Gallardón defiende una sala civil en la Audiencia Nacional y que los mercantiles abran en agosto

Gallardón defiende una sala civil en la Audiencia Nacional y que los mercantiles abran en agosto

13 de marzo de 2014

Alberto Ruiz-Gallardón

(EP).- El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha defendido la creación de una sala civil en la Audiencia Nacional y también que los juzgados mercantiles funcionen “los doce meses del año”, incluyendo agosto.

En una conferencia ofrecida este miércoles por la tarde en Barcelona, el ministro ha considerado que “la Audiencia Nacional puede estar compuesta por cuatro Salas Superiores”, con lo que la civil se uniría a la penal, contencioso-administrativo y social, que ya existen.

El ministro ha apostado también por que las tres primeras, además, tengan salas de instancia, “equiparándose al resto de órganos judiciales y permitiendo conocer asuntos de excesiva complejidad o volumen” que puedan bloquear en funcionamiento de los tribunales de instancia.

Otra de las novedades que ha mencionado, y que ya recoge el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Poder Judicial, es que los tribunales mercantiles abran “los doce meses del año”, para un mejor funcionamiento.

El ministro se ha referido también a las tasas judiciales, y ha sostenido que la justicia deben sufragarla “especialmente los litigadores que plantean recursos con mala fe o sin fundamento alguno” con la intención de bloquear los procesos.

“La justicia puede ser gratis, pero nunca es gratuita”, ha sentenciado Gallardón, que explicado que en España el 90% del coste lo sostienen los ciudadanos y únicamente un 10% los que litigan, al contrario de lo que dice que ocurre en Europa donde estos sufragan el 28″.

 Fomentar el arbitraje

Gallardón también ha apostado por tratar de reducir el número de procesos judiciales apostando por vías alternativas no penales como el arbitraje y la mediación, para tratar de paliar uno de los vicios estructurales del sistema español ya que el proceso penal debe ser “el último recurso”.

En este sentido, ha dicho que en España se tramitan unos 9 millones de asuntos al año en los tribunales mientras que en Francia la cifra es de 6,5 millones, pese a contar con 20 millones más de ciudadanos, lo que Gallardón achaca precisamente al poco uso de los mecanismos alternativos a los tribunales.

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ICEX organiza un seminario para empresas ferroviarias que buscan oportunidades en Rumanía

ICEX organiza un seminario para empresas ferroviarias que buscan oportunidades en Rumanía

ICEX España Exportación e Inversiones organiza un seminario destinado a las empresas del sector ferroviario que deseen encontrar nuevas oportunidades de negocio en Rumanía. La jornada se hará por videoconferencia y se celebrará de forma simultánea, el próximo día 18 de septiembre, en cuatro ciudades españolas: Madrid, BarcelonaValladolid y Valencia.  

 

El programa de esta jornada contemplará la situación actual del sector ferroviario en Rumanía, así como la dotación de infraestructuras, los operadores de transporte de pasajeros y mercancías públicos y privados, y los principales productores locales de material ferroviario.

 

Además, los asistentes contarán con información práctica sobre el proceso de modernización de la infraestructura ferroviaria en este país del Este de Europa.

 

El programa dará comienzo con una conferencia titulada ‘Oportunidades en el sector de la energía en el mercado rumano’, que será impartida por  Agustín Navarro de Vicente-Gella, consejero económico y comercial en la Oficina Comercial de España en Bucarest. A continuación, habrá una ronda de entrevistas personalizadas de 30 minutos con el consejero.

 

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web de ICEX. 

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EY incorpora a Oscar Figueres, Abogado del Estado-Jefe en Tarragona

EY incorpora a Oscar Figueres, Abogado del Estado-Jefe en Tarragona
EY (antes Ernst & Young) continúa reforzando su presencia en Cataluña con la incorporación de nuevos profesionales. El último ha sido Oscar Figueres, hasta ahora Abogado del Estado-Jefe en Tarragona, que formará parte del área Legal en Cataluña, dirigida por Pilar Fernández Bozal, para quien este nombramiento “es un ejemplo de la calidad de los equipos de EY en Barcelona”.
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Un juzgado de Valencia anula una multa de la campaña ‘No quiero pagar’

Un juzgado de Valencia anula una multa de la campaña ‘No quiero pagar’

9 de septiembre de 2013

Peaje autopista

La juez determina que la señalización establece la obligación de detenerse en el peaje, pero “no de detenerse y pagar”

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) – El juzgado de lo contencioso-administrativo número nueve de Valencia ha anulado una multa de 100 euros impuesta a un ciudadano por no pagar un peaje en el marco de la campaña ‘No vull pagar’ (‘No quiero pagar’).

En una sentencia con fecha del 31 de julio a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez determina que la señalización establece la obligación de detenerse en el peaje, pero “no de detenerse y pagar el peaje”.

