El Supremo admite que se aporten fotos a un proceso penal si son en la vía pública y no desmerecen al fotografiado

El Supremo admite que se aporten fotos a un proceso penal si son en la vía pública y no desmerecen al fotografiado
El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del Derecho a la propia imagen sin que se trate ni de una revista o programa de televisión ni de un famoso, sino de una vecina denunciada en un juicio de faltas al que no se presentó teóricamente por estar gravemente enferma en la cama a causa de las tensiones vecinales que fue vista, sin embargo, paseando y jugando a la petanca, y consecuentemente fotografiada por sus vecinos denunciantes. La aportación de dichas fotos al proceso penal es lícita, tal y como acaba de sentenciar el Supremo en casación.
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Los gestores de información: Reputación y Derecho

Los gestores de información: Reputación y Derecho
En relativamente pocos años, la comunicación empresarial ha virado 180º, adaptándose aquella a los nuevos canales de comunicación y la forma de reproducir e interactuar en aquellos. Las empresas ya no pueden ser meros transmisores de información bajo canales unidireccionales … [+]
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Casi medio millón de preferentistas reclaman a las nacionalizadas 6.757 millones a través del arbitraje

Casi medio millón de preferentistas reclaman a las nacionalizadas 6.757 millones a través del arbitraje

30 de septiembre de 2013

Fachada del edificio de la sede Bankia

Casi medio millón de titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada de las entidades bancarias nacionalizadas –Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa– han reclamado 6.757 millones de euros a través del arbitraje, y más de 60.000 de ellos ya han recuperado 530 millones de inversión.

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Así consta en el primer informe trimestral remitido al Congreso por la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, creada por el Gobierno en el decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión, que fue aprobado el pasado mes de marzo y que, entre otras medidas, autorizaba el arbitraje para ciertos casos.

Al inicio del proceso, las tres entidades que han sido objeto de un rescate total sumaban 9.772 millones de euros en emisiones de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada cuyos tenedores tienen derecho a solicitar el sometimiento a un arbitraje. En concreto, Bankia tenía 6.231 millones emitidos entre 294.905 personas, NCG tenía 1.832 millones entre 116.660 ciudadanos y Catalunya Caixa contaba con 1.709 millones entre 122.858 tenedores.

PRIMERO EN GALICIA

Para muchos de estos clientes se abrió la puerta a acogerse al arbitraje, renunciando en este caso a recurrir a la vía judicial posteriormente. El primer procedimiento se abrió en NCG en julio del año pasado, y a él se remitieron 106.840 titulares (80% del total) por 1.450 millones de euros.

Hasta el 19 de julio pasado, cuando está fechado el informe, el experto independiente había analizado ya todas las solicitudes y había admitido 62.503, de las cuales 43.990 ya han recibido un laudo positivo por valor de 367 millones de euros.

En Catalunya Caixa las solicitudes de arbitraje comenzaron a registrarse el 11 de octubre de 2012 y sumaron un total de 118.131 por un importe de 1.399 millones de euros. Hasta julio, el experto había admitido ya 20.276 reclamaciones, de las cuales 12.055 ya cuentan con laudo positivo por un valor de 145 millones de euros.

Bankia fue la última entidad en poner en marcha este proceso, el pasado 18 de abril, lo que junto con el mayor volumen de afectados hace que el procedimiento vaya algo más retrasado y se vaya a concluir más tarde.

En concreto, 247.795 titulares minoristas o no profesionales de preferentes han reclamado extrajudicialmente por un importe de 3.908 millones de euros, y 78.114 de las solicitudes ya han sido admitidas. De ellas, se habían resuelto a 19 de julio un total de 4.268 casos de forma favorable al cliente por un importe de 18 millones de euros, si bien la Comisión de Seguimiento recuerda que “un porcentaje muy elevado de las solicitudes se encuentran todavía en fase de estudio”.

