El Gobierno aprobará en los próximos meses el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la aviación civil

El Gobierno aprobará en los próximos meses el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la aviación civil

25 de septiembre de 2013

La ministra de Fomento, Ana Pastor

El Gobierno aprobará en los próximos meses la regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO), estableciendo sus órganos de participación, procedimientos de aprobación, difusión y revisión del programa.

Pastor destaca ante la OACI las medidas adoptadas por España para la asistencia de las víctimas de accidentes aéreos

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará en los próximos meses la regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO), estableciendo sus órganos de participación, procedimientos de aprobación, difusión y revisión del programa.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, avanzó durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) en Montreal que a partir de su aprobación “España estará en disposición de apoyar a otros países a través de los programas de asistencia y cooperación técnica”.

Con el futuro Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO), Fomento busca reforzar el enfoque preventivo de la seguridad aérea, para pasar de un modelo reactivo tradicional a un nuevo modelo “que busca anticiparse al fallo del sistema, detectando proactivamente sus debilidades”.

En materia de seguridad operacional, Pastor valoró que la OACI haya decidido implantar un sistema continuo de auditorías, así como la reciente adopción del nuevo Anexo 19, cuyo contenido incorporará las experiencias de los Estados pioneros en esta materia, informó Fomento.

Pastor recordó que en España se ha trabajado para adoptar nuevos sistemas de gestión de la seguridad operación y reiteró el compromiso de España con la cooperación técnica de la OACI, por el que se han formado más de 1.700 profesionales en los últimos años.

ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE ACCIDENTES.

La titular de Fomentó hizo también hincapié en las medidas adoptadas por España para la asistencia de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias, recogidas en el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto.

También reconoció el papel de todas las asociaciones y, en concreto, de la Asociación de Víctimas del Accidente de Spanair JK5022, por el trabajo realizado tanto en España como en el ámbito internacional.

El Real Decreto 632/2013, del 2 de agosto, aglutina los instrumentos ya existentes de atención a las víctimas en caso de accidente de aviación civil y mejora la coordinación entre los agentes implicados con el fin de “definir un modelo de intervención más eficaz” ante este tipo de situaciones. Así, contempla la adopción de un protocolo de coordinación que facilite la materialización de dichas medidas.

  En este sentido, Pastor ha resaltado el trabajo realizado por la OACI de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares, que ha servido como referente a España en el desarrollo de la norma española, y ha instado a seguir trabajando en este ámbito, con el objetivo de que todos los Estados dispongan de medidas de asistencia a las víctimas y a sus familiares.

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El sábado 6 de julio celebramos el "Día Internacional de las Cooperativas"

El sábado 6 de julio celebramos el "Día Internacional de las Cooperativas"

05 de Julio de 2013

El objetivo de esta conmemoración es informar y sensibilizar a la población sobre el importante papel que ejercen las cooperativas, en particular en estos momentos de crisis económica global. En reconocimiento a la labor que realizan las cooperativas en el ámbito socio-económico y, en particular, en la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la integración social, 2012 fue declarado “Año Internacional de las Cooperativas”.

Vivimos tiempos de incertidumbre mundial. Múltiples crisis y desastres naturales ponen a prueba incluso a las economías y comunidades más robustas. El Día Internacional de las Cooperativas constituye una oportunidad anual para recalcar que las cooperativas pueden contribuir a aumentar la resiliencia en todas las regiones y todos los sectores económicos” ha anunciado el Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, en su mensaje oficial con motivo del Día Internacional de las Cooperativas 2013, el próximo 6 de julio.

En 1992, la Asamblea General de la ONU proclamó, en su resolución 47/90, de fecha 16 de diciembre de 1992, que a partir de ese momento el primer sábado del mes de julio se celebraría cada año el Día Internacional de las Cooperativas para concienciar sobre la labor de estas, subrayar la complementariedad de las metas y los objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento internacional de las cooperativas, resaltar la contribución del movimiento en la solución de los principales problemas abordados por la ONU y fortalecer y ampliar las asociaciones entre el movimiento internacional de cooperativas y otros grupos de interés como los gobiernos, tanto a nivel local, como nacional e internacional.

“La empresa cooperativa se mantiene fuerte en tiempos de crisis”

Este es el lema del Día Internacional de las Cooperativas de este año, que busca mostrar la importancia de las cooperativas en la coyuntura actual de crisis económica, financiera, medioambiental y alimentaria a nivel mundial. “Las cooperativas financieras han demostrado su solidez frente a instituciones más tradicionales. Por su parte, las cooperativas agrícolas han sido más eficaces en el tema de la seguridad alimentaria. Desde el punto de vista medioambiental, su labor ha sido reconocida y alabada entre otros por Rio+20, por facilitar y garantizar un desarrollo sostenible“, apunta la Organización de las Naciones Unidas.

Algunos datos sobre las cooperativas en España

Las cooperativas españolas desarrollan sus actividades principalmente en el sector servicios (63%), en el agrario (8%), construcción (5%) y cada vez más en el sector industrial (24%), de esta forma constituye un elemento esencial de la cultura emprendedora con una fuerte implantación local. Andalucía, País vasco, Madrid, Cataluña y Murcia son las comunidades en las que las cooperativas se han desarrollado más durante los últimos años.

Según la Confederación Española de Economía Social (CEPES), máxima institución representativa de la Economía Social en España -cuyos socios son organizaciones nacionales o autonómicas y grupos empresariales que representan los intereses de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones del sector de la discapacidad y a cofradías de pescadores- “el desarrollo del cooperativismo en España viene a corroborar este discurso de empresas capaces de crear y generar empleo“. En 2010 y 2011 más de 14.000 personas crearon su propio empleo constituyendo 1.390 nuevas cooperativas.

Las cooperativas son cada vez más una forma importante y fuerte de creación de empleo de calidad: el 80% de sus trabajadores son indefinidos, más del 50% de los mismos son menores de cuarenta años y casi el 50% son mujeres. Esto demuestra que las cooperativas apuestan por la integración y la igualdad como principales principios de su gestión.

Más información relacionada: El Parlamento Europeo se pronuncia firmemente a favor de las cooperativas y de la Economía Social para salir de la crisis


Fuente: CEPES/ONU

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El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

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Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

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