Por ello, sostiene que “no hay motivo para pensar que el recurrente no respetara la señal de detenerse”, con lo que anula la sanción y condena a la parte demandada –la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia– a pagar las costas del juicio.

La multa había sido recurrida por la abogada Anna Oliver, coordinadora de Solidaritat Catalana del País Valenciano y miembro de la ejecutiva nacional del partido, según ha informado éste en un comunicado este domingo.

El movimiento ‘No vull pagar’, que defiende el impago de los peajes en Cataluña, registraba en marzo 100.000 casos de impago y mantenía abiertos procesos sancionadores en 20.000 de ellos, según la la ‘Plataforma Catalunya Diu Prou’.

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El préstamo del Rey a la Infanta estableció una devolución de los 1,2 millones en 23 años sin intereses

El préstamo del Rey a la Infanta estableció una devolución de los 1,2 millones en 23 años sin intereses

4 de septiembre de 2013

Rey Juan Carlos

El préstamo por 1,2 millones de euros que el Rey Juan Carlos hizo a la Infanta Cristina en 2004 estableció un periodo de devolución de 23 años, a pagar tras un periodo de carencia de tres años, según consta en la escritura con la que se formalizó el préstamo a nombre exclusivamente de la hija del monarca.

En la escritura, a la que ha tenido acceso Europa Press, el notario da fe de la entrega de 1,2 millones de euros por parte del Rey a su hija para “satisfacer parte del coste de adquisición de la participación indivisa de la vivienda” que la Infanta estaba “procediendo a comprar junto a su esposo”, el Palacete de Pedralbes en Barcelona.

Este préstamo salió a la luz este lunes, después de que un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) presentado ante el juez instructor del caso Noos, José Castro, desvelara transferencias bancarias del Rey en favor de los Duques de Palma, para la compra del inmueble, por el que pagaron 5,8 millones de euros.

La escritura –firmada el 23 de diciembre de 2004, tras haber recibido el dinero– señala que el préstamo se entregó a la Infanta Cristina mediante dos transferencias bancarias efectuadas desde “cuentas particulares” del Rey en los meses de julio y septiembre de 2004, por importe, cada una de ellas, de 600.000 euros.

El documento obliga a Doña Cristina como prestataria a “su devolución en los plazos y condiciones establecidos” en la escritura, que estipula que este dinero, sobre el que no se devengarán intereses, deberá ser restituido en un periodo de 23 años.

Para su amortización se estableció un periodo de carencia de tres años, a contar desde el día de la firma, y a partir del cual deberían hacerse pagos anuales, por años vencidos. De ese modo, el primer pago debería hacerse el 23 de diciembre de 2008.

CUOTAS DE 50.000 Y 70.000 EUROS AL AÑO

La escritura estableció para los diez primeros años cuotas de 50.000 euros que se ampliarían a partir de la décimo primera a los 70.000 euros. También recoge que, no obstante, la Infanta podría realizar pagos anticipados, parciales o de la totalidad.

Sin embargo, Doña Cristina no ha cumplido con estos plazos. Según lo estipulado, el 23 de diciembre de 2012 debería haber devuelto ya 250.000 euros, correspondientes a las cinco primeras anualidades y, en cambio, en su declaración por el impuesto de patrimonio en ese año reconoció una deuda por 1,05 millones de euros, de manera que sólo había devuelto 150.000 euros.

La escritura señala que las devoluciones de todas las cantidades que la Infanta debía hacer al Rey, por cualquier concepto, “se realizarán en el domicilio del acreedor”.

El documento finaliza señalando que, previa lectura, tanto el Rey como la Infanta firmaron el texto, del que da fe el notario Joaquín M. Rovira Perea.

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Resumen Colegial 02-09-2013

Resumen Colegial 02-09-2013
La Junta paga 167.000 euros al servicio de oficio de los abogados DIARIO DE ALMERÍA La Junta paga a los abogados 145.690 euros atrasados ABC Segundo encuentro `International Arbitration Congress´ en Barcelona EL ECONOMISTA Una familia víctima de desahucio consigue … [+]
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El TSJC reconoce el derecho a la paga extra de los trabajadores de las universidades públicas catalanas

El TSJC reconoce el derecho a la paga extra de los trabajadores de las universidades públicas catalanas

8 de agosto de 2013

TSJC

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido el derecho a recibir la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 del personal de administración y servicios (PAS) de las universidades públicas catalanas.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJC estima parcialmente el conflicto colectivo interpuesto por UGT y CC.OO. de Catalunya contra las siete universidades públicas catalanas en referencia al recorte de la paga extra de la Navidad de 2012, y condena a los centros al pago “íntegro”.

De este modo, las universidades deberán abonar la parte proporcional de la paga extra de Navidad al personal PAS, aunque la sentencia no contempla el pago también al personal docente e investigador (PDI), ha informado CC.OO. de Catalunya en un comunicado.

