El Supremo avala privar de la patria potestad por la vía penal a un padre que intentó asesinar a su pareja en presencia de los hijos

El Supremo avala privar de la patria potestad por la vía penal a un padre que intentó asesinar a su pareja en presencia de los hijos

El Tribunal Supremo ha avalado la privación de la patria potestad por vía penal en los intentos de asesinato de la pareja presenciados por los hijos.  “Repugna legal y moralmente –señala el alto tribunal en una sentencia—mantener al padre en la titularidad de unas funciones respecto de las que se ha mostrado indigno pues resulta difícil imaginar un más grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que el menor presencie el severo intento del padre de asesinar a su madre”.

La Sala II estima el recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia de Guadalajara, que condenó a L.D.M. a 13 años y medio de cárcel por el intento de asesinato de su mujer, a la que acuchilló en repetidas ocasiones en el cuello y la espalda en plena calle, siendo presenciados los hechos por la hija de ambos de 3 años. Sin embargo, la Audiencia Provincial consideró que no procedía acordar en la sentencia penal (sin perjuicio de que pudiese reclamarse por la vía civil) la privación de la patria potestad, al no ser de aplicación la previsión del artículo 55 del Código Penal, que permite al juez acordar esa privación en casos de delitos con pena superior a 10 años y cuando hubiere vinculación entre el delito cometido y el ejercicio de la patria potestad.  

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, el  Supremo recuerda que su jurisprudencia ha sido reacia a la adopción de esta pena de privación de la patria potestad, sin perjuicio de que pudiese acordarse en vía civil. Incluso en mayo de 2000, el Pleno de la Sala II acordó la no privación de la patria potestad en un caso idéntico. Sin embargo, ahora debe aplicarse la nueva redacción del artículo 55 introducida en la reforma del Código Penal de 2010, que prevé su imposición en delitos de 10 o más años de cárcel si hay relación directa entre delito y la privación de ese derecho.

Para el Supremo, la decisión de la Audiencia de Guadalajara “no resulta acorde con el derecho ni muy especialmente con la protección que merecen los menores, pues es un dato incontestable que la presencia de la menor en el ataque a su madre efectuado por su padre, va a tener prolongado efecto negativo en el desarrollo de la menor de mantener la patria potestad, que por ello resulta incompatible”.

Además, el Supremo destaca que la Audiencia de Guadalajara incurrió en una sorprendente contradicción ya que, en un auto dictado antes de la sentencia,  destacó los perjuicios que para la niña tendrían visitas a su padre en prisión. Por todo ello, establece que debe acordarse la privación de la patria potestad en el propio proceso penal, evitando dilaciones siempre perjudiciales, en casos como el presente que pueden ocasionar un daño irreparable en el desarrollo del hijo menor, cuando el fin primordial de la institución de la patria potestad es precisamente velar por el interés de los menores.

Asimismo, el Supremo acuerda la pena de alejamiento del padre respecto de la menor hasta que ésta llegue a la mayoría de edad, con prohibición de acercarse a distancia inferior a un kilómetro o comunicarse con ella por cualquier medio.

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La Audiencia absuelve al exalcalde de Petilla de Aragón (Navarra) acusado de prevaricación y malversación

La Audiencia absuelve al exalcalde de Petilla de Aragón (Navarra) acusado de prevaricación y malversación

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha absuelto al exalcalde de Petilla de Aragón Miguel Ángel Rodríguez Pérez de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los que el fiscal solicitaba 5 años de prisión y un total de 18 años de inhabilitación. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Los magistrados descartan la existencia de prevaricación por el hecho de que el acusado y su esposa hubieran sido contratados como trabajadores por el propio Ayuntamiento en 2012 para la realización de unas obras. Al respecto, precisan que el requisito esencial del delito de prevaricación reside en la concurrencia de una actuación injusta, y no solo contraria a la legalidad, y que esa arbitrariedad se haga a sabiendas de su injusticia, “lo que no concurre” en este supuesto.

