El TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de las tasas planteada por un juzgado de Cantabria

El TC admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad de las tasas planteada por un juzgado de Cantabria

18 de marzo de 2014

Tribunal Constitucional

(TC).- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de 1ª instancia e instrucción número 1 de Torrelavega (Cantabria) en relación a las tasas judiciales, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española, tal como se publica en el BOE del sábado 15 de marzo.

El juzgado número 1 de Torrelavega promovió en enero la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales por considerar que no está en consonancia con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La resolución del juez cántabro se produjo a petición del abogado Manuel Ruiz de Villa, que tenía que pagar una tasa “desproporcionada” para poder plantear un recurso de apelación relativo a una reclamación de 464.710,52 euros.

En su auto, el magistrado de Torrelavega, tras repasar las distintas cantidades que deben pagarse en los diferentes tipos de recursos, concluía que el derecho a la tutela judicial efectiva “del artículo 24.1 de la CE puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la Jurisdicción o, en todo caso. En los recursos, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas de tal forma que cuestionen la razonabilidad o proporcionalidad de los fines que persigue el legislador.

Además de la cuestión planteada por el magistrado de Torrelavega, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias, la Diputación General de Aragón, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista. También hay que añadir las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.

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Magdalena Álvarez pide a la Audiencia anular el auto de imputación pues los delitos habrían "prescrito"

Magdalena Álvarez pide a la Audiencia anular el auto de imputación pues los delitos habrían "prescrito"

12 de septiembre de 2013

Magdalena Álvarez

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) – La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de imputación dictado por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares al entender que los presuntos delitos que se le atribuyen, como son los de prevaricación administrativa y malversación, habrían “prescrito”, motivo que junto a otros que alega le lleva a pedir la nulidad de la resolución judicial dictada por Mercedes Alaya.

En el recurso, adelantado por la cadena Ser y consultado por Europa Press, el abogado de Álvarez, Horacio Oliva, solicita por tanto la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa respecto a su representada “por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados”, pidiendo de manera subsidiaria que se revoque dicha resolución judicial “por falta de motivación” y que se devuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que “se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo”.

El letrado alega en el recurso que, en el auto por el que Alaya imputó tanto a Magdalena Álvarez como a otros 19 altos o exaltos cargos de la Junta, la juez ha “vulnerado” el derecho a la tutela judicial efectiva “por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación”, pues la decisión de imputar a todas estas personas no va acompañada de “la exigible argumentación fáctica y jurídica que permita conocer los términos en que tal imputación se sostiene”.

De este modo, dice que “el global encausamiento de 20 personas se sostiene sobre una genérica referencia a que, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido un uso indebido de las transferencias de financiación, dando lugar con ello a un déficit de control en el pago de las ayudas sociolaborales por parte del IFA/IDEA y la Consejería de Empleo; añadiéndose, respecto de mi representada, que su intervención se habría producido con la redacción” de la orden de 4 de junio de 2003 “donde se recoge el concepto presupuestario de la transferencia de financiación”.

“INDEFENSIÓN”

En este sentido, el abogado asevera que “si tan magro compendio de hecho apenas permite adivinar las razones que sustentan la imputación penal –no sólo por su escueta y genérica descripción sino también por su manifiesta carencia de todo viso delictivo–, tal pretensión deviene imposible ante la ausencia de toda mención a los concretos tipos delictivos que, pretendidamente, otorgan relevancia penal a tales hechos”, añadiendo que “brilla por su ausencia un mínimo juicio indiciario” que “permita al menos afirmar una cierta apariencia delictiva y justificar, con ello, la resolución que ahora combatimos”.

“El expuesto déficit de concreción fáctica y jurídica genera indefensión en mi representada, al desconocer los presupuestos en virtud de los que el Juzgado ha decidido dirigir el procedimiento penal contra ella”, dice el abogado de la exconsejera, quien abunda, respecto a este punto del recurso, en que la juez ha generado “indefensión” a su patrocinada “al desconocer frente a qué debe defenderse”.

