La banca y los sindicatos pactan subida salarial del 1,2% en 2016 y una paga vinculada a beneficios

La banca y los sindicatos pactan subida salarial del 1,2% en 2016 y una paga vinculada a beneficios

1 de diciembre de 2015

La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) y CC.OO. y las patronales del sector han alcanzado un principio de acuerdo en el convenio colectivo de establecimientos financieros de crédito, con un incremento salarial del 1,2% para 2016 en las tablas salariales y el abono de una paga vinculada a los beneficios.

Según ha informado Fes-UGT en un comunicado, este principio de acuerdo en el convenio, que afecta a cerca de 10.000 trabajadores, contempla también incrementos salariales del 1% para este año.

En cuanto a la paga en función de los beneficios en el ejercicio, si éstos son positivos, la extra será un 0,5% de las tablas salariales, mientras que un 0,75% si son superiores a los del año anterior. Si los beneficios son superiores en dos dígitos la paga será un 1% de las mismas.

La partes también han acordado subir la ayuda de estudios a 320 euros y el seguro de vida a 18.000 euros, aplicar los incrementos pactados en  dietas, gastos de locomoción y plus de transporte, así como establecer una cláusula de ultraactividad que asegure la vigencia del convenio pese a lo establecido en la reforma laboral.

“Este preacuerdo busca un equilibrio que garantiza la base de derechos e impide que las patronales del sector puedan aplicar con toda crudeza la reforma laboral y así aumentar la desregulación laboral, como se pretendía al inicio del proceso de negociación”, ha explicado Fes-UGT en un comunicado.

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El Supremo anula por usurario un préstamo al consumo al 24% de interés

El Supremo anula por usurario un préstamo al consumo al 24% de interés

1 de diciembre de 2015

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha anulado por “usurario” el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6 por ciento. El alto tribunal, en sentencia de la que sido ponente el magistrado Rafael Sarazá, ha estimado el recurso  de casación del particular afectado y rechaza la demanda que interpuso contra él el Banco Sygma Hispania, para que le pagase 12.269 euros más intereses por deudas del crédito.

Tanto un Juzgado de Cerdanyola del Vallés como la Audiencia de Barcelona dieron la razón al banco y condenaron al consumidor a pagarle esas cantidades.

El Supremo, sin embargo, da la razón al cliente y anula la operación de crédito denominada ‘revolving’ (asimilable a un préstamo personal al consumo), por cuanto incurre en los dos requisitos impuestos en la Ley de Represión de la Usura para ser tachada de “usuraria”, ya que el interés fijado era de más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato.

Dicha Ley de 1908, aún vigente, establece que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino”. El afectado firmó en 2001 un contrato de “préstamo personal revolving Mediatis Banco Sygma”, consistente en un crédito que le permitía hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o el uso de una tarjeta del banco hasta un límite de 3.000 euros. El interés remuneratorio fijado era del 24,6 por ciento TAE, y el de demora, el resultante de incrementar el remuneratorio en 4,5 puntos. El cliente dispuso de 25.634 euros del crédito concedido, que devengaron 18.568 euros de intereses, por lo que aunque había pagado al banco 31.932 euros le eran reclamados otros 12.269.

Además de calificar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero, el Supremo cree que fue además manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. En ese sentido, expone que en una operación de financiación del consumo como la analizada no puede justificarse un interés tan excesivo “sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

La consecuencia es que el crédito fue nulo y debe rechazarse la demanda del banco. La Ley contra la Usura prevé que en casos de nulidad de los contratos el cliente sólo debe devolver al banco la suma recibida, y en este caso el particular superó esa cantidad.

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El Tribunal Supremo reconoce el derecho aspirante a guardia civil a ingresar en la Escala Básica tras ser excluido por tener el colesterol alto

El Tribunal Supremo reconoce el derecho aspirante a guardia civil a ingresar en la Escala Básica tras ser excluido por tener el colesterol alto

30 de noviembre de 2015

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de un aspirante a guardia civil a ingresar en la Escala de Cabos y Guardias del cuerpo tras ser excluido del proceso selectivo por tener un nivel de colesterol en sangre de 276 mg/dl, muy superior a los 220 mg/dl fijados en las bases de la convocatoria.