El Govern adoptó “medidas excepcionales” de reducción del gasto de personal en 2012, que en las universidades públicas se concretaron con una rebaja de sueldo del 5%, que se efectuó a través de la paga extra, una medida que se sumó a otro recorte impulsado por el Estado.

Ahora el TSJC insta a los centros a abonar la parte proporcional meritada a 15 de julio de 2012, por lo que acepta parcialmente la petición de los sindicatos, que reclamaban la totalidad.

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El Tribunal Arbitral de Barcelona y la Facultad de Derecho de ESADE firman un convenio de colaboración para difundir la cultura arbitral

El Tribunal Arbitral de Barcelona y la Facultad de Derecho de ESADE firman un convenio de colaboración para difundir la cultura arbitral
El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) y la Facultad de Derecho de ESADE han firmado un convenio de colaboración con el fin de promover la formación en arbitraje entre los profesionales del sector jurídico y la difusión de la cultura arbitral como alternativa para la resolución de conflictos.
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Bufete Escura se integra en Legal Associati, una de las mayores redes de abogados de Italia

Bufete Escura se integra en Legal Associati, una de las mayores redes de abogados de Italia
El Bufete Escura, despacho de abogados y economistas de Barcelona, será el nuevo delegado para España de la red de abogados italiana Legal Associati. Mediante este convenio de colaboración, Bufete Escura facilitará asesoramiento jurídico a las empresas italianas con intereses en España y Legal Associati atenderá las necesidades de compañías españolas en Italia.
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El CGPJ discutirá hoy un protocolo para el control de los CIE por parte de los jueces de instrucción

El CGPJ discutirá hoy un protocolo para el control de los CIE por parte de los jueces de instrucción

11 de julio de 2013

Placa del Consejo General del Poder Judicial

 

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS)

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá este jueves una propuesta del vocal José Manuel Gómez Benítez para implantar un protocolo de actuación dirigido a aquellos jueces de instrucción entre cuyas funciones se encuentra el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las Salas de Inadmisiones de fronteras.

Los juzgados que tienen estas funciones específicas se encuentran en Algeciras (Cádiz), Málaga, Puerto del Rosario (Fuerteventura), Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Valencia, Madrid y Murcia.

Entre las recomendaciones incluidas en la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, está la que tiene como objetivo que los jueces “se interesen porque los internos reciban información nada más ingresar” sobre la existencia del juzgado que le corresponda, “sus funciones de protección de los derecho fundamentales y la posibilidad de poner quejas directamente por posibles vulneraciones de estos derechos”.

Información sobre derechos

También propone Gómez Benítez que, aunque esta función está asignada a los secretarios judiciales, los jueces se preocupen porque los inmigrantes que ingresan en estos centros conozcan las normas del derecho de asilo y los derechos inherentes a situaciones de trata de personas.

En su propuesta, el vocal Gómez Benítez recuerda que la Ley atribuyó a los juzgados de instrucción el control sobre los CIE en 2000, encomendándoles la resolución de las quejas de los internos que afecten a sus derechos así como la realización de visitas a los centros cuando conocieran de algún incumplimiento grave o lo consideraran conveniente.

No obstante, y pese a que la disposición final de la Ley daba un plazo de seis meses al Gobierno para la aprobación del Reglamento correspondiente de desarrollo de la norma, la propuesta del CGPJ advierte que este documento “no ha visto la luz”, lo que obliga a presentar este protocolo que este jueves se votará en el Pleno del CGPJ.

La propuesta recuerda que los diferentes juzgados han ido estableciendo en la práctica pautas muy diferentes para la tramitación de estos expedientes que es necesario ordenar.

Tras celebrar varias reuniones con jueces que desarrollan esta labor y con el Defensor del Pueblo, así como con organizaciones sociales que prestan apoyo en estos centros, el vocal Gómez Benítez propone cambios a la hora de computar estas actuaciones en los boletines estadísticos  y recomienda que las visitas de control se acuerden mediante providencia para dotarlas de mayor seguridad jurídica.

Igualmente, se propone que las convocatorias futuras que realice el  CGPJ de las vacantes en estos juzgados incluyan la referencia a la función de control de los CIES y de las Salas de Inadmisión de Fronteras y que los jueces informen a los centros “cuando concurran circunstancias personales especiales de vulnerabilidad”.

Otros acuerdos

El Pleno del CGPJ de este jueves incluye otros acuerdos, como los nombramientos de los nuevos presidentes de las audiencias provinciales de La Rioja, Tenerife, Cantabria y Las Palmas y la aprobación el informe que ha realizado esta institución sobre la Ley de Emprendedores.

Igualmente, se discutirá la aprobación de una Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia de Género, una tabla para la fijación de pensiones en procedimientos de familia y una propuesta de la vocal Margarita Uría en relación al último informe del Comité Europeo sobre la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.

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