Prisión provisional sin fianza para el expolicía del GAL Michel Domínguez

23 de abril de 2013

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

El Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona ha decretado este lunes la prisón provisional comunicada y sin fianza para el expolicía Michel Domínguez, condenado por las acciones de los Grupos Armados de Liberación (GAL), y que este sábado fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Ahora, después de esta decisión del juzgado de guardia, el caso seguirá investigándose en el Juzgado de Instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que es quien se encarga de esta causa bajo secreto de sumario, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La Policía Nacional lo detuvo el sábado en la estación de Sants de Barcelona, adonde llegó solo, después de llegar solo a la capital catalana en un AVE procedente de Madrid; en el momento del arresto no llevaba droga ni armas.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este lunes que la función que desempeñaba Michel Domínguez y por la que ha sido detenido era la de ejercer como ‘correo’ para el traslado de droga.

El ministro lo ha dicho en Logroño durante su visita a las instalaciones del Grupo de Acción Rural (GAR) de la Guardia Civil, donde ha recordado que Domínguez era conocido por su pasado que fue condenado, cumplió su pena y al haber cometido otro presunto delito, ha vuelto a ser detenido.

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS)

El PSOE recogerá firmas para que el dinero de las multas del caso Pantoja repercuta en Marbella

23 de abril de 2013

Isabel Pantoja

El portavoz del grupo municipal socialista de Marbella (Málaga), José Bernal, ha anunciado este lunes que desde el PSOE marbellí se pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas para que repercuta en Marbella el dinero de las multas impuestas en el caso de blanqueo de capitales en el que han resultado condenados el exalcalde Julián Muñoz, sus exparejas, la cantante Isabel Pantoja y Maite Zaldívar; y otras cuatro personas más

El equipo de gobierno local da la bienvenida a la propuesta pero recuerda que el PP lleva pidiendo esta medida 10 años

La campaña, ha señalado Bernal, se desarrollará bajo el título ‘Ángeles Muñoz y Rajoy han dicho No. Los socialistas pedimos que los millones del caso Pantoja vengan para Marbella’; y se prolongará por distintos puntos del término municipal. Según ha explicado, la iniciativa se lleva a cabo a partir de las peticiones de los vecinos, y ha señalado que “desde el PSOE no vamos a pedir nada que no haya pedido antes el PP”.

En este sentido, ha recordado que Ángeles Muñoz “ha basado sus campañas electorales en que los fondos incautados por procesos judiciales relacionados con Marbella vuelvan a nuestro municipio, y ahora dice que esto no es posible”. Bernal ha señalado que hay tres vías por las que esto es posible, y ha exigido a la alcaldesa que “se ponga en marcha para explorar cualquiera de las tres, ya que ahora más que nunca, nuestro municipio necesita inversiones y liquidez”.

En cuanto a las tres opciones, compatibles con la legalidad, Bernal ha señalado que los 10 millones de euros se pueden incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, a través de negociación para cubrir los pagos de otras deudas o a través de inversiones en el municipio por valor del dinero recuperado.

El portavoz socialista ha puesto de manifiesto que “el origen del dinero blanqueado es el expolio al que fueron sometidas las arcas municipales” y ha añadido que “de ahí que sea necesario que el dinero se recupere”. Ha manifestado que durante el tiempo que la alcaldesa solicitó la devolución de este tipo de fondos de Marbella, desde el PSOE “la apoyamos firmemente”, por eso “pedimos ahora que ponga todo de su parte para que el dinero regrese”.

EL EQUIPO DE GOBIERNO

El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, por su parte, ha dado “la bienvenida” al PSOE “por sumarse a la petición de que los bienes de los casos de saqueo sufridos por la ciudad reviertan en la ciudad, aunque con un retraso de 10 años desde que comenzara el PP”.

“Resulta curioso que una década después el PSOE solicite precisamente ahora que, están saliendo las sentencias, que lleguen a la ciudad como consecuencia de los procedimientos judiciales abiertos”, ha declarado Romero, quien ha apuntado que “tanto es así que el PP realizó una recogida de firmas hace seis años con el mismo propósito que finalmente fue desechado por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía y del Ejecutivo de la Nación”.

