El TS confirma la multa al HSBC por infringir normativa de prevención de blanqueo de capitales

El TS confirma la multa al HSBC por infringir normativa de prevención de blanqueo de capitales

22 de abril de 2013

Logotipo HSBC

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 2.1 millones de euros impuesta en 2002 a la sucursal en España del banco británico HSBC por cometer varias infracciones en materia de prevención de blanqueo de capitales.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Espín, confirma la dictada en septiembre de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que rechazó en primera instancia lo argumentos del banco frente a la sanción administrativa.

Concretamente, el Ministerio de Economía impuso a HSBC Bank Pl., sucursal en España una multa de 925.000 euros por una infracción grave por incumplimiento de la obligación de identificación de clientes que se regula en la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

A esta primera infracción se sumaron otras tres por incumplimiento de las obligaciones de examinar con especial atención cualquier operación que por su naturaleza pueda estar particularmente vinculada al blanqueo y comunicarla al Servicio Ejecutivo (300.000 euros) y otra por saltarse la norma que obliga a las entidades a establecer procedimientos de control interno y de comunicación a fin de prevenir operaciones irregularidades (875.000 euros).

En sus fundamentos jurídicos, la resolución del alto tribunal rechaza uno a uno los argumentos esgrimidos por la defensa del HSBC contra la multa, como la que aducía que ninguno de los contratos de cuestas de gestión patrimonial afectadas guardaban relación con actividades delictivas relacionadas con las drogas, bandas organizadas o grupos terroristas.

En este punto, el Supremo rechaza que la conducta no estuviera tipificada antes de la reforma legal realizada en 2003 sobre este asunto y reprocha a la defensa que la controversia se reduzca a una cuestión probatoria que no es posible reconsiderar en casacón.

CONTROLES POCO OPERATIVOS

Así, destaca que la Audiencia Nacional avaló en su día el informe efectuado por la Comisión Nacional de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y entendió que, pese a contar con un órgano de control interno destinado a la prevención de operaciones de blanqueo de capitales, “su falta de operatividad hace que se incurriera en la infracción sancionada, sin que las circunstancias señaladas por la citada Comisión puedan conceptuarse como meras deficiencias de procedimiento.

Añade el Supremo que la valoración efectuada por la Audiencia de los datos obrantes en el expediente “es motivada y razonable” y las multas “no pueden considerarse tampoco desproporcionadas en términos absolutos dada la relevancia de las infracciones cometidas y la trascendencia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, por lo que confirma la sanción. MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

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El CGPJ plantea "serias objeciones" a la reforma de la ley de régimen retributivo del Gobierno

El CGPJ plantea "serias objeciones" a la reforma de la ley de régimen retributivo del Gobierno

19 de abril de 2013

Placa del Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha planteado este jueves “serias objeciones” al proyecto de real decreto con el que el Gobierno pretende modificar la ley de régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal, una reforma criticada por este órgano por establecer un “marco de incertidumbre y recelo”.

En un comunicado, el CGPJ ha informado de que ha aprobado por unanimidad un informe de su Comisión de Estudios e Informes en el que se muestra crítico con la reforma, que afecta al régimen retributivo por sustituciones, refuerzos y medidas de apoyo en que participen miembros de las carreras judicial y fiscal y de los magistrados suplentes, jueces y fiscales sustitutos.

“El informe plantea serias objeciones a la discrecionalidad con que han sido concebidos determinados artículos, así como la recurrente utilización de la disponibilidad presupuestaria como límite a las retribuciones”, ha explicado el CGPJ.

Según el máximo órgano de los jueces, lo anterior más la ausencia de memoria de impacto económico “origina un marco de incertidumbre y recelo que puede poner en entredicho el modelo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial tras su última reforma, cuyos pilares fundamentales son la prevalencia de la sustitución profesional, relegando la intervención de la Justicia interina a supuestos verdaderamente excepcionales, y el favorecimiento de la voluntariedad”.

Además, el informe cuestiona que el proyecto excluya, de cara a fijar la retribución por sustitución, un componente del complemento de destino reconocido en la Ley 15/2003.

También se censuran las “excesivas atribuciones competenciales” que se reservan al Ministerio de Justicia y que, según este órgano, corresponden al Consejo General del Poder Judicial conforme se establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial. MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

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El abogado de Urdangarin rehuye hablar de los correos prohibidos por estar ‘sub iúdice’ en el juzgado

El abogado de Urdangarin rehuye hablar de los correos prohibidos por estar ‘sub iúdice’ en el juzgado

19 de abril de 2013

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, se ha negado a valorar que el juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona haya prohibido difundir en los medios correos personales porque “es un tema sub iúdice”, es decir, está pendiente de resolución.

Pascual Vives ha dejado claro este jueves a las puertas de su despacho que no se va a manifestar sobre los emails de contenido personal que el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, ha amenazado con publicar.

Una juez de Barcelona ha acordado este jueves esta prohibición como medida urgente para preservar la intimidad de los Duques tras aceptar la medida cautelar solicitada por Pascual Vives, previa a la demanda que deberá presentar en los próximos días contra Torres y varios grupos de comunicación.

Sobre si podría llevar a cabo una demanda conjunta con los abogados de la Infanta Cristina, Miquel Roca y Jesús María Silva, por la vulneración del derecho a la intimidad de la hija y yerno del Rey, el abogado ha declarado: “Esto pertenece al secreto de las relaciones profesionales”.

Al preguntársele qué le parece que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, haya dicho que seguirá investigando a la Infanta pese a no tener fecha de declaración, ha afirmado que no le corresponde a él manifestarse al respecto, ya que la Infanta tiene sus propios abogados y “harán lo que tengan que hacer”.

DECLARACIONES DE RENTA

Pascual Vives ha declarado no estar al corriente de la petición del titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma de pedir a la Agencia Tributaria que su cliente y la Infanta Cristina aporten las diez últimas declaraciones de la Renta.

“Tengo que confirmarlo”, ha dicho refiriéndose al auto que este jueves ha dictado el juez instructor de la causa, y en el que también ha acordado elevar a la Audiencia de Baleares los testimonios o copias de la causa solicitados por la Fiscalía y las partes personadas en el procedimiento para que este órgano resuelva el recurso contra la imputación de la hija del Rey. BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

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La sentencia de la AN ante el caos aéreo no afecta a la demanda colectiva de los más de 15.000 afectados

La sentencia de la AN ante el caos aéreo no afecta a la demanda colectiva de los más de 15.000 afectados

18 de abril de 2013

La Audiencia Nacional

La sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que exime a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de afrontar la responsabilidad patrimonial por el caos aéreo del espacio aéreo no afecta a la demanda colectiva de los más de 15.000 afectados, según han explicado fuentes del despacho Cremades & Calvo Sotelo a Europa Press, que representa a los usuarios.

El fallo de la AN responde al el primer caso interpuesto por el caos y el cierre del espacio aéreo producido durante el Puente de diciembre de 2010 a causa del ‘plante’ de los controladores aéreos. Sin embargo, esta sentencia solo afecta a un solo recurrente no incluido en la demanda colectiva pendiente de resolución.

El recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional respecto la decisión del Juzgado Central de acumular las reclamaciones de los más de 15.000 afectados ha sido admitido a trámite. Además, el procedimiento penal contra los controladores que gestiona este mismo despacho continúa en su curso.

Los efectos de esta sentencia “no son extensibles” al resto de los recursos interpuestos ante los Juzgados de los contencioso-administrativo, ya que cada juzgado tendrá que declarar su propia sentencia según sus criterios para cada una de las 15.000 demandas que se tratarán de manera individual.

“Algunos de estos juzgados podrán tomar como criterio esta primera sentencia o no, eso no se sabe, ya que hay disparidad de opiniones entre los juzgados”, ha aclarado una abogada del despacho.

Esta disparidad es de tal magnitud que incluso un mismo matrimonio afectado por los mismos hechos ha obtenido resultados diferentes, según explicó la letrada. De forma, que se estima parcialmente la reclamación del marido, mientras que la de su esposa se rechaza.

PRIMERA SENTENCIA.

En la primera sentencia que ha dictado la Audiencia Nacional por este asunto, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de apelación que presentó la agencia Viatges Panorama Cultural contra una sentencia del Juzgado Central número 1 que rechazó la responsabilidad patrimonial del organismo estatal y la indemnización de 35.757,52 euros que reclamaba el recurrente por daños morales y materiales.  

Según fuentes jurídicas, los 12 juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tienen que resolver cerca de 7.000 reclamaciones de agencias de viajes, operadores y particulares que sufrieron el paro convocado entre los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2010, que se resolverán previsiblemente de acuerdo con este criterio. MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

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Los jueces de Santiago controlarán de oficio si hay cláusulas abusivas antes de realizar una ejecución hipotecaria

Los jueces de Santiago controlarán de oficio si hay cláusulas abusivas antes de realizar una ejecución hipotecaria

18 de abril de 2013

Un mazo y monedas de euro

Los jueces de primera instancia de Santiago han acordado que, en materia de ejecuciones hipotecarias, se proceda a controlar de oficio la posible existencia de una cláusula abusiva antes de que finalice la ejecución y se dé a la parte personada la posibilidad de audiencia.

Así consta en el acta de la junta sectorial de jueces de primera instancia del pasado 5 de abril, convocada para unificar criterios y prácticas relativas a los contratos con consumidores en los que puedan existir cláusulas abusivas.

De este modo, de forma unánime, los cinco jueces han pactado también que una vez despachada la ejecución hipotecaria no se admita la alegación de la existencia de cláusulas abusivas como motivo de oposición dentro del procedimientos.

No obstante, sí se admitirá la suspensión del procedimiento “por prejudicialidad civil” en el caso de que el afectado acredite que interpuso una demanda, a través del correspondiente juicio declarativo, en el que “se plantee la nulidad de la cláusula por abusiva” y siempre que ésta pueda afectar al propio proceso de ejecución hipotecaria.

En el caso de las ejecuciones de títulos no judiciales, también se controlará de oficio si hay cláusulas abusivas antes del despacho de la ejecución y la existencia de estas condiciones abusivas podrá ser alegada también después de que haya terminado el proceso de ejecución.

Los jueces han acordado también corregir las cantidades que se reclamen e incluso archivar el procedimiento cuando, dentro de un proceso monitorio se aprecie que existen cláusulas de este tipo.

Para los intereses de demora, serán considerados “abusivos y, por tanto, nulos de pleno derecho sin posibilidad de moderación por integración” en los casos en que superen tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento de hacer el contrato, si se trata de operaciones mercantiles con garantía hipotecaria.

Por su parte, en los casos de operaciones sin garantía hipotecaria, los intereses de demora serán considerados abusivos si superan en cuatro veces y media el interés legal del dinero en el momento del contrato o si son mayores al interés remuneratorio pactado incrementado en ocho puntos. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

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Oriol Pujol niega formar parte de una trama corrupta en torno a las ITV y asegura que "no existe"

Oriol Pujol niega formar parte de una trama corrupta en torno a las ITV y asegura que "no existe"

17 de abril de 2013

Oriol Pujol hablando por el teléfono movil

El exsecretario general de CDC y diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha negado que forme parte de una trama corrupta relacionada con las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y ha asegurado que para él “esta trama no existe”, y que en ningún caso la coordina.

En una declaración ante la prensa a la salida de un interrogatorio de más de 10 horas, se ha mostrado satisfecho de poder “invertir el relato” que, según su opinión, se ha ido forjando durante el último año, y ha explicado que está disgustado por algunas falsedades que se le atribuyen dentro del sumario o conversaciones de terceros, así como haber conocido como algunos hablan de él –en una referencia velada al apodo ‘primo de Zumosol’–.