Asimismo, el letrado rechaza “la existencia de todo indicio delictivo que permita vincular” la actuación de Magdalena Álvarez al frente de la Consejería de Hacienda con el objeto de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 6, pues “ninguna conclusión de esa índole cabe extraer ni del contenido del auto combatido ni de los informes institucionales a que el instructor parece remitirse”.

IMPUTACIÓN “INFUNDADA”

“Pese al margen de incertidumbre en que necesariamente hemos de movernos”, prosigue el letrado, “importa destacar que los hechos que parecen imputarse” a la exconsejera de la Junta se concretan en la aprobación de la orden de 4 de junio de 2003, “por la que, pretendidamente, se introducen las transferencias de financiación de las ayudas sociolaborales”. “Siendo ello así, y teniendo en cuenta la fecha del auto que ahora se recurre, tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación estarían prescritos”, argumenta.

Tras ello, el letrado asevera que la imputación de su cliente “resulta manifiestamente infundada” y se basa en “un endeble acervo jurídico”, punto en el que señala que “una imputación carente del mínimo soporte indiciario debe considerarse, por arbitraria, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva” recogido en el artículo 24.1 de la Constitución española.

El abogado pone manifiesto que, “de la exigua” enunciación fáctica plasmada en el auto “parece inferirse que la imputación dirigida contra Magdalena Álvarez se concretaría en que la finalidad que guió la inclusión de las transferencias de financiación en la orden de 4 de junio de la Consejería de Hacienda fue la de reducir los controles que debía efectuar la Intervención General de la Junta para así favorecer los pagos indebidos de ayudas sociolaborales efectuadas por el IFA/IDEA y la Consejería de Empleo”.

TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

En esta línea, dice que “no puede asignarse carácter delictivo a la utilización ‘per se’ de dicha figura presupuestaria como vehículo de financiación de un programa de ayudas sociolaborales”, ya que “por más que pueda resultar controvertida la naturaleza o finalidad de las transferencias de financiación, constituiría un error categorial derivar tal ausencia de clarificación conceptual una ilicitud jurídico-penal, convirtiendo lo que no es sino una discusión de índole técnico-presupuestaria en materia penal, y declarar como ‘ilegal’ lo que, todo lo más, pudiera calificarse de uso ‘inadecuado’ del instrumento presupuestario elegido por parte de la Consejería competente para ejecutar los créditos”.

A juicio del abogado, “no puede tildarse de ilegal una opción de financiación presupuestaria que ha sido plasmada, bajo la partida presupuestaria 31.L, en las sucesivas leyes de presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz desde el año 2002″, agregando que “por tautológico que suene, es la Ley la que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiación, por lo que resultaría lógicamente incongruente calificar como ‘ilegal’ lo que la Ley avala”. “Y si no hay ilegalidad alguna, desaparece ‘a limine’ todo viso de ilicitud penal, salvo que quisiera imputarse por prevaricación al Parlamento andaluz en su conjunto”.

En otro punto del recurso, el abogado de la exconsejera asevera que “la concreción de los conceptos asignados a las partidas presupuestarias, y con ello la forma de financiación del IFA/IDEA, no era competencia de la Consejería de Hacienda, sino de la de Empleo, que era la que proponía el sistema de financiación al IFA/IDEA y, con ello, la elección de la transferencia de financiación como vehículo para el pago de las ayudas sociolaborales”, a lo que se suma que, como consejera, su cliente “no tenía competencias para controlar o supervisar la gestión interna del gasto efectuado por cada Consejería ni debía conocer el procedimiento ni la aplicación y destino de las dotaciones económicas presupuestadas”.