Además, ha afirmado que resulta también “incoherente” por parte del PSOE una recogida de firmas “cuando la misma semana pasada se retiraron de la acusación del caso Saqueo 2, donde está personado el Ayuntamiento para solicitar que se devuelvan todos los recursos que les fueron sustraídos a esta institución”.

“El compromiso del PP va incluso más allá porque después de la negativa constante del PSOE durante su etapa en el Gobierno central, ha tenido que ser un Ejecutivo del PP el que permita que se salde la deuda heredada con Seguridad Social y Hacienda con los bienes que se recuperen de los procedimientos judiciales”, ha concluido. MÁLAGA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Supremo rechaza la nulidad de la sentencia solicitada por los padres de Marta del Castillo

24 de abril de 2013

Fachada del TS

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el incidente de nulidad excepcional planteado por los padres de Marta del Castillo, asesinada en enero de 2009, contra la sentencia en la que el Alto Tribunal descartaba repetir el juicio por estos hechos y ordenaba a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla revisar la absolución de Samuel Benítez, además de aumentar un año y tres meses la condena al asesino confeso, Miguel Carcaño.

Fue a finales del pasado mes de febrero cuando el abogado de los padres de Marta del Castillo presentó ante la Sala Segunda del Supremo un incidente de nulidad excepcional en el que pedía la nulidad de la sentencia dictada por el Alto Tribunal y que las actuaciones fueran retrotraídas hasta el momento antes del dictado del fallo que condenó únicamente a Miguel Carcaño por parte de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, emitiéndose otra sentencia por una sala distinta.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el Supremo ha emitido un auto en el que rechaza la nulidad planteada por la familia de la joven asesinada y rechaza lo afirmado por el abogado de los padres en cuanto a la falta de imparcialidad de los magistrados de la Sección Séptima, afirmación que “carece de la mínima justificación”.

En la jornada de este martes se ha conocido también que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la recusación planteada por los padres de Marta contra el tribunal que debe dictar la nueva sentencia en relación a Samuel Benítez después de haberlo absuelto inicialmente por un delito de encubrimiento, según un auto consultado por Europa Press y en el que el Alto Tribunal andaluz advierte de que la estimación de la recusación planteada “sí podría suponer vulnerar precisamente los derechos del procesado Samuel Benítez”.  

Hay que recordar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ordenó a los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que “reexaminaran” el caso de Samuel por considerar “arbitraria” e “ilógica” su decisión de situar a las 22,15 horas del 24 de enero de 2009 la salida del cadáver de la vivienda de León XIII donde se cometió el asesinato.  

Tras ello, los padres de la víctima plantearon la recusación de los magistrados que debían dictar la nueva sentencia contra Samuel al entender que se estaba vulnerando el derecho a un juez imparcial por la previa intervención del tribunal en este caso, pues la misma Sección Séptima ya condenó a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel y absolvió a su hermano, Francisco Javier Delgado, a la novia de éste, María García, y al propio Samuel.

Tanto el tribunal como la Fiscalía y el abogado de Samuel se opusieron a la recusación, tal y como hace ahora el propio TSJA, que asevera en primer lugar que “es manifiesto” que “ninguno” de los magistrados recusados ha intervenido en la instrucción previa de la causa ni “han resuelto en anterior instancia”, ya que “la instancia en la que previamente se ha dictado la sentencia, posteriormente anulada de forma parcial por el Supremo, es la misma instancia en la que ahora se va a proceder a dictar” el nuevo fallo en relación a Samuel.

 Sobre la posible pérdida de imparcialidad alegada por los padres de Marta, el TSJA dice que dicha imparcialidad “no la pueden haber perdido los magistrados integrantes de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial para dictar la segunda sentencia, por cuanto que esa imparcialidad es la misma de la que gozaban al dictar la primera sentencia”.

LA RECUSACIÓN

Ahora, el Supremo “les encomienda que, con arreglo a la prueba practicada, realicen una nueva valoración del resultado de la misma en relación a los extremos marcados”, para lo que “son plenamente competentes”, punto en el que informa de que la nueva sentencia podrá ser recurrida en casación ante el Supremo.

