La Audiencia de Huelva absuelve a Juan José Cortés de un delito de homicidio en grado de tentativa

La Audiencia de Huelva absuelve a Juan José Cortés de un delito de homicidio en grado de tentativa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto a Juan José Cortés de los delitos de homicidio en grado de tentativa, de tenencia ilícita de armas y de amenazas de los que estaba acusado por su presunta participación en un tiroteo en septiembre de 2011 en la barriada de El Torrejón, en Huelva. La sentencia absuelve también a su padre y a sus dos hermanos, juzgados por los mismos hechos.

El único condenado, a siete meses de prisión y una multa de 150 euros, ha sido un cuñado de Cortés, quien en el juicio se confesó autor y responsable del tiroteo.

El tribunal considera que no ha quedado probado que los miembros de la familia Cortes participaran en el tiroteo que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón. Por el contrario, considera que el cuñado de la familia si participó en dichos hechos, por lo que se le condena a siete meses de prisión por un delito de amenazas, tenencia ilícita de armas y una falta lesiones.

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El Supremo anula un indulto parcial por delito de tráfico porque el tribunal que informó no era el competente

El Supremo anula un indulto parcial por delito de tráfico porque el tribunal que informó no era el competente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el indulto parcial que el Gobierno concedió el 21 de diciembre de 2012 a un conductor condenado a 3 años y 3 meses de cárcel por delito contra la seguridad del tráfico en concurso con tres delitos de homicidio imprudente.

En su sentencia, el alto tribunal motiva su decisión en que el informe preceptivo para la concesión de la medida de gracia fue emitido por un tribunal equivocado, ya que correspondía hacerlo a la Audiencia Provincial de Granada, y no a la jueza de lo Penal número 2 de esa misma provincia, que había dictado la sentencia inicial del caso.

El Supremo revoca el indulto y ordena a la Audiencia que emita el correspondiente informe, antes de que el Gobierno vuelva a examinar el caso. El resto de dictámenes del expediente de indulto no son anulados.

El joven que había sido indultado fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada a 2 años y medio de cárcel, en relación al accidente de tráfico que tuvo lugar en Huétor Santillán (Granada) en el verano de 2008, en el que murieron tres jóvenes que ocupaban un coche conducido por él al chocar el turismo contra un vehículo de recogida de basuras. Tras ser apelada esa sentencia, la Audiencia de Granada elevó la pena a 3 años y

3 meses de cárcel

El condenado pidió el indulto. El Ministerio de Justicia remitió el expediente al presidente de la Audiencia de Granada, pero desde esa instancia judicial, a quien correspondía emitir el informe preceptivo por haberse convertido en tribunal sentenciador –ya que había elevado la pena inicialmente impuesta-, se reclamó el dictamen al Juzgado de lo Penal número 2. La sentencia señala que esa irregularidad “no es imputable” al Ministerio, puesto que se dirigió a la Audiencia Provincial, que fue la que posteriormente la envió al Juzgado de lo Penal.

La titular de ese Juzgado emitió informe favorable al indulto parcial, de modo que se redujera la pena a 2 años de cárcel para que el joven pudiera eludir el ingreso en prisión. El Gobierno concedió el indulto parcial en las condiciones que había pedido dicha jueza.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba, el tribunal argumenta su decisión de anular el indulto y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la emisión del informe del tribunal sentenciador, a que dicho dictamen no lo dictó el tribunal adecuado. En ese sentido, recuerda la doctrina de la Sala Segunda del Supremo que establece que el tribunal superior que modifica la sentencia inicial de una causa se convierte en tribunal sentenciador a los efectos de competencia sobre el informe de indulto.

De este modo, estima parcialmente el recurso planteado por familiares de las personas que fallecieron en el accidente de tráfico.