“Es a los responsables del IFA/IDEA y de la Consejería de Empleo a quienes correspondía la gestión de los pagos de las ayudas sociolaborales”, subraya, resumiendo que “la única conclusión acorde a las leyes de la lógica y la experiencia” es que Magdalena Álvarez, “dado el ámbito objetivo de sus competencias, ni conoció ni pudo conocer que los pagos efectuados por la Consejería de Empleo a través del IFA/IDEA estuvieran siendo indebidamente ejecutados, ni que ello derivara en una presunta malversación del dinero público”, por lo que, “en consecuencia, no es dable atribuir a Álvarez responsabilidad alguna por los hechos que han dado lugar al procedimiento, debiendo por tanto anularse el auto en lo relativo a la imputación de mi representada”.

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Manos Limpias expresa su "absoluta repulsa" ante palabras de miembros del PSOE y la Junta por último auto de Alaya

Manos Limpias expresa su "absoluta repulsa" ante palabras de miembros del PSOE y la Junta por último auto de Alaya

11 de septiembre de 2013

José Antonio Griñán

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) – La Coordinación General en Andalucía del Sindicato de Colectivos de Funcionarios Públicos Manos Limpias manifiesta su “total y absoluta repulsa” a las manifestaciones realizadas por los miembros de distintos representantes del PSOE y del equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía después de conocerse este martes el último auto de la juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, en el que se comunica a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves el inicio de diligencias para su imputación, así como también a los exconsejeros de Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el diputado en el Congreso por Sevilla y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera; el exconsejero de Empleo, Manuel Recio; y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo.

En un comunicado remitido por el coordinador general de Manos Limpias en Andalucía, Arnaldo Fernández Calderón, recuerda que “estamos hablando del mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país y precisamente en desprecio total y absoluto a los parados andaluces en particular y de los ciudadanos de nuestra región y de España en general”. “No acertamos a comprender como, en vez de dar una explicación en su defensa, siguen utilizando el ‘y tú más’ y descalificando de forma torticera la actuación, hasta ahora impecable y valiente, de una juez que, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, esta cumpliendo escrupulosamente con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha subrayado.

De otro lado, recuerda a los miembros del PSOE y de la Junta que, “afortunadamente estamos en un Estado de Derecho y no de desecho como algunos pretenden convertirlo” y que por tanto, a su juicio, los tiempos judiciales “son los que son y a los que tienen que acoplarse todas las demás actuaciones incluyendo, faltaría más, los tiempos políticos que por otra parte no son más que tácticas dilatorias, partidistas e interesadas además de prácticas evasivas y de raquítica defensa ante lo incuestionable”.

Por todo ello, afirma que “nos congratulamos de que finalmente, y más pronto que tarde, la juez Alaya, a tenor de los hechos objetivos investigados y contrastados, haya decidido dar judicialmente este paso que desde un principio Manos Limpias le he venido insistentemente solicitando”.

De otro lado, recuerda que Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso de los ERE, ha venido solicitando reiteradamente la imputación de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y precisa que, “finalmente, Alaya acepta las peticiones de Manos Limpias e inicia el camino para que tanto que Griñán y Chaves puedan ser imputados en su condición de aforados”.

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Cospedal declara hoy miércoles en la Audiencia Nacional como testigo, tras hacerlo Cascos y Arenas

Cospedal declara hoy miércoles en la Audiencia Nacional como testigo, tras hacerlo Cascos y Arenas

14 de agosto de 2013

María Dolores de Cospedal

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) – La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declara esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la causa que instruye el magistrado sobre la posible contabilidad b del PP, tras haberlo hecho este martes sus antecesores en el cargo, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, todos ellos llamados en calidad de testigos para que expliquen sus conocimientos sobre la contabilidad del partido tras los llamados ‘papeles de Bárcenas’.

Ruz concretaba en su auto de citación que aunque los cargos de Arenas y Álvarez-Cascos se corresponden con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, cree que pueden aportar “datos relevantes” para la investigación en curso. No obstante, el magistrado ha venido delimitando en sus últimos autos la investigación a los delitos fiscales que pudieran haberse cometido a partir del ejercicio 2007 y los cometidos contra la administración pública, como cohecho y otros, desde el año 2002 en adelante.