Así, los jueces explican que no se realizó una contratación directa entre el ayuntamiento y el propio inculpado, sino que se hizo a través del Servicio Navarro de Empleo para lo cual se aportó un listado del INEM de Aoiz en el que estaban incluidas las personas que se encontraban desempleadas en la localidad¬, entre ellas el procesado y su esposa aparte de otras tres personas.

Asimismo, detalla la Audiencia, se publicó un bando en el tablón de anuncios del consistorio para el conocimiento de esa contratación. Y, en tercer lugar, este proceso fue conocido por el Ayuntamiento, como lo reflejan las actas, y ni el secretario municipal ni persona alguna advirtieron al alcalde de la imposibilidad de su contratación.

Para la Audiencia, si no existió advertencia alguna de ilegalidad, e incluso se informó por parte del secretario de que era posible la contratación, “difícilmente puede considerarse que el acusado, que carece de conocimientos jurídicos, con conciencia de la ilegalidad acordase incluirse en la contratación, por lo que el pronunciamiento en sede de la jurisdicción penal solo puede ser el absolutorio por el delito de prevaricación”.

Respecto al delito de malversación, el tribunal asegura que no se ha acreditado que los ocho suministro de combustible de gasóleo imputados —por importe de 257,69 euros— no hayan sido destinados al servicio público.  

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El Supremo absuelve a 16 acusados por narcotráfico en Ibiza

El Supremo absuelve a 16 acusados por narcotráfico en Ibiza

La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo estima un recurso de casación interpuesto contra una sentencia que dictó la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2014.

El Supremo absuelve a dieciséis personas acusadas por delitos contra la salud pública, por hechos que ocurrieron en Ibiza, que la Audiencia había condenado. La sentencia señala que las grabaciones telefónicas realizadas son “ilegítimas por ausencia de un serio fundamento de indicios del posible delito”. Asimismo, “la ausencia de unos hechos probados susceptibles de ser puestos a cargo de los recurrentes y calificables como constitutivos de delito, que resulta de la sentencia de casación, obliga a dictar una absolutoria” para los condenados.

El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Perfecto Andrés.

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La AP de Las Palmas condena a 18 meses de prisión a un padre y dos hijos por comprar mercancías sabiendo que no podían pagarlas

La AP de Las Palmas condena a 18 meses de prisión a un padre y dos hijos por comprar mercancías sabiendo que no podían pagarlas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas a condenado a un padre y dos hijos a 18 meses de prisión cada uno por un delito de estafa al endeudar a su empresa en casi 121.000 euros a sabiendas que no podrían hacer frente al pago y emitiendo pagarés sin fondos.

Los tres, administradores de una empresa dedicada a la importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización y compraventa de muebles, artículos de papelería, librería, revistas y artículos de decoración, durante noviembre de 2006 y septiembre de 2008 realizaron diversos pedidos y solicitudes de importación de materiales a otra entidad por una suma total de 120.805,42 euros.

Asimismo, habían sido advertidos por el asesor fiscal y contable de la empresa de la mala situación económica y de que no podrían hacer frente a ésta y otras deudas anteriormente contraídas, por lo que el tribunal constata que existió un “dolo evidente” y “engaño”.

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Tribunal Supremo eleva a 10 de años de cárcel la condena a un inquilino que quemó una casa en Astorga (León)

Tribunal Supremo eleva a 10 de años de cárcel la condena a un inquilino que quemó una casa en Astorga (León)

La Sala II del Tribunal Supremo ha elevado de 6 a 10 años de cárcel la condena por delito de incendio a un inquilino de una vivienda de Astorga (León) que prendió fuego a la finca, con varias personas dentro, después de que le dijeran los propietarios que debía desalojar el piso una vez que había fallecido su abuela, que era la arrendataria. 

La Audiencia de León impuso una pena de seis años de prisión por delito de incendio con riesgo para la vida e integridad física de las personas en su modalidad atenuada por menor entidad del riesgo. Pero el Supremo destaca que ni la gravedad del riesgo creado ni las circunstancias concurrentes justifica la aplicación del supuesto atenuado, por lo que eleva la pena a 10 años de prisión.