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El Supremo estima el recurso de una mujer homosexual que reclama la filiación de un niño concebido por su pareja con reproducción asistida

El Supremo estima el recurso de una mujer homosexual que reclama la filiación de un niño concebido por su pareja con reproducción asistida

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de una mujer homosexual que reclamaba la filiación de un niño que había sido concebido por su pareja a través de técnicas de reproducción asistida. Previamente, esta misma Sala otorgó en el año 2011 a esta mujer el derecho de visitas sobre el niño en su condición legal, en aquel momento, de “allegada”.

La demanda posterior planteada por esta mujer contra la que fuera su pareja durante más de diez años, que ha dado lugar al recurso de casación ahora estimado, fue estimada en primera instancia atendiendo a que el niño había sido concebido en un proyecto común de la pareja, habiendo actuado en su entorno ambas como madres.

La Audiencia Provincial de Toledo revocó esta sentencia al considerar que no podía aplicarse retroactivamente la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que permite la filiación a favor de dos mujeres casadas, por razones temporales y porque la pareja no estaba casada, y porque consideraba no acreditada la existencia de una posesión del estado de madre de la demandante al haber actuado como tal durante un periodo corto de la vida del menor (3 años).

La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado Orduña Moreno, ha estimado el recurso de casación expresando la decisión mayoritaria de la Sala, que ha contado con el voto particular de tres magistrados.

La sentencia estima la acción entablada en aplicación del artículo 131 del Código Civil, que permite a “cualquier persona con interés legítimo que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de estado” y considera que la posesión de estado es un presupuesto legitimador de la acción, además de un medio de prueba de la filiación.

La sentencia tiene en cuenta la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que permite a la mujer casada ser madre del hijo de su pareja mujer manifestando su consentimiento. También parte de los principios constitucionales de no discriminación de los niños por razón de nacimiento y protección de la familia y de la remisión de esta Ley especial antes mencionada a las leyes civiles para considerar que existe una compatibilidad entre la acción del artículo 131 del Código Civil y de los principios inspiradores de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida.

Este precepto permite determinar la filiación no matrimonial por posesión de estado a una mujer homosexual no casada cuando esta posesión de estado resulta acreditada de los hechos, cumpliéndose así el interés legítimo exigido por la ley para reclamar la filiación, cuyo éxito vendrá determinado por la ponderación del interés superior del menor, requisitos ambos que entiende concurren en el caso planteado.

El voto particular, de los magistrados Marín Castán, Salas Carceller y Sancho Gargallo, declara que el asunto debió desestimarse por falta de respeto al hecho probado de la inexistencia del consentimiento de la recurrente al uso de las técnicas de reproducción asistida de su pareja, circunstancia que se considera relevante para la diferenciación de otros casos resueltos por la Sala.

Discrepa de la remisión al Código Civil realizada por la sentencia, al considerar de aplicación al caso la legislación especial en materia de técnicas de reproducción asistida, bajo la cual la recurrente no podría haber obtenido la filiación por no estar casada con la madre biológica y por la falta de acreditación del consentimiento conjunto de las partes, que la sentencia considera en este tipo de casos título de determinación de la filiación.

El voto particular descarta la aplicación al caso del principio del interés del menor, al considerar que la atribución de la filiación puede crear una situación potencialmente conflictiva que en nada beneficia al menor, al que considera se le había dado respuesta correcta a través de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2011 otorgando visitas en concepto de “allegada” a la recurrente, ahora, con esta decisión, madre de menor.

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La defensa de Bretón advierte de "irregularidades" en "muchos testigos"

La defensa de Bretón advierte de "irregularidades" en "muchos testigos"

6 de septiembre de 2013

José Bretón

La defensa de José Bretón, condenado a 40 años de prisión por supuestamente asesinar a sus hijos, Ruth y José, en octubre de 2011 en Córdoba, advierte en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que pide que se celebre un juicio nuevo con tribunal profesional, que “las declaraciones de muchos testigos estuvieron prefabricadas” al seguir el juicio por televisión, de modo que, a su juicio, hay “una serie de irregularidades jurídicas”, al tiempo que cree que “bastantes de los puntos de debate” del veredicto del jurado “no están lo suficientemente probados”.