Por lo que se refiere a De Cospedal, además de ser preguntada por su conocimiento general de la supuesta contabilidad B, previsiblemente será inquirida por lo señalado por Bárcenas respecto del cobro en concepto de sobresueldo, tanto por ella como por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de 45.000 euros cada uno entre los años 2009 y 2010.Pese a carecer de recibos que demuestren estos pagos, Bárcenas aseguró que el primero de los pagos se realizó tras el inicio del caso Gürtel, momento en que el partido decidió liquidar la caja donde guardaba el dinero en efectivo procedente de los pagos realizados por distintos empresarios. Bárcenas señaló también en dicho interrogatorio que en la caja había depositados en 2009 más de 40.000 euros y que repartió la cantidad en dos partes, que dio a Rajoy y Cospedal.

El excedente de dinero sobrante tras el reparto fue adjudicado también al presidente del Gobierno.

Agregó que en 2010 pagó otros 25.000 euros a cada uno de los dos dirigentes populares, en esta ocasión en efectivo. El dinero, según la versión de Bárcenas, fue entregado en mano en billetes de 500 euros introducidos en sobres marrones. Cospedal habría recibido esta última cantidad en su despacho de Génova. Los 50.000 euros repartidos procedían de la devolución de un préstamo realizado al PP gallego.

PREVENCIÓN COMO TESTIGO

La cuestión que puede dar más problemas a Cospedal es la referida al recibí aportado por Bárcenas por el presunto cobro en 2007 por el PP de Castilla-La Mancha de una comisión de 200.000 euros a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en el Ayuntamiento de Toledo, siendo presidenta del partido en la región la propia De Cospedal.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que puede que en este punto el juez Ruz advierta a la testigo -que como tal acude sin abogado y con obligación de decir verdad-, de la posibilidad de que una respuesta en este punto pueda perjudicarla y que sería mejor no contestar.

Cospedal está citada a las 10 de la mañana y será la única en testificar. Este martes, Arenas y Álvarez Cascos han dado explicaciones durante unas dos horas cada uno, en una intensa jornada en la Audiencia que se ha completado con las declaraciones también del cajero Antonio Ortiz y de Cristóbal Páez, quien sustituyera a Luis Bárcenas en la gerencia del partido.

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La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos y a otras 21 personas en la causa de los ERE

La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos y a otras 21 personas en la causa de los ERE

6 de agosto de 2013

Mercedes Alaya

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto de fecha 31 de julio en el que imputa a otras 23 personas en las diligencias correspondientes a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, según ha avanzado este martes el rotativo ‘Diario de Sevilla’.

Esta nueva tanda de imputaciones incluiría a dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos, una familia cuya supuesta relación con la trama había sido ya señalada en el auto de ingreso en prisión del exsindicalista jiennense Juan Lanzas, una figura clave en los hechos investigados.

La juez Mercedes Alaya investiga como es sabido la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos.

Las ayudas de este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.

PREJUBILACIONES ILEGALES

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en decenas de expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo.

Para la juez, “la clave” del aprovechamiento ilícito “son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente”. Las sobrecomisiones, según la juez, constituían “el verdadero alimento de esta trama corrupta” y del que “se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables”.

DECENAS DE IMPUTADOS

En la causa figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez; e incluso el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez. Y es que se cuentan por decenas los imputados en esta investigación.

Pues bien, según ha avanzado este martes el mencionado diario sevillano, la juez Mercedes Alaya ha emitido un último auto de fecha de 31 de julio en el que decreta la imputación de otras 23 personas, lo que elevaría a 116 el número total de imputados. Entre los nuevos imputados en la investigación figurarían Javier y Pablo Ruiz-Mateos, hijos del conocido empresario jerezano.

