Orden HAP/366/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias

Orden HAP/366/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias

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El préstamo del Rey a la Infanta estableció una devolución de los 1,2 millones en 23 años sin intereses

El préstamo del Rey a la Infanta estableció una devolución de los 1,2 millones en 23 años sin intereses

4 de septiembre de 2013

Rey Juan Carlos

El préstamo por 1,2 millones de euros que el Rey Juan Carlos hizo a la Infanta Cristina en 2004 estableció un periodo de devolución de 23 años, a pagar tras un periodo de carencia de tres años, según consta en la escritura con la que se formalizó el préstamo a nombre exclusivamente de la hija del monarca.

En la escritura, a la que ha tenido acceso Europa Press, el notario da fe de la entrega de 1,2 millones de euros por parte del Rey a su hija para “satisfacer parte del coste de adquisición de la participación indivisa de la vivienda” que la Infanta estaba “procediendo a comprar junto a su esposo”, el Palacete de Pedralbes en Barcelona.

Este préstamo salió a la luz este lunes, después de que un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) presentado ante el juez instructor del caso Noos, José Castro, desvelara transferencias bancarias del Rey en favor de los Duques de Palma, para la compra del inmueble, por el que pagaron 5,8 millones de euros.

La escritura –firmada el 23 de diciembre de 2004, tras haber recibido el dinero– señala que el préstamo se entregó a la Infanta Cristina mediante dos transferencias bancarias efectuadas desde “cuentas particulares” del Rey en los meses de julio y septiembre de 2004, por importe, cada una de ellas, de 600.000 euros.

El documento obliga a Doña Cristina como prestataria a “su devolución en los plazos y condiciones establecidos” en la escritura, que estipula que este dinero, sobre el que no se devengarán intereses, deberá ser restituido en un periodo de 23 años.

Para su amortización se estableció un periodo de carencia de tres años, a contar desde el día de la firma, y a partir del cual deberían hacerse pagos anuales, por años vencidos. De ese modo, el primer pago debería hacerse el 23 de diciembre de 2008.

CUOTAS DE 50.000 Y 70.000 EUROS AL AÑO

La escritura estableció para los diez primeros años cuotas de 50.000 euros que se ampliarían a partir de la décimo primera a los 70.000 euros. También recoge que, no obstante, la Infanta podría realizar pagos anticipados, parciales o de la totalidad.

Sin embargo, Doña Cristina no ha cumplido con estos plazos. Según lo estipulado, el 23 de diciembre de 2012 debería haber devuelto ya 250.000 euros, correspondientes a las cinco primeras anualidades y, en cambio, en su declaración por el impuesto de patrimonio en ese año reconoció una deuda por 1,05 millones de euros, de manera que sólo había devuelto 150.000 euros.

La escritura señala que las devoluciones de todas las cantidades que la Infanta debía hacer al Rey, por cualquier concepto, “se realizarán en el domicilio del acreedor”.

El documento finaliza señalando que, previa lectura, tanto el Rey como la Infanta firmaron el texto, del que da fe el notario Joaquín M. Rovira Perea.

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El Rey dio 1,2 millones a la infanta Cristina en 2004 para comprar su casa

El Rey dio 1,2 millones a la infanta Cristina en 2004 para comprar su casa
MADRID (Reuters) – El Rey transfirió 1,2 millones de euros de su cuenta personal a la infanta Cristina en 2004 para ayudarle a comprar el palacete de Pedralbes, dijo el lunes un portavoz de Casa Real, confirmando los datos de un informe de la Agencia Tributaria enviado al juez que investiga el caso Nóos.
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Empleo defiende que las denuncias confidenciales ya eran habituales y que el buzón mejorará la eficacia

Empleo defiende que las denuncias confidenciales ya eran habituales y que el buzón mejorará la eficacia

7 de agosto de 2013

Buzón

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) .-El director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán Enciso, ha respondido a las críticas al buzón para recibir denuncias confidenciales de fraudes laborales defendiendo que estas denuncias ya eran habituales y que el nuevo sistema sólo busca “mejorar la actividad planificada y la eficacia” de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “en favor de los trabajadores y las empresas”.