Así lo ha manifestado a los periodistas el abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, tras visitar este jueves a su cliente en el Centro Penitenciario de Alcolea, en el que se encuentra interno desde el 21 de octubre de 2011 tras el supuesto asesinato de sus hijos el día 8 del mismo mes. Según ha comentado el letrado, el recurso de 37 folios que ya ha entregado en la Audiencia Provincial para dar traslado al TSJA, “sigue la línea de los puntos de defensa que se efectuaron en el juicio, y ampliando y analizando las declaraciones que se hicieron apoyado por la jurisprudencia que el Tribunal Supremo en estos casos efectúa”.

En concreto, los pilares básicos de argumento son “la violación de derechos fundamentales, la ruptura de la cadena de custodia y la violación del derecho de defensa”, precisando en relación a los testigos que “el mismo rechazo jurídico tiene que tener las personas que se encuentran en sala”, de hecho el presidente del Tribunal del Jurado, Pedro Vela, anuló un testimonio, “que la que lo ve en pantalla” y posteriormente ha declarado en la sala, según argumenta la defensa siendo “una de las razones” por la que solicita la nulidad del procedimiento.

Al respecto, se muestra “convencido de que tiene base jurídica que puede permitir la nulidad del juicio”, dado que “hay un conflicto de leyes y siempre debe prevalecer la ley de rango superior” en este caso la Constitución Española (CE), de que “toda persona tiene derecho a un juicio justo”. Así, en su opinión, el jurado ha estado “contaminado”, pues, “es difícil encontrar once personas que no estén mediatizadas”, al tiempo que mantiene que “no fue imparcial” y cree que “bastantes de los puntos de debate no están lo suficientemente probados”, algo que trata en el recurso ante el TSJA.

En este sentido, defiende que pruebas falsas no cree que se hayan usado en el juicio, pero “sí han existido pruebas que no se han tratado con el verdadero rigor jurídico que se requiere en un asunto de esta envergadura”, según Sánchez de Puerta, quien recuerda que “siempre” ha dicho que los restos óseos que la perito policial Josefina Lamas recogió “no son los que los peritos analizaron”, y se cuestiona “qué casualidad que ninguno de los restos era humano y todos de animales” y el profesor Francisco Etxeberría “los identifica por fotografía y dice que todos son humanos. No me ha olido bien eso y no me sigue oliendo”, ha sentenciado.

Asimismo, comenta que la prueba de las cámaras de la Ciudad de los Niños con el paso del vehículo de Bretón estaba “sin fundamento y con lagunas científicas espantosamente grandes”, si bien lamenta que el juez instructor, José Luis Rodríguez Lainz, “creyó la prueba y fue el motivo fundamental por el que Bretón estuvo los diez primeros meses en prisión, pero el valor jurídico y probatorio es totalmente nulo”.

LA IMPUGNACIÓN

Por otra parte, el abogado del condenado ha informado de que impugnará el recurso que presenta la acusación, ejercida por la madre de los niños, Ruth Ortiz, en el que pide la entrega de los restos óseos del caso, y es que, repite el letrado, “como se ha hecho en varias ocasiones apoyado incluso por la Fiscalía, es una prueba de cargo y convicción y por imperativo legal hasta que no haya sentencia firme y definitiva no van a poder salir”.

Al hilo de ello, dice que le parece “demasiado rocambolesco” que los restos salgan custodiado de la sede judicial para celebrar una misa en Huelva. No obstante, asegura que comprende “el dolor de la madre y en sus circunstancias, si por desgracia tuviera que haber pasado ese trance tan duro, estaría en las mismas condiciones, pero tenemos una ley que cumplir y por imperativo legal no se pueden entregar hasta una sentencia firme”, apostilla.

