicina Legal de Galicia conjuntamente con la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta, por la informatización del Imelga.

Asimismo, también han sido distinguidos el Servicio común de ejecuciones de los juzgados de Cuenca; al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España; los juzgados de lo penal 1 y 3 de Cartagena; la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat de Cataluña; la Consejería de Presidencia y Justicia de La Rioja; y la Consejería de Justicia e Interior de Andalucía.

A la edición de este año se han presentado un total de 18 candidaturas. El premio “Calidad de la Justicia” fue instituido por el CGPJ como reconocimiento a las iniciativas más sobresalientes de mejora de la calidad del servicio público implementadas por órganos judiciales y otros organismos de la Administración de Justicia.

Los galardonados a la experiencia para conseguir una Justicia más eficaz son los trabajadores del servicio común de ejecuciones de los juzgados de Cuenca por el establecimiento de una nueva forma de organización del trabajo “que supera viejas estructuras y distribuciones, primando la eficacia, la distribución de tareas y la responsabilidad y el control sobre el ejercicio de las mismas”, según ha informado este martes el Consejo.

Además, el órgano de gobierno de los Jueces premia al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. En concreto, se destaca el trabajo realizado por este colectivo tendente a colaborar en la tramitación de más de 400.000 expedientes de nacionalidad por residencia acumulados en los Registros Civiles.

Los premiados a la justicia “más accesible” de este año son los juzgados de lo penal 1 y 3 de Cartagena, de quienes se valora el conjunto de medidas que se han adoptado para racionalizar la tramitación de las ejecutorias de penas privativas de libertad inferiores a dos años.

Igualmente, se galardona a la Dirección General de modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya por el desarrollo e implantación del módulo informático que permite, en la primera fase de implementación, la presentación telemática de demandas y escritos de trámite en el ámbito de la jurisdicción civil.

Justicia más transparente

Junto a los premiados en Galicia, por una justicia “más transparente” también han sido distinguidos la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja, por su labor de mediación en materia de menores infractores y de entrenamiento en habilidades sociales de los mismos, según informa el CGPJ.

También se premia a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, por la labor realizada en materia juvenil por los Centros y Servicios de esa Comunidad para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores.

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Los originales de Bárcenas recogen pagos en B a Rajoy como ministro de Aznar y a dirigentes como Rato, Cascos o Arenas

Los originales de Bárcenas recogen pagos en B a Rajoy como ministro de Aznar y a dirigentes como Rato, Cascos o Arenas

9 de julio de 2013

Luis Bárcenas

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS)

Los papeles supuestamente originales de la contabilidad del extesorero del PP Luis Bárcenas recogen sobresueldos entregados por el partido al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su etapa como ministro de José María Aznar, así como a otros dirigentes populares como Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja.

Estos documentos, que ha hecho públicos el diario ‘El Mundo’ en su edición de este martes, han sido entregados por el director de el periódico en la Audiencia Nacional tras publicar el pasado domingo un artículo en el que reflejaba una conversación mantenida con Luis Bárcenas en la que el extesorero de los populares aseguraba que “al menos los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal”.

Los papeles, una hoja manuscrita por las dos caras arrancada de un cuaderno que forma parte de los llamados ‘papeles de Bárcenas’ y primer original que se ha puesto a disposición del juez instructor de la causa, Pablo Ruz, recogen el pago de sobresueldos, en dinero en metálico, a Mariano Rajoy durante los años 1997 hasta 1999, etapa en la que ocupó las carteras de Administraciones Públicas y Educación.

Los supuestos originales entregados a la Audiencia Nacional recogen el pago de sobresueldos a Rajoy –en la contabilidad de Bárcenas aparece bajo las siglas ‘M.R’– por valor de 15,4 millones de pesetas durante dicho trienio, además de su correspondiente sueldo como miembro del Ejecutivo. No aparecen, por contra, pagos al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

En concreto, en los papeles de Bárcenas desvelados por ‘El Mundo’, que recoge Europa Press, aparecen anotaciones por valor de 7 millones de pesetas en tres pagos en el año 1997, de 4,2 millones de pesetas al año siguiente distribuidos en dos pagos, y de 4,2 en 1999 en otros dos pagos.

Otros miembros del gabinete del primer gobierno de José María Aznar como Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja también se habrían beneficiado de esos supuestos cobros en dinero B.

En concreto, los vicepresidentes de Aznar en aquel Gobierno, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, percibieron, según estos mismos papeles, cantidades similares a las retribuídas a Mariano Rajoy. En el caso del actual eurodiputado popular figuran cobros de 7 millones en 1997 y de 4,2 al año siguiente, mientras que en el caso del exdirector de Caja Madrid los pagos fueron de 7,56 y 4,56 millones de pesetas.

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