“Tras la puesta en marcha del citado buzón de fraude la actividad de los jefes de inspección no va sufrir alteración alguna, por cuanto esta actividad ya la venían realizando”, ha sostenido.

Sacristán Enciso ha recordado que otros organismos públicos “reciben todos los días información ciudadana” y que, como hará la Inspección de Trabajo, “en unos casos se investiga y en otros se desecha”. En este sentido, ha citado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Agencia Tributaria o la Fiscalía General del Estado.

“Es la propia Ley la que determina que la Inspección puede actuar, además y sobre todo mediante orden superior, a petición razonada de otros órganos y por propia iniciativa”, ha señalado.

Según Sacristán, la denuncia es una de las formas de iniciación de la actividad inspectora, “pero no la única ni la más importante, dado que la actividad planificada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es muy superior a la realizada mediante denuncia pública”.

“Más de un 50% de la actividad total de la Inspección obedece a una planificación previa”, ha desvelado el director general. Además, ha especificado que la mayoría de las Comunidades Autónomas participa o es informada por los interlocutores sociales.

Lo mismo ocurre en el ámbito del Estado, “por cuanto la Inspección informa anualmente de su actividad en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrada por los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativos”.

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El juez pregunta si los duques de Palma declararon bienes en el extranjero

El juez pregunta si los duques de Palma declararon bienes en el extranjero
MADRID (Reuters) – El juez de instrucción de Palma de Mallorca José Castro, que instruye la causa por un presunto desvío de fondos públicos en la fundación Nóos que presidía el yerno del Rey, ha preguntado a la Agencia Tributaria si los duques de Palma han presentado una declaración de bienes en el extranjero desde 2002, según una providencia conocida el viernes.
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El juez Castro investigará a la Infanta Cristina por presunto fraude fiscal

El juez Castro investigará a la Infanta Cristina por presunto fraude fiscal
(EP).- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, al solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50% de la mercantil Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos.
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La Agencia Tributaria no ve elementos para imputar a la infanta Cristina por fraude fiscal

La Agencia Tributaria no ve elementos para imputar a la infanta Cristina por fraude fiscal

24 de mayo de 2013

La infanta Cristina

La Agencia Tributaria sostiene en un informe, realizado a petición de la Fiscalía que presentará en los próximos días, que no hay elementos para imputar a la infanta Cristina por fraude fiscal y atribuye la totalidad de los ingresos de la sociedad Aizoon a su esposo Iñaki Urdangarín, según informa Telecinco.

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El estudio pormenorizado de las diez últimas declaraciones de la hija menor del Rey, desde 2000 a 2010, no refleja ni una sola irregularidad fiscal, indica por su parte ‘Abc’, que señala que la infanta Cristina tributó durante esos años tanto por su trabajo en ‘laCaixa’ como por su asignación en representación de la Familia Real.

Tanto Hacienda como la Fiscalía sostienen que Aizoon cometió delito de fraude fiscal en los años 2007 y 2008. No obstante, según el informe de la Agencia Tributaria citado por ambos medios, los ingresos de Aizoon, propiedad de los duques de Palma, corresponden única y exclusivamente a trabajos facturados por Iñaki Urdangarín en calidad de asesor en unos casos o como miembro del consejo de administrador de firmas como Mixta África, Aceros Bergara o Motor Ibérica en otros.

Así, sólo el duque de Palma sería responsable de tres delitos fiscales: uno de 2006 por defraudar en el Impuesto de Sociedades con el Instituto Noos y dos más en 2006 y 2007 por tributar parte de sus ingresos a través de la sociedad Aizoon, en lugar de hacerlo a título personal.

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El juez Castro investigará a la Infanta Cristina por presunto fraude fiscal

El juez Castro investigará a la Infanta Cristina por presunto fraude fiscal

24 de mayo de 2013

La infanta Cristina

(EP).- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, al solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50% de la mercantil Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos.

Así lo ha decidido mediante un extenso auto que ha dictado este viernes, por el que ha dado un paso más en sus pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarín tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios de este mes, dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Infanta por haber defraudado al fisco.

Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarín como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.

El tribunal recalca así que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible “conocimiento del origen ilícito y delictivo” de estos fondos.

La Sala incide asimismo en que, si bien la Duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que “provenía de un delito de malversación o de fraude”, lo que resulta “más dudoso” para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta “desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública” puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

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El ICAB denuncia que la tasa judicial tiene una finalidad exclusivamente disuasoria

El ICAB denuncia que la tasa judicial tiene una finalidad exclusivamente disuasoria
El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) denuncia que la tasa judicial tiene una finalidad exclusivamente disuasoria. Así lo demuestran los datos facilitados por la Agencia Tributaria, que indican que en el primer trimestre del año se han recaudado 30 … [+]
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La ley sobre rehabilitación de viviendas acaba modificando normas sobre tasas aéreas, desahucios, estancos y preferentes

La ley sobre rehabilitación de viviendas acaba modificando normas sobre tasas aéreas, desahucios, estancos y preferentes

14 de mayo de 2013

Fachada del Congreso de Diputados

El proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que llegó al Congreso a principios de abril, acabará regulando asuntos tan distintos como las tasas aéreas, los desahucios, la concesión de estancos, el canje de preferentes, los contratos públicos y el uso de información tributaria merced a las enmiendas que ha registrado el PP, que cuenta con mayoría absoluta para incorporarlas sin oposición.

Inicialmente, el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Fomento se justificaba en que “el parque edificado español necesita intervenciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que permitan hacer efectivo para todos, el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación”, según constaba en la exposición de motivos.

Pero al recibir las enmiendas del partido mayoritario, a las que ha tenido acceso Europa Press, el objeto de la ley de rehabilitación de viviendas se ha ampliado exponencialmente mediante la suma de disposiciones adicionales que a su veces modifican leyes de diversa índole y que afectan a otros departamentos del Gobierno.

Así, en una de esas enmiendas se regula por ejemplo el intercambio de datos tributarios entre la Agencia Tributaria (AEAT) y la Intervención General del Estado (IGAE) en el marco de la lucha contra el fraude.

En otra se dan seis meses más de plazo a las entidades financieras para aplicar las previsiones de gestión de los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada previstas en sus planes de reestructuración, posponiendo la fecha límite para estas medidas del 30 de junio inicialmente previsto hasta el 31 de diciembre de este año.

CAMBIA LA LEY QUE NO SE QUISO TOCAR HACE UNA SEMANA

El PP también añade una disposición para ampliar los plazos con los que cuentan jueces y secretarios judiciales para recibir en audiencia a los afectados por ejecuciones hipotecarias, además de ampliar a los fiadores la protección que la nueva Ley Antidesahucios prevé para los avalistas. Todo ello pese a que el Senado aprobó esa ley antidesahucios la pasada semana sin que el PP aceptara introducir ningún cambio.

A través de una nueva disposición se modifica asimismo la Ley de Presupuestos para dejar claro que las bonificaciones al transporte aéreo de las que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se aplicarán a parte de las tasas aeroportuarias, “con independencia de que hayan sido repercutidas o no” al precio que paga el pasajero, por lo que serán descontadas de la tarifa del billete que es subvencionable.

Otra modificación impulsada por el PP afecta a la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, vigente desde el año 1998, con el fin de abrir la puerta a la posibilidad de conceder nuevas autorizaciones para la instalación de estancos en edificios ocupados por organismos públicos, donde estaban prohibidos desde el año 1998 con la salvedad de las tiendas ‘duty free’ de aeropuertos y puertos.

Por último, se cambia la Ley de Contratos del Sector Público con idea de obligar a que se incluya un presupuesto máximo para los contratos de suministros y servicios con presupuesto limitativo, es decir, aquellas en las que el empresario debe entregar bienes o ejecutar servicios de forma sucesiva y por un precio unitario, sin que el número total de entregas se defina con exactitud en la firma.

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

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