El perito recogió en su informe que siete días más tarde de ese primer examen, el 30 de enero de 2013, en un segundo reconocimiento, las cifras de colesterol del recurrente habían bajado a 207/mg/dl y los triglicéridos eran de 63mg/dl. En las dos analíticas, según el citado informe, el único índice que se utilizó como predictor de aparición de una posible arteriosclerosis y enfermedad vascular fue el del nivel de colesterol plasmático. Asimismo, añadía que, en ningún caso, se realizaron análisis de lipoproteínas LDL y HDL, ni se calcularon los índices aterogénicos, como aconseja la medicina actual.

Tras valorar la pericial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que el tribunal calificador no había incumplido las bases de la convocatoria y confirmó su resolución declarando no apto al recurrente. La sentencia reconoció que, aunque el método puede calificarse  como desfasado, es el que rige legalmente para la convocatoria, que establecía contundentemente que los únicos resultados que se tendrían en cuenta son los del día de la prueba, por lo que obviamente son irrelevantes en este caso los resultados de pruebas practicadas al interesado otros días, más cuando es posible con medicación variar los niveles de colesterol.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-administrativo anula la mencionada sentencia que, a su juicio, hace una interpretación estricta de la base, que conduce a que el resultado de cualquier medición de niveles orgánicos en un determinado momento no pueda ser contradicho, con independencia de que pueda ser demostrado que estamos ante una alteración temporal, algo que por otra parte facilitaría que quien tuviera una enfermedad invalidante, mediante la toma de medicamentos o ejercicio físico pudiera presentar en el momento del examen unos niveles inferiores a los exigibles.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Díaz Delgado, considera que el hecho de que el tribunal calificador haya de estar al resultado de la prueba el día en que se hace el reconocimiento médico, no impide que, tratándose de una enfermedad excluyente del acceso a la función pública, ese resultado pueda ser combatido mediante la impugnación correspondiente, administrativa o judicial, y en su caso desvirtuado a través de la prueba correspondiente. 

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El Gobierno amplía el sistema electrónico Lexnet para alcanzar el objetivo papel cero en 2016

El Gobierno amplía el sistema electrónico Lexnet para alcanzar el objetivo papel cero en 2016

30 de noviembre de 2015

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado este viernes el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia destinado a adaptar el sistema Lexnet que, a partir del 1 de enero de 2016, se deberá utilizar para la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación tanto por los juzgados, tribunales y fiscalías como por los profesionales que colaboran con la Justicia.

El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia –es decir Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla– y en todos los órdenes jurisdiccionales. Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia.

Según ha explicado el ministro de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo, la intención es “simplificar una administración muy burocrática y tradicional” y lograr acabar con el peregrinaje para la presentación de escritos. “Que todo pueda hacerse en un clic”, ha descrito Catalá.

Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Justicia ha firmado convenios de colaboración con las comunidades autónomas y ha puesto a su disposición las herramientas técnicas necesarias para la implantación de las comunicaciones electrónicas.

Catalá ha defendido que esta mejora de las comunicaciones electrónicas supondrán una mayor agilidad y un incremento de la transparencia de los procesos judiciales, un importante ahorro de costes, la reducción de las cargas administrativas y una mayor seguridad en el tratamiento de la documentación.

SE EXTENDERÁ A PARTIR DE 2017

A partir de 2017 la obligación de relacionarse de forma telemática con la Administración de Justicia se extenderá a los colectivos de notarios, registradores o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, el Real Decreto desarrolla la posibilidad de que el ciudadano pueda relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia así como que pueda proporcionar su número de teléfono móvil o correo electrónico para recibir mensajes de texto o avisos sobre dónde se encuentra a su disposición el acto de comunicación y la documentación correspondiente.

El ministro también ha detallado que la aprobación de esta medida se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia. Entre ellas se encuentran la inscripción temática de nacimientos desde los hospitales –de momento se han realizado casi 4.000 solicitudes correspondientes a los 70 hospitales públicos en los que está implantado desde su inicio– , las subastas judiciales o el envío automático de información sobre violencia de género.

“Dejaremos de ver carritos de supermercado circulando por los Juzgados” cargados de documentos, ha confiado el titular de Justicia, que ha agregado que la medida supondrá un ahorro de 70 millones de euros en el territorio Ministerio de más de 400 en toda España.

