Responsabilidad de administradores. Acción de responsabilidad por deudas (art. 367 LSC) y acción individual de responsabilidad (art. 241 LSC).

Rafael Ansón Peironcely

La sentencia 27/2017 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (18 de enero de 2017, ponente SANCHO GARGALLO) resuelve un interesante caso de responsabilidad de administradores en el que una sociedad acreedora ejerce simultáneamente la acción ex. art. 367 LSC y la acción individual de responsabilidad frente a todos los miembros del consejo de administración de la deudora.

La sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona (25 de junio de 2012) desestimó la petición de la acreedora y absolvió a los consejeros demandados.

La sentencia 126/2014 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (4 de abril de 2014, ponente Forgas Folch) estimó el recurso de apelación de la acreedora al entender que concurrían los requisitos de la acción de responsabilidad ex. art. 367 LSC. Resultan de gran interés los razonamientos de la sentencia de la Audiencia según los cuales había quedado acreditada la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas que dejaban reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social, dado que no se conocía el momento exacto en el que se produjo el desequilibrio patrimonial (los detalles se encuentran en el Fundamento Jurídico Tercero).

En  referencia a la carga de la prueba, dice la Audiencia:

ninguno de los administradores demandados aportó a las actuaciones documentación contable de clase alguna correspondiente al ejercicio social de 2009, documentos como pudieran ser los diversos balances trimestrales.

Lo cual debe relacionarse con el art. 367.2º LSC, que establece la presunción iuris tantum de que las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

Respecto a la acción individual, se desestima según el razonamiento de la sentencia de primera instancia porque

la prueba practicada no permite concluir que ninguna de las acciones llevadas a cabo por el órgano de administración redundara, a la postre, en el incumplimiento de la obligación del pago debido, toda vez que ni la falta de llevanza en forma de la contabilidad es causa eficiente del impago de la deuda, ni la pretendida imposibilidad de alcanzar el fin social (…) constituye el motivo por el que no se pagó la deuda, máxime cuando está acreditado que los administradores agotaron la diligencia debida adoptando medidas de diversa índole para evitar la incursión en causa de disolución.

La sentencia del TS desestima el recurso de casación de los consejeros recurrentes y confirma la sentencia de la Audiencia.

Por otro lado, se plantea la posibilidad de amortiguar el rigor de la responsabilidad ex. art. 367 LSC cuando conste que, aunque los administradores no promovieron la disolución sí realizaron actuaciones tendentes a paliar la mala situación de la sociedad. El Alto Tribunal resuelve esta cuestión de la siguiente manera:

En realidad, y máxime con la regulación actual del art. 367 LSC, que reduce la responsabilidad respecto de las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución, son muy excepcionales las causas que pudieran justificar el incumplimiento del deber legal de promover la disolución. Debe ser algo que ponga en evidencia que, en esas condiciones, a los administradores dejaba de serles exigible el deber de instar la disolución.