Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

Garzón espera desde hace un año una respuesta a su petición de indulto

30 de septiembre de 2013

 Baltasar Garzón

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón espera desde hace un año una respuesta a la petición de indulto que presentó en su nombre la asociación de juristas europeos Medel, solicitando la remisión total de la condena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ y sus abogados.

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes del Tribunal Supremo y la Fiscalía para decidir si le indulta

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia se encuentra a la espera de recibir los informes pertinentes del Alto Tribunal y de la Fiscalía sobre la conveniencia o no de conceder el indulto a Garzón, que, en todo caso, no son vinculantes.

Según informaron a Europa Press fuentes de Justicia, el Ministerio inició la tramitación del proceso el 29 de junio de 2012 cuando remitió un oficio al tribunal sentenciador, una vez que Garzón confirmó que la solicitud de la medida de gracia contaba con su consentimiento.

Justicia recibió unos días antes la misiva del que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 expresando que, aunque la petición era “libre y soberana”, contaba con su aval y agradecía a la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) su iniciativa acompañada de “argumentos dignos de ser valorados”.

PLAZO DE UN AÑO

Como norma general, los procedimientos a los que da lugar el ejercicio del derecho de gracia son resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en ese plazo, según informa la página web de Justicia.

Sin embargo, en este caso, no se trata de que haya desestimado la petición, sino que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no ha recibido aún los informes pertinentes para poder tomar una decisión.

El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el 18 de mayo del pasado año ante el Ministerio de Justicia esta petición sobre la base de que la sentencia condenatoria había sido “manifiestamente desproporcionada”.

“La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma, es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción”, detallaba el escrito de 16 páginas dirigido a Gallardón.

Noticia original

El Sindicato de Secretarios Judiciales “congela” sus relaciones con Justicia por las políticas de Gallardón

El Sindicato de Secretarios Judiciales “congela” sus relaciones con Justicia por las políticas de Gallardón
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha remitido un comunicado en el que denuncia que, tras dos años de llegada al ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón se ha constatado una brusca ruptura con el proceso de modernización de la administración de … [+]
Noticia original

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos “olvidados” por el PSOE

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos “olvidados” por el PSOE
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el martes 24 de septiembre las tasas judiciales porque gracias a ellas “hoy son muchos más los ciudadanos” que disfrutan de Justicia Gratuita al haberse extendido sus beneficiarios a colectivos que habían … [+]
Noticia original

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

Gallardón defiende las tasas judiciales porque han extendido la justicia gratuita a colectivos "olvidados" por el PSOE

25 de septiembre de 2013

Alberto Ruiz Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido este martes las tasas judiciales porque gracias a ellas “hoy son muchos más los ciudadanos” que disfrutan de Justicia Gratuita al haberse extendido sus beneficiarios a colectivos que habían sido “olvidados” por el Gobierno socialista.

Cree que la Justicia “puede ser gratuita, pero no gratis”, y el PSOE le acusa de volver a un sistema franquista y le insta a derogarlas

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Así se ha pronunciado Gallardón durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al socialista Antonio Rodríguez, que ha querido saber si el Gobierno sigue pensando que las nuevas tasas judiciales no dificultan el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El ministro ha contestado que el Ejecutivo sigue pensando que la reforma de las tasas “garantiza” el sistema y la sostenibilidad de la Justicia gratuita donde se ha aumentado el número de beneficiarios. “Como consecuencia de las tasas, hoy son muchos más los ciudadanos que disfrutan del sistema de justicia gratuita”, ha zanjado.

El socialista ha rechazado que el “tasazo” beneficie a la clase media cuando las reclamaciones a la Administración, las multas o los divorcios sin acuerdo conllevan cuantías de entre 250 y 1.200 euros. Ha puesto como ejemplo el caso de una menor con deformaciones de nacimiento y una minusvalía del 85 por ciento, cuyos padres “llevan gastados 65.000 euros en costas y si quieren ir a apelación tienen que abonar otros 7.000″.

“Es volver al sistema franquista de 1959, que tuvo que derogar el Gobierno de Felipe González”, ha expuesto Rodríguez, para preguntar si el ministro sigue pensando que no suponen una “barrera” tras las dudas sobre su constitucionalidad suscitadas en la Audiencia Nacional o la Abogacía. “Derogue la ley y escuche a todos los colectivos”, ha conminado.