Entretanto, la defensa confía en el TSJA, aunque entiende que es “un trámite en el camino” tras el anterior recurso “bastante duro, en el que conseguimos muy poco”, y se imagina que “seguirán con la misma idea de que no existió ruptura de la cadena de custodia”, aunque él sigue “manteniendo que sí”. En cualquier caso, recuerda que si no le dan la razón en este caso concreto, que pide “la absolución y por existir ruptura que se anulen determinados momentos, vuelvan los autos a instrucción y se celebre nuevo juicio”, recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo (TS).

LAS TESIS DE BRETÓN

Mientras, José Bretón sigue en la prisión “con el protocolo antisuicidios”, que, en palabras de su abogado, lo considera “una tontería”, dado que, según Sánchez de Puerta, “ni está ni ha estado nunca en su mente quitarse la vida”, al tiempo que “él sigue en el convencimiento de que sus hijos están perdidos y niega totalmente que los haya asesinado e incinerado en la hoguera”, según recoge la sentencia que le condena a 40 años de prisión.

Además, el abogado advierte de que Bretón “estuvo condenado por la opinión pública desde el primer momento”, un punto que también trata en el recurso; señala que hasta ahora “no hay razón alguna” para un traslado de prisión “hasta que no resuelva el Supremo, que podría pasar a un penal de seguridad” por la pena a la que se enfrente, y considera que es “una auténtica tontería” que piense en conceder entrevistas para ganar dinero cuando tiene que “pagar indemnizaciones muy elevadas” y el dinero que reciba de televisión “será confiscado” por la justicia para dichos pagos, ha subrayado el letrado.

En concreto, por la vía de la responsabilidad civil, el magistrado Pedro Vela condena a Bretón Gómez a que indemnice a su mujer, Ruth Ortiz Ramos en 500.000 euros; al Ministerio del Interior del Gobierno de España en 137.335,65 euros y al Ayuntamiento de Córdoba en 22.567 euros.

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El Supremo rebaja de seis años a 9 meses la pena impuesta a Matas por el Palma Arena

El Supremo rebaja de seis años a 9 meses la pena impuesta a Matas por el Palma Arena

23 de julio de 2013

Jaume Matas

El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de 6 años a 9 meses la condena que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares al expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas en el marco del primer juicio del caso Palma Arena.

La decisión del Alto Tribunal contrasta así con la petición del fiscal del Supremo, que solicitó a principios de este mes que fuese confirmada la pena a la que fue condenado el ex máximo mandatario balear. Concretamente, se le condena como autor de un delito de tráfico de influencias a nueve meses de prisión y una multa de 6.000 euros.

En concreto, Matas fue condenado por la Audiencia Provincial de Baleares, en marzo del pasado año, al considerarse probado que intervino en la contratación irregular por parte del Ejecutivo autonómico del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos. Precisamente, el periodista se ha adherido a la solicitud del expresidente para que las razones expuestas en su recurso de casación también puedan ser abordadas en Sala, de acuerdo a las mismas fuentes.

El tribunal de la Sección Primera atribuía al exministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar los delitos de fraude a la administración; continuado de falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado, por los que, además de la pena de prisión, la Audiencia le impuso nueve años y medio de inhabilitación.

Por su parte, a Antonio Alemany le rebaja la condena a 2 años y 3 meses de prisión, cuando en un principio, se le había condenado a 3 años y 9 meses. (EP).-  

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El Supremo rebaja de seis años a 9 meses la pena impuesta a Matas por el Palma Arena

El Supremo rebaja de seis años a 9 meses la pena impuesta a Matas por el Palma Arena
El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado de 6 años a 9 meses la condena que le fue impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares al expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente Jaume Matas en el marco del primer juicio del caso Palma Arena.
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El jurado declara culpable a Bretón del asesinato de sus dos hijos

El jurado declara culpable a Bretón del asesinato de sus dos hijos

12 de julio de 2013

Las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado del caso Bretón, cuya vista oral concluyó este pasado lunes en la Audiencia Provincial de Córdoba con la presentación de los informes finales de las partes, ha emitido su veredicto, tras tres días de deliberación, y considera por unanimidad al acusado, José Bretón, culpable del asesinato de sus dos hijos.