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Justicia habilita dos teléfonos y un chat para consultas de los ciudadanos

Justicia habilita dos teléfonos y un chat para consultas de los ciudadanos

27 de noviembre de 2015

El Ministerio de Justicia ha habilitado un nuevo servicio de atención al ciudadano a través de dos líneas de teléfono para mensajería electrónica instantánea y un canal chat para que los ciudadanos puedan realizar algunas de sus consultas más frecuentes.

Los números de teléfono disponibles para mensajería instantánea son el 663 290 227, para recibir un servicio de atención personalizada en consultas de información general, y el 663 290 231, donde es posible acceder las 24 horas del día a la información sobre la situación de los expedientes de nacionalidad por residencia para procedimientos iniciados antes del año 2015.

En el caso de las consultas sobre nacionalidad, una vez iniciada la comunicación por medio de cualquier mensaje, la aplicación informa de los formatos en que es necesario introducir el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y el número de expediente para obtener la información sobre el estado en que se encuentra el trámite.

El canal chat está habilitado de lunes a viernes de 8:00 a 19:30 horas para responder cuestiones sobre legalización y apostilla de documentos.

Según indica el Ministerio en un comunicado, para utilizar los servicios de mensajería instantánea es necesario instalar la aplicación Telegram en el teléfono o en la tableta. Telegram dispone de aplicaciones para iOS (versión 6 y superiores), Android (2.2 y superiores) y Windows Phone.

También se puede acceder mediante tabletas y ordenadores compatibles con la versión web de Telegram o las aplicaciones disponibles para Windows, OSX y Linux. Estas aplicaciones se pueden adquirir en la tienda de aplicaciones de su terminal móvil o en la web de Telegram.

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El TS ratifica la prohibición de cobrar anticipos en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles

El TS ratifica la prohibición de cobrar anticipos en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles

27 de noviembre de 2015

La Sala Primera del Tribunal Supremo (TS), constituida en pleno, ha dictado sentencia por la que se desestima el recurso interpuesto por Anfi Sales S.L. y Anfi Resorts S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria respecto al procedimiento sobre nulidad y, subsidiariamente, de resolución del contrato de asociación vacacional o aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, en el que se solicitaba la improcedencia del cobro anticipado de las cantidades.

De esta forma, el TS ratifica la prohibición de cobrar anticipos en contratos de asociación vacacional o aprovechamiento por turno de bienes inmuebles como protección al consumidor y durante el periodo de desistimiento.

En este sentido, recuerda el TS en un comunicado, que ante la demanda de los compradores, la Audiencia Provincial de Las Palmas desestimó la reclamación que fue recurrida en apelación por la parte demandante.

En concreto, la Audiencia Provincial estimó el recurso y parcialmente la demanda, condenando a Anfi a abonar a los actores la cantidad “de 9.550 dólares o su equivalente en euros, más los intereses legales devengados desde la interposición de la demanda” porque recoge que dicho pago “no puede considerarse válido al burlar la prohibición del cobro de anticipo, así como tener por no puesta, por abusiva, el apartado primero de la cláusula 16 del contrato de asociación a Anfi Beach Club”.

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Los ciudadanos demandan una reforma a fondo de la Justicia y un Pacto de Estado

Los ciudadanos demandan una reforma a fondo de la Justicia y un Pacto de Estado

Barómetro Externo de la Abogacía 2015

26 de noviembre de 2015

  • Un 53% de encuestados cree que la Administración de Justicia funciona mal y el 80% que no está bien organizada
  • Un 60% de toda la población considera que nuestro Estado de Derecho está en peor situación que en el conjunto de los países más avanzados
  • Los Abogacía vuelve a quedar en primer lugar entre las instituciones jurídicas sometidas a evaluación pública

Una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia y un Pacto de Estado que evite que ésta tenga intromisiones externas. Estas son las principales peticiones que realizan los ciudadanos españoles a los políticos según los datos extraídos del Barómetro Externo 2015 realizado por Metroscopia y encargado por el Consejo General de la Abogacía Española.