A juicio del Alto Tribunal andaluz, “el efecto que tendría la estimación de la recusación sería tanto como alterar el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo”, pues la recusación “impediría, por los principios de oralidad e inmediación, que la nueva sentencia se dictara por cualquiera otros magistrados con un material probatorio cuya práctica no han presenciado”. “Y no es eso lo que ha fallado el Supremo al resolver el recurso de casación, por entender que el acto del juicio ha sido plenamente válido”, insiste.

“Es más, la estimación de la recusación planteada sí podría suponer vulnerar precisamente los derechos” del procesado Samuel Benítez, “que lo sigue siendo por estar pendiente de dictarse nueva sentencia sobre la acusación contra él dirigida”, una vulneración del derecho al juez predeterminado por Ley “que se produciría de apartar del conocimiento” de la causa “a quienes son los magistrados integrantes del tribunal al que naturalmente le ha correspondido conocer del sumario, y que por las vicisitudes del recurso de casación” tendrán que dictar un nuevo fallo.

Tras la decisión adoptada por el Supremo y por el TSJA, que impone las costas causadas por el incidente de recusación a los padres de Marta, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial deberá pronunciarse en los próximos días sobre la absolución de Samuel Benítez. SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rajoy no quiere subir IVA e IRPF este año, pero dependerá del crecimiento y el déficit

24 de abril de 2013

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes recortes que afectarán a algunas partidas presupuestarias, aunque en ningún caso serán como los aprobados en el año 2012.

“Es probable alguno en alguna partida presupuestaria”, ha dicho Rajoy en una rueda de prensa junto al primer ministro de la República Eslovaca, Robert Fico, donde ha indicado que no quiere subir impuestos como el IVA o el IRPF este año, aunque las acciones del Gobierno dependerán del crecimiento económico y la senda de reducción del déficit.

Rajoy ha asegurado que no le gusta recortar el gasto público y que lo hace porque resulta “absolutamente necesario e imprescindible”. “Si no las tomamos (las medidas de ajuste) por duras que parezcan, estaríamos destruyendo el futuro”, ha dicho.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que el Gobierno ha tomado decisiones “incómodas” y “muy difíciles” que no han sido “gratas”. “Hacer recortes de gasto público es algo que le gusta a nadie”, ha asegurado, tras señalar que las reformas no son una opción, sino una “obligación”, tanto a nivel nacional como europeo.

Junto a las nuevas medidas que formarán parte del plan nacional de reformas, el Gobierno presentará su nuevo cuadro macroeconómico con una revisión a la baja de las previsiones y el programa de estabilidad para los próximos tres años.

Según Rajoy, España no hará nada “diferente” a lo que han tenido que hacer los diferentes organismos económicos y la “inmensa mayoría” de los países de la UE por el cambio en el escenario económico europeo. De hecho, ha asegurado que las rebajas en las previsiones de algunos países vecinos serán mayores que las de España.

Así, ha recordado que el Reino Unido estimó en agosto que su economía crecería un 1,8% en 2013 y ahora ha rebajado la cifra al 0,6%. Francia, por su parte, planteó un incremento del PIB en 2013 del 0,8% cuando presentó su presupuesto, pero ahora ha modificado esa cifra hasta el 0,1%.

Según Rajoy, lo mismo ha ocurrido en Irlanda, en Portugal e incluso en Alemania, donde el Gobierno planteó un incremento del PIB del 1,6% cuando presentó su programa de estabilidad y que ahora ha bajado la cifra al 0,4%.

VE “LÓGICO” EL CAMBIO DE PREVISIONES

“España no ha hecho nada distinto a lo que ha hecho en otras ocasiones y (lo que han hecho) otros países”, ha subrayado el presidente, para quien el cambio de previsiones es “lógico”, porque la economía está sujeta a muchos cambios y circunstancias.

De hecho, ha recordado que su propio Gobierno planteó en 2012 una caída del PIB del 1,7%, que después moderó al 1,5%, y la caída final fue del 1,4%. “Las previsiones no son algo en lo que se acierte siempre y hay que cambiarlas como cualquier país del mundo civilizado”, ha señalado.

En cualquier caso, ha asegurado que la revisión del viernes se enmarca en las tres revisiones que hace el Gobierno al año: cuando se presenta el Presupuesto, cuando se aprueba el programa de estabilidad y el plan de reformas y cuando se presentan las cuentas del año siguiente.