Ahora será el tribunal el que, en base al veredicto del jurado y teniendo en cuenta los informes finales de las partes, dicte sentencia. Para la defensa, José Bretón es inocente y debía ser absuelto, mientras que la fiscal y la acusación particular piden que se le condene a 40 años de prisión, por presuntamente haber asesinado en octubre de 2011 a sus dos hijos, Ruth (seis años) y José (dos años) y haber denunciado falsamente su desaparición.

En concreto, el jurado considera que el acusado es culpable de la muerte de sus hijos, provocada intencionadamente por él y que será calificada jurídicamente como homicidio o asesinato, dependiendo de la apreciación o no de la alevosía en la conducta del acusado.

Junto a ello, el jurado, que también entiende que Bretón es culpable de simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de los menores, ha determinado que en caso de que el imputado sea condenado por los delitos de los que se le acusa, no se solicite al Consejo de Ministros su indulto.

En cuanto a los puntos concretos del objeto del veredicto, el jurado ha considerado probado, por unanimidad, que Bretón concibió la idea de dar muerte a los niños, como venganza contra su esposa, dada su negativa a aceptar pacíficamente la ruptura matrimonial, por su personalidad refractaria a la frustración y su carácter rencoroso.

De igual forma, entiende el jurado que el acusado decidió que el lugar más adecuado para dar muerte a sus hijos sería una finca de sus padres, en el Polígono de las Quemadas de Córdoba, así como que la fecha adecuada sería el 8 de octubre de 2011, aprovechando que ese fin de semana estaría con los niños, con forme al acuerdo al que había llegado al efecto con su esposa.

Además de considerar probado que Bretón compró un ansiolítico y un antidepresivo, para usarlos con sus hijos y adormecerlos o incluso matarlos, el jurado también considera probado que tenía intención de hacer desaparecer los cuerpos de sus hijos y, para ello, hizo acopio de leña en la finca de sus padres y adquirió combustible (gasóleo) en grandes cantidades.

Como coartada para la desaparición física de sus hijos, el acusado, según opina el jurado, decidió fingir que se le habían perdido en un parque y, a fin de tener datos que ofrecer sobre la supuesta pérdida de unos menores, hizo una especie de experimento con sus sobrinos, dejándolos solos unos momentos cuando los llevaba al colegio.

En cuanto a la cronología de los hechos, el jurado entiende probado que el acusado recogió a sus hijos en Huelva, sobre las 15,00 horas del día 7 de octubre de 2011 y marchó con ellos a Córdoba, donde primero estuvieron casa de los padres del acusado y posteriormente en casa de su hermana Catalina, donde dejó a los niños, para poder marchar a la finca familiar, a fin de dejar las garrafas de combustible que había comprado.

También entiende el jurado que, para dar mejor cobertura a la simulación de extravío de sus hijos, Bretón les propuso a sus hermanos Catalina y Rafael acudir en la tarde del día 8 de octubre a la Ciudad de los Niños con sus respectivos hijos, aunque sin concretar completamente la cita, diciéndole también a su madre que ese mismo día no iba a comer a su casa porque había quedado con unos amigos, lo que era incierto.

Bretón, según considera probado el jurado, estuvo con sus hijos en casa de su hermana mientras ésta y su cuñado hacían la compra, hasta las 13,30 horas, luego, tras haber regresado a casa con sus padres, se marchó con sus hijos, diciendo que iba a comer con unos amigos, pero se fue en su vehículo a la finca de las Quemadas, suministrándoles a los niños durante el trayecto o al llegar a la finca, un número indeterminado de pastillas de los tranquilizantes, para facilitar su adormecimiento o su muerte.

