El TSJA declara "ajustado a derecho" el ERE de Mercasevilla de 2013

El TSJA declara "ajustado a derecho" el ERE de Mercasevilla de 2013

14 de marzo de 2014

TSJ Andalucía

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) – La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), finalmente, ha desestimado la demanda colectiva promovida contra el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado en agosto de 2013 por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, declarando “ajustada a derecho la decisión extintiva” acordada por esta empresa mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa.

Este ERE supuso el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que estipula la legislación laboral.

A través de una sentencia emitida el 6 de marzo y recogida por Europa Press, la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz resuelve la demanda colectiva contra estos despidos que comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto de 2013, la jornada en la que, precisamente, entraba en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado del mercado central, extremo que implicaba el pago de una tasa por parte de los empresarios mayoristas de pescado.

La liberalización de los servicios de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye el eje del conflicto. El Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde al cumplimiento de las exigencias y dictámenes de las instituciones y normativas europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido nunca ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este aspecto.

LIBERALIZACIÓN DE SERVICIOS

Fuere como fuere, en 2013 el Consistorio hispalense promovió y aprobó definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla liberalizando los servicios que los trabajadores de la empresa prestaban en la lonja de pescado, extremo que entró en vigor el pasado 12 de agosto de 2013. Los mayoristas de pescado, así obtenían libertad para contratar de cualquier manera las labores de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas. En paralelo, y dada la incidencia de este aspecto sobre su plantilla, Mercasevilla impulsó y consumó un expediente de regulación de empleo saldado con 129 despidos con indemnizaciones de 20 días por año de trabajo, siendo la mayoría de los afectados trabajadores ligados a la lonja de pescado.

La sentencia del TSJA, de cualquier modo, explica que los empresarios mayoristas de pescado se oponían “al menos desde 1987″ a la “obligatoriedad” de que fuese la plantilla de Mercasevilla la encargada de realizar estos servicios, toda vez que este extremo implicaba para el colectivo de empresarios una tasa correspondiente al 3,6 por ciento de sus ventas. En ese sentido, y en cuanto a la demanda colectiva promovida por los trabajadores despedidos contra Mercasevilla, el Ayuntamiento, la asociación de mayoristas de pescado, los propios mayoristas y las empresas ‘Grudescase S.C.A.’ y ‘Gesico Sistemas S.L.’, la sentencia zanja que todos ellos, a excepción de la propia Mercasevilla, “carecen de vinculación con los demandantes” y, por tanto, no tiene “interés” que figuren en el pleito.

“La obligatoriedad de los ayuntamientos de prestar el servicio en los mercados se limita a controlar la salubridad e higiene de los productos y fomentar la competencia entre los empresarios (…), pero no alcanza a que se imponga la utilización obligatoria de determinado personal por parte de los empresarios mayoristas”, explica la sentencia sobre el rol del Ayuntamiento, toda vez que Mercasevilla “no está integrada en la estructura orgánica y funcional” del Ayuntamiento pese a que el mismo es su socio mayoritario.

CAUSAS “NOTORIAS”

Sobre las causas de los despidos, la sentencia considera que “son de todo punto notorias” dada “la precaria situación económica de la empresa”, con rentabilidades de un 147 por ciento en negativo en 2012 y de un 345 por ciento en negativo en 2010, por ejemplo. “Es una rentabilidad empresarial a todas luces insostenible, siendo una situación que no se puede perpetuar por el hecho de que no está peor que otros años”, expone el TSJA considerando “acreditada la situación económica negativa” esgrimida para los despidos y que constituye “motivo suficiente” para justificar los mismos.

En cuanto al periodo de consultas del expediente de regulación de empleo, la sentencia expone que los representantes de los trabajadores “sólo ofertaron una reducción de jornada a 30 horas semanales con reducción salarial sin efectos posteriores y extinciones a 45 días por año de servicio, como si de despidos improcedentes se tratase”. “Es evidente que esta propuesta no se puede asumir por una empresa deficitaria que va a ir a peor al desaparecer la obligatoriedad de que los mayoristas abonen las tasas, lo que supone la pérdida de un ingreso fijo fundamental”, avisa el fallo. “La voluntad negociadora de los representantes de los trabajadores era más bien nula o poco escasa”, critica además la sentencia.

Sobre el quid del asunto, la liberalización de los servicios de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas, la sentencia descarta “fraude o abuso de derecho”, pues se trata de una operación promovida por el Ayuntamiento dentro de sus propias “competencias”. Así, el TSJA, a través de esta sentencia susceptible de recurso de casación, desestima la demanda colectiva y declara “ajustada a derecho la decisión extintiva”.

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Crecen en 2012 los asuntos judiciales en lo social por EREs y despidos

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El presidente del TSJ de Madrid ha explicado que durante el pasado ejercicio 2012 han aumentado los asuntos judiciales en las salas de lo social debido al incremento de los Expediente de Regulación de Empleo y de los despidos.
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La Audiencia Nacional confirma los despidos de Iberia por la “situación calamitosa que atraviesa el grupo”

La Audiencia Nacional confirma los despidos de Iberia por la “situación calamitosa que atraviesa el grupo”
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado la demanda de impugnación de despido colectivo promovida por SEPLA y su sección sindical SEPLAIB, a la que se adhirieron CGT y STAVLA y por consiguiente estima justificados los despidos aprobados por la empresa y suscritos por el 81,8% de los representantes de los trabajadores, un dato que según la Sala confirma que hubo una mediación de alto nivel que convenció a la empresa y a la mayoría de los representantes de los trabajadores.
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Rubalcaba pide una moratoria para los despidos por causas económicas hasta 2015

Rubalcaba pide una moratoria para los despidos por causas económicas hasta 2015

6 de mayo de 2015

Alfredo Pérez Rubalcaba

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto “alcanzar una moratoria de los despidos por causas económicas” durante 2013, 2014 y 2015, a través de un programa extraordinario de mantenimiento del empleo.

