Responsabilidad de administradores. Acción individual (art. 241 LSC) e insolvencia de la sociedad.

Rafael Ansón Peironcely

La sentencia 150/2017 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (2 de marzo de 2017, ponente SARAZÁ JIMENA) vuelve a resolver un caso de ejercicio de la acción individual de responsabilidad (art. 241 LSC) contra el administrador de una sociedad (SRL) que no pudo hacer frente a la deuda con la demandante, por acabar dicha sociedad en concurso de acreedores.

Esta sentencia resuelve los recursos interpuestos frente a la sentencia 99/2014 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona (26 de marzo de 2014, ponente GARRIDO ESPA), a la que nos referiremos brevemente al final de este comentario.

Los antecedentes de hecho se pueden sintetizar de la siguiente manera. La sociedad concursada era arrendataria de unas naves industriales. La sociedad propietaria – arrendadora interpuso acción individual de responsabilidad frente un miembro del consejo de administración de la arrendataria por impago de las rentas, abandono de residuos, daños producidos en las instalaciones y, por último, por las rentas correspondientes al periodo que restaba de vigencia del contrato de arrendamiento. La demanda se dirigió simultáneamente  contra el miembro del Consejo de administración, que era una persona jurídica y su representante persona física.

Los hechos en los  que la demandante basaba sus pretensiones eran los siguientes: (i) confusión de actividad, negocios y patrimonio entre la sociedad deudora y una filial que acabó en disolución – liquidación; (ii) ocultación y falsedad de información de la filial, imputable a la deudora, controlada por la persona física demandada; (iii) información falseada en la filial a la que, presuntamente, se desviaron fondos o activos de la deudora; (iv) generación y abandono de residuos sin acometer su tratamiento; y, finalmente, (v) el Ministerio Fiscal interesó la calificación como culpable del concurso de la deudora, si bien, finalmente, se archivó la sección de calificación. La cantidad reclamada era 3.066.728,60.-€.

A) Sentencia 150/2017 Sala 1ª del Tribunal Supremo

El TS, en línea con anteriores pronunciamientos (el texto de la sentencia hace referencia expresa a la STS 417/2016, de 28 de abril), reitera

que el impago de las deudas sociales no puede equivaler necesariamente a un daño directamente causado a los acreedores sociales por los administradores de la sociedad deudora (…). Este Tribunal exige al demandante, además de la prueba del daño, tanto la prueba de la conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenado empresario, como la del nexo causal entre conducta y daño, sin que el incumplimiento de una obligación social sea demostrativo por sí mismo de la culpa del administrador ni determinante sin más de su responsabilidad.

En este sentido, podemos destacar los siguientes párrafos del Fundamento de Derecho Tercero:

El argumento que sustenta la pretensión de la demandante, que si los administradores hubieran dado las instrucciones adecuadas tales daños no se habrían producido, es inconsistente puesto que haría en todo caso responsable a los administradores sociales del pago de las deudas que resultaren impagadas por la sociedad.

La actuación antijurídica, por negligente o contraria a la diligencia exigible, de los administradores no puede consistir en el propio comportamiento, contractual o extracontractual, de la sociedad que ha generado un derecho de crédito a favor del demandante.

Incluso en el caso de que los administradores sociales no hubieran sido diligentes en la gestión social y hubieran llevado a la sociedad a la insolvencia (por ejemplo, con los préstamos concedidos a la filial), el daño directo se habría causado a la sociedad administrada por ellos, que habrá incurrido en pérdidas, no a los acreedores sociales, que solo habrían sufrido el daño de modo indirecto, al no poder cobrar sus créditos de la sociedad.

 La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el acreedor y declara no haber lugar a la acción individual frente al consejero.

B) Sentencia 99/2014 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona

Nos parece interesante añadir una cita de la resolución que motiva el pronunciamiento del Tribunal Supremo, comentado en el apartado anterior.

Concretamente, puede ser ilustrativa la consideración sobre la información falseada en la filial de la deudora concursada, que permitió un “vaciamiento patrimonial” injustificado al desviar fondos con ánimo defraudatorio. Según la demandante, esta conducta generó la imposibilidad del cobro de su crédito. Establece la sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que el daño por el “vaciamiento patrimonial”

habría sido causado directamente a la sociedad, en la medida en que su patrimonio quedara disminuido por haber prestado esas sumas con conocimiento de que no podrían ser restituidas (lo que, por lo demás, no ha quedado acreditado, ni el ánimo defraudatorio). Estas disposiciones, en la medida en que mermarán sin justificación el patrimonio de la deudora, serían tributarias de la acción social de responsabilidad (art. 134 TRLSA), que no se ejercita en la demanda, ni podía ejercitarse, porque una vez declarado el concurso para el ejercicio de esa acción tan sólo está legitimada la administración concursal (art. 48 quáter LC). Así mismo, si estas disposiciones han generado o agravado la insolvencia de la deudora es cuestión que debe o debería enjuiciarse en el seno del concurso, concretamente en la sección de calificación (arts. 172.2.3º y 172 bis LC), pero la sección 6ª ha sido archivada por el juzgado tras el informe de la administración concursal que calificaba el concurso como fortuito; o bien mediante las acciones de reintegración (art. 71 LC), que no han sido ejercitadas por la parte legitimada.

Impugnación judicial o arbitral de fusiones y escisiones

Por su interés, destacamos un reciente artículo aparecido en el Diario La Ley sobre “Impugnación judicial o arbitral de fusiones y escisiones” cuyos autores son Rafael Ansón Peironcely y Luis Miguel Pérez Aguilera.

En dicho artículo se analizan los principales problemas procesales y sustantivos de la impugnación de fusiones y escisiones. También se realiza un estudio comparativo de las ventajas e inconvenientes de la impugnación en vía judicial o arbitral.

 

 

Eficacia de pacto parasocial omnilateral frente a acuerdo social

Rafael Ansón Peironcely

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (nº 103/2016) del pasado 25 de febrero de 2016, (ponente SARAZA JIMENA), aborda el interesante tema de la eficacia de los pactos parasociales suscritos por todos los socios (“pacto omnilateral”) frente a los acuerdos sociales.

El supuesto se refiere a la adopción de acuerdos sociales en los que se da cumplimiento al pacto parasocial omnilateral. No se trata, por tanto, del supuesto más frecuente de impugnación del acuerdo social por ser contrario al pacto parasocial.

El TS estima contraria  a la buena fe la conducta del socio que, siendo parte del pacto parasocial omnilateral, impugna un acuerdo social que se adoptó siguiendo la reglamentación establecida en el pacto parasocial.

Primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

Recogemos en las secciones de Derecho Mercantil y Derecho Penal de nuestro Blog la reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se trata de una resolución de máxima importancia para la práctica del Derecho societario, tanto desde la perspectiva del Derecho Penal Económico como del Derecho Mercantil.