Ya en la finca, el acusado, sobre las 13,48 horas, el acusado telefoneó a su esposa, sin que lograra comunicar con ella, por lo que decidió seguir con su propósito criminal. Acto seguido, conforme a lo que ya tenía previsto y meditado, el acusado preparó una especie de pira funeraria, cuyos elementos esenciales ya tenía dispuestos, en un lugar nuevo de la finca, entre varios naranjos y sin visibilidad desde el exterior, en la cual colocó los cuerpos de sus hijos, sin que pueda determinarse si estaban sin vida o todavía no habían fallecido.

En la hoguera, según considera el jurado, Bretón colocó una mesa metálica con el tablero en posición vertical y prendió una gran hoguera, , que avivó con lecha (unos 250 kilos) y gasóleo (unos 80 litros) y en la que se llegaron a alcanzar hasta 1.200 grados. Ante la magnitud de la temperatura, las partes blandas de los cuerpos de los niños desaparecieron rápidamente, quedando únicamente unos restos óseos. Además, el acusado permaneció junto a la hoguera alimentándola con gasoleo para mantener elevada la temperatura y lograr así la total calcinación y desaparición de los cuerpos de sus hijos.

Igualmente, el jurado entiende probado que Bretón, prevaliéndose de su condición de padre y de su mayor fortaleza física, confianza de los niños y autoridad sobre ellos, acabó con la vida de sus hijos. A continuación se desplazó hasta el entorno de la Ciudad de los Niños, aparcando sobre las 18,01 horas, y cuando consideró que había transcurrido un tiempo suficiente para hacer creíble la ficticia desaparición de los menores, llamó a su hermano Rafael, sobre las 18,18 horas, diciéndole que había perdido a los niños, realizando otras llamadas a la familia, logrando que, tanto su hermano, como su cuñado, José Ortega, acudieran a la Ciudad de los Niños para iniciar la búsqueda.

Sobre las 18,41 horas, el acusado llamó al 112, comunicando la desaparición de sus hijos, provocando la intervención de la Policía. De hecho, Bretón acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para presentar denuncia por la desaparición de sus hijos, pese a conocer perfectamente que no había existido tal desaparición en el parque, sino que él había dado muerte previamente a los menores.

En lo referido a los restos óseos analizados por todos los peritos forenses, médicos, paleontólogos, odontólogos y especialistas biólogos y clínicos, el jurado cree probado que proceden de la hoguera encendida por el acusado en la finca de Las Quemadas en la tarde del 8 de octubre de 2011 y que tales restos pertenecen a los cuerpos de dos niños de seis y dos años, concluyendo el jurado que tales restos óseos proceden de los cuerpos sin vida de Ruth y José Bretón.

Por otro lado, el jurado ha aprobado, por unanimidad, como todos los puntos hasta ahora relatados, que las investigaciones realizadas a consecuencia de la denuncia de desaparición de sus hijos realizada por el acusado han tenido un coste para el Ministerio del Interior de 137.335 euros, para la empresa ‘Cóndor Georradar’ de 5.500 euros -que no reclama- y para el Ayuntamiento de Córdoba de 22.567 euros.

Hechos no probados

El jurado solo ha considerado no probados tres de los 21 puntos del objeto del veredicto. Así no entiende suficiente acreditado que Bretón fuera con el coche de su hermana a la finca de Las Quemadas para asegurarse que no hubiera vecinos o cualquier otra circunstancia que le impidiera ejecutar su plan.

Tampoco cree probado el jurado que Bretón se arrojara a dos contenedores bolsas con las ropas de sus hijos, tras haberlos matado y quemado sus cuerpos y, en contra de la tesis de la defensa, no cree el jurado que no pueda determinarse que los restos óseos analizados por los peritos no procedían de la hoguera.

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El Tribunal Constitucional celebra pleno este jueves en Toledo, que podría ser el último de Pascual Sala como presidente

El Tribunal Constitucional celebra pleno este jueves en Toledo, que podría ser el último de Pascual Sala como presidente

6 de junio de 2013

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) celebra este jueves en Toledo una reunión plenaria que podría ser la última de Pascual Sala como presidente, ya que su mandato concluye el próximo día 9 y está previsto que el Consejo General de Poder Judicial le renueve antes de esa fecha junto a otro de los miembros de este tribunal. El Gobierno debe sustituir a dos magistrados más de este órgano.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes del Alto Tribunal, que han añadido que a la reunión de este jueves en Toledo acudirán los doce magistrados que conforman el pleno del Tribunal Constitucional, cuya reunión tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial.