“NO HABLA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES”

En su turno de réplica, Gallardón ha insistido en que gracias a la ley de tasas, “hoy en España pueden litigar” sin pagar ningún coste aquellos que “olvidaron mientras gobernaban”, en referencia a víctimas del terrorismo, la violencia doméstica, la trata de seres humanos o de accidentes con secuelas permanentes. “Todos ellos están exentos”, ha remachado.

Tras acusar al socialista de defender a la Abogacía y a “una empresa privada” como es Dvuelta –cuyo recurso estimó la Audiencia Nacional, que ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional–, el ministro ha asegurado que las tasas afectan a “poco más” del 20 por ciento de los asuntos de los tribunales, puesto que el resto pertenecen al orden penal exento de estos gravámenes.

“El Tribunal Constitucional decretó en 2002 que la Justicia puede ser gratuita, pero no gratis”, ha destacado, para cuestionar si este servicio debe ser financiado por el contribuyente o el litigante en la parte proporcional a un 10 por ciento.

“Sabe que la tasa supone un diez por ciento del coste, me habla de colectivos con dificultades para acceder a la Justicia pero no me habla del 90 por ciento de esas dificultades”, ha continuado Gallardón.

Así, ha recalcado que el grueso del coste del procedimiento se debe a otros cargos como los honorarios de abogados y procuradores, mientras que la tasa supone el 10 por ciento. Ha concluido que la recaudación obtenida en España en virtud de este gravamen está “20 puntos por debajo” que la medida de países europeos.

Noticia original

El Consejo de Ministros aprobará la reforma del Código Penal

El Consejo de Ministros aprobará la reforma del Código Penal

20 de septiembre de 2013

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, este viernes la reforma del Código Penal que endurece los tipos para delitos relacionados con la corrupción e incluye, entre sus principales novedades, la prisión permanente revisable para terroristas y casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima.

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fue en octubre del pasado año cuando el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevó para su deliberación ante la mesa del Consejo un anteproyecto de ley que suponía una modificación íntegra del Código Penal de 1995. Ahora, presentará un proyecto de ley definitivo para su remisión a las Cortes Generales.

La propuesta de Gallardón incluye cambios de calado como es la introducción de la prisión permanente revisable, una pena cuya constitucionalidad fue avalada recientemente por el Consejo de Estado al entender que no renuncia a la posible reinserción del reo. Esta pena se reserva a casos de excepcional gravedad como son asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables, asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual, aquellos cometidos en el seno de una organización criminal y los asesinatos en serie.

La prisión permanente revisable, que se impone también en caso de homicidio del Rey o su heredero, jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o crímenes de lesa humanidad, está sujeta a un régimen de revisión. Tras el cumplimiento íntegro de una parte “relevante” de la condena según el delito cometido, el preso podrá obtener la libertad condicional si se acredita su reinserción.

Justicia rectificó su idea inicial de incorporar la denominada custodia de seguridad, una medida de seguridad que podía alargarse hasta un máximo de diez años cuando el condenado hubiera cumplido la pena de prisión y un tribunal valorase que seguía siendo peligroso. Finalmente, esta propuesta no fue recogida en el texto remitido al Consejo de Estado.

LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA Y LA CORRUPCIÓN

El Ejecutivo también ha puesto el acento en la lucha contra la piratería. De este modo, se condena con hasta seis años de cárcel a quien incluya en su página web listados de enlaces a contenidos que son objeto de propiedad intelectual. El juez podrá ordenar su retirada e incluso el bloqueo del portal, según el borrador enviado el Consejo de Estado.

El nuevo Código Penal incluye también medidas más eficaces en la lucha contra la corrupción. Aunque no tipifica la financiación ilegal de los partidos, sí delimita de forma más clara tipos como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación. Por ejemplo, sanciona la aceptación de un soborno sin necesidad de vincularlo al acto realizado después por el funcionario y castiga esconder bienes durante un embargo u ocultar a los acreedores la situación de crisis del deudor.

El proyecto eleva también la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años para adecuarse a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia y las recomendaciones de la ONU. España tenía una edad “muy inferior” a la del resto de países europeos, donde ronda los 15 o 16 años, y una de las edades “más bajas del mundo”.

DIFUSIÓN DE GRABACIONES ÍNTIMAS

Además de fijar una pena de hasta tres años de cárcel para los matrimonios forzosos, tipifica nuevos delitos como la difusión de imágenes y grabaciones íntimas sin consentimiento o la manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control telemático.