VÍA JUDICIAL

Sin embargo, otros 6.487 afectados por la mala comercialización de estos productos financieros han recurrido a la vía judicial para intentar recuperar su dinero, reclamando la devolución de más de 435 millones de euros. Hasta julio, 491 demandantes ya habían tenido una sentencia favorable en sus reclamaciones por valor de 22,75 millones de euros.

En concreto, los titulares de estos productos de Bankia habían presentado 3.441 demandas judiciales por un importe de 269,73 millones de euros. De ellas, sólo 196 habían sido ya resueltas en ese momento, doce de ellas por desestimiento del demandante (919.821 euros). Mientras, 21 de las sentencias han sido favorables a la entidad por 1,75 millones de euros, mientras que las restantes 163 fueron favorables a los clientes, por valor de 10,51 millones de euros.

Por su parte, en el periodo recogido en el informe se habían presentado 2.229 demandas por parte de preferentistas de NCG por un importe total de 130 millones de euros. De ellas, 244 ya habían sido resueltas, 78 de ellas por desestimiento del cliente, por un valor de 2,64 millones de euros. Las sentencias favorables a la entidad fueron dos, por 196.000 euros, mientras que los clientes ganaron 164 de las reclamaciones, por 7,06 millones de euros.

En cuanto a Catalunya Caixa, se han recibido 817 reclamaciones judiciales por un importe de 36 millones de euros. De ellas, 185 ya han concluido su tramitación, quince por desestimiento de los clientes. La entidad ha conseguido fallos favorables en seis casos, por 69.573 euros, mientras que las restantes 164 fueron a favor del cliente, por 5,17 millones de euros.

 

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Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

30 de septiembre de 2013

 Baltasar Garzón

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón espera desde hace un año una respuesta a la petición de indulto que presentó en su nombre la asociación de juristas europeos Medel, solicitando la remisión total de la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ y sus abogados.

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes del Tribunal Supremo y la Fiscalía para decidir si le indulta

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes pertinentes del Alto Tribunal y de la Fiscalía sobre la conveniencia o no de conceder el indulto a Garzón, que, en todo caso, no son vinculantes.

Según informaron a Europa Press fuentes de Justicia, el Ministerio inició la tramitación del proceso el 29 de junio de 2012 cuando remitió un oficio al tribunal sentenciador, una vez que Garzón confirmó que la solicitud de la medida de gracia contaba con su consentimiento.

Justicia recibió unos días antes la misiva del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expresando que, aunque la petición era “libre y soberana”, contaba con su aval y agradecía a la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) su iniciativa acompañada de “argumentos dignos de ser valorados”.

PLAZO DE UN AÑO

Como norma general, los procedimientos a los que da lugar el ejercicio del derecho de gracia son resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en ese plazo, según informa la página web de Justicia.

Sin embargo, en este caso, no se trata de que haya desestimado la petición, sino que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no ha recibido aún los informes pertinentes para poder tomar una decisión.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el 18 de mayo del pasado año ante el Ministerio de Justicia esta petición sobre la base de que la sentencia condenatoria había sido “manifiestamente desproporcionada”.

“La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma, es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción”, detallaba el escrito de 16 páginas dirigido a Gallardón.

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Derecho a pedir la retirada de una obra: ¿a quién le corresponde?

Derecho a pedir la retirada de una obra: ¿a quién le corresponde?
En caso de una obra hecha por encargo, realmente, la facultad de retirada que permite el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia ―en adelante TRLPI― afecta a la relación entre autor y cesionario de un derecho de explotación, supuesto que no se corresponde con la obra de encargo.
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El Constitucional le cierra la puerta otra vez a Garzón, quien trata de anular la sentencia que le condena por prevaricación

El Constitucional le cierra la puerta otra vez a Garzón, quien trata de anular la sentencia que le condena por prevaricación
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano, y por unanimidad, el incidente de nulidad de actuaciones presentado por Baltasar Garzón el pasado 22 de julio. El recurrente solicitó la anulación de la providencia con la que, el 29 de octubre de 2012, la Sección Cuarta inadmitió su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de prevaricación. En su escrito, alegaba que la intervención del actual presidente del Tribunal Constitucional en aquella decisión vulneró, en su vertiente de derecho a un juez imparcial, su derecho a un proceso con todas las garantías. Por esa razón, solicitaba al TC que examinara de nuevo su recurso sin la participación del Presidente.
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El Congreso insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de traductores e intérpretes judiciales

El Congreso insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de traductores e intérpretes judiciales

26 de septiembre de 2013

Una fila de sillas naranjas y sobre ellas unos auriculares

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles, con la abstención de CiU, una proposición no de ley planteada por el PP en la que se insta al Gobierno a impulsar un plan de formación de los traductores e intérpretes judiciales y jurados, así como a crear el correspondiente Registro, en colaboración con las comunidades autónomas.

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, ha destacado que los traductores son “pieza clave” para los extranjeros inmersos en procesos judiciales en territorio español y que la actuación de estos operadores es “imprescindible para cumplir con su derecho a la tutela judicial efectiva”.

Éstos son los dos reclamos que los ‘populares’ han incluido en su iniciativa, con la que buscan que se tomen medidas para “asegurar” la profesionalidad de estas personas, que son “una pieza clave” en los procesos judiciales cuando las partes que acuden a él no hablan el castellano o las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas.

UNA SOLUCIÓN PARA ESTE ‘VACÍO LEGAL’

Según expone el PP en el texto, la actuación de estos profesionales es “imprescindible” para cumplir con la tutela judicial efectiva que contempla la Constitución, si bien actualmente la legislación, y singularmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hace referencia a la manera en la que han de desarrollar su actuación o a los requisitos que han de cumplir.

En este sentido, el partido del Gobierno destaca que las propias asociaciones de traductores e intérpretes judiciales y jurados vienen pidiendo una solución para este ‘vacío legal’ y, de hecho, considera “oportuno” que el Ministerio de Justicia, en colaboración con ellas, exija una formación “adecuada y uniforme” a todos los traductores judiciales, fijándose a la vez una formación continuada en la material para mantener los niveles de profesionalidad.

Y para garantizar los requisitos de formación y profesionalidad que marque el Gobierno se cumplan –al igual que se ha previsto en la Ley de Mediación–, el PP cree que sería “conveniente”, además, crear un Registro de traductores e intérpretes jurados, dependiente del Ministerio de Justicia que, a su vez, está coordinador con las administraciones autonómicas.

SE TRABAJA YA EN LA REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL

El PP plantea esta proposición consciente de lo “preocupado” que está el Gobierno por la profesionalidad y mejora del servicio de la Administración de Justicia, como lo demuestra el hecho de que se esté trabajando en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Precisamente, recuerda, que el pasado 7 de mayo el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, acudió al Congreso para dar cuenta del trabajo de la comisión de expertos para la elaboración de una propuesta de texto articulado de la citada norma.

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El Parlamento andaluz aprueba mañana una Ley antidesahucios que protege a avalistas y autónomos

El Parlamento andaluz aprueba mañana una Ley antidesahucios que protege a avalistas y autónomos
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha afirmado que la inminente aprobación de la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda “devolverá a las familias una herramienta fundamental para defender su derecho a un techo bajo el que vivir dignamente”. “La norma que en abril aprobó el Gobierno andaluz ahora la va a refrendar, ampliada y reforzada con las aportaciones de los grupos y de la sociedad civil, el Parlamento autonómico, sede de la soberanía andaluza”, ha señalado Cortés, que ha añadido que “el Gobierno andaluz va a redoblar su lucha contra los desahucios y en defensa de que el inmenso stock de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias salga en alquiler asequible”.
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La FIA exige que se investiguen los asesinatos de abogados en Colombia y Honduras

La FIA exige que se investiguen los asesinatos de abogados en Colombia y Honduras
La Federación Interamericana de Abogados (FIA), organismo con más de setenta años de existencia, con sede en Washington (EEUU), y que integra a los Colegios de Abogados Nacionales, Federaciones de Abogados, Barras y Asociaciones de profesionales del derecho de las … [+]
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