Esta será la tercera reunión que el pleno del Constitucional celebre fuera de su sede después de la que tuvo lugar en enero de 2012 en Valencia y la que se celebro en marzo de ese mismo año en Cádiz coincidiendo con el bicentenario de la Constitución de 1812, ‘La Pepa’.

Las fuentes consultadas han señalado que la reunión comenzará a las 11.30 horas y que la celebración de los plenos del Tribunal Constitucional fuera de su sede se enmarcan dentro de la política de este organismo de acercar la Justicia a los ciudadanos.

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La Audiencia ordena el ingreso en prisión de la mujer condenada por quemar vivo al violador de su hija en Alicante

La Audiencia ordena el ingreso en prisión de la mujer condenada por quemar vivo al violador de su hija en Alicante

4 de junio de 2013

Fachada de la Audiencia de Alicante

(EP).-La Audiencia Provincial de Alicante ha ordenado el ingreso en prisión de la mujer condenada por quemar en la localidad alicantina de Benejúzar en 2005 al violador de su hija.

El abogado de la afectada, Joaquín Galant, había solicitado a la Audiencia Provincial de Alicante que dejara en suspenso su ingreso en prisión hasta que el Tribunal Supremo (TS) confirmara o revocara la decisión del Gobierno, que el pasado 19 de abril denegó el indulto, petición que ahora ha sido rechazada.

La mujer fue condenada inicialmente por la Audiencia Provincial de Alicante a nueve años y medio de prisión por quemar vivo en 2005 al hombre que violó a su hija, mientras éste se encontraba en un bar de Benejúzar disfrutando de un permiso carcelario.

Posteriormente, el TS rebajó a cinco años y medio la pena al entender que concurría la eximente incompleta de trastorno mental transitorio, lo que implicaba imponer la pena inferior en dos grados por un delito de asesinato en concurso ideal con otro de lesiones.

Ejecución de la pena impuesta

La sección séptima de la Audiencia ha rechazado suspender cautelarmente la entrada en prisión de la condenada en base al principio general establecido en el artículo 117 de la Constitución y en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces y tribunales “juzgarán y harán ejecutar lo juzgado”.

En este mismo sentido, el auto recuerda que el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, “una vez se haya declarado la firmeza de la sentencia, se procederá a su ejecución”.

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en otras ocasiones respecto a la suspensión de las ejecuciones como consecuencia de la interposición de las demandas de amparo constitucional, para subrayar que “en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial”.

Por tanto, la sala entiende que “la interposición de un contencioso-administrativo ‘per se’, en nada afecta a la ejecución de la pena impuesta en sentencia a la aquí solicitante”, y considera que “en todo caso, corresponderá a la sala de lo contencioso que conozca el recurso, suspender de oficio o a instancia de la recurrente, la ejecución del acto”.

En este punto, señala la resolución, en la propia causa “consta que el Tribunal Supremo le denegó esta petición el pasado 22 de mayo, con una argumentación jurídica que este tribunal “asume en su integridad”.

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El TS anula una compra de vivienda porque la crisis se acentuó durante la tardanza de la entrega de llaves

El TS anula una compra de vivienda porque la crisis se acentuó durante la tardanza de la entrega de llaves
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto las Sentencias tanto de la Audiencia Provincial de Granada como del Juzgado de primera instancia que daban la razón a una inmobiliaria que entregó las llaves de una vivienda a otra inmobiliaria después de un largo plazo desde la entrega de la señal, plazo en el que la crisis se acentuó y el banco no aceptó las condiciones preestablecidas en un primer momento para la subrogación en el préstamo hipotecario vigente.
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