Los ciudadanos creen que la Administración de Justicia funciona en conjunto mal: lo reconoce un 53% de los españoles, frente a un 32% que considera que actúa bien. Ambos porcentajes han ido creciendo a lo largo de los últimos 28 años, a costa de quienes en 1987 consideraban que funcionaba “regular”. Con el paso de los años la opinión de los ciudadanos se ha ido polarizando, acentuándose la distancia entre los porcentajes que emiten un diagnóstico favorable y desfavorable: en 1987, era de 8 puntos, y ahora de 21 puntos. Esta calificación ciudadana, negativa mayoritariamente, se fundamenta en las siguientes percepciones:

  • El lenguaje y los procedimientos de la Justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio (82%)
  • En general, la Justicia sigue sin estar organizada y sin funcionar como cabría esperar en una sociedad moderna y avanzada (80%)
  • Con los medios existentes y su actual forma de funcionar nuestra Justicia no puede contribuir con la eficacia y rapidez que debería a investigar y castigar la corrupción (77%)
  • En muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple o se cumple tarde y mal (73%)

Estas ampliamente mayoritarias críticas, por sí solas, configuran a la Justicia como una institución organizativamente desfasada y funcionalmente poco eficiente. Al mismo tiempo, y no sin cierta paradoja, una amplia mayoría ciudadana considera que:

  • Con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades (71%)
  • Los jueces españoles son tan buenos como los de cualquier otro país de la UE: lo afirma el 69% de los ciudadanos, diez puntos más que en 2011
  • En general, los jueces suelen ser imparciales de entrada con las partes implicadas, lo dice el 50%, frente al 42% con opinión opuesta

Sondeo tras sondeo, una masiva proporción de españoles (81%) expresa una misma amarga conclusión: todos los gobiernos, del color que sean, han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor. De ahí, sin duda, una doble petición urgente que de forma prácticamente unánime expresa la ciudadanía:

  • Una reforma inmediata y a fondo de la Justicia de modo que asuntos especialmente graves o importantes y que causan gran alarma social no tarden años en tramitarse y resolverse (94%).
  • Un inaplazable Pacto de Estado sobre la Justicia que la blinde de forma clara y creíble frente a influencias o intromisiones de carácter político (90%).

Respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 82% de los encuestados concluye que el órgano de gobierno de los jueces tendría que dar cuentas de forma regular y clara de cómo desempeña sus funciones. Según el Barómetro Externo, nueve de cada diez españoles dicen en el momento actual que tal y como ahora está organizado y funciona el CGPJ necesita una reforma urgente y profunda; ocho de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales; y seis de cada diez consideran que no cumple adecuadamente su función de defender la independencia judicial. Un diagnóstico ciudadano de conjunto más severo que el expresado en 2011.

SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO: GRAVE EROSIÓN DE SU IMAGEN

De los datos obtenidos del Barómetro, se constata que a lo largo de los diez últimos años se ha producido una llamativa y sin duda grave erosión en la imagen que la ciudadanía española tiene de su Estado de Derecho.

En el momento actual, un 60% de la población cree que nuestro Estado de Derecho está en peor situación que en el conjunto de los países más avanzados; en 2005 esta respuesta la daba solamente un 38% de los ciudadanos.

 

IMAGEN DESTACADA DE LA ABOGACÍA FRENTE A OTRAS INSTITUCIONES

Los abogados vuelven -una vez más- a ocupar un lugar claramente destacado en la clasificación de confianza institucional que establece la ciudadanía. Este dato resulta doblemente destacable por dos motivos:

  • En el contexto español, la Abogacía vuelve a quedar en primer lugar entre todas las instituciones jurídicas sometidas a evaluación pública, pese a la apreciable recuperación de imagen que, en comparación con 2011, experimentan jueces y tribunales;
  • Desde una perspectiva internacional comparada, resulta sin duda llamativo el alto grado de confianza ciudadana en la Abogacía española. Por citar tan solo un caso especialmente relevante, en EEUU la Abogacía goza de una elevada consideración social en base exclusivamente al alto nivel medio de honorarios que ha logrado consolidar, pero figura en los últimos lugares en el ranking de confianza ciudadana.

La amplia experiencia demoscópica disponible indica que en períodos de crisis y dificultades (como ha sido el caso en España en los últimos ocho años) el tono vital colectivo declina y eso se traduce en un descenso del grado de confianza en las instituciones. En cambio, cuando el estado de ánimo de la sociedad mejora también tiende a hacerlo la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre 2011 y 2015, siguen ocupando los primeros lugares las instituciones que la ciudadanía percibe como “altruistas”: es decir, las que se asocian más directamente con la defensa del bien común (científicos, policía, fuerzas armadas, Seguridad Social, Cáritas y las pymes, a las que se estaría reconociendo su capacidad de resiliencia en circunstancias sumamente adversas). Esta suele ser la pauta común en prácticamente todos los países.