Sanciona también la producción de materiales que inciten al odio o la violencia contra ciertas minorías y la negación, apología o “trivilización grave” del genocidio, mientras que se castiga con penas de entre 10 a 15 años de cárcel el secuestro con desaparición del rehén, agravándose cuando la víctima sea un menor o discapacitado.

Finalmente, el redactado endurece un año las penas máximas para los autores de incendios forestales especialmente graves, que alcanzan los seis años de cárcel, fija un límite de 1.000 euros para los hurtos y despenaliza la mayoría de las faltas aunque otras pasan a ser consideradas delitos leves.

Noticia original

El Rey preside el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo

El Rey preside el acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo

16 de septiembre de 2013

Rey Juan Carlos

La ceremonia coincide con las protestas de los funcionarios de Justicia ante la sede del Alto Tribunal

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) – El Rey don Juan Carlos preside este lunes el solemne acto de Apertura del Año Judicial en el que intervendrán, con sendos discursos, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El máximo responsable del Ministerio Público aprovechará para dar a conocer la Memoria de este órgano correspondiente a 2012, que resume las intervenciones de las diferentes fiscalías a lo largo del último año. Torres-Dulce ya entregó el primer ejemplar de esta Memoria al jefe del Estado el pasado miércoles en el Palacio de La Zarzuela.

Al acto asistirá el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón que estará acompañado por el secretario de Estado, Fernando Román, junto a magistrados del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales, representantes de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de justicia, así como ex presidentes del Tribunal Constitucional. Francisco Hernando y Pascual Sala ya ha confirmado su presencia, mientras que no se espera la asistencia de Carlos Dívar.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, también han confirmado su presencia. Además, han sido invitados los presidentes del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y la defensora del Pueblo.

La ceremonia coincidirá con las protestas convocadas por los sindicatos de Justicia en la Plaza de la Villa de París contra las reformas de Gallardón, el encarecimiento de la Justicia y los “salvajes” recortes que están sufriendo los funcionarios, “especialmente duros” en la Administración de Justicia.

CSIF, CCOO, STAJ y UGT han llamado a los funcionarios a concentrarse, entre las 11.30 y las 12.30 horas, para denunciar el proceso de “privatización”, iniciado en algunos casos por la “presión de lobbys profesionales muy bien situados en el Ministerio” y exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo de todo el personal, sus retribuciones y la apertura de una “negociación real, con voz y voto” en las reformas de esta Administración.

Noticia original

Justicia cierra la reforma del Código Penal, que podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros

Justicia cierra la reforma del Código Penal, que podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros

12 de septiembre de 2013

Ministerio de Justicia

EUROPA PRESS.- El Ministerio de Justicia ha cerrado la redacción del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, que podría llevar este mismo viernes al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Entre las principales novedades del texto figura la inclusión de la prisión permanente revisable, que se aplicará a terroristas y a casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima. También se recoge un endurecimiento de los tipos penales para delitos relacionados con la corrupción.

El texto de la reforma del Código Penal, que empezó su andadura hace precisamente un año con la presentación de un primer informe por parte del ministro Alberto Ruiz Gallardón, se ha analizado este miércoles en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, trámite previo a su aprobación en Consejo de Ministros.

Así, las fuentes consultadas aseguran que, en principio, el Gobierno tiene intención de llevar esta semana la reforma penal al Consejo de Ministros, si bien no descartan que a última hora decida posponerse a la próxima en función de “criterios de oportunidad política” o del elevado volumen de iniciativas de carácter económico que estén sobre la mesa este viernes.

CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La prisión permanente revisable se incluirá por primera vez en el Código Penal y se aplicará a terroristas y a casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima. Este verano el Consejo de Estado ha emitido un informe avalando la constitucionalidad de esta medida.

Además, el nuevo Código Penal pondrá el acento en la lucha contra la corrupción. Según fuentes de Justicia, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.

El proyecto eleva la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años para adecuarse a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia y las recomendaciones de la ONU. España tenía una edad “muy inferior” a la del resto de países europeos, donde ronda los 15 o 16 años, y una de las edades “más bajas del mundo”.

El Ministerio de Justicia rectificó su propuesta inicial al retirar del texto la figura denominada custodia de seguridad, que podría alargarse hasta un máximo de diez años cuando el condenado hubiera cumplido la pena de prisión y un tribunal valorase que seguía siendo peligroso.