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS)

 

Fallece el expresidente de la Audiencia de Barcelona José Luis Barrera

19 de abril de 2013

Parte de la fachada de la Audiencia de Barcelona

El expresidente de la Audiencia de Barcelona José Luis Barrera (1948-2013), que lideró la institución desde 2000 hasta el 2010,  falleció a los 65 años el jueves en Barcelona.

Según informa este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha sido enterrado en un funeral que se ha celebrado en la “más estricta intimidad”, por deseo expreso de la familia.

Barrera ingresó en la carrera judicial en 1976 y fue destinado al Juzgado de Primera Instancia de Instrucción 1 de Vera (Almería), para ejercer más tarde en el de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en el Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao y, finalmente, en la Sección Cuarta y Primera de la Audiencia de Barcelona, que acabó presidiendo (EP).

El Gobierno achaca a problemas legales el retraso en ratificar la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad

19 de abril de 2013

Gaspar Llamazares,

El Gobierno español tiene pendiente desde la anterior legislatura ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún no lo ha hecho porque cree que algunas de sus medidas pueden contradecir el principio de irretroactividad de la ley penal.

Así lo explica el Ejecutivo a Izquierda Unida en sendas respuestas remitidas a su portavoz en el Congreso, José Luis Centella, y a su representante en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, quienes querían saber cuándo piensa el Gobierno firmar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor en 1970.

En sus respuestas, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoce que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Gabinete Zapatero en la anterior legislatura, incluye el compromiso de España de adherirse a la convención. De momento, el Ejecutivo está realizando un análisis jurídico para concretar las implicaciones de ese texto.

Aunque ese análisis todavía no ha concluido, el Gobierno apunta que durante el mismo “se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal” y que eso “retrasó el procedimiento de firma y ratificación”.

Iu exige una decisión ya

En Izquierda Unida no entienden los “supuestos problemas legales esgrimidos” por el Ejecutivo hacia una medida aprobada por Naciones Unidas “hace décadas” y que va en la línea “del respeto a la legalidad internacional que defienden los Estados democráticos más avanzados” a los que “la derecha siempre como referente para otras cuestiones”.

“Esperamos un pronunciamiento rápido y definitivo por parte del Gobierno del PP sobre esta cuestión y, según cuál sea éste, actuaremos en consecuencia”, ha avisado Centella a través de un comunicado.

En la misma pregunta, Llamazares se interesaba sobre la aplicación de las recomendaciones que varios órganos internacionales han trasladado a España relación con la Ley de Amnistía, aprobada el de octubre de 1977, y que ha sido esgrimida para no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno remarca que esa ley, que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, “fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad del proceso”.

Asimismo, puntualiza a Llamazares que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha trasladado a España ninguna denuncia de incumplimiento en relación con la derogación de la Ley de Amnistía, sino que se ha limitado a hacerle “recomendaciones y observaciones” al respecto.

La desaparición forzosa ya está tipificada

El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural Llamazares también preguntaba al Ejecutivo si piensa aprovechar la futura reforma del Código Penal para incluir un artículo específico con la tipificación del delito de desaparición forzosa, habida cuenta de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que cada Estado tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Pero, según el Gobierno, el ordenamiento español ya contempla un concepto “con el mismo contenido típico que el que tiene la desaparición forzada” y menciona, en concreto el de detención ilegal/secuestro ya sea realizada por particulares o por el Estado o sea constitutiva de un delito de lesa humanidad.

Por último, el Ejecutivo deja claro que la entrada en vigencia de la citada convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a su entrada en vigor. Es decir, no puede invocarse para el caso de las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. (E.P)

El Congreso debate este martes la reforma legal del PSOE para poder poner nombres a la amnistía fiscal

22 de abril de 2013

Fachad del Congreso de los Diputados

El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes si admite a trámite la proposición de ley del PSOE para reformar la Ley General Tributaria con el objetivo de poder hacer públicos los nombres de las personas, sociedades o demás entidades que se acojan a regulaciones tributarias especiales, como la reciente ‘amnistía fiscal’, independientemente de la forma en que se articulen dichos procedimientos o de qué nombre se les dé.

Los socialistas proponen un cambio en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, relativo al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, para añadir un nuevo supuesto en el que esté permitida la cesión o comunicación a terceros de datos, informes o antecedentes obtenidos por la Agencia Tributaria, que con carácter general son reservados.