 

Respecto a los abogados, la capacidad que demuestran, año tras año, de mantenerse en un confortable lugar medio-alto del ranking general indica que su positiva consideración social no es coyuntural sino estable y consolidada. Algo que, en principio, podría incluso resultar sorprendente por la naturaleza de sus funciones: el abogado goza ciertamente de la confianza total de sus representados, pero al mismo tiempo -y con toda probabilidad en igual medida-concita desconfianza y recelo en la parte contraria (que, a su vez, confía plenamente en su abogado). Los españoles consideran que, mediante la total entrega a la defensa de sus representados, los abogados realizan una contribución a la Justicia: es decir, llevan a cabo una función de interés público. Algo que, sorprendentemente, no parece tener tan claro nuestra ciudadanía respecto a jueces y tribunales. Estos no solo no logran superar con alguna holgura -como cabría esperar en principio- a los abogados en el ranking de confianza sino que, en realidad, llevan ya varios años quedando ligeramente por detrás.

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE LOS ABOGADOS: ALTA PUNTUACIÓN EN ATENCIÓN, TRATO Y PREPARACIÓN

Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado (56% de la población), el grado de satisfacción con los servicios profesionales recibidos sigue manteniéndose a un nivel muy elevado. La satisfacción de conjunto es puntuada con un 7.0, destacando de modo especial la atención y el trato recibidos (7.9 de nota media), así como la preparación técnica del abogado y su interés por el asunto encomendado (7.3 y 7.2, respectivamente). Incluso el importe de los honorarios cobrados merece una evaluación positiva (6.5): la relación coste/beneficio que implica recabar asistencia letrada es percibida de forma favorable por quienes han utilizado alguna vez los servicios de un abogado. Algo que queda confirmado por el hecho de que el resultado conseguido sea evaluado con un asimismo sustancial 6.6.

GRADO DE EXPERIENCIA CON EL MUNDO JURÍDICO: SE MANTIENE LA TENDENCIA ALCISTA

El grado de contacto de la población española con su sistema jurídico mantiene la pauta de gradual incremento detectada ya en los Barómetros anteriores. En el momento actual los españoles que dicen haber acudido al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico representan ya un 56%, el porcentaje más alto jamás registrado, superior en 33 puntos al registrado en 1978.

En nuestra sociedad, la utilización de asistencia letrada se ha convertido ya en una experiencia mayoritaria. En este sentido, los datos de actual sondeo confirman lo ya detectado en los Barómetro de 2008 y 2011: la utilización de los servicios de los abogados tiende a ser similar en todos los sectores sociales. Este dato invita a concluir que la consolidación del actual sistema de Justicia Gratuita parece estar logrando que nadie que pueda necesitar asistencia jurídica se vea impedido de conseguirla por falta de medios económicos.

LEY DE TASAS: INDEFENSIÓN Y JUSTICIA A DOS VELOCIDADES

Los españoles conceden -aunque no de forma masiva- que la introducción de tasas en la Justicia pueda tener como efecto desanimar a quienes solo recurren a los tribunales para dilatar sus casos. Pero de lo que no parecen tener duda es que, a cambio, muchas personas han tenido que renunciar a defender sus derechos ante un juez, con la consiguiente indefensión (85%), lo que ha dado lugar a una justicia de ricos y otra de pobres (84%). Adicionalmente, un 60% cree que las tasas no han servido para mejorar la dotación económica de la Justicia gratuita.

VERSIÓN COMPLETA DEL BARÓMETRO EXTERNO DE LA ABOGACIA 2015 EN PDF

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El TC anula el artículo de la Ley de Hacienda catalana sobre contratación de inspectores

El TC anula el artículo de la Ley de Hacienda catalana sobre contratación de inspectores

26 de noviembre de 2015

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de un artículo sobre la contratación de inspectores para la Agencia Tributaria de Cataluña, que había sido recurrido por el Gobierno central al entender que vulneraba el derecho de los ciudadanos de toda España a acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos.

En una sentencia, el Pleno del Tribunal Constitucional ha concluido que las disposiciones adicionales de este artículo sobre ‘integración voluntaria en el cuerpo superior de inspectores tributarios de la Generalitat’ y del de acceso al Cuerpo técnico de gestores tributarios de la Generalitat vulneran “la competencia atribuida al Estado sobre el régimen estatutario de los funcionarios”.