Noticia original

Las reformas en la Justicia y los congresos de la Abogacía marcan la agenda tras las vacaciones

Las reformas en la Justicia y los congresos de la Abogacía marcan la agenda tras las vacaciones
Las agendas jurídicas vienen cargadas este otoño de citas relacionadas con la reforma de la Justicia y con congresos y jornadas de la Abogacía que tendrán lugar de aquí a final de año El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha … [+]
Noticia original

La reforma de la Ley del Aborto previsiblemente volverá a los tres supuestos

La reforma de la Ley del Aborto previsiblemente volverá a los tres supuestos
El anuncio ayer del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que en el mes de octubre se abordará la reforma de la Ley del aborto (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) refuerza la idea de que se volverán a los tres supuestos para poder abortar frente a los plazos -violación denunciada, graves taras físicas o psíquicas del feto (previo dictamen de dos especialistas) o grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre (con el informe de un médico). Sigue pendiente el recurso de inconstitucionalidad contra la “Ley Aido” que presentó el Partido Popular.
Noticia original

Gallardón reinicia el curso político ultimando un nuevo Código Penal más eficaz contra la corrupción

Gallardón reinicia el curso político ultimando un nuevo Código Penal más eficaz contra la corrupción

2 de septiembre de 2013

Alberto Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, arranca el curso político ultimando la ley que reforma un Código Penal que pone el acento en la lucha contra la corrupción y que presentará en las “próximas semanas” ante el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Justicia estudia ahora las modificaciones planteadas desde el Consejo de Estado antes de llevar el texto “definitivo” al Consejo de Ministros, el cual ya tuvo oportunidad de analizar un primer anteproyecto el pasado mes de octubre.

Este será uno de los primeros articulados que presente Gallardón en la vuelta de las vacaciones después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy diera prioridad a la reforma del Código Penal frente a la anunciada revisión de la Ley del Aborto, que, en todo caso, se aprobará antes de que finalice el año.

Según fuentes del departamento, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.

Por ejemplo, el texto propuesto simplifica el delito de cohecho para “incrementar su eficacia como instrumento de lucha contra la corrupción”. Así, se sanciona la aceptación, recepción o solicitud de la dádiva o el soborno sin vincularlo al acto que realiza después el funcionario. Hasta ahora, se debía acreditar la conexión entre el soborno y la actuación del empleado público.

PERJUICIO PARA LOS ACREEDORES

Un nuevo capítulo, denominado ‘Frustración de la ejecución’, castigará con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien oculte bienes durante un procedimiento judicial, disponga de su patrimonio o contraiga obligaciones con el fin de dificultar o impedir el embargo o las medidas cautelares adoptadas por el juez, eludiendo así el pago de la responsabilidad civil derivada del delito imputado.

En este sentido, se impone cárcel o multa a quien presente una relación de bienes o de patrimonio “incompleta o mendaz” para evitar satisfacer a sus acreedores, según contempla el anteproyecto enviado al Consejo de Estado recogido por Europa Press.

Otras figuras también sancionan la falta de diligencia en las gestiones realizadas en un contexto de crisis económica poniendo en peligro los intereses de los acreedores y asumiendo un “riesgo no permitido”.

Recae así una pena de uno a cuatro años de cárcel para el deudor que, en situación de insolvencia “actual o inminente”, impida conocer al acreedor su verdadera situación económica o haga mermar indebidamente el patrimonio, que es garantía del cumplimiento de las obligaciones.

Entre otros actos, se castiga la asunción de deudas o la transferencia de dinero que no guarde proporción con la situación patrimonial del deudor ni con sus ingresos, y que “carezca de justificación económica o empresarial”. La doble contabilidad, la alteración de los libros contables o la formulación de cuentas que impida conocer la situación real del deudor también tiene su respuesta penal.

La reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos que cause un perjuicio para el patrimonio público. Además castiga como administración desleal a quien “quebrante su deber de lealtad” como administrador o abusa de sus funciones realizando actuaciones para las que no había sido autorizado.

Finalmente, se amplía el comiso para extenderlo a los bienes de terceras personas a las que hayan podido ser transferidos los bienes y regulando el comiso sin sentencia de condena en los casos donde no sea posible el enjuiciamiento del acusado durante un período de tiempo “muy prolongado” –normalmente porque ha huido– y existe un peligro evidente de que puedan prescribir los hechos de los que esos bienes o efectos proceden.

Noticia original