Pujol ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a las 9.45 horas, 15 minutos antes de su declaración como imputado, flanqueado por el secretario de organización de CDC, Josep Rull; el presidente de CiU en el Parlament, Jordi Turull; el vicesecretario de coordinación institucional, Lluís Corominas, y el coordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez.

Pujol ha explicado que su intervención haciendo gestiones en el sector de las ITV responde “al interés político de defender un modelo que viene definido y articulado desde el 2008″, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Industrial en el Parlament con el apoyo de CiU y otros partidos, en época del tripartito.

Preguntado sobre por qué estas gestiones las hacía él, ha detallado que porque trataba de “fortalecer un modelo que estaba colgando de un hilo” por las diferentes directivas europeas que cuestionaban el modelo.

DESVINCULA A SU MUJER

En su intervención ante los medios, ha negado rotundamente que haya tenido intención de participar directamente en una empresa de estaciones de ITV, en relación a la empresa Upprime Energy, creada por dos empresarios imputados en la trama, y ha situado estos comentarios en el terreno de la “falsedad y la mentira”.

Asimismo, ha negado que su mujer, Anna Vidal, haya sido “cobeneficiaria de una empresa que ha facturado 6,9 millones de euros”, en referencia a la consultora Alta Partners, del también imputado Sergi Alsina, que medió en las deslocalizaciones de empresas como Sony y Yamaha.

APOYO TAMBIÉN DE UDC

Preguntado por la ausencia de dirigentes de UDC para acompañarle en su comparecencia, como sí ha hecho la plana mayor de CDC, Pujol ha respondido que tiene el “apoyo” de Unió y que así se lo han hecho saber.

Ha insistido en que está contento pese a que ha sido un interrogatorio muy largo porque ha podido dar explicaciones y “con detalle” de llamadas, sms y correos electrónicos recopilados durante la investigación.

Ha hecho hincapié en que “por primera vez” puede dar su versión y deshacer un relato que hasta ahora le estaba señalado directamente, y ha vaticinado que a partir de ahora se inicia el cambio de relato.

Ha vuelto a pedir “celeridad” en la instrucción y ha asegurado que la declaración se hace a petición suya porque cuando el juez le imputó no fijó fecha para citarle, y él pidió hacerlo cuanto antes.

En su declaración como imputado ante el TSJC, Oriol Pujol ha contestado a una primera ronda de preguntas genéricas durante dos horas, con cuestiones como su vínculo con el resto de imputados, algunos de ellos amigos suyos, en que han participado el juez Enric Anglada, el fiscal Fernando Maldonado y los abogados del caso.

En una segunda parte del interrogatorio de la mañana ya se ha entrado en materia y le han ido poniendo hasta más de una decena de conversaciones en las que aparece el político, y ha ido contestando a cada una de las preguntas explicando sus afirmaciones en dichas conversaciones, según fuentes judiciales.

Pujol está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en la trama para la concesión irregular de estaciones de ITV catalanas, por el TSJC, que ve indicios de que el hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se aprovechó de su peso político –sobre todo como presidente de CiU en el Parlament– “con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos y colaboradores”.

Según el auto del TSJC, el político hizo movimientos para tratar de adjudicar un lote de estaciones de ITV: “Con su actuación coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política al resto de implicados en este asunto”.

En el caso están imputados el que fue ‘número dos’ de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, encargado por la Generalitat para diseñar el nuevo mapa de ITV y que según la investigación fue colocado por Oriol Pujol como hombre afín a los intereses de los empresarios Sergi Alsina y Sergi Pastor, que habían creado Upprime, la nueva compañía para obtener una adjudicación.

También están imputados los empresarios Pastor y Alsina, y el que era entonces subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, los cinco fueron detenidos.    BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

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La Audiencia condena a Pantoja, Zaldívar y Muñoz y envía a éste a la cárcel

La Audiencia condena a Pantoja, Zaldívar y Muñoz y envía a éste a la cárcel

17 de abril de 2013

Cantante española Isabel Pantoja (2 ª L) y su ex-novio, el ex alcalde Julián Muñoz de Marbella (R) se sientan junto a otros acusados ​​en un tribunal para escuchar la sentencia del tribunal del juicio, ya que se representan en una proyección en directo del juicio en una televisión en Málaga

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha dictado una de las sentencias más esperadas en los últimos años, la de la causa por blanqueo de capitales, separada del caso ‘Malaya’, en la que han sido juzgados el exalcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, sus exparejas, la cantante Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, y otras cuatro personas más. Todos éstos han sido condenados y Muñoz ha sido enviado a la cárcel tras la lectura del fallo.

La sentencia ha sido notificada este martes a las partes, tras leerse el fallo en una vista pública, celebrada en la misma sala en la que tuvo lugar el juicio y en la que han estado presentes todos los acusados, que han escuchado las penas de prisión y las multas impuestas en cada caso. Las defensas de tres principales acusados ya han anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La Sala ha condenado a dos años de prisión y multa de 1,1 millones de euros a Pantoja por un delito de blanqueo, al considerar probado que para disponer del dinero que acumulaba “de procedencia ilícita”, el exalcalde “se sirvió de las actividades empresariales, profesionales y de la estructura societaria” que la cantante “ya poseía y que puso a su disposición para el logro de tales fines, no obstante conocer que el origen del dinero procedía de las actividades delictivas” de Muñoz.

Para la Sala, con diversos procedimientos, “el dinero y beneficios producidos por las actividades delictivas” del exregidor, “tras un primer enmascaramiento u ocultación de su origen, se mezclaba con otros de origen lícito, ya fuese por la vía de ingresos en las cuentas privativas de María Isabel Pantoja o de sus sociedades, ya fuese por la de adquisición de bienes”.

“El resultado era una confusión patrimonial completa con la que se pretendía borrar cualquier rastro de la procedencia inicial e ilegal”, añade el Tribunal, para quien cuando Muñoz llegó a ser alcalde tras la inhabilitación de Jesús Gil “sus problemas judiciales aumentaban exponencialmente”, momento en el que se va gestando una relación con Pantoja, a la que achaca una cantidad blanqueada de 1,1 millones de euros.

La Sala considera acreditado “el hecho de que entre la acusada y Muñoz –al menos desde la segunda mitad de 2002– existía una relación que no era ocasional sino íntima o de una estrecha amistad”, apuntando que la fecha exacta en que se convirtió en una relación sentimental es “irrelevante”. Se estima que la acusada conocía las actividades delictivas de Muñoz “no solo por la dimensión pública” de sus problemas judiciales, sino “por esta vinculación personal/afectiva”.

El haber sido condenada a dos años de prisión es uno de los requisitos necesarios para que se pueda proceder a la suspensión de la condena y no tener que ingresar en la cárcel, junto con haber hecho frente a la responsabilidad civil y no tener antecedentes penales. No obstante, es el Tribunal sentenciador el que decidirá sobre esta suspensión en su momento.

El exalcalde marbellí ha sido condenado a siete años de prisión y multa de 3,8 millones por blanqueo de capitales continuado y cohecho. Tras la vista, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su ingreso en prisión por riesgo de fuga, antecedentes penales –con más de 110 causas pendientes y unas 50 condenas, según la sentencia– y reiteración delictiva. La Sala lo ha acordado, según fuentes judiciales, por un límite máximo de tres años y medio. La defensa recurrirá esta decisión.

MUÑOZ, A PRISIÓN

Muñoz ha sido trasladado a la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, desde donde, previsiblemente, este miércoles será trasladado a la cárcel de Soto del Real, en Madrid, ya que será juzgado a partir del jueves en la Audiencia Nacional por el caso ‘Saqueo II’. “Está indignado y siente que ha sido una cabeza de turco de la situación social del país”, ha dicho a Europa Press su letrado, Miguel Criado, quien ha asegurado que es una medida “insólita y desproporcionada porque tenía medidas cautelares para garantizar su presencia en los juzgados, como viene haciendo”.

Según la resolución, previamente a su relación con Pantoja, Muñoz buscó “en muchos casos y de manera desmedida el beneficio económico particular” y la etapa vinculada a su actividad política se caracterizó “por el importante desfase entre ingresos y gastos y por excesivos movimientos de dinero en metálico; así como por numerosas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles”. Desfases, movimientos y adquisiciones “de los que no ha podido justificar su procedencia lícita”.

“Y no lo ha hecho porque están realmente relacionadas con aquellas actividades al margen de la legalidad y delictivas, a las que se dedicó desde su incorporación al Ayuntamiento”, dice el Tribunal, para el que los bienes o dinero empleados, “y que procedían de los beneficios ilegales de actividades ilícito-criminales, tras un primer enmascaramiento u ocultación de su origen, los mezclaba con otros de origen lícito”, tras lo que los invertía sucesivamente “con el fin claro de borrar su procedencia inicial”.

Zaldívar, por su parte, ha sido condenada a tres años y tres meses de prisión y multa de 2,4 millones por un delito continuado de blanqueo. La Sala entiende que ésta “estaba al corriente de las actividades de su esposo, así como del origen del dinero en efectivo que manejaba” y de que “llevaba cantidades elevadas al domicilio familiar, con una cadencia regular al margen de su sueldo legalmente establecido”, siendo éste el lugar elegido “para su ocultamiento, a la espera del momento adecuado para su afloramiento”.

Se insiste en que Zaldívar tuvo conocimiento de dichas actividades “ilícitas” de Muñoz, “inmerso en procesos penales desde 2000 por delitos cometidos al amparo del ejercicio de sus cargos políticos en fechas anteriores”; que figuró como titular de bienes y participaciones en sociedades y, además, que “manejó importantes cantidades en efectivo” con fondos “de las actividades delictivas de su marido”.

Según los magistrados, Muñoz evitaba figurar, para lo que recurría a comprar sociedades ya constituidas, al frente de las cuales estaban personas, como su cuñado Jesús Zaldívar, que también ha sido condenado a la misma pena de prisión que su hermana; y que era “conocedor de las actividades delictivas”.

Tras la ruptura de Muñoz y Zaldívar, tanto Jesús como Maite, dice la sentencia, “idean un entramado societario y financiero que tenía por finalidad disponer de los fondos ilícitos –que procedían de Muñoz– y que María Teresa Zaldívar tenía en su poder”. Así, se detallan operaciones con Suiza, algunas a través del acusado Fernando de Salinas, entonces gestor de un banco suizo, y del que era director de una sucursal bancaria, Benjamín Martínez, ambos condenados.

A LA SALIDA

La vista para la lectura del fallo ha dado comienzo poco antes de las 11.00 horas. Una vez terminada, a las 11,40 horas salía de la Audiencia la tonadillera bajo un fuerte dispositivo policial que no ha podido impedir que decenas de personas, tanto admiradores como detractores, se abalanzaran sobre ella, llegando a zarandearla y a gritarle “ladrona”.

En el momento en el que la cantante pretendía introducirse en el vehículo, algunas personas han intentado impedirlo, saltándose el cordón policial que la rodeaba y empujándola para impedir que accediera al interior. Se han vivido momentos de tensión, sobre todo cuando el chofer de la cantante se subió en el capó del vehículo, en medio de la multitud, para recriminar a los asistentes el trato hacia Pantoja.

La cantante casi se ha desvanecido por unos segundos y ha tenido que ser ayudada por los agentes para poder acceder al vehículo, junto con sus abogados. Una vez dentro, el coche arrancó a toda prisa, dejando atrás a un centenar de personas, entre periodistas y público, congregados en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Málaga.    MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS)

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La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios

La Abogacía del Estado estudia el decreto andaluz sobre los desahucios

16 de abril de 2013

Una protesta contra los desahucios

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este lunes que la Abogacía del Estado está estudiando el decreto de la Junta de Andalucía sobre los desahucios en cuanto a su competencia y ha añadido que la respuesta a un problema “tan grave” como los lanzamientos de viviendas habituales no puede ser de ámbito territorial, sino nacional.

En este sentido, el ministro ha encuadrado las medidas del Gobierno que se están tramitando en las Cortes Generales que proponen suspender los lanzamientos temporalmente sin necesidad de hacer una expropiación de uso de la propiedad.

   “No podemos buscar por razones de oportunidad política, soluciones de carácter autonómico”, ha dicho, para exponer la utilidad de que el crédito hipotecario permita a las generaciones futuras acceder a tener una vivienda en propiedad.

   Al ser preguntado sobre la regulación por Ley Orgánica de las abdicaciones, ha manifestado que el artículo 57 de la Carta Magna afirma que las dudas sucesorias y las renuncias y abdicaciones se resolverán a través de esta vía. “La Constitución dice que cada acto concreto necesita se ratificado por los ciudadanos por una Ley Orgánica. El Gobierno no tiene esa previsión”, ha dicho.

   Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

EL OBJETIVO NO ES LA REELECCIÓN

   Durante su intervención, el ministro ha afirmado que el Gobierno “no está dispuesto a esconder la cabeza” y seguirá trabajando para llevar a cabo “reformas estructurales” contra las voces que dudan de la legitimidad del sistema. Además, ha hecho una encendida defensa de la Constitución, que surgió de un “gran pacto” para resolver tensiones ideológicas y territoriales. “Es el instrumento adecuado en políticas sociales y económicas y alcanzar una nación próspera”

   Desde el estallido de la crisis económica, se ha produciendo, a su juicio, “un examen de conciencia” general que ha sometido a reflexión y crítica las costumbres y el ejercicio de representantes políticos, sindicatos e instituciones. “Hay límites, el límite intelectual de la demagogia o el límite moral de no poder compartir ni apoyar ningún tipo de violencia o coacción sobre los ciudadanos”, ha añadido.

   Tras ello, ha recordado que el Gobierno ha sido elegido con una nítida mayoría con el objeto de llevar a cabo reformas estructurales. “Nuestro objetivo no es la reelección, sino la transformación política de España”.

   El ministro ha repasado las fortalezas y debilidades de la Administración de Justicia. En su opinión, los jueces y magistrados constituyen el “principal activo” para contribuir al crédito de las instituciones en un momento en el que la corrupción “desestructura” la sociedad y es causa de preocupación en la ciudadanía.

   “No hay temor a la arbitrariedad, a sospechas de corruptelas o a jueces que respondan a cosa distinta que a la aplicación de la ley aprobada democráticamente por el legislador”, ha señalado el ministro, que ha citado la lentitud de la Administración de Justicia como su principal debilidad.

   Este punto débil de la Justicia ha provocado que cerca de 20.000 millones de euros estén paralizados en los tribunales, pendientes de resolución judicial en pleitos donde interviene la Administración General del Estado. Al encontrarse fuera del circuito económico, no contribuyen a crear empleo ni a mejorar la competitividad.

   El titular de Justicia también ha advertido del alto número de letrados en España, donde ejercen 130.000 abogados frente a los 51.000 de Francia. “Hay casi tantos en la Comunidad de Madrid como en la República Francesa, donde hay 20 millones de habitantes más”, ha apostillado. MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

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Gallardón anuncia que el peligro en la vida de la madre deberá "acreditarse"

Gallardón anuncia que el peligro en la vida de la madre deberá "acreditarse"

16 de abril de 2013

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que el actual sistema de plazos presente en la Ley de Interrupción del Embarazo se sustituirá por un “sistema de indicaciones”, en cual se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. “No será una mera declaración, sino una constatación”, ha añadido.

En el Foro de La Razón, Gallardón ha expresado su malestar con la actual Ley del Aborto y ha adelantado que “muy pronto” se presentará la nueva normativa para resolver un “asunto de esta gravedad” habida cuenta de que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados.  

Según ha recordado, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la interrupción del embarazo y estableció que el ‘nasciturus’ es un bien protegido, que la vida humana tiene relevancia desde su concepción y que su protección no es absoluta cuando entra en conflicto con otros derechos. “Es un sistema de indicaciones, no de plazos”, ha dicho.

En esta línea, ha avanzado que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un “pretexto” y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se “cumpla y acredite”. “En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea solo una mera declaración, sino una auténtica constatación”, ha remachado.

ABORTO EUGENÉSICO POR DISCAPACIDAD

Ha aludido a los mecanismos de información de los que dispondrá la mujer a la hora de decidir sobre la interrupción de su embarazo y ha adelantado que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es “incompatible” con el proyecto del Gobierno y la posición de las Naciones Unidas.

“La vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad”, ha señalado.

El Ejecutivo también se muestra contrario a que los menores de edad puedan interrumpir su estado de gestación, mientras defiende la necesidad de regular la objeción de conciencia de los médicos.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el Foro de La Razón, donde ha estado arropado por una amplia representación de la cúpula judicial, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa de la capital, Ana Botella, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y varios miembros del Gobierno, como el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro  o la titular de Sanidad Ana Mato.

Entre los asistentes, se encontraban varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska o el magistrado Alfonso Guevara.    MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

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Recurre una sentencia por no recibir aviso del juicio en que perdió su casa

Recurre una sentencia por no recibir aviso del juicio en que perdió su casa

15 de abril de 2013

Un hombre entregando una llaves (el llavero en forma de casa)

Un hombre ha interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona contra la sentencia que lo obligó a entregar su casa de Castell de Montbui (Barcelona) a un vecino, alegando no haber recibido aviso alguno del juicio al que no acudió para defender la propiedad de la finca.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Juan José R. ha criticado que nadie le comunicó que su vecino le había interpuesto una demanda de desahucio y que, de saberlo, hubiera probado su propiedad con informes registrales.

Cuando la comisión judicial se personó en el domicilio familiar de la calle Trafalgar de Barcelona, la madre del expropietario –que padecía una enfermedad mental– manifestó que ignoraba el paradero de su hijo, pese a que “se encontraba perfectamente localizable”, relata en el recurso.

Para Juan José R., esto provocó que no tuviese noticia de la demanda de Josep Manel L.P. hasta que, meses después en la finca de Castell de Montbui, otro vecino le comentó que funcionarios de los juzgados lo habían estado buscando.

El juez consideró en el juicio que Juan José R. ocupaba la casa bajo situación de ‘precario’, es decir, que tenía la finca por “concesión, mera tolerancia o sin título legitimador” que justificase la propiedad, con lo que lo obligó a desalojar la casa en favor de Josep Manel L.P.

El vecino reclamaba en la demanda tener derecho por usufructo sobre una parcela donde había una construcción paralizada “desde hacía años” con contador de agua y puestos de contacto de luz.

Según el recurso de Juan José R., el terreno fue transmitido en usufructo a Josep Manel L.P. en julio de 2010, pero el 29 de mayo de 1973 se vendió una pequeña parte de éste a Pilar B.B. –madre del ahora expropietario–, que cedió los derechos del terreno a su hijo años más tarde.

Por eso, el afectado ha alegado en el recurso una “confusión por parte de los demandantes”, seguramente propiciada por la multitud de segregaciones que se hicieron sobre la parcela propiedad de la difunta madre del ahora propietario.

Sin embargo, Josep Manel L.P. duda de que su vecino no recibiese convocatoria de juicio, ya que incluso se contactó con él a través de burofax, y ha alegado que los argumentos de Juan José R. son “hasta cierto punto del todo inverosímiles”. BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS)

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