Durante su intervención en la sede del PSOE, el líder socialista ha desvelado las medidas contenidas en el ‘Plan de reactivación de la economía y de creación de empleo’, que contempla propuestas para facilitar el crédito al sector privado, estímulos para la creación de empleo a corto plazo o una reforma fiscal e iniciativas para la lucha contra la pobreza, entre otros.

Según ha explicado, se tratan de unas propuestas que tratan de “salir al paso de los problemas” de los españoles, muchos de los cuales pasan “por un auténtico drama personal” y, por ello, busca luchar contra la actual situación que “está estrangulando a la economía”. “No avanzamos con estas políticas de ajustes impuestas sobre todo desde Alemania y pedimos al Gobierno que cambie. No se puede perder un minuto”, ha afirmado.

En el apartado de la creación de empleo, se insta a alcanzar una moratoria en el tema de los despidos a través de un plan consistente en ayudas a las empresas en dificultades que se comprometiesen a no despedir a sus trabajadores y optasen por una reducción de jornada.

En este caso, el trabajador percibiría su salario reducido en la proporción en que se ajustase su jornada. El coste del puesto de trabajo que se mantuviese correría a cargo del empresario y del Estado, a partes iguales. En el caso de trabajadores mayores de 50 años, la aportación del Estado alcanzaría el 60%, un modelo similar al aplicado en Alemania.

Además, el PSOE reitera su petición de que las empresas de menos de 50 trabajadores no paguen cotizaciones sociales el primer año de un nuevo contrato y tengan descuentos del 75 y el 50% los dos siguientes. “Este año vamos a perder 500.000 empleos y hay que parar esa sangría”, ha señalado.

En cuanto a los jóvenes, insiste en facilitar la contratación de personas con necesidades de formación básica, con créditos bonificados a las empresas que utilicen este tipo de contratos.

EVITAR DESAHUCIOS

El plan también incluye la creación de un fondo público de 20.000 millones de euros para la financiación de las empresas. Según ha explicado Rubalcaba, esta medida iría acompañada de otro fondo para reestructurar la deuda de los hogares dotado con 10.000 millones de euros.

Este programa de reestructuración de la deuda hipotecaria serviría para hacer frente a una cartera de hipotecas en riesgo de impago renegociándose el alargamiento de plazos, reducciones del tipo de interés efectivo de la deuda y quitas. El PSOE instará además que las eventuales pérdidas se deberían asumir a partes iguales entre el Estado y la entidad que vende el crédito.

Para Rubalcaba, se trata de una medida “lógica”, puesto que “si no se echa una mano” a las familias con dificultades para pagar la hipoteca, no podrá ser abonada y “al final, el banco acabará teniendo el problema” y acudiendo al fondo de recapitalización. “Hay que hacer una recapitalización ahora”, ha resaltado.

La viabilidad de esta propuesta dependerá de la apertura de una línea de crédito abierta en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por importe de 100.000 millones de euros, de la que quedarán disponibles 60.000 millones de euros.

Rubalcaba ha solicitado también una revisión de la reforma laboral para “recuperar la libertad” de la negociación colectiva. Asimismo, resalta la importancia de lograr que a la hora de contabilizar el déficit público se excluya el porcentaje de gasto público destinado a inversión “productiva”, I+D+i y educación.

En esta misma línea, para el crecimiento a corto y largo plazo reclama una estrategia para una economía abierta, con la meta de que las exportaciones españolas crezcan un 50% en los próximos diez años, potenciando el ICEX o renovando los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados hacia las economías emergentes.

PROPUESTAS FISCALES

En materia fiscal, el líder socialista insiste en llevar a cabo una reforma “para que paguen los que no paguen”. “España no tiene que seguir recortando gastos que son muy dolorosos, hay que convertir el impuesto de la renta en un impuesto de riqueza y nadie se va a escapar y dejar de pagar”, ha aseverado.

De esta manera, requiere integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento, así como equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo y revisar las deducciones fiscales regresivas del IRPF.

Otras propuestas en este apartado estudian fijar un mínimo homogéneo para todas las comunidades en el impuesto de sucesiones y donaciones o incrementar la progresividad en el Impuesto de Sociedades, eliminando privilegios fiscales, revisando las deducciones y estableciendo un suelo mínimo.

Además, pide aumentar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas y los recursos destinados a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, creando una Oficina integral de lucha contra el fraude.

CREACIÓN DE FONDO CONTRA LA POBREZA

Por último, el plan del PSOE propone la creación de un Fondo de Emergencia contra la pobreza con una dotación de 1.000 millones de euros para 2013, que supondría según sus previsiones la creación o mantenimiento de 30.000 empleos y beneficiaría a más de 500.000 familias.

Los aportaciones a este fondo se gestionarían entre los ayuntamientos (400 millones de euros), las comunidades autónomas (400 millones de euros) y los restantes 200 millones de euros incrementarían los recursos destinados a las ONG de Acción Social.

“Nos obsesiona la pobreza y los nuevos pobres que están surgiendo en España”, ha apuntado Rubalcaba, quien ha insistido que este fondo “se puede extraer fácilmente”, al suponer únicamente un 10% de lo que España recauda en la lucha contra el fraude fiscal.    MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS)

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