“PRUEBA RESTRINGIDA”

El tribunal considera que se trata de una “prueba restringida de acceso a la función pública” porque veta a varias categorías de personas que cumplen con los requisitos legales, según recoge la sentencia.

Cree que esta norma contradice “de un modo efectivo e insalvable” la normativa básica estatal de acceso a la función pública; concretamente, el artículo 61.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Este artículo señala que ‘los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto’.

El tribunal considera que en el caso de la norma catalana no se dan estas dos excepciones, ya que no se trata de un supuesto de promoción interna ni tampoco un caso de discriminación positiva porque “no se determina ningún grupo en situación desfavorable que requiera un mejor trato que el resto de posibles participantes”.

EL RECURSO DEL GOBIERNO

Las razones que había esgrimido el Gobierno para impugnar en julio de este año el artículo es que consideraba que vulnera el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución, que establece que los españoles “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

En septiembre, el tribunal ya dejó suspendido de forma cautelar este artículo de la ley catalana tras admitir a trámite el recurso del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

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El Supremo condena a Western Unión por infracción de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Supremo condena a Western Unión por infracción de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

25 de noviembre de 2015

Dinero, bolígrafo sobre una libreta

El Tribunal Supremo ha condenado a Western Unión Payment Services Ireland Limited a pagar 4,2 millones de euros por dos infracciones de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

El Ministerio de Economía impuso a la empresa, el 2 de diciembre de 2014, una multa de 3.140.000 euros y amonestación pública por una infracción grave del artículo 52.1.g) de la ley 10/2010 por incumplimiento de la obligación de examen especial en concurso ideal con otra infracción grave del artículo 52.1.h) por incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio.

El 12 de diciembre de 2014, el Consejo de Ministros impuso otra sanción a la entidad de 1.140.000 euros y amonestación pública por infracción muy grave del artículo 51.1.a) de la misma ley por incumplir su obligación de comunicar a los servicios de blanqueo de capitales operaciones sospechosas detectadas por los servicios internos de la compañía.

Western Unión Payment Services Ireland Limited solicitó en su recurso que se anularan las multas por ser contrarias a derecho y desproporcionadas o subsidiariamente que se redujeran al mínimo legal. La compañía argumentó que los servicios internos no identificaron operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que no fuesen comunicadas al SEPBLAC y que la forma de calcular el importe de las sanciones era incorrecto.

La Sala de lo Contencioso-administrativo señala que, tal y como afirma la resolución administrativa, Western Unión conocía la problemática del fraude y comunicó algunas operaciones sospechosas al SEPBLAC. Sin embargo, subraya la sentencia, “dejó de comunicar otras muchas en las que, en relación con pagos procedentes de Estados Unidos y de otros países, los propios servicios internos de la compañía tenían fundadas sospechas de fraude al basarse en operativas muy similares”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba Castroverde,  indica que “los indicios existían y el hecho de que no se identificasen las operaciones concretas sino un conjunto de ellas con un determinado perfil no permitía a la compañía desentenderse de ellas sin investigarlas y sin comunicar el riesgo de fraude detectado por los servicios internos”. Por todo ello, considera que existía una advertencia interna sobre prácticas y agentes sospechosos, sin que la empresa cumpliese con la obligación de comunicarlo al SEPBLAC.

Asimismo, explica que el Ministerio de Economía fijó la multa de 3.140.000 euros teniendo en cuenta el importe total de los envíos realizados desde España al extranjero en los que se aprecia infracción (78.049,312 euros), calculó una comisión bruta media del 2 por ciento sobre dicho importe (1.560.968,20 euros) y multiplicó el resultado por 2. La resolución indica que la sanción cumple con los parámetros marcados por la ley y se ajusta en su proporción a la gravedad de la conducta apreciada y  a las circunstancias agravantes.

La Sala III estima parcialmente el recurso de Western Union Payment Services Ireland Limited por la indebida aplicación de una agravante y reduce en 40.000 euros la multa de 1.140.000 euros que le impuso el Consejo de Ministros. 

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El TC determina la aplicación preferente de la normativa europea cuando ya ha sido interpretada por el tribunal de justicia de Luxemburgo

El TC determina la aplicación preferente de la normativa europea cuando ya ha sido interpretada por el tribunal de justicia de Luxemburgo

25 de noviembre de 2015

Edificio del Tribunal Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un profesor interino al que la Comunidad de Madrid denegó el derecho a percibir el pago de los “sexenios” por no ser funcionario de carrera.

El Tribunal anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmó el acuerdo del Gobierno madrileño, por entender que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Ricardo Enríquez.

El recurrente, profesor interino desde 1991, solicitó a finales de 2009 a la Comunidad de Madrid el reconocimiento de los complementos específicos de formación permanente del profesorado. Dichos complementos, conocidos popularmente como “sexenios”, están regulados por un acuerdo del Consejo de Ministros de 1991 en el que se especifica que están reservados para los “funcionarios de carrera”. El demandante de amparo invoca en su recurso la aplicación de una directiva comunitaria (Directiva 1999/70/CE) que prohíbe discriminar a los trabajadores interinos frente a los trabajadores fijos si no hay “razones objetivas”, diferentes a la duración del contrato, que lo justifiquen. También alega que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la normativa española es contraria a la europea en este aspecto. Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo le dio la razón en primera instancia, pero la sentencia fue posteriormente revocada en apelación por el TSJM.

El TC explica que, si bien las normas del Derecho de la Unión Europea no tienen “rango y fuerza constitucionales”, el Tribunal Constitucional tiene el deber de valorar los actos de los poderes públicos sometidos a su enjuiciamiento, tanto cuando dichos actos aplican las normas de la UE como cuando se plantea que son contrarios a las mismas. Y, desde la perspectiva más concreta del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías, el Tribunal debe velar por que los jueces y tribunales resuelvan “conforme al sistema de fuentes establecido”.

Entre esas “fuentes” está el derecho comunitario y es al TC a quien corresponde, como el propio Tribunal ha tenido ya ocasión de afirmar, “velar por el respeto del principio de primacía del derecho de la Unión” cuando, como ocurre en este caso, “exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. “El desconocimiento y preterición de esa norma de derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, puede suponer una “selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso‟, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”.

En el presente caso, el Pleno pone de relieve dos concretas circunstancias: 1) Antes de la deliberación que daría lugar a la sentencia del TSJM recurrida en amparo, el TJUE se había pronunciado en varias ocasiones, al resolver cuestiones prejudiciales planteadas por jueces españoles, sobre cuál es “la interpretación correcta del principio de no discriminación” contenido en la directiva 1999/70/CE. 2) Dicha jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia era conocida por el TSJM, “formaba parte del debate” porque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se basaba en la sentencia “Cerro Alonso” (de 2007) y porque el recurrente, nada más conocerlo, aportó el auto “Lorenzo Martínez” (de 2012), referido a un caso idéntico al suyo.

Pese a ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM “se limita a remitirse a un pronunciamiento anterior” de una de sus Secciones y a no considerar discriminatoria la denegación de los sexenios “por la singularidad de los funcionarios interinos respecto a los de carrera”, argumento que ya había sido rechazado por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo como ‟razón objetiva‟ válida” para justificar el “trato diferente” permitido por la Directiva 1999/70/CE.

La Sala –afirma el Pleno en su sentencia- dejó de razonar sobre un alegato sustancial de la parte apelada (…)” y, al no hacerlo, añade, resolvió el recurso de apelación “con una selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso, en la medida en que prescindió por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación de la cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70/CE impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, vulnerando con ello el principio de primacía del derecho de la Unión Europea”.

El mencionado “principio de primacía” del derecho de la Unión obligaba, señala el TC, a aplicar la Directiva tal y como había sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “con preferencia sobre el derecho interno incompatible”. En este caso, además, la aplicación directa de la norma europea no precisaba “de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que se trataba de un acto “aclarado‟ por el propio Tribunal al resolver con anterioridad una cuestión prejudicial „materialmente idéntica‟ planteada en un “asunto análogo’”. Por consiguiente, concluye el Pleno, “la inaplicación de la citada Directiva por la resolución judicial objeto de amparo, sin motivar la oportunidad o conveniencia de plantear una nueva cuestión prejudicial, infringió el citado principio de primacía; incurrió, por ello, en una “selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso; y consiguientemente, vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente”.

Por ello, el Tribunal estima el amparo y acuerda anular la sentencia recurrida y retrotraer las actuaciones hasta el momento que permita al TSJM dictar otra resolución “que resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado”.

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