Hasta la fecha, la ley permite hacer pública esta información siempre en once supuestos, incluidos la colaboración con la Justicia en la investigación o persecución de delitos, con otras administraciones tributarias en el cumplimiento de obligaciones fiscales, o con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude en las cotizaciones y prestaciones.

UN NUEVO SUPUESTO

Ahora, los socialistas quieren añadir un caso más: el acogimiento a procedimientos extraordinarios de regularización tributaria, “cualquiera que sea la forma en que se articule o se denomine dicha regularización”.

Así, precisan que deberá permitirse la identificación de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se acojan a este tipo de procedimientos, “incluyendo, en el caso de sociedades mercantiles y demás entidades con personalidad jurídica, la titularidad real directa o indirecta de los accionistas o partícipes de las mismas”. También reclaman que se pueda hacer pública la información sobre el importe individualizado de las bases imponibles y cuotas declaradas.

En la proposición de ley también se reclama la adopción por parte del Gobierno, en un plazo máximo de quince días, de “las medidas necesarias para dar a conocer la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se han acogido al proceso de regularización” así como el importe declarado.

 Con este texto, el PSOE se adelanta al Gobierno, que se ha comprometido en diversas ocasiones a cambiar la normativa para poder publicar los nombres de los grandes defraudadores y morosos con la Hacienda, aunque nunca ha incluido en este anuncio a los beneficiarios de la ‘amnistía fiscal’, entre los que se cuentan presuntamente el extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas y varios imputados en el caso Gürtel. MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS)

El TS confirma la multa al HSBC por infringir normativa de prevención de blanqueo de capitales

22 de abril de 2013

Logotipo HSBC

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 2.1 millones de euros impuesta en 2002 a la sucursal en España del banco británico HSBC por cometer varias infracciones en materia de prevención de blanqueo de capitales.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Espín, confirma la dictada en septiembre de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que rechazó en primera instancia lo argumentos del banco frente a la sanción administrativa.

Concretamente, el Ministerio de Economía impuso a HSBC Bank Pl., sucursal en España una multa de 925.000 euros por una infracción grave por incumplimiento de la obligación de identificación de clientes que se regula en la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

A esta primera infracción se sumaron otras tres por incumplimiento de las obligaciones de examinar con especial atención cualquier operación que por su naturaleza pueda estar particularmente vinculada al blanqueo y comunicarla al Servicio Ejecutivo (300.000 euros) y otra por saltarse la norma que obliga a las entidades a establecer procedimientos de control interno y de comunicación a fin de prevenir operaciones irregularidades (875.000 euros).

En sus fundamentos jurídicos, la resolución del alto tribunal rechaza uno a uno los argumentos esgrimidos por la defensa del HSBC contra la multa, como la que aducía que ninguno de los contratos de cuestas de gestión patrimonial afectadas guardaban relación con actividades delictivas relacionadas con las drogas, bandas organizadas o grupos terroristas.

En este punto, el Supremo rechaza que la conducta no estuviera tipificada antes de la reforma legal realizada en 2003 sobre este asunto y reprocha a la defensa que la controversia se reduzca a una cuestión probatoria que no es posible reconsiderar en casacón.

CONTROLES POCO OPERATIVOS

Así, destaca que la Audiencia Nacional avaló en su día el informe efectuado por la Comisión Nacional de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y entendió que, pese a contar con un órgano de control interno destinado a la prevención de operaciones de blanqueo de capitales, “su falta de operatividad hace que se incurriera en la infracción sancionada, sin que las circunstancias señaladas por la citada Comisión puedan conceptuarse como meras deficiencias de procedimiento.

Añade el Supremo que la valoración efectuada por la Audiencia de los datos obrantes en el expediente “es motivada y razonable” y las multas “no pueden considerarse tampoco desproporcionadas en términos absolutos dada la relevancia de las infracciones cometidas y la trascendencia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, por lo que confirma la sanción. MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jueces de Santiago controlarán de oficio si hay cláusulas abusivas antes de realizar una ejecución hipotecaria

18 de abril de 2013

Un mazo y monedas de euro

Los jueces de primera instancia de Santiago han acordado que, en materia de ejecuciones hipotecarias, se proceda a controlar de oficio la posible existencia de una cláusula abusiva antes de que finalice la ejecución y se dé a la parte personada la posibilidad de audiencia.