LANZAS Y LOS RUIZ MATEOS

Cabe recordar al respecto que ya en el auto emitido el pasado 22 de marzo para ordenar el ingreso en prisión de Juan Lanzas, una figura clave en la trama a cuenta de su presunto papel como mediador en la preparación de los expedientes de regulación de empleo, algunos de los cuales ni siquiera habían sido ideados por las propias empresas, la juez Alaya desgrana el papel de Juan Lanzas en la negociación y promoción de expedientes de regulación de empleo como los consumados en las empresas Matadero de Fuenteobejuna o Surcolor, el primero de ellos con sobrecomisiones de hasta el 29 por ciento.

Pero analiza especialmente el ERE acordado en Comercial Alimentaria ‘Dhul’, en el que Lanzas había amarrado, según la juez, la financiación autonómica de la reestructuración laboral. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una “comisión del 19 por ciento” y la inclusión en este ERE de tres ‘intrusos’; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos “cuñados” del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las “relaciones” entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos”, porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un “conseguidor de financiación pública y negocios de interés”.

Así, explicaba la juez en este auto que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, “cobrando supuestamente” tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero “en la casa de los señores Ruiz Mateos”.

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La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos y a otras 21 personas en la causa de los ERE

La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos y a otras 21 personas en la causa de los ERE
SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto de fecha 31 de julio en el que imputa a otras 23 personas en las diligencias correspondientes a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, según ha avanzado este martes el rotativo ‘Diario de Sevilla’.
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Una empresa de recursos de multas logra que la Audiencia Nacional admita que la Ley de tasas puede ser inconstitucional

Una empresa de recursos de multas logra que la Audiencia Nacional admita que la Ley de tasas puede ser inconstitucional
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa de gestión de multas de tráfico Dvuelta contra la segunda versión de la Ley de Tasas y la Orden Ministerial que aprueba el modelo para su liquidación, según ha informado la organización. En el Auto la sección 7 de la Sala de lo Contencioso Administrativo especifica que la norma “puede infringir el artículo 24.1 de la Constitución” “no por la exigencia del pago de una tasa, sino por las consecuencias procesales y sustantivas derivadas de la falta de dicho pago”.
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La Audiencia Nacional plantea una "posible inconstitucionalidad" de la Ley de Tasas a un recurso interpuesto por Dvuelta

La Audiencia Nacional plantea una "posible inconstitucionalidad" de la Ley de Tasas a un recurso interpuesto por Dvuelta

La entidad pide su “inmediata supresión”

1 de agosto de 2013

(EP).-   La Audiencia Nacional (AN) ha planteado en un Auto de 30 de julio una “posible inconstitucionalidad” en algunos de los artículos de la Ley de Tasas a un recurso interpuesto por ‘Prestamo y Javaloyes’, sociedad que explota la marca dedicada a la defensa de los conductores ‘Dvuelta’.

Asimismo, el Auto da un plazo de diez días para que puedan alegar ante el Tribunal Constitucional “sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos vigentes, 7.1, 7.2 y 8.2 de la Ley 10/2012, así como el artículo Primero apartados 6, 7, 8 y 9 del Real Decreto-Ley 3/2013″.

De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN señala en los Fundamentos de Derecho que la Ley de Tasas podría conculcar el derecho fundamental a la igualdad, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y el principio de capacidad económica en la configuración de un sistema tributario justo.

A juicio de ‘Dvuelta’ y del letrado que ha redactado la demanda, Miguel Javaloyes, el Auto de la Audiencia Nacional “deja en evidencia al Gobierno y a la Defensora del Pueblo” –que decidió no recurrir la Ley al TC–, ya que, “según razona los supuestos del pago de las tasas son claramente insuficientes desde el punto de vista constitucional”.

Por ello, ‘Dvuelta’ reclama al Gobierno la inmediata supresión de la tasa judicial elaborada por el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ya que considera que la misma “atenta contra pilares básicos del sistema democrático y constitucional, dañando irreparablemente valores jurídicos que garantizan la convivencia y la igualdad”.

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