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Veredicto de culpabilidad para el acusado del crimen de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza)

Veredicto de culpabilidad para el acusado del crimen de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza)

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Palma ha emitido un veredicto de culpabilidad para J.R.R., acusado de haber matado a un hombre con una escopeta de caza en el municipio de Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), en mayo de 2014. El Jurado le considera culpable de un delito de asesinato con la circunstancia atenuante de confesión. Según el veredicto del Jurado, el acusado acudió a la Guardia Civil después de que sucedieran los hechos y se entregó. El Jurado ha considerado probado que la víctima murió sin poder defenderse y no se ha podido probar que atacara al acusado.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular, tras el veredicto, han solicitado para el acusado la pena de 18 años de prisión. Además, la Fiscalía ha pedido que el acusado indemnice con 138.000 euros la mujer de la víctima, con 116.000 euros a sus hijos y con 24.000 a los padres del fallecido. Por su parte, la acusación particular ha pedido en concepto de responsabilidad civil 400.000 euros.

Por otro lado, la defensa del acusado ha solicitado 12 años de cárcel para su representado.

La sentencia será dictada por el magistrado-presidente del tribunal en los próximos días.

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La Audiencia Nacional dictamina que Oracle cometió infracción por abuso de posición de dominio

La Audiencia Nacional dictamina que Oracle cometió infracción por abuso de posición de dominio

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha determinado que la compañía Oracle cometió infracción por abuso de posición de dominio, contemplada en el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, respecto a la compañía Hewlett Packard.

La sentencia de la Sección Sexta estima un recurso que presentó Hewlett Packard  contra la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia que en febrero de 2013 consideró que no se había acreditado esa infracción de abuso de posición de dominio. Ahora el tribunal anula esa resolución de la CNC y devuelve el asunto a la Sala de Competencia de la CNMC para que realice el juicio culpabilístico procedente y en su caso aplique la pertinente sanción, así como las medidas accesorias que se consideren necesarias.

La sentencia define con precisión cuál es el mercado de producto en el que han actuado ambas compañías para concluir que Oracle al hacer incompatible su base de datos de alto rendimiento con el procesador Itanium y por tanto con el servidor que utilizaba HP estaba expulsando del mercado a los servidores Integrity de HP. Un efecto de salida de mercado que acredita el abuso de posición de dominio.

Una vez practicada la prueba los jueces concluyen que en el segmento de las bases de alto rendimiento Oracle ocupa una cuota de mercado que oscila entre el 70 y 80%. Y que incluso si se tuviese en cuenta el volumen total de mercado que incluyese todo tipo de bases de datos la cuota de mercado de Oracle oscila entre el 40 y el 50%, un porcentaje que  colocaría a esta empresa dentro del ámbito de la ocupación de una posición de dominio.

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El Tribunal Supremo rechaza revisar la condena del periodista Antonio Alemany

El Tribunal Supremo rechaza revisar la condena del periodista Antonio Alemany

La  Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado la petición de autorización planteada por el periodista Antonio Alemany Dezcállar, que escribió durante varios años los discursos de Jaume Matas, para interponer recurso de revisión contra la sentencia del propio Supremo, de julio de 2013, que le condenó a 2 años y 3 meses de prisión, y que juzgaba la pieza número 2 del llamado caso Palma Arena.

Alemany pedía la inhabilitación como testigo de cargo de la exdirectora de Comunicación de Gobierno balear Gina Garcías, basándose en otra sentencia del Supremo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en julio de 2014, en relación a la negativa de la Comunidad balear de conceder una subvención a la Agencia Balear de Noticias que dirigía Alemany.

El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, no autoriza la interposición de recurso de revisión por no cumplirse los requisitos legales, ya que para que cupiera esa posibilidad debería existir una sentencia penal firme por delito de falso testimonio (lo que no ocurre en este caso), por lo que el intento de Alemany está falto de fundamento y es prematuro.

La Sala le recuerda además que el testimonio de Garcías no fue la única base de su condena (la Fiscalía expone en su informe que la Audiencia de Palma recogió en su sentencia otros siete motivos para condenar), ni tampoco puede descalificarse sin más por la sentencia citada de otro orden jurisdiccional como es el Contencioso-administrativo. 

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