Así consta en el acta de la junta sectorial de jueces de primera instancia del pasado 5 de abril, convocada para unificar criterios y prácticas relativas a los contratos con consumidores en los que puedan existir cláusulas abusivas.

De este modo, de forma unánime, los cinco jueces han pactado también que una vez despachada la ejecución hipotecaria no se admita la alegación de la existencia de cláusulas abusivas como motivo de oposición dentro del procedimientos.

No obstante, sí se admitirá la suspensión del procedimiento “por prejudicialidad civil” en el caso de que el afectado acredite que interpuso una demanda, a través del correspondiente juicio declarativo, en el que “se plantee la nulidad de la cláusula por abusiva” y siempre que ésta pueda afectar al propio proceso de ejecución hipotecaria.

En el caso de las ejecuciones de títulos no judiciales, también se controlará de oficio si hay cláusulas abusivas antes del despacho de la ejecución y la existencia de estas condiciones abusivas podrá ser alegada también después de que haya terminado el proceso de ejecución.

Los jueces han acordado también corregir las cantidades que se reclamen e incluso archivar el procedimiento cuando, dentro de un proceso monitorio se aprecie que existen cláusulas de este tipo.

Para los intereses de demora, serán considerados “abusivos y, por tanto, nulos de pleno derecho sin posibilidad de moderación por integración” en los casos en que superen tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento de hacer el contrato, si se trata de operaciones mercantiles con garantía hipotecaria.

Por su parte, en los casos de operaciones sin garantía hipotecaria, los intereses de demora serán considerados abusivos si superan en cuatro veces y media el interés legal del dinero en el momento del contrato o si son mayores al interés remuneratorio pactado incrementado en ocho puntos. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sentencia de la AN ante el caos aéreo no afecta a la demanda colectiva de los más de 15.000 afectados

18 de abril de 2013

La Audiencia Nacional

La sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que exime a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de afrontar la responsabilidad patrimonial por el caos aéreo del espacio aéreo no afecta a la demanda colectiva de los más de 15.000 afectados, según han explicado fuentes del despacho Cremades & Calvo Sotelo a Europa Press, que representa a los usuarios.

El fallo de la AN responde al el primer caso interpuesto por el caos y el cierre del espacio aéreo producido durante el Puente de diciembre de 2010 a causa del ‘plante’ de los controladores aéreos. Sin embargo, esta sentencia solo afecta a un solo recurrente no incluido en la demanda colectiva pendiente de resolución.

El recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional respecto la decisión del Juzgado Central de acumular las reclamaciones de los más de 15.000 afectados ha sido admitido a trámite. Además, el procedimiento penal contra los controladores que gestiona este mismo despacho continúa en su curso.

Los efectos de esta sentencia “no son extensibles” al resto de los recursos interpuestos ante los Juzgados de los contencioso-administrativo, ya que cada juzgado tendrá que declarar su propia sentencia según sus criterios para cada una de las 15.000 demandas que se tratarán de manera individual.

“Algunos de estos juzgados podrán tomar como criterio esta primera sentencia o no, eso no se sabe, ya que hay disparidad de opiniones entre los juzgados”, ha aclarado una abogada del despacho.

Esta disparidad es de tal magnitud que incluso un mismo matrimonio afectado por los mismos hechos ha obtenido resultados diferentes, según explicó la letrada. De forma, que se estima parcialmente la reclamación del marido, mientras que la de su esposa se rechaza.

PRIMERA SENTENCIA.

En la primera sentencia que ha dictado la Audiencia Nacional por este asunto, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de apelación que presentó la agencia Viatges Panorama Cultural contra una sentencia del Juzgado Central número 1 que rechazó la responsabilidad patrimonial del organismo estatal y la indemnización de 35.757,52 euros que reclamaba el recurrente por daños morales y materiales.  

Según fuentes jurídicas, los 12 juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tienen que resolver cerca de 7.000 reclamaciones de agencias de viajes, operadores y particulares que sufrieron el paro convocado entre los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2010, que se resolverán previsiblemente de acuerdo con este criterio. MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -