Captar imágenes de la vida privada para aportarlas como prueba en un juicio no vulnera el derecho a la propia imagen, según el TS

Captar imágenes de la vida privada para aportarlas como prueba en un juicio no vulnera el derecho a la propia imagen, según el TS

La Sala Primera del TS ha dictaminado que captar fotografías de una persona sin su consentimiento en lugares públicos y en momentos de su vida diaria, para aportarlas como prueba documental en un juicio de faltas con el fin de acreditar que no se encontraba impedida para comparecer en el juicio, no supone una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen

Así lo señala en una sentencia de la que es ponente el presidente de dicha Sala, Francisco Marín Castán, que comienza reiterando la doctrina sobre los criterios de ponderación judicial en caso de conflicto entre derechos fundamentales, en particular, cuando uno de los derechos afectados es el derecho a la propia imagen.

Este derecho – dice literalmente la sentencia- “garantiza un ámbito privativo de la propia personalidad ajeno a injerencias externas, impidiendo la obtención, reproducción o publicación por un tercero de una imagen que contenga los rasgos físicos que permita reconocer su identidad”.

Como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto, sino que se encuentra sujeto a las limitaciones derivadas de los demás derechos fundamentales -en relación con un juicio de proporcionalidad-, de las leyes -artículos 2.1 y 8 (cuyos supuestos tienen carácter enumerativo) de la LO 1/82-, de los usos sociales -artículo 2.1 LO 1/82-, o de la concurrencia de singulares circunstancias, diversas y casuísticas, de variada índole subjetiva u objetiva, que, en un juicio de ponderación y proporcionalidad, excluyen la apreciación de la ilicitud o ilegitimidad de la intromisión”.

En aplicación de dicha jurisprudencia, entiende la Sala que las circunstancias que rodearon la captación y utilización de la imagen de la recurrente determinan que en este caso no pueda considerarse vulnerado su derecho a la propia imagen, siendo razones que conducen a dicha conclusión, en síntesis, el contexto en que se hicieron las fotos (pues, aun sin su consentimiento, se captaron a la luz del día en lugares públicos y en momentos normales de la vida cotidiana); su destino (solo se utilizaron como prueba documental en un juicio de faltas para desmentir al marido de la recurrente, que había manifestado que su mujer estaba gravemente enferma y no podía salir de casa por culpa de las molestias originadas por los vecinos cuando las fotos revelan que eso no era cierto y que salía de casa a hacer la compra y al parque, para jugar a la petanca) y la ausencia de fines lucrativos.

Todo ello justificaba la divulgación de las fotos, tanto en el marco del derecho de defensa de los demandados en aquel juicio de faltas como desde la perspectiva del interés público del Estado en evitar la obstrucción al ejercicio de la potestad jurisdiccional.

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Asociaciones de jueces critican al presidente del CGPJ por "menospreciar e insultar" a la carrera judicial

Asociaciones de jueces critican al presidente del CGPJ por "menospreciar e insultar" a la carrera judicial

La Francisco de Vitoria pide su dimisión al entender que concibe al juez “como un burro de carga”

18 de marzo de 2014

Consejo General del Poder Judicial

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) – Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia han criticado este lunes al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por unas recientes declaraciones de éste en las que, según ellos, “menosprecia e insulta” a la carrera judicial.

En sendos comunicados, estas asociaciones de jueces censuran unas declaraciones de Lesmes en ‘El Mundo’ en las que sostiene que el CGPJ se crea para dos funciones que no pueden estar en manos del Gobierno, en referencia al nombramiento de cargos judiciales y, dice, “el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria”.

Es esto último lo que ha rebelado a las asociaciones de jueces, llegando la Francisco de Vitoria ha pedir su renuncia al cargo. La asociación ha pedido que “se retracte públicamente de sus torpes y denigrantes manifestaciones, y pida disculpas, también públicamente, a la carrera judicial a la que ha menospreciado e insultado”.

“Entendemos –continúa la Francisco de Vitoria– que el señor Lesmes carece de toda aptitud y actitud para seguir ostentado el cargo de presidente del CGPJ, por lo que le invitamos a que presente formalmente su renuncia”. Además, reclaman al pleno del Consejo a que se pronuncien y reparen el “grave desprestigio” causado a jueces y magistrados.

Jueces para la Democracia recuerda que Lesmes ocupó “cargos políticos de confianza” para gobiernos del PP y pone en entredicho su actuación al frente del Tribunal Supremo y el CGPJ por “reprochar a integrantes de la judicatura que expresen sus opiniones o suscriban manifiestos” cuando “él se prodiga en expresar las suyas sobre los mismos asuntos”.

Al recurrir a la metáfora del palo y la zanahoria, sostiene Jueces para la Democracia, Lesmes ha dado muestras de su “mentalidad autoritaria desde la que no duda en hostigar las opiniones ajenas”. “A quienes comulgan con sus puntos de vista se les ofrece la zanahoria, en forma de premios y nombramientos; a quienes tienen legítimamente otra forma de pensar se les persigue con el palo”, aseguran.

Ambas asociaciones ven en estas últimas declaraciones de Lesmes una “grosería inaceptable” y una “concepción clientelar del poder” y, en el caso de la Francisco de Vitoria, lo relacionan con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y su pretendido “afán partidista de control del CGPJ, del que dependen la promoción profesional y el castigo disciplinario de los jueces, como mecanismo para el control de los mismos”.

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Gallardón defiende una sala civil en la Audiencia Nacional y que los mercantiles abran en agosto

Gallardón defiende una sala civil en la Audiencia Nacional y que los mercantiles abran en agosto

13 de marzo de 2014

Alberto Ruiz-Gallardón

(EP).- El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha defendido la creación de una sala civil en la Audiencia Nacional y también que los juzgados mercantiles funcionen “los doce meses del año”, incluyendo agosto.

En una conferencia ofrecida este miércoles por la tarde en Barcelona, el ministro ha considerado que “la Audiencia Nacional puede estar compuesta por cuatro Salas Superiores”, con lo que la civil se uniría a la penal, contencioso-administrativo y social, que ya existen.

El ministro ha apostado también por que las tres primeras, además, tengan salas de instancia, “equiparándose al resto de órganos judiciales y permitiendo conocer asuntos de excesiva complejidad o volumen” que puedan bloquear en funcionamiento de los tribunales de instancia.

Otra de las novedades que ha mencionado, y que ya recoge el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Poder Judicial, es que los tribunales mercantiles abran “los doce meses del año”, para un mejor funcionamiento.

El ministro se ha referido también a las tasas judiciales, y ha sostenido que la justicia deben sufragarla “especialmente los litigadores que plantean recursos con mala fe o sin fundamento alguno” con la intención de bloquear los procesos.

“La justicia puede ser gratis, pero nunca es gratuita”, ha sentenciado Gallardón, que explicado que en España el 90% del coste lo sostienen los ciudadanos y únicamente un 10% los que litigan, al contrario de lo que dice que ocurre en Europa donde estos sufragan el 28″.

 Fomentar el arbitraje

Gallardón también ha apostado por tratar de reducir el número de procesos judiciales apostando por vías alternativas no penales como el arbitraje y la mediación, para tratar de paliar uno de los vicios estructurales del sistema español ya que el proceso penal debe ser “el último recurso”.

En este sentido, ha dicho que en España se tramitan unos 9 millones de asuntos al año en los tribunales mientras que en Francia la cifra es de 6,5 millones, pese a contar con 20 millones más de ciudadanos, lo que Gallardón achaca precisamente al poco uso de los mecanismos alternativos a los tribunales.

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Ruiz-Mateos asegura que, de nuevo, no comparecerá ante la juez Alaya porque "no cree" en la Justicia

Ruiz-Mateos asegura que, de nuevo, no comparecerá ante la juez Alaya porque "no cree" en la Justicia

12 de marzo de 2014

José María Ruiz-Mateos

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, a quien la juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha citado a declarar como imputado este miércoles bajo la advertencia de que, en caso de que nuevamente no comparezca, “la orden de citación podrá convertirse en orden de detención”, ha hecho público un comunicado en el que asegura que “no irá a Sevilla a declarar” porque “no cree en la Justicia, y si la hubiera, ni en su honorabilidad”.

En una nota remitida a los medios de comunicación, Ruiz-Mateos dice que “31 años es tiempo de sobra para que cualquier juez decente hubiese investigado el robo de un patrimonio que me pertenece y con unas migas de mi trabajo empresarial y financiero ya estarían resueltos los problemas actuales y satisfechos los pagos a inversores”. “No hay denominación para tanta injusticia constante”, asevera.

“No creo en la Justicia ni en la honorabilidad de los jueces”, por lo que “reitero que no iré a Sevilla a declarar, así me ajusticien en plaza pública o me lleven a la picota del descrédito y la trampa permanente”. “Haga lo que haga, me quedo en esta casa que no es mía esperando que me detengan, lo único que puedo aguardar en este maravilloso país tomado por sinvergüenzas de la política, la banca y la judicatura”, dice.

“Que no me esperen en Sevilla que llevo soportando yo 31 años con la esperanza de un resquicio de mínima honradez que no hubo nunca”, concluye el comunicado.

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Kenia dice que "derrotó" a los militantes que atacaron el centro comercial

Kenia dice que "derrotó" a los militantes que atacaron el centro comercial
NAIROBI (Reuters) – El presidente de Kenia dijo el martes que sus fuerzas "derrotaron" a los islamistas del grupo somalí Al Shabaab que atacaron un centro comercial de la capital, Nairobi, y añadió que cinco militantes habían muerto y otros 11 están detenidos bajo la sospecha de haber matado a 67 personas durante el asalto.
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La opción militar debe seguir abierta en Siria, dice el jefe de la OTAN

La opción militar debe seguir abierta en Siria, dice el jefe de la OTAN
BRUSELAS (Reuters) – Es crucial mantener la opción militar sobre la mesa a la hora de abordar la crisis de Siria, dijo el jueves el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.
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Rusia dice no hay pruebas de que Asad estuvo detrás de ataque con gas

Rusia dice no hay pruebas de que Asad estuvo detrás de ataque con gas
MOSCÚ/NACIONES UNIDAS (Reuters) – Rusia y Francia mostraron sus discrepancias el martes por un informe de los inspectores de la ONU sobre un ataque con armas químicas que dejó cientos de muertos en Siria, lo que ilustra los problemas llegar a un acuerdo sobre qué acciones adoptar en el Consejo de Seguridad.
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La alcaldesa de Madrid dice que la ciudad no optará a los JJOO de 2024

La alcaldesa de Madrid dice que la ciudad no optará a los JJOO de 2024
MADRID (Reuters) – La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció el jueves que la capital española no presentará su candidatura como sede para los Juegos Olímpicos de 2024, después de que la ciudad fuera la primera descartada en la votación que se celebró el pasado fin de semana.
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Magdalena Álvarez pide a la Audiencia anular el auto de imputación pues los delitos habrían "prescrito"

Magdalena Álvarez pide a la Audiencia anular el auto de imputación pues los delitos habrían "prescrito"

12 de septiembre de 2013

Magdalena Álvarez

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) – La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de imputación dictado por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares al entender que los presuntos delitos que se le atribuyen, como son los de prevaricación administrativa y malversación, habrían “prescrito”, motivo que junto a otros que alega le lleva a pedir la nulidad de la resolución judicial dictada por Mercedes Alaya.

En el recurso, adelantado por la cadena Ser y consultado por Europa Press, el abogado de Álvarez, Horacio Oliva, solicita por tanto la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa respecto a su representada “por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados”, pidiendo de manera subsidiaria que se revoque dicha resolución judicial “por falta de motivación” y que se devuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que “se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo”.

El letrado alega en el recurso que, en el auto por el que Alaya imputó tanto a Magdalena Álvarez como a otros 19 altos o exaltos cargos de la Junta, la juez ha “vulnerado” el derecho a la tutela judicial efectiva “por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación”, pues la decisión de imputar a todas estas personas no va acompañada de “la exigible argumentación fáctica y jurídica que permita conocer los términos en que tal imputación se sostiene”.

De este modo, dice que “el global encausamiento de 20 personas se sostiene sobre una genérica referencia a que, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido un uso indebido de las transferencias de financiación, dando lugar con ello a un déficit de control en el pago de las ayudas sociolaborales por parte del IFA/IDEA y la Consejería de Empleo; añadiéndose, respecto de mi representada, que su intervención se habría producido con la redacción” de la orden de 4 de junio de 2003 “donde se recoge el concepto presupuestario de la transferencia de financiación”.

“INDEFENSIÓN”

En este sentido, el abogado asevera que “si tan magro compendio de hecho apenas permite adivinar las razones que sustentan la imputación penal –no sólo por su escueta y genérica descripción sino también por su manifiesta carencia de todo viso delictivo–, tal pretensión deviene imposible ante la ausencia de toda mención a los concretos tipos delictivos que, pretendidamente, otorgan relevancia penal a tales hechos”, añadiendo que “brilla por su ausencia un mínimo juicio indiciario” que “permita al menos afirmar una cierta apariencia delictiva y justificar, con ello, la resolución que ahora combatimos”.

“El expuesto déficit de concreción fáctica y jurídica genera indefensión en mi representada, al desconocer los presupuestos en virtud de los que el Juzgado ha decidido dirigir el procedimiento penal contra ella”, dice el abogado de la exconsejera, quien abunda, respecto a este punto del recurso, en que la juez ha generado “indefensión” a su patrocinada “al desconocer frente a qué debe defenderse”.

Asimismo, el letrado rechaza “la existencia de todo indicio delictivo que permita vincular” la actuación de Magdalena Álvarez al frente de la Consejería de Hacienda con el objeto de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 6, pues “ninguna conclusión de esa índole cabe extraer ni del contenido del auto combatido ni de los informes institucionales a que el instructor parece remitirse”.

IMPUTACIÓN “INFUNDADA”

“Pese al margen de incertidumbre en que necesariamente hemos de movernos”, prosigue el letrado, “importa destacar que los hechos que parecen imputarse” a la exconsejera de la Junta se concretan en la aprobación de la orden de 4 de junio de 2003, “por la que, pretendidamente, se introducen las transferencias de financiación de las ayudas sociolaborales”. “Siendo ello así, y teniendo en cuenta la fecha del auto que ahora se recurre, tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación estarían prescritos”, argumenta.

Tras ello, el letrado asevera que la imputación de su cliente “resulta manifiestamente infundada” y se basa en “un endeble acervo jurídico”, punto en el que señala que “una imputación carente del mínimo soporte indiciario debe considerarse, por arbitraria, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva” recogido en el artículo 24.1 de la Constitución española.

El abogado pone manifiesto que, “de la exigua” enunciación fáctica plasmada en el auto “parece inferirse que la imputación dirigida contra Magdalena Álvarez se concretaría en que la finalidad que guió la inclusión de las transferencias de financiación en la orden de 4 de junio de la Consejería de Hacienda fue la de reducir los controles que debía efectuar la Intervención General de la Junta para así favorecer los pagos indebidos de ayudas sociolaborales efectuadas por el IFA/IDEA y la Consejería de Empleo”.

TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

En esta línea, dice que “no puede asignarse carácter delictivo a la utilización ‘per se’ de dicha figura presupuestaria como vehículo de financiación de un programa de ayudas sociolaborales”, ya que “por más que pueda resultar controvertida la naturaleza o finalidad de las transferencias de financiación, constituiría un error categorial derivar tal ausencia de clarificación conceptual una ilicitud jurídico-penal, convirtiendo lo que no es sino una discusión de índole técnico-presupuestaria en materia penal, y declarar como ‘ilegal’ lo que, todo lo más, pudiera calificarse de uso ‘inadecuado’ del instrumento presupuestario elegido por parte de la Consejería competente para ejecutar los créditos”.

A juicio del abogado, “no puede tildarse de ilegal una opción de financiación presupuestaria que ha sido plasmada, bajo la partida presupuestaria 31.L, en las sucesivas leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz desde el año 2002″, agregando que “por tautológico que suene, es la Ley la que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiación, por lo que resultaría lógicamente incongruente calificar como ‘ilegal’ lo que la Ley avala”. “Y si no hay ilegalidad alguna, desaparece ‘a limine’ todo viso de ilicitud penal, salvo que quisiera imputarse por prevaricación al Parlamento andaluz en su conjunto”.

En otro punto del recurso, el abogado de la exconsejera asevera que “la concreción de los conceptos asignados a las partidas presupuestarias, y con ello la forma de financiación del IFA/IDEA, no era competencia de la Consejería de Hacienda, sino de la de Empleo, que era la que proponía el sistema de financiación al IFA/IDEA y, con ello, la elección de la transferencia de financiación como vehículo para el pago de las ayudas sociolaborales”, a lo que se suma que, como consejera, su cliente “no tenía competencias para controlar o supervisar la gestión interna del gasto efectuado por cada Consejería ni debía conocer el procedimiento ni la aplicación y destino de las dotaciones económicas presupuestadas”.

“Es a los responsables del IFA/IDEA y de la Consejería de Empleo a quienes correspondía la gestión de los pagos de las ayudas sociolaborales”, subraya, resumiendo que “la única conclusión acorde a las leyes de la lógica y la experiencia” es que Magdalena Álvarez, “dado el ámbito objetivo de sus competencias, ni conoció ni pudo conocer que los pagos efectuados por la Consejería de Empleo a través del IFA/IDEA estuvieran siendo indebidamente ejecutados, ni que ello derivara en una presunta malversación del dinero público”, por lo que, “en consecuencia, no es dable atribuir a Álvarez responsabilidad alguna por los hechos que han dado lugar al procedimiento, debiendo por tanto anularse el auto en lo relativo a la